El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) manifiesta preocupación por la suspensión del proceso licitatorio para la adquisición de 28.000 máquinas de votación, que serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y las presidenciales del 2028.

“Realmente esta paralización es preocupante y esperamos que el Tribunal de Cuentas tenga celeridad en este campo. Nosotros ni siquiera realizamos la revisión técnica de las máquinas que están en competencia ni dictaminar si cumplen o no los requisitos. Estamos casi a mitad de año y no estamos pudiendo avanzar en la parte técnica”, indicó el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Recientemente, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dio lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa Bypar S. A., con la cual el proceso de compra queda nuevamente en pausa. “Esta empresa objeto que el TSJE pida 10 años de experiencia en la fabricación, utilización, alquiler y venta de las máquinas de votación. Esta empresa tiene 5 años de trayectoria, entonces ellos quieren que este sea el plazo, pero el problema está que no reúne ninguno de los demás requisitos solicitados, ni siquiera participó realizando este servicio en otros países”, dijo el funcionario de la Justicia Electoral.

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Esta misma empresa presentó una protesta en mayo pasado, que fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y había dado luz verde para avanzar en proceso para comprar las máquinas de votos luego de varias suspensiones. “Preocupa porque nosotros tenemos previsto recibir 5.000 máquinas de votación en este 2025 para poder iniciar el proceso de capacitación a la ciudadanía y a los partidos políticos, avanzar en la capacitación interna de los funcionarios de la Justicia Electoral, preparar el software”, puntualizó.

Ljubetic siguió sosteniendo que “esta gente ni siquiera debería tener legitimación activa, porque cuando nosotros pedimos que las firmas nos presenten sus precios referenciales, ellos no se presentaron, cuando llamamos a los técnicos para ir viendo las máquinas, tampoco se presentaron, ni siquiera se presentaron durante el proceso de la apertura de ofertas para licitar”.

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Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.

Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.

Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.

No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.

A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.

En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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Tras un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó en mayoría el pedido de acuerdo constitucional para proceder a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Miguel Prieto.

Esto se da luego de tomar en consideración los dictámenes emitidos por la comisión especial que llevó adelante el análisis técnico del pedido presentado por el Poder Ejecutivo a raíz de la auditoría de la Contraloría General de la República, donde se detectaron varios hechos irregulares.

Con la suficiente mayoría de la mitad más uno, el plenario aprobó el pedido de intervención y se dará comunicación a las instancias correspondientes.

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El conteo de los votos quedó de la siguiente forma, 47 legisladores votaron a favor, 27 emitieron voto en contra; mientras que otros 4 diputados optaron por abstenerse.

Al respecto, durante el debate fue llamativa la insistente posición de los sectores de la oposición que a toda costa buscaron apañar la dudosa gestión del intendente Miguel Prieto, bajo el argumento que todo se trata de una supuesta persecución política por parte del oficialismo.

Al respecto, el diputado colorado Hugo Mesa salió al paso en primer lugar para defender la figura de la intervención como una herramienta legal y constitucional. Recordó que en el año 2010, cuando el entonces contralor solicitó la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, justamente fue Prieto, quien era entonces concejal, aplaudía y solicitaba que se lleve adelante la intervención.

“Sin embargo, hoy acá hay un esfuerzo hasta casi descarado de querer desacreditar la figura de la Contraloría General de la República, que es el órgano natural que realiza los controles del uso de los recursos públicos (...). Me preocupa cuando estamos al frente de un festival de hipocresía, de una doble moral, de un doble discurso cuando queremos defender al chancho de nuestro chiquero”, expresó.

Agregó que lo que buscan demostrar a toda costa los referentes de la oposición es que, al tratarse de uno de los suyos, se recurre a la “vieja muletilla de persecución política”; con el fin de distraer de lo que verdaderamente debería ocupar a todos los diputados, que es aclarar qué fue lo que ocurrió verdaderamente con los recursos del municipio.

Igualmente, defendió el trabajo que llevó adelante la comisión especial que se ocupó en atender el pedido de intervención y llevó un trabajo prolijo en el estudio de todos los documentos, así como escuchar a las respectivas partes para luego emitir sus respectivos dictámenes.

A su turno, la líder de la bancada oficialista, Rocío Abed, anunció que la postura de la bancada es acompañar el dictamen en mayoría por la aprobación de la intervención, porque existe legitimación activa de la causa.

Asimismo, indicó que, en representación del Alto Paraná, a todas luces se buscó señalar como una guerra del Clan Zacarías en Ciudad del Este.

“Es una gran familia de gente que confía y confió en una intendenta a la que nunca le pudieron ganar en elecciones libres y a la que le tuvieron que sacar por la ventana. Con muchas causas, nunca hemos puesto obstáculos y en todas las causas ha quedado demostrado que no existieron tales causales. Por eso, a la hora de defender una gestión, lo único que están haciendo es superlativizar un poder que no existe. Porque esta no es una guerra del Clan Zacarías, sino de la ciudadanía, de la Contraloría, y de jóvenes”, enfatizó.

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