Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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El papa Francisco ha pedido que los programas de protección de abusos de la Iglesia “sean eficaces” y ha impulsado, en concreto, las iniciativas de las diócesis que proporcionan “consuelo y asistencia a los que han sufrido”.

En un mensaje enviado a los participantes en la Conferencia sobre la salvaguardia de la Iglesia católica en Europa, promovida por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, Francisco ha pedido que se establezcan redes “de personas y buenas prácticas” para para poder “compartir conocimientos, apoyarse mutuamente y garantizar que los programas de protección sean eficaces y sostenibles”.

El evento, inaugurado este miércoles, cuenta con la presencia de más de 100 expertos además de víctimas de 25 países europeos, que debatirán sobre la cuestión hasta el próximo 15 de noviembre. “Vuestro compromiso con esta causa es un signo del esfuerzo continuo de la Iglesia para proteger a los más vulnerables”, ha subrayado Francisco en un video mensaje que ha sido trasmitido al comienzo de las reuniones.

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“El diálogo y los intercambios en su Conferencia ofrecen oportunidades prometedoras para una comprensión más plena y un compromiso más profundo con la salvaguarda de los niños y los adultos vulnerables dentro de la Iglesia”, ha destacado.

Por su parte, el responsable de esta comisión, el cardenal estadounidense Sean O’Malley, ha manifestado que es un deber “escuchar y responder a quienes han sido perjudicados”. “Debemos seguir el debido proceso al investigar las denuncias y debemos mostrar un liderazgo firme al tomar las medidas necesarias para prevenir de la mejor manera posible cualquier caso de abuso”, ha asegurado.

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Fuente: Europa Press

El Ministerio Público se expidió respecto a la resolución judicial y se ratificó en su postura de desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, por el supuesto desfalco de G. 1,6 billones al Instituto de Previsión Social (IPS). El juez Humberto Otazú se había opuesto a poner fin a esta denuncia y señaló que se observó que habría elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública.

“Nosotros analizamos la resolución judicial, que es en realidad una providencia de mero trámite por la cual menciona que en su potestad jurisdiccional, opta por oponerse al requerimiento, mencionando que según su parecer podrían existir hechos de acción penal pública y que por tal motivo corre traslado al Ministerio Público. Analizamos esa resolución y en atención a que no había nuevos hechos a considerar, tomamos la decisión de ratificarnos”, expresó el fiscal Jorge Arce.

En conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, sostuvo que la Fiscalía hizo todas las diligencias correspondientes, como el allanamiento a la previsional para entender el funcionamiento del IPS, que tenía denuncias realizadas por sus propios directivos.

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“Nosotros tomamos en cuenta todos los puntos que la Contraloría mencionó en su reporte, si bien es un reporte de indicio que ellos remiten al órgano investigador”, indicó Arce quien afirmó que el Ministerio Público desconocía que el órgano contralor tiene una nueva auditoría en curso en el IPS.

“Para nosotros vendría a ser como un hecho nuevo, hay que ver cuáles son las conclusiones de esa auditoría y cuáles serían los hallazgos, nosotros tuvimos como bases las observaciones de otro grupo de auditor y esta es la conclusión de un trabajo. El propio organismo fue auditado en su momento, hemos sometido a un informe técnico contable y el resultado está agregado a nuestro cuaderno de investigación fiscal”, añadió.

El agente aseguró que la desestimación contra Bataglia fue solamente contra una de las causas y que “momentáneamente” se cierra la investigación. No obstante, si aparecen nuevos hechos o denuncias, la causa será reabierta por parte del Ministerio Público.

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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, se opuso a desestimar la denuncia por un supuesto perjuicio patrimonial de G 1,7 billones contra el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la administración del expresidente del ente Vicente Bataglia. Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñanez y Néstor Coronel habían alegado la atipicidad (falta de adecuación de la conducta al tipo penal) de los hechos.

De acuerdo a la determinación adoptada por el juez Otazú podrían existir elementos que constituirían hechos punibles de acción penal pública por lo que se remite las actuaciones a los fiscales intervinientes para que pueda proseguir la presente investigación.

El 31 de octubre pasado, los citados agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia formulada por la Contraloría que ha arrimado un informe al Ministerio Público sobre la posible existencia de los hechos punibles de lesión de confianza y estafa.

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Días atrás, el abogado José González Maldonado, director jurídico del IPS lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra el expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.

González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.

Agregó que es llamativo que una auditoría del máximo órgano contralor del Estado no haya sido considerada. El reporte final de Contraloría General “es cuanto mínimo un indicio de posible hecho punible”, recordó.

Por otro lado, el director jurídico explicó que el IPS lleva adelante en la actualidad una auditoría sobre numerosas inconsistencias, así como inexistencia de pruebas documentales en la administración de Vicente Bataglia. En ese sentido, recalcó que los agentes fiscales están obligados a tener en cuenta los elementos de cargo y descargo.

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