La gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Vanessa Cubas, destacó que gracias a las primeras reformas impulsadas por la actual administración, se logró alejar ocho años la crisis que era prevista recién para dentro de 18 años. Desde el gobierno de Mario Abdo se ha recurrido al uso de las rentas para el pago de jubilaciones y a la fecha se ha destinado G. 1.218 billones para dicho fin.

En conversación con La Nación/Nación Media, Cubas explicó que el informe actuarial publicado en 2021 proyectaba el cruce entre ingresos y egresos del sistema jubilatorio recién para el año 2038. Sin embargo, a raíz de una serie de decisiones y omisiones durante el mandato anterior, ese equilibrio se quebró anticipadamente y la crisis estalló antes de lo previsto.

“En agosto de 2023 nos encontramos con esa situación que se venía arrastrando desde el 2020, en primer lugar transparentamos la información porque esto era un secreto que nunca la administración anterior mencionó el estado crítico en que se encontraba la caja y siguieron gastando”, cuestionó.

Entre las medidas adoptadas para revertir el déficit, Cubas mencionó la revocación del aumento irregular del haber mínimo jubilatorio del 75 %, aprobado durante el gobierno de Mario Abdo, sin respaldo financiero ni legal claro, lo que representó un gasto de USD 55 millones entre 2020 y 2024.

Al restablecer el valor legal del 33 %, el nuevo Consejo de Administración proyecta un ahorro de USD 30 millones en cinco años y un alejamiento de tres años en el horizonte actuarial de la crisis. A esto se debe sumar otra acción clave, la aprobación de una ley que modifica el cálculo de jubilaciones.

Mediante esta normativa se extendió el periodo de referencia de tres a diez años, lo que genera mayor equidad en relación con los aportes reales de los trabajadores. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y en vigor desde enero de 2025, va a permitir al IPS incorporar al IPS USD 80 millones adicionales que antes se transferían al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud. Solo esta medida aleja cinco años más el horizonte actuarial. Con ambas medidas se ha alejado la crisis por ocho años en total.

“La meta es preservar el fondo común para que quienes hoy están aportando puedan acceder a una jubilación en el futuro. No buscamos suspender beneficios, sino encontrar formas responsables de financiarlos. La caja es contributiva y hay que protegerla”, insistió Cubas.

La funcionaria también informó que ya se elevó un proyecto para financiar el beneficio adicional anual, que se paga en noviembre y el cual obliga a la previsional a desembolsar más de USD 100 millones, sin que aproximadamente la mitad, tenga un respaldo por contribuciones. Además, se propuso la conformación de una mesa interinstitucional para auditar y actualizar la deuda del Estado con el IPS.

Cubas aclaró que estas acciones son apenas el inicio. “Estamos ante un fenómeno estructural que afecta a todas las cajas de la región y del mundo. La gente vive más tiempo, la natalidad ha caído y eso se traduce en menos aportantes y más jubilados. Hoy tenemos 85.500 jubilados y 800.000 activos, los trabajadores activos van a decrecer y ese es un trabajo complejo que deben enfrentar todas las cajas del país”, advirtió.

Paraguay registra avances económicos y sociales clave en los últimos años, con indicadores que reflejan un crecimiento sostenido y mejoras en las condiciones de vida de la población, destacó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, quien aseguró que el país atraviesa un momento positivo gracias al mayor crecimiento del producto interno bruto (PIB), menores tasas de pobreza, baja inflación y una reducción en los niveles de desigualdad.

De acuerdo con los datos oficiales, el crecimiento promedio del PIB real entre 2023 y 2024 se estima en 4,4 %, superior al de períodos anteriores, como el 3,5 % registrado en 2003-2005. Este ritmo de expansión económica permitió a Paraguay consolidar su posición como un país estable y confiable en la región, alcanzando y manteniendo el grado de inversión que otorgan las principales calificadoras internacionales.

La pobreza promedio se redujo de manera significativa, pasando de 48,4 % en el periodo 2003-2005 a 20,1 % estimado para 2024. En paralelo, la pobreza extrema cayó a 4,1 %, mostrando un avance importante en la mejora de las condiciones de los sectores más vulnerables. El ministro resaltó que estos resultados son fruto de un crecimiento económico inclusivo que generó mayores oportunidades para la población.

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En materia de estabilidad de precios, Paraguay logró mantener la inflación bajo control, con un promedio estimado de 3,7 % en 2023-2024, frente al 7,3 % que se registraba en el inicio del período analizado. Este logro contribuye a la previsibilidad económica y al fortalecimiento del poder adquisitivo de las familias. Además, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se redujo a 0,44, el nivel más bajo en dos décadas.

El aumento de la inversión, que pasó de 17,3 % a 20,4 % del PIB, es otro de los factores mencionados por Fernández Valdovinos. Según el titular de la cartera económica, este crecimiento de la inversión genera más empleo y dinamiza la economía. Aunque la tasa de desempleo se mantiene relativamente estable en torno al 5,7 %, el ministro subrayó que el entorno macroeconómico y las inversiones privadas y públicas seguirán impulsando el mercado laboral.

Finalmente, el ministro hizo referencia a las críticas de algunos sectores que señalan que “estamos peor que antes”. En su opinión, los datos evidencian lo contrario y reafirman que Paraguay se encuentra en el camino correcto.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que el gasto social de la Administración Central llegó a G. 17 billones al cierre del primer semestre del 2025. Esta cifra representa un aumento de G. 841.000 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando el compromiso del Gobierno con la inversión en programas sociales.

Uno de los principales factores que explican este crecimiento es el fortalecimiento de las transferencias realizadas a los gobiernos subnacionales, particularmente a las gobernaciones.

Estos fondos están destinados a sostener y ampliar el programa “Hambre Cero”, una iniciativa emblemática que garantiza a estudiantes de todo el país el acceso a desayuno, almuerzo, merienda y cena.

El informe, elaborado por el viceministerio de Administración Financiera (VAF), destaca además que otros programas sociales clave tuvieron una significativa incidencia en el gasto. Entre ellos se encuentran los servicios educativos en todos los niveles, los servicios hospitalarios, la pensión alimentaria “Adultos Mayores” y el programa Tekoporã Mbarete, que brinda apoyo a familias en situación de vulnerabilidad.

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En cuanto a la distribución de los recursos, la estructura del gasto social revela el foco en áreas prioritarias. El 33 % del presupuesto social se destinó a educación, el 24 % a salud, el 22 % a promoción y acción social, y el 18 % a seguridad social.

La prioridad fiscal del gasto social al cierre del primer semestre fue del 53 %, lo que significa que más de la mitad del gasto de la Administración Central se dirigió a programas de servicios sociales.

Este indicador es consistente con el promedio de la última década, que se ubica en torno al 55 % y refleja el compromiso del Estado de mantener un alto compromiso con la inversión social, incluso en escenarios de restricciones fiscales.

Para quienes deseen acceder al informe completo y conocer en detalle los datos de la ejecución presupuestaria, el MEF puso a disposición el documento en su portal web oficial.

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Durante una reunión clave para el sector logístico fluvial y autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el BID Invest del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer el sector privado industrial de Paraguay y la región.

Se trata de una línea de financiamiento que pone a disposición hasta USD 1.000 millones para impulsar la industria sostenible en América Latina y el Caribe, apuntando a dinamizar la inversión privada y fomentar la modernización de sectores estratégicos.

Argentina decidió interrumpir las operaciones de trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 del Paraná Guazú, generando preocupación en Paraguay en cuanto al abastecimiento de los hidrocarburos. Si bien proponen otros 10 puertos alternativos, desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) critican la unilateralidad de la decisión y su impacto negativo en el suministro energético del país y la región.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) resolvió suspender las operaciones de alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, donde desde hace más de 30 décadas Paraguay realiza el trasbordo de hidrocarburos entre buques, bajo supervisión aduanera correspondiente.

Las denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante la administración anterior del Instituto de Previsión Social (IPS) siguen sin avances en el Ministerio Público, pese a que fueron respaldadas por auditorías internas, externas y tres informes de la Contraloría General de la República, que revelan obras fantasmas, desvíos presupuestarios y documentos presuntamente falsificados.

Según datos de la actual administración, existen más de G. 3.500 millones en obras que fueron pagadas, pero nunca ejecutadas. Los informes de la Contraloría incluso estiman que la cifra sería mayor a la detectada por el propio IPS.

Tras el atentado contra la sede del consulado brasileño en Ciudad del Este, desde la Fundación Tesai confirmaron que la mujer que fue herida en el brazo fue derivada al hospital regional y podría perder el miembro superior. El hombre que realizó los disparos ingresó a cirugía en el Hospital Área 2 de la Fundación Tesai.

Según el doctor Diego Ruiz, jefe de urgencias de la fundación, ambos pacientes se encuentran en estado delicado, especialmente el presunto autor de los disparos. En tanto que, la mujer tuvo que ser trasladada porque requería de una intervención quirúrgica para tratar de salvar su brazo.

Los peajes en los tramos de la ruta PY-02 concesionados a Tape Porã tendrán un aumento desde el 6 de julio, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). De esta manera, el monto para vehículos de la categoría 1 queda en G. 19.000 en los puestos de Pastoreo y Minga Guazú.

Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, mencionó que en una de las cláusulas del contrato de concesión se establece una fórmula con unos elementos que al sufrir variaciones en esos elementos se da el reajuste.

El interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, informó que se dio el corte administrativo definitivo el miércoles pasado y que accedió al 100 % de la documentación necesaria para verificar las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR). El economista realizó este viernes su segunda conferencia de prensa semanal.

“A partir del día de ayer (jueves) ya empezamos a trabajar intensamente en el desarrollo, en la verificación, en el análisis y en la evaluación de las seis observaciones de la Contraloría General de la República, que han sido denunciadas como irregularidades y que han motivado el inicio de esta intervención”, anunció Pereira.