El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arremetió ayer miércoles contra la justicia por pedir su desafuero para que sea juzgado por corrupción, lo que elevó la tensión política de cara a las elecciones de febrero en este país de reconocida trayectoria democrática. Señalado por sus críticos de irrespetar la independencia de poderes, Chaves, un economista conservador de 64 años, ha gobernado desde 2022 en abierto enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa -mayoritariamente de oposición- y el Tribunal Electoral.

Pero el martes el conflicto de poderes subió de tono cuando la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso que levante la inmunidad del presidente para que enfrente cargos de delitos de corrupción señalados por la Fiscalía. “La Corte sigue destruyendo la poca credibilidad que tiene, sigue construyéndose en una vergüenza nacional”, afirmó este miércoles Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Esta es la primera vez en la historia del país centroamericano que el poder judicial pide quitar la inmunidad a un presidente, lo que el analista Felipe Alpízar, catedrático de la Universidad de Costa Rica, calificó como un “terremoto político”. Chaves, exfuncionario del Banco Mundial, fue señalado por la Fiscalía de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

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El fiscal atribuye al presidente el delito de “concusión” (abuso de poder de un funcionario para favorecer a alguien), que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel.

Según la Fiscalía, la contratación de la empresa para el mandato de Chaves de 2022 a 2026 se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido.

“Ni la Corte ni el fiscal buscan justicia. No, lo que buscan es sacarse un clavo (venganza)” porque “este gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial”, agregó.

Las autoridades judiciales y electorales también investigan al presidente por supuesto financiamiento irregular en su pasada campaña electoral y por interferir en la contienda para los próximos comicios, lo cual está prohibido por la legislación costarrricense.

Según Chaves, los magistrados están molestos porque “hay un presidente que no les debe favores, que no les guarda secretos y que no les permite hacer lo que les da la gana”.

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Magistrados de la Corte, diputados y otras autoridades del Estado critican lo que consideran una deriva autoritaria de Chaves y le piden respetar la independencia de poderes.

Costa Rica ha sido por décadas la democracia más estable de Centroamérica, una región sacudida en la segunda mitad del siglo pasado por cruentas guerras civiles.

“Lo que está en juego es la democracia costarricense tal como la conocemos”, dijo Alpízar, quien advirtió que, pese a la crisis política, “hay instituciones muy firmes”.

Chaves, admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dicho que espera que su partido obtenga en las próximas elecciones una mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución y dar más poder al Ejecutivo.

Para Alpízar, esta crisis afectará el rumbo de la campaña porque puede convertirse en una especie de “referendo a favor o en contra de Chaves” sin que se debatan “los problemas de fondo” del país, como la creciente violencia criminal.

Aunque su perfil de líder populista de mano dura atrae simpatías en parte de la población, Chaves no puede aspirar a la reelección consecutiva, prohibida en Costa Rica, pero funcionarios cercanos no descartan que busque un escaño en la Asamblea Legislativa.

No obstante, para lanzar una candidatura a diputado deberá renunciar antes del 31 de julio y perdería su inmunidad automáticamente, lo cual lo dejaría al descubierto para ser procesado. El pedido de la Corte sobre el despojo de la inmunidad debe primero ser debatido en comisión parlamentaria y luego por el Congreso en pleno.

Fuente: AFP.

La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.

“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.

“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.

Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.

Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolabo­radores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que tra­ben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.

“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.

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