El Banco Central del Paraguay (BCP) socializó que este lunes se cumplen 11 años del Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap), catalogándolo como la infraestructura más importante del país, desde su implementación en el 2013.

“La cantidad de transacciones se fue casi duplicando año tras año, pasando de 208 mil operaciones en 2014 a más de 175 millones proyectadas para fines de 2024″, destacaron desde la banca matriz, a través de un material audiovisual compartido en la red social X.

Además, desde la institución también remarcaron que el Sipap pasó de representar el 41 % del Producto Interno Bruto (PIB), al 290 % para el 2024, con lo cual se deja entrever la preponderancia del mencionado sistema.

“El Sipap es una herramienta fundamental para la economía porque permite transferencias interbancarias las 24 horas de los siete días de la semana y reduce los costos asociados al uso de efectivo”, remarcaron entre los principales factores destacables.

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Desde el BCP también resaltaron la manera en la cual el Sipap fomenta la digitalización y contribuye a la inclusión financiera de las personas y las pequeñas empresas. “El Sipap es un aporte del BCP a la ciudadanía; es seguro, eficiente y gratuito”, afirmaron desde el banco matriz.

El sistema de pagos se constituye por pagos de alto y bajo valor. El primer grupo está compuesto por la Liquidación Bruta en Tiempo Real (Lbtr) y la Depositaria de Valores Públicos (DCV), con títulos emitidos por el BCP y el Gobierno nacional.

Los sistemas de bajo valor están compuestos por la Cámara Compensadora de Cheques y la Cámara de Compensación Automatizada (ACH, por sus siglas en inglés), en este grupo se procesan un gran número de transferencias.

No obstante, el valor individual de los pagos de bajo valor es reducido. En cuanto a los pagos de alto valor, poseen un valor individual más elevado, pese a que procesan una menor cantidad de transacciones.

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La sinergia entre el sector público y privado para concretar proyectos que beneficien a la ciudadanía es un factor fundamental, afirmó el director de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Jorge Villagra, durante el Foro Nacional de Agua y Saneamiento.

Jorge Villagra sostuvo que la problemática de la falta de agua es una realidad que afecta a muchas zonas del país, pero que el Estado solamente, no podrá abarcar ese problema, y que es crucial contar con acompañamiento del sector privado.

“Hay que impulsar iniciativas que cuenten con el financiamiento del sector privado, el Estado solo no podrá atender todas las necesidades, no alcanza el espacio fiscal por más que haya perspectivas favorables, necesitamos la intervención decidida del sector privado”, manifestó.

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Aún así, reiteró que el gobierno está comprometido en llevar adelante las inversiones, pero recalcó que es muy necesario el acercamiento de empresas privadas que den apoyo a estas planificaciones. “Tenemos que buscar el método para encontrar el canal de acercamiento y plantear estas nuevas iniciativas con el financiamiento del sector privado”, destacó.

Además de las autoridades del Ministerio de Economía, participaron del foro, Gustavo Gonnelli, especialista del agua del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y Carlos Orellana, también especialista en agua en la región, del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El foro fue organizado por Hábitat para la Humanidad Paraguay en colaboración con el Observatorio Ciudadano de Agua y Saneamiento (Ocash), y el auspicio de Unicef. El Ocash fue conformado en marzo del 2020, con el apoyo de Unicef y la participación de organizaciones como: Hábitat para la Humanidad Paraguay, Ceamso, Fundación Moisés Bertoni, Fundación Avina, Mingará, Pro Comunidades Indígenas, y la Red de Jóvenes por el Agua.

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En lo que va del año, de enero a octubre, se registró un déficit fiscal de Gs. 4.372 mil millones, equivalente a 1,3 % del producto interno bruto (PIB), cerca de USD 577 millones, detallaron esta mañana las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la presentación de Situación Financiera (Situfin).

El informe señala que el déficit anualizado fue de 3,6 % del PIB situándose por debajo de lo registrado al cierre del 2023. Esto es explicado, en parte, por el sólido desempeño de los ingresos tributarios en el transcurso del año. También se registró un superávit operativo de Gs. 457 mil millones, 0,1 % del PIB, (USD 62 millones).

En ese orden, las expectativas de cierre del déficit fiscal en 2024 se mantiene en 2,6 % de acuerdo a lo que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024, y en línea con la meta de convergencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) de 1,5 %.

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“Hay que recordar que hay un efecto estacional en el mes de diciembre donde la Administración Central realiza mayores gastos a lo que realiza durante el resto del año. Entonces, eso nos permitirá llegar al déficit autorizado (2,6 %)”, precisó Rolando Sapriza, director de Política Macro Fiscal del MEF.

Por otro lado, el documento revela que de enero a octubre se registró un aumento de 17,4 % en los ingresos totales, como resultado del buen desempeño de los ingresos tributarios, tanto por los impuestos internos como los provenientes del comercio exterior, donde destacan el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los ingresos no tributarios crecieron 8 % octubre, principalmente por las transferencias de las binacionales.

Mientras que los gastos aumentaron en 13,8 %, explicado en gran parte por un mayor gasto en medicamentos, por el pago de intereses de la deuda pública y por el aumento de las remuneraciones en sectores estratégicos, Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y fuerzas públicas.

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Las temporadas de humo por los distintos tipos de fuegos ocasio­nados en el país, principalmente los incendios forestales, los con­siderados más agresivos contra la salud, deben ir extinguiéndose necesariamente si no queremos repetir los últimos sufrimien­tos de infecciones respiratorias a las que se sometió a la población. En este objetivo es clave que, además de las normas vigentes, el respeto de las mismas sea innegociable y que la población se involucre en la preven­ción como los controles pertinentes.

Los municipios tienen la tarea imposterga­ble de animar a sus respectivas comunida­des en la vigilancia contra este mal que se propaga de manera inconsciente. La gente debe empezar a exigir que se cumplan las leyes ambientales, etc., para evitar incen­dios que generan enormes daños, funda­mentalmente a la salud.

La negra experiencia reciente del incen­dio provocado en la región del alto Chaco, que devoró miles de hectáreas de la reserva Chovoreca que difícilmente se pueda recu­perar en décadas. Además, se perjudicó al país, colapsando los consultorios, urgen­cias de los hospitales es una situación que no se debe repetir. El impacto fue muy negativo y se expandió a nivel nacional, se vieron también perjudicados los estudian­tes que se vieron imposibilitados de reali­zar sus actividades académicas, deportivas a causa del humo que ennegreció distritos enteros.

La Justicia actuó contra los responsables de los sitios donde se originó el fuego en el Chaco. Corrieron imputaciones y procesos judiciales.

Los entes reguladores y de control aplica­ron restricciones más extensas y severas, pero sabemos que estas acciones son reac­tivas, de muy difícil efectividad si el com­promiso no es colectivo, principalmente si la comunidad no se convierte en custodia del medioambiente, en este caso para pro­teger de los incendios.

En este contexto de preocupaciones, en un periodo de riesgo por el calor que colabora con el brote de estos siniestros, el Poder Ejecutivo emitió el día de ayer el Decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de opti­mizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

Con la reglamentación también se incor­pora, según socializaron oficialmente, la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramien­tas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

Anunciaron que se implementará un regis­tro correlativo de permisos de quema para evitar superposiciones en actividades en fincas colindantes.

Algo muy importante en este nuevo refuerzo legal es la aplicación de otros métodos de controles y fiscalizaciones por parte de funcionarios municipales cali­ficados. Esto es clave, comprometer a los municipios es trascendental puesto que no se pueden reducir a centralizaciones el manejo de temas tan sensibles como riesgos que provienen de la propagación del fuego.

Los jefes locales tienen que encontrar la manera de incentivar a sus comunidades en la lucha contra los siniestros ambien­tales e ir preparando funcionarios de alto perfil para el manejo de incendios como todo tipo de fuego. También, la gente debe entender los riesgos y perjuicios que se producen al quemar, no bastan solamente reglas, hace falta conciencia.

En la medida que se involucre a la pobla­ción, las medidas de prevención se torna­rán reales y más efectivas. Todavía nos encontramos en el retroceso de desha­cernos de nuestros desechos mediante el fuego, la quema, y eso es letal para el ambiente en el cual respiramos. Sin embargo, este daño no entra en la medi­ción mental que tenemos de lo que afecta nuestra calidad de vida, siendo la salud una prioridad.

Es por eso que el Gobierno, en la aplica­ción de sus refuerzos normativos, tiene que marcar una hoja de ruta en el combate con­tra los incendios que involucre a las muni­cipalidades, las comunidades, que son los bomberos más efectivos en este objetivo.