La jueza Mesalina Fernández solicitó este miércoles 3 de abril el desafuero de la senadora liberal Celeste Amarilla, quien fue demandada por su par, Basilio “Bachi” Núñez, por difamación e injuria. El pedido de la autoridad judicial tendrá entrada oficial durante la sesión del Senado prevista para este jueves.
“Pidió hoy el desafuero de la senadora Celeste Amarilla para ser investigada en una demanda por difamación planteada en su contra por su colega Basilio Núñez. El pedido tendrá entrada oficial mañana en la sesión extraordinaria”, informó a través de X, la periodista de Nación Media, Francisca Pereira.
La querella del legislador Núñez fue presentada el pasado 24 de marzo y estuvo motivada por un mensaje que envió la senadora del Partido Liberal a un grupo de WhatsApp de su partido, haciendo alusión a un “chisme de Senado”, que involucra igualmente a su colega la senadora Lizarella Valiente, esposa del intendente de Asunción Óscar Rodríguez.
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Cabe recordar que esta es el tercera querella que pesa contra la senadora Amarilla, además existen pedidos de desafueros pendientes. Uno tiene que ver con la querella iniciada por la diputada Cristina Villalba el año pasado, y otra querella presentada por el diputado Nazario Rojas. “En su oportunidad no fueron tratados en la Cámara de Diputados y en la actualidad tampoco la Cámara de Senadores los han estudiado”, había explicado a Nación Media el abogado Tuma.
Asimismo, el representante legal del senador explicó que, para este tipo de hechos no hay prisión y todo dependerá de la sanción que establezca la jueza, la que puede traducirse en una multa que llega a los 300 jornales. “Acá no buscamos un resarcimiento económico, sino lo que buscamos es que esta situación no quede en la nada. Todos tenemos el derecho a preservar nuestro honor y nadie tiene derecho a referir hechos falsos a otra persona y más cuando eso surge en el ámbito parlamentario”, sentenció Tuma.
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Bachi Núñez sobre caso Abdo: “Si es cierto, es gravísimo”
El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió este lunes a las publicaciones realizadas por medios de prensa argentinos que vinculan al expresidente Mario Abdo Benítez con una presunta cuenta secreta de USD 21 millones en Seychelles. Núñez afirmó que, si se comprueba la veracidad de la información, “sería gravísimo”.
“Estoy al tanto más que nada por los diferentes medios de prensa y en ese sentido, como todo funcionario público, en este caso exfuncionario público porque se trata del presidente de la República, las instituciones deben funcionar. Todos deben ser investigados”, manifestó Núñez ante consultas de la prensa.
El senador evitó emitir un juicio definitivo y consideró que aún necesita nutrirse de más información sobre el tema. “Yo quisiera más tiempo, ver también los documentos que están exponiendo los diferentes medios de prensa”, sostuvo.
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Respecto a si el Ministerio Público debería iniciar una investigación de oficio, Núñez respondió que no pretende ejercer ningún tipo de presión. “Yo no quiero coaccionar a la Fiscalía, el Ministerio Público debe hacer su trabajo según su parecer”.
El titular del Congreso mencionó lo grave que resulta la diferencia entre el patrimonio declarado por Abdo ante la Contraloría y lo que estaría depositada de forma discrecional en bancos de la isla africana. “Si yo estoy declarando USD 3 millones, pero tengo USD 21 millones, eso es gravísimo”.
Las declaraciones del titular del Congreso surgieron tras la publicación de un informe periodístico que señala que Abdo Benítez habría ocultado una fortuna millonaria en un paraíso fiscal africano, información que ha generado eco en medios internacionales y reacciones en el ámbito político local.
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Trump demanda a The Wall Street Journal por caso Epstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó ayer viernes al magnate de los medios Rupert Murdoch y el diario The Wall Street Journal por un artículo sobre una carta de cumpleaños obscena que habría escrito al financiero Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales. Los hechos se han precipitado desde el jueves, tras días de presiones sobre Trump por parte de sus propios simpatizantes y aliados que acusan a su gobierno de encubrir los detalles del caso para proteger a las élites.
El jueves, el diario The Wall Street Journal publicó un artículo explosivo que atribuye a Trump una carta lasciva supuestamente enviada a Epstein por su 50 cumpleaños a principios de la década de 2000, cuando el presidente era un millonario magnate inmobiliario. Trump, furioso, advirtió que se querellaría. El viernes presentó una demanda contra el diario, dos de sus periodistas y Rupert Murdoch, cuya familia controla el medio, por difamación y calumnia. Lo hizo ante el tribunal federal del distrito sur de Florida, en Miami.
“Acabamos de presentar una demanda contundente contra todos los involucrados en la publicación del artículo falso, malicioso, difamatorio y de NOTICIAS FALSAS en el inútil periódico The Wall Street Journal”, confirmó Trump en su plataforma Truth Social. Dow Jones, grupo propietario del diario, dijo el viernes que se defenderá “vigorosamente”.
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“Tenemos plena confianza en el rigor y la precisión de nuestro trabajo periodístico y nos defenderemos vigorosamente contra cualquier demanda”, dijo un portavoz del grupo.
En cruzada contra numerosos medios de comunicación desde que regresó al poder en enero, el republicano reclama al menos 10.000 millones de dólares.
“Los acusados inventaron esta historia para difamar el carácter y la integridad del presidente Trump y retratarlo de manera engañosa”, se lee en la demanda.
El presidente también solicitó a su fiscal general, Pam Bondi, que publique todos los testimonios “relevantes” del proceso judicial relacionado con Epstein, encontrado muerto en prisión en 2019 antes de su juicio.
El viernes, el Departamento de Justicia solicitó a un tribunal federal que autorice la publicación de documentos judiciales que llevaron a la acusación de Jeffrey Epstein en 2019 por tráfico sexual de menores.
Pero estos documentos “solo se referirán a Epstein y (Ghislaine) Maxwell”, su examante ya condenada, y no a otros, comentó Daniel Goldman, congresista demócrata y exfiscal federal, en la red social X.
Cuando se le preguntó el viernes en la Casa Blanca si prevé solicitar la publicación de otros documentos del caso, Trump no respondió.
El presidente estadounidense está en aprietos desde hace más de una semana. Algunos de sus simpatizantes acusan a su gobierno de intentar acallar este asunto demasiado rápido.
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“Estúpidos”
La muerte de Epstein, encontrado ahorcado en su celda, ha alimentado numerosas teorías no verificadas de que fue asesinado para evitar revelaciones sobre personalidades poderosas y ricas.
En 2008, fue condenado a una corta pena de prisión tras declararse culpable de haber utilizado los servicios de prostitutas, incluida una menor de edad.
Figuras cercanas al movimiento “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande”, más conocido por sus siglas en inglés MAGA, hacen campaña desde hace años en favor de la publicación de una supuesta lista secreta de clientes de Jeffrey Epstein.
Pero hace unos diez días, el Departamento de Justicia y la policía federal, el FBI, publicaron en un informe conjunto que no existen pruebas de la supuesta lista ni de chantaje.
Estos anuncios provocaron una avalancha de mensajes de indignación de cuentas “MAGA” en redes sociales, que molestaron a Trump.
El presidente republicano calificó de “estúpidos” a parte de sus partidarios y les pidió que pasen página.
Dibujo
En este contexto, el artículo publicado el jueves por la noche por el Wall Street Journal avivó la polémica. El periódico afirma que en 2003, con motivo del cumpleaños del financiero, Ghislaine Maxwell solicitó la colaboración de decenas de amigos cercanos, incluido Trump.
La carta, escrita en nombre de Trump, incluye varias líneas de texto mecanografiado rodeadas de un boceto de una mujer desnuda con su firma “Donald” en el lugar del vello púbico, según el diario. “Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto”, afirma haber leído el Wall Street Journal, que no reproduce el escrito.
Fuente: AFP.
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Nueva ley y Comisión Antilavado pusieron fin al “carnaval” de las ONG, dice Núñez
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, valoró el informe presentado por la Comisión Especial de Investigación, conocida como “Comisión Antilavado”, destacando que se logró poner fin al “carnaval” con los fondos manejados por organizaciones no gubernamentales (ONG) en administraciones anteriores.
“Se descubrió el carnaval que se tenía en las ONG”, afirmó Núñez en conversación con varios medios de prensa, recordando que fue él quien impulsó la ley que permite el control de estas entidades. En ese contexto, recordó también el rol de organismos internacionales como Usaid, y mencionó que a través de este tipo de organizaciones, las organizaciones recibían millonarios recursos.
Según el legislador, en el marco del proceso de transformación educativa, se transfirieron más de 15 millones de euros directamente a ONG y no al Ministerio de Educación, como correspondía. “Ese carnaval terminó gracias a esta ley y a esta comisión que empezó a controlar”, enfatizó.
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El titular del Congreso destacó además que el informe elaborado por la comisión es “voluminoso”, pero fruto de un trabajo “muy serio” por parte de sus colegas. Resaltó que este tipo de investigaciones pueden derivar en denuncias formales ante el Ministerio Público.
Recordó que en el periodo parlamentario anterior, el entonces senador Jorge Querey lideraba la Comisión Bicameral de Investigación, calificándola de “verdaderamente garrote”. “Yo fui un perseguido por la Seprelad. Nos investigaban hasta qué color de calzoncillo comprábamos, pero ahora no”, ironizó.
Finalmente, Bachi Núñez elogió la gestión de Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pese a las observaciones realizadas en el informe de la actual Comisión. El legislador destacó que la institución logró aumentar las recaudaciones en USD 1.000 millones.
“Cualquier cosa que haya sido detectada, va a ayudar para que siga mejorando recordemos que la institución mejoró sus recaudaciones en USD 1.000 millones más, que antes se repartían prácticamente, ahora esos recursos se destina para obras, Hambre Cero, para Adultos Mayores entre”, concluyó.
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Costa Rica: crece tensión política con pedido de desafuero al presidente
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arremetió ayer miércoles contra la justicia por pedir su desafuero para que sea juzgado por corrupción, lo que elevó la tensión política de cara a las elecciones de febrero en este país de reconocida trayectoria democrática. Señalado por sus críticos de irrespetar la independencia de poderes, Chaves, un economista conservador de 64 años, ha gobernado desde 2022 en abierto enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa -mayoritariamente de oposición- y el Tribunal Electoral.
Pero el martes el conflicto de poderes subió de tono cuando la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso que levante la inmunidad del presidente para que enfrente cargos de delitos de corrupción señalados por la Fiscalía. “La Corte sigue destruyendo la poca credibilidad que tiene, sigue construyéndose en una vergüenza nacional”, afirmó este miércoles Chaves en su conferencia de prensa semanal.
Esta es la primera vez en la historia del país centroamericano que el poder judicial pide quitar la inmunidad a un presidente, lo que el analista Felipe Alpízar, catedrático de la Universidad de Costa Rica, calificó como un “terremoto político”. Chaves, exfuncionario del Banco Mundial, fue señalado por la Fiscalía de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.
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Cruce de acusaciones
El fiscal atribuye al presidente el delito de “concusión” (abuso de poder de un funcionario para favorecer a alguien), que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel.
Según la Fiscalía, la contratación de la empresa para el mandato de Chaves de 2022 a 2026 se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido.
“Ni la Corte ni el fiscal buscan justicia. No, lo que buscan es sacarse un clavo (venganza)” porque “este gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial”, agregó.
Las autoridades judiciales y electorales también investigan al presidente por supuesto financiamiento irregular en su pasada campaña electoral y por interferir en la contienda para los próximos comicios, lo cual está prohibido por la legislación costarrricense.
Según Chaves, los magistrados están molestos porque “hay un presidente que no les debe favores, que no les guarda secretos y que no les permite hacer lo que les da la gana”.
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¿Democracia en juego?
Magistrados de la Corte, diputados y otras autoridades del Estado critican lo que consideran una deriva autoritaria de Chaves y le piden respetar la independencia de poderes.
Costa Rica ha sido por décadas la democracia más estable de Centroamérica, una región sacudida en la segunda mitad del siglo pasado por cruentas guerras civiles.
“Lo que está en juego es la democracia costarricense tal como la conocemos”, dijo Alpízar, quien advirtió que, pese a la crisis política, “hay instituciones muy firmes”.
Chaves, admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dicho que espera que su partido obtenga en las próximas elecciones una mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución y dar más poder al Ejecutivo.
Para Alpízar, esta crisis afectará el rumbo de la campaña porque puede convertirse en una especie de “referendo a favor o en contra de Chaves” sin que se debatan “los problemas de fondo” del país, como la creciente violencia criminal.
Aunque su perfil de líder populista de mano dura atrae simpatías en parte de la población, Chaves no puede aspirar a la reelección consecutiva, prohibida en Costa Rica, pero funcionarios cercanos no descartan que busque un escaño en la Asamblea Legislativa.
No obstante, para lanzar una candidatura a diputado deberá renunciar antes del 31 de julio y perdería su inmunidad automáticamente, lo cual lo dejaría al descubierto para ser procesado. El pedido de la Corte sobre el despojo de la inmunidad debe primero ser debatido en comisión parlamentaria y luego por el Congreso en pleno.
Fuente: AFP.