La jueza penal de garantía de Lambaré, Isabel Bracho, vía revisión de medidas, ordenó que el imputado por abuso sexual en niños y hermano de una fiscala guarde reclusión en la cárcel militar de Viñas Cué. Inicialmente, el procesado debía estar privado de su libertad en la comisaría de Villa Elisa y luego debía ser derivado al penal de Tacumbú.

La defensa del imputado alego que recibió amenaza debido a que la hermana del procesado es agente fiscal de una unidad especial, por lo que corre peligro la vida del imputado. Ante este hecho, la jueza Bracho cambio el lugar de reclusión y ordenó que sea derivado al penal militar de Viñas Cué. Del mismo modo, la referida magistrada podría haber ordenado que se resguarde la integridad del imputado en el lugar donde tenga que estar privado de libertad como se hace en otros casos similares.

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La magistrada sostuvo en su resolución que “del análisis de los antecedentes, pruebas documentales y normativas aplicables, este juzgado considera acreditado el riesgo inminente que enfrenta el imputado en caso de guardar reclusión en alguna penitenciaria nacional. Por lo que para esta judicatura corresponde hacer lugar a lo peticionado por la defensa, en consecuencia, deberá disponer su inmediato traslado al penal militar de Viñas Cue”.

Días atrás, el Ministerio Público presentó el acta de imputación contra un hombre por el hecho punible de abuso sexual en niños, cuya víctima tiene tan solo 6 años de edad. La fiscalía pidió 6 meses de tiempo para poder presentar su requerimiento conclusivo donde se deberá presentar la acusación y el pedido de que el caso se eleve a un juicio oral u otra salida procesal.

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Los fiscales Silvio Corbeta y Elena Fiore pidieron al juzgado de garantía blanquear al exministro del Interior de Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, denunciado en su momento por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa, cuyas expectativas de penas superan los 10 años de cárcel.

Ahora, el juzgado de garantía deberá decidir si hace lugar a dejar impune el caso o da trámite de oposición para que el fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, pueda decidir si la investigación seguirá o se concretará la impunidad para Giuzzio.

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En caso de que el fiscal General decida seguir investigando el caso, se tendrá que realizar numerosas diligencias más para poder definir si Giuzzio es responsable de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y tráfico de influencia. Los representantes del Ministerio Público llegaron a la conclusión de que Giuzzio posee un perfil económico que le permite justificar su capacidad adquisitiva y el posible incremento de su patrimonio.

La denuncia penal fue presentada en sede de la Fiscalía General del Estado y se realizó sobre inconsistencias entre los ingresos del exministro y su estilo de vida. Igualmente, la denuncia mencionaba la adquisición de un terreno en la ciudad de San Bernardino y una camioneta, entre otros bienes.

A lo largo de los meses, los fiscales realizaron varias diligencias, entre las que se encuentran pedidos de informes a entidades financieras, tributarias y registrales, incluyendo informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Asimismo, se solicitó un informe técnico a la Dirección General de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional, específicamente al Departamento de Investigación Patrimonial, que analizó ingresos, egresos, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias y movimientos financieros.

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La jueza penal de garantías Cynthia Lovera ya se encuentra habilitada para estudiar las chicanas impulsadas los exministros de Mario Abdo Benítez en la causa conocida como filtración de datos financieros confidenciales manejados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), se reportó este miércoles a través del programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, desde el Poder Judicial.

Lovera deberá estudiar un total de 12 chicanas planteadas desde el 14 de marzo del 2024 por las defensas de Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, acusados por la Fiscalía, el pasado 11 de marzo. Mientras el exmandatario Mario Abdo Benítez y su exsecretario, el diputado Mauricio Espínola, continúan escudados en sus fueros legislativos.

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Los siete imputados se encuentran acusados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

La acusación fue presentada por los fiscales Silvia González y Christian Benítez ante la jueza Penal de Garantías, Cynthia Lovera. El caso inició tras la denuncia presentada el 31 de julio del 2023 por el expresidente de la República, Horacio Cartes, a través de su abogado Pedro Ovelar, quien amplió la denuncia en dos oportunidades: el 30 de agosto y el 30 de octubre de 2023.

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La Comisión de Asun­tos Constitucionales de la Cámara de Sena­dores emitió en la fecha dic­tamen a favor con 5 votos, por el desafuero de senador vitali­cio y expresidente Mario Abdo Benítez. En tanto que 3 legisla­dores votaron en contra y otros 3 se abstuvieron.

Al respecto, el titular de esta mesa asesora, Javier Zacarías Irún, explicó que han escu­chado a ambas partes, y tras la deliberación encontraron que se reúnen todos los criterios para otorgar el desafuero soli­citado por el propio afectado.

El día de ayer martes, la comi­sión asesora convocó al sena­dor vitalicio Mario Abdo, o en su efecto a sus abogados defensores, para responder o explicar acerca de la acu­sación que pesa en su contra por filtraciones de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes) durante su mandato.

Carlos Trapani y Enrique Kro­nawetter asistieron a la Comi­sión del Senado para ensayar una defensa que no llegó. En lugar de atacar las pruebas de la Fiscalía, que están conte­nidas en más de 206 elemen­tos probatorios, los abogados del exmandatario intenta­ron desviar el centro de la cuestión: la participación de Abdo y sus exfuncionarios en los hechos imputados. Inten­taron sin éxito negar la par­ticipación de Abdo ante la fuerza de la evidencia.

Estos dos letrados admitieron entre otras cosas que la causa no avanza porque hay varios incidentes que la jueza Cyn­thia Lovera debe resolver aún, incidentes que se presentaron hace un año, cuando se había presentado el acto de imputa­ción, que sostenidamente han intentado paralizar a través de diversas chicanas.

Al término de la reunión, el presidente de Asuntos Cons­titucionales, el senador Javier Zacarías Irún explicó que el artículo 17 de la Constitución Nacional es muy clara al hablar del debido proceso, y es lo que los legisladores deben tener en cuenta para tomar su decisión, de otorgar o no el desafuero a un senador de la nación.

“A nuestro criterio, absolutamente no se ha avasallado ni se ha atropellado el artículo 17 de la Constitución. Ahora el resto de lo que se cuestione debe ser analizado por los fiscales y jue­ces de la República del Para­guay. Nosotros no somos los jueces, que debemos decir si está bien o está mal, si es culpa­ble o es inocente. Eso le com­pete a la Justicia resolver. Nosotros lo único que debe­mos analizar es si se cumple con el artículo 17 de la Cons­titución Nacional”, insistió.

Remarcó que, en este caso, existen los méritos suficientes para otorgar el desafuero; así como existieron en los casos en que los senadores activos fue­ron solicitados sus desafueros y fueron aprobados. “Creo que nosotros no podemos obstruir el estudio o investigación de la Justicia, cuando no se refiere a opiniones que pudiéramos haber dado como senador de la nación. Cuando se trata de delitos comunes, creo que tene­mos la obligación de dar el desa­fuero para cualquier senador de la República”, acotó.

Zacarías Irún señaló que, al contar ya con los dictámenes en ambos sentidos por parte de los miembros de la comisión, el tema ya podría ser incluido y analizado en la sesión ordi­naria de este miércoles de la Cámara de Senadores.

“Ahora, lo que sí me llama la atención es el pedido con pio­lita que realiza Mario Abdo, con relación a que se otorgue su desafuero. Digo esto por­que si realmente uno quiere su desafuero y realmente bus­cas adherirte a los mandatos de la Justicia, no tenés temor a ser investigado. Ahora, si yo digo que quiero el desafuero por una cuestión política, por una cuestión de populismo, o quiero el desafuero con pio­lita, mientras tanto quedarme escudado en mis fueros mien­tras mis amigos son juzgados; entonces hay otra cosa. Por eso, a mí me llama la aten­ción, porque ahora sus aliados rechazan el desafuero”, acotó.

En la sesión del Senado pre­vista para hoy, no se encuen­tra dentro del orden del día el tema del desafuero del expre­sidente Abdo. Sin embargo, existe de posibilidad de que sea tratado sobre tablas.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña.

HOY.COM.PY

En la cronología de hechos relatada en el acta de impu­tación se incluyen dos fechas más que corresponden a hechos de carácter público y notorio, innegable por parte de los acusados: el discurso polí­tico del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boi­danich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silen­cio. Esta información de carác­ter confidencial fue expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresidente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.

Además, el 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últimos detalles de lo que sería el informe de inteligen­cia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cuadros de salarios de Peña y Boidanich.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boi­danich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Daniel Farías y René Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligen­cia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.

En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funciona­rio Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario pri­vado de la Presidencia, Mau­ricio Espínola, publicaba los mismos datos en su cuenta de red social X.

Ante la consulta sobre ambas situaciones mencionadas, el abogado Trapani dijo que “no podría responder, no me consta si una declaración suya luego terminó en una publica­ción”. “La imputación alude a un discurso político. No podría responder (si los salarios ya eran una información pública antes de esa exposición hecha por Abdo)”, agregó.