El doctor Jorge Querey, médico de cabecera del exmandatario Fernando Lugo, indicó que el dirigente izquierdista ya inició sus evaluaciones médicas y ejercicios de rehabilitación neurológica en un centro de referencia internacional localizado en La Habana, Cuba, en la búsqueda de su recuperación significativa tras el accidente cerebrovascular que sufrió en el 2022.
“Esta semana comenzó la propuesta de rehabilitación. Durante la primera semana se realizó todos los estudios, por lo general salieron bastante bien. Ya comenzó intensivamente sus ejercicios tanto de la parte motora como verbal, está muy bien”, manifestó.
El también exsenador, de 72 años, viajó el 7 de marzo a Cuba para recurrir a la asistencia de médicos extranjeros en el proceso de su tratamiento y evolución. En setiembre del 2022 ya había sido atendido por profesionales de la Argentina en clínica Fleni, ubicada en Buenos Aires.
“La parte del habla llevará un mes de trabajo y luego se sacará una conclusión si todavía hay mucho por ofrecerle o no en esta parte de la rehabilitación. De todas maneras todas las vías neurológicas están aptas para que pueda haber una recuperación, pero no siempre una cosa se acompaña de la otra. Si las vías neurológicas están dañadas eso es irrecuperable, pero en su caso están indemne”, dijo la 1020 AM.
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En el vecino país, el líder de Frente Guasu pasó tres etapas que fueron prioritarias en el proceso de su rehabilitación. Inicialmente se sometió a una estimulación neurológica, luego a una recuperación respiratoria y finalmente a una rehabilitación motora.
“La recuperación de los pacientes que sufrieron un accidente cerebro vascular es todo un desafío, el tratamiento integral de rehabilitación es absolutamente fundamental. La idea es que Lugo esté 3 o 4 semanas más por Cuba para sus chequeos de control, poder corroborar si tuvo o no efectos la aplicación de las medidas. Mediante esos chequeos sugerirán que tomemos medidas en Paraguay o tratamientos reiterados en Cuba”, puntualizó.
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EE. UU. restablece la política de máxima presión sobre Cuba
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó ayer lunes un memorando que blinda su política de mano dura hacia Cuba, al mantener la prohibición del turismo a la isla e impedir transacciones financieras con Gaesa, un conglomerado en poder de los militares.
Cuba se halla bajo un embargo comercial desde hace más de seis décadas que Trump endureció durante su primer mandato (2017-2021) y que volvió a reforzar ayer lunes al confirmar lo que su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, fue desgranando en los últimos meses.
Desde que regresó al poder en enero, el presidente republicano rescindió algunas medidas adoptadas por su predecesor demócrata Joe Biden, quien sacó a Cuba de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo para propiciar una liberación de presos políticos.
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Con Trump en los últimos meses volvió a esa lista e incluyó a los cubanos entre los ciudadanos a los que restringió la entrada en Estados Unidos.
Biden también rescindió un memorando de 2017 que prohibía algunas transacciones financieras a una lista de entidades cubanas, una decisión que irritó a Rubio principalmente en lo que atañe a Gaesa, un conglomerado perteneciente a las fuerzas armadas cubanas.
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“Política robusta”
La declaración de ayer lunes “restaura y fortalece la política robusta hacia Cuba del primer mandato del presidente”, afirma la Casa Blanca.
El gobierno “pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno cubano, a las agencias militares, de inteligencia o de seguridad, en detrimento del pueblo cubano”, señala.
Las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como Gaesa y sus afiliados, están prohibidas, con excepciones en movimientos que beneficien a Estados Unidos o “apoyen al pueblo cubano”.
El Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa) es un holding estatal que controla compañías, cadenas de tiendas en dólares, almacenes en el puerto Mariel, el más importante de Cuba, e instituciones financieras como Rafin.
Tiene bajo su control al grupo Gaviota, que controlaba más de 50 hoteles, cinco marinas para yates, restaurantes, compañías aéreas, de renta de autos y taxis.
Bajo su paraguas también está la Corporación Cimex, que maneja 80 empresas en diversos sectores de la economía.
En el memorando destaca otra medida: Trump aplica la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba. Ya estaba prohibido, pero Biden aligeró la política de viajes en algunas categorías.
En adelante los republicanos velarán por su estricto cumplimiento con “auditorías regulares” y la obligación de llevar un registro de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos cinco años.
En cuanto al embargo económico sobre Cuba, Trump se reafirma en esta política y se opone a los llamados en la ONU y otros foros internacionales para ponerle fin.
También mantiene el fin de la política “pies mojados, pies secos” que entre 1995 y 2017 permitía el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes procedentes de la isla tan pronto como pisaran el territorio estadounidense.
“Conducta criminal”
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el memorándum de “conducta criminal y violatoria de los #DDHH de toda una nación”, en un mensaje en la red social X en el que usa la abreviatura de derechos humanos.
Además de que ser “el obstáculo principal” al “desarrollo” de la isla, añadió.
Trump promete por el contrario apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de servicios de internet y el fomento de un sector privado independiente. La declaración ordena además revisar los abusos de los derechos humanos en Cuba. “Exigiremos cuentas al régimen ilegítimo cubano y apoyaremos al pueblo cubano en su búsqueda de la libertad y la justicia”, escribió Rubio en X.
Fuente: AFP.
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Cuba siente de nuevo la mayor presión de la administración Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este lunes un memorando que blinda su política de mano dura hacia Cuba, al mantener la prohibición del turismo a la isla militar e impedir transacciones financieras con Gaesa, un conglomerado en poder de los castristas.
Cuba se encuentra bajo un embargo comercial desde hace más de seis décadas que Trump soportó durante su primer mandato (2017-2021) y que volvió a reforzar este lunes al confirmar lo que su jefe de la diplomacia, Marco Rubio, fue desgranando en los últimos meses.
Desde que regresó al poder en enero, el presidente republicano rescindió algunas adoptadas por su predecesor demócrata Joe Biden, quien sacó a Cuba de la lista negra de países patrocinadores del terrorismo para propiciar una liberación de presos políticos.
Con Trump en los últimos meses volvió a esa lista e incluyó a los cubanos entre los ciudadanos a los que restringió la entrada en Estados Unidos.
Biden también rescindió un memorando de 2017 que prohibía algunas transacciones financieras a una lista de entidades cubanas, una decisión que irritó a Rubio principalmente en lo que atañe a Gaesa, un conglomerado perteneciente a las fuerzas armadas cubanas.
La declaración de este lunes “restaura y fortalece la robusta política hacia Cuba del primer mandato del presidente”, afirma la Casa Blanca.
El gobierno “pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno cubano, a las agencias militares, de inteligencia o de seguridad, en detrimento del pueblo cubano”, señala.
Las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por el ejército cubano, como Gaesa y sus afiliados, están prohibidas, con excepciones en movimientos que benefician a Estados Unidos o “apoyen al pueblo cubano”.
No al turismo
Destaca otra medida: Trump aplica la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba. Ya estaba prohibido, pero Biden aligeró la política de viajes en algunas categorías.
En adelante los republicanos velarán por su estricto cumplimiento con “auditorías regulares” y la obligación de llevar un registro de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos cinco años.
En cuanto al embargo económico sobre Cuba, Trump se reafirma en esta política y se opone a los llamados en la ONU y otros foros internacionales para ponerle fin.
También mantiene el fin de la política “pies mojados, pies secos” que entre 1995 y 2017 permitió el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes procedentes de la isla tan pronto como pisaron el territorio estadounidense.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó el memorándum de “conducta criminal y violatoria de los #DDHH de toda una nación”, en un mensaje en la red social X en el que usa la abreviatura de derechos humanos.
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Además de que ser “el obstáculo principal” al “desarrollo” de la isla, añadió.
Fuente: AFP
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Falsa denuncia de Giuzzio es “congruente” con filtración de Seprelad, señala abogado
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República, Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente, refuerza la denuncia de que, en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las instituciones fueron instrumentalizadas para la persecución política y el terrorismo de Estado hacia sus adversarios electorales.
“Este es un elemento que sirve para la continuidad de la causa y que pasa a englosar los elementos probatorios en contra de los acusados de persecución política contra Cartes. Todos los elementos probatorios y el análisis realizados por la Fiscalía pasarán a formar parte de ese proceso judicial”, sostuvo Ovelar, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado hizo referencia al requerimiento de desestimación de la falsa denuncia impulsada por Giuzzio contra Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando, tras desarrollarse casi una treintena de diligencias de investigación, que no encontraron sustento para los argumentos lanzados por el exministro en una exposición ante una sesión sin cuórum en el Congreso, en febrero de 2022, en que debía aclarar sobre un tiroteo ocurrido en un concierto en San Bernardino.
“Sería contradictorio que el Ministerio Público tome posiciones dispares en uno y otro caso, esto es congruente entre lo que acusó en marzo de este año y lo que desestimó en este mes de junio”, comentó Ovelar, en referencia a la causa por filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra Abdo y sus exfuncionarios.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
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El 31 de julio del 2023, Cartes había denunciado que fue víctima de una persecución política orquestada desde el gobierno de Mario Abdo Benítez, mediante la instrumentalización de la Seprelad. En la causa fueron acusados los exfuncionarios abdistas Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, quienes deberán enfrentar un juicio oral y público.
Mientras que en el Congreso aún sigue pendiente de tratamiento el desafuero de Abdo Benítez, en su calidad de senador vitalicio, así como de su exsecretario privado Mauricio Espínola, actual diputado. Pese a que el exmandatario alegó públicamente que se sometería a la justicia, fue blindado por sus aliados de la oposición.
Sin embargo, la causa judicial no avanza ante el bombardeo de chicanas impulsadas por los representantes legales de Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores con la finalidad de paralizar y entorpecer la acción de la justicia, y buscar mecanismos que traben el mayor tiempo posible el rol de los actores de justicia.
“Realmente es vergonzoso la forma en que se abusa del derecho y de los mecanismos procesales, así terminaron casos sin analizarse, sin llegar al fondo de la cuestión como se pretende en este caso para que prescriba la causa, aunque aún estamos lejos de eso. Se debe poner un límite a esta inconducta procesal“, refirió Ovelar.
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Bolsonaro decidió objetivos de supuesta red de espionaje ilegal
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro integró el núcleo principal de una supuesta red clandestina de inteligencia durante su mandato (2019-2022) y estuvo a cargo de decidir los posibles blancos de acciones de espionaje, según un informe policial difundido este miércoles.
El líder de la derecha y ultraderecha en Brasil ya es juzgado por la corte suprema por un presunto intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder a pesar de su derrota electoral frente al actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
También le pesa una inhabilitación electoral hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación.
En un caso separado, la Policía Federal investigó a Bolsonaro por el caso conocido como “Abin paralela”, que busca determinar si la agencia brasileña de inteligencia (Abin) fue utilizada para diseminar desinformación y espiar a opositores e instituciones durante el gobierno del ultraderechista.
La policía identificó al exmandatario como integrante del “núcleo político” de la supuesta red de espionaje junto a su hijo Carlos, un concejal de Río de Janeiro, según un informe de la investigación difundido por un juez de la corte suprema.
“Ese núcleo fue responsable por definir las directrices estratégicas de la organización criminal, determinar los objetivos de las acciones clandestinas” y “beneficiarse políticamente de las operaciones”, detalló el texto, de más de mil páginas.
Y añadió: “Era el centro decidido y el principal destinatario de las ‘ventajas’ ilícitas (manutención del poder y los ataques a adversarios)”.
La policía recomendó imputar en el caso a más de 30 personas. Entre ellos, Carlos Bolsonaro, señalado por los crímenes de organización criminal armada y tentativa de abolición violenta del Estado democrático.
El expresidente Jair Bolsonaro, que ya enfrenta esos cargos por liderar la supuesta trama golpista, no fue incluido en esa lista.
Según la policía, entre los espiados había opositores, periodistas y autoridades de los tres poderes públicos, como el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador” en el pasado.
Moraes, a cargo de la investigación sobre espionaje ilegal y otros casos que involucran a Bolsonaro, levantó el miércoles el sigilo sobre el informe de la policía.
Los sospechosos habrían interceptado computadoras y celulares, incluso usando el software de espionaje israelí FirstMile, que permite rastrear la geolocalización de los teléfonos.
La recomendación de inculpación incluye también al director actual de la Abin, Luiz Fernando Correa, quien consideró bajo el mandato de Lula y es sospechoso de entorpecer la investigación.
Bolsonaro, de 70 años, puede ser condenado a hasta 40 años de cárcel por las acusaciones de golpismo. Él niega los cargos y dice ser un “perseguido”.
Aunque está inhabilitado, insiste en que quiere ser candidato en las elecciones de 2026.
- Fuente: AFP
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