La Policía Federal de Brasil ha realizado este viernes un registro en la casa de Brasilia del expresidente Jair Bolsonaro, a quien se señala como responsable de financiar una trama en Estados Unidos para defender la aplicación de sanciones contra autoridades del país, incluidos los jueces del Tribunal Supremo.

Los investigadores sostienen que Bolsonaro ha utilizado hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de estas sanciones, todo ello en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación.

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“Bolsonaro fue parte central de todo lo que está ocurriendo, algo que ha tenido un efecto determinado contra el país, en una clara interferencia en la independencia de los poderes y en la soberanía”, han apuntado fuentes de la investigación al portal de noticias G1.

Es por ello que la Policía ha decido tomar medidas cautelares contra Bolsonaro, quien deberá llevar una tobillera electrónica y no podrá acercarse a embajadas ni utilizar redes sociales, así como comunicarse con otros implicados en la trama. Medidas que se suman a la retirada de su pasaporte que se le aplicó durante el proceso judicial que enfrenta por la supuesta trama golpista de 2022.

Bolsonaro deberá pernoctar en su residencia y no tener contacto con embajadores ni diplomáticos extranjeros, en un momento en el que algunas informaciones sugerían la posibilidad de que solicitara asilo al presidente Trump, que en las últimas semanas ha lanzado una cruzada en redes sociales en favor de él.

Los registros se han realizado en su casa de Brasilia y en su oficina de la sede del Partido Liberal (PL). La Policía ha informado de que se han encontrado hasta 10.000 dólares en efectivo, mientras que su abogado Celso Vilardi ha confirmado que le han requisado el teléfono móvil.

Mientras tanto, esta semana, la Fiscalía ha solicitado en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.

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Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.

Fuente: Europa Press

La Cámara de Representantes aprobó este jueves por amplia mayoría la primera ley estadounidense para regular las criptomonedas, un paso importante en el desarrollo de este mercado.

La Ley CLARITY, que ahora pasa al Senado, proporciona a Estados Unidos un marco regulatorio sobre las criptomonedas y otros activos digitales, en línea con los deseos del gobierno del presidente Donald Trump, que apoya firmemente a esta industria.

Ahora pasará al Senado, donde los republicanos tienen una estrecha minoría.

Varios congresistas demócratas han expresado reservas sobre el proyecto de ley porque consideran que no protege lo suficiente a los inversores en un entorno donde el fraude, las estafas y el lavado de dinero son corrientes.

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Inmediatamente después los congresistas de la Cámara de Representantes aprobaron la Ley GENIUS, que codifica el uso de los “stablecoins”, es decir criptomonedas vinculadas a activos seguros como el dólar.

Este texto se enviará a Trump para que lo firme y convierta en ley debido a que ya recibió luz verde del Senado en junio.

Aunque el bitcóin es la criptomoneda más conocida los stablecoins son más importantes por su uso en transacciones.

La ley GENIUS obliga a los emisores de stablecoins a tener reservas de activos, como depósitos bancarios o bonos del Tesoro, al menos equivalentes al valor de su criptomoneda en circulación.

Varios bancos trabajan para emitir sus propios stablecoins, al igual que empresas de comercio electrónico como Amazon y Walmart, mientras que Meta, Uber y Airbnb consideran adoptarlos.

Al igual que Trump, muchos congresistas los ven como una forma de fortalecer el dólar.

• Fuente: AFP

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Con 32 votos a favor, la Cámara de Senadores otorgó este miércoles su acuerdo constitucional para que Gustavo Leite asuma como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América.

La nominación de Leite fue propuesta por el Poder Ejecutivo y respaldada por una amplia mayoría en la Cámara Alta, lo que allana el camino para que represente a nuestro país en Washington. Durante el debate, varios legisladores destacaron su trayectoria en el sector público y privado, así como su experiencia en temas de comercio internacional y relaciones exteriores.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales aconsejó prestar el acuerdo correspondiente a fin de proceder con la designación. Cabe mencionar que previo al inicio de la sesión ordinaria, Leite expuso ante el pleno la hoja de ruta que tiene trazada para este cargo.

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Entre estos mencionó el ingreso de más productos al mercado estadounidense, la busca de inversiones para nuestro país, así también como las cooperaciones, sobre todo en áreas clave como la inteligencia, aspecto donde el país norteamericano está muy avanzado.

“La candidatura del compañero Gustavo Leite representa un lujo para el Paraguay. Quiero destacar su excelente currículum, posee una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de California y de Chapman, de Estados Unidos”, relató el senador Antonio Barrios.

El legislador prosiguió mencionando la formación de Leite cuenta con una maestría en Marketing Internacional de Escocia. “El candidato expuso su plan de trabajo que se abocará principalmente a la atracción de inversiones, ampliación de la balanza comercial, la reanudación de vuelos directos”, añadió.

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Tras el visto bueno del Congreso, se espera el decreto del Poder Ejecutivo para culminar con el proceso de designación oficial como embajador. Gustavo Leite reemplazará en el cargo a José Antonio Dos Santos, quien ejercía funciones diplomáticas en Estados Unidos desde 2021.

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

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Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

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