El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, reveló nuevas y escandalosas irregularidades en la gestión del intendente Miguel Prieto, en una conferencia de prensa realizada este martes. “Esto no es desidia, es apenas la punta de un iceberg”, afirmó.

El interventor advirtió que cada guaraní desviado será rastreado, documentado y denunciado ante el Ministerio Público. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, aseguró, reiterando el compromiso de transparentar la administración municipal y recuperar los recursos que nunca llegaron a su verdadero destino.

“No vine con ningún libreto preparado, vine para analizar, verificar, comprobar. Cumplidos los plazos vamos a ir informando los hallazgos, estamos haciendo un trabajo serio”, expresó Ramírez. El economista denunció obstáculos por parte de los funcionarios y adherentes prietistas. Consultado sobre presiones a su labor, respondió: “No claramente, no estoy recibiendo ninguna amenaza”.

“Estamos avanzando en varios frentes, es una dinámica que gana velocidad, avanzando rápidamente, identificando muchas cuestiones que nos permitirán llegar a buen término dentro del plazo establecido por ley. Se están empezando a elaborar los informes a medida de que identificamos los hallazgos (irregularidades), en materia de gasto. No encontrar documentos, también es un dato”, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que cada director de área de la municipalidad se encuentra siendo evaluado permanentemente y no descarta realizar cambios si la situación amerita. En materia de recaudaciones, detalló que desde el 23 de junio, fecha en que empezó la intervención hasta ayer lunes, se tiene una “diferencia positiva” equivalente a G. 200 millones, con relación al mismo periodo del 2024.

Señaló que ya se está iniciando el proceso de pago de salarios para los funcionarios de la institución. Agregó que entre los siguientes pasos de su intervención será la realización de peritajes a las obras ejecutadas bajo la conducción de Prieto.

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1. Documentos que aparecen y desaparecen

Desde el inicio de la intervención, Ramón Ramírez y su equipo se han enfrentado enormes trabas para acceder a la documentación requerida. “No es desorden, es un desorden bien planificado”, afirmó el interventor. Documentos clave que inicialmente “no existían” en los legajos, aparecen de manera repentina, evidenciando un intento deliberado de obstaculizar la investigación.

2. Dudosa asignación de G. 83.000 millones

La propia administración municipal reconoció ante la Contraloría General de la República haber destinado G. 42 mil millones de fondos de capital -que debían financiar obras e infraestructura- para cubrir gastos corrientes y operativos.

3. Obras retrasadas y con plata ya transferida

Se detectaron casos graves de contratos adjudicados y con anticipos millonarios pagados, pero sin ninguna ejecución real. En varios casos, han transcurrido semanas de las fechas de inicio y las obras simplemente no existen.

4. Combustible con cifras imposibles

La intervención también descubrió un esquema de corrupción con el manejo de combustibles.

- Un vehículo declaró un kilometraje que implicaría recorrer más de 1.300 km en un solo día, algo físicamente imposible.

- Otro caso reporta 1.120 litros de combustible cargados en una semana, lo que equivale a llenar el tanque más de seis veces en apenas siete días.

5. Fondos rotatorios usados para compras injustificadas.

Se detectó la asignación indiscriminada de fondos rotatorios a dependencias municipales que los utilizaban para gastos fuera de norma, como la compra de bocaditos, en vez de destinarlos a urgencias reales.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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El concejal Ernesto Guerín indicó que la figura política del intendente Miguel Prieto va debilitándose mediante el proceso de intervención a su administración, liderada por el economista Ramón Ramírez desde el pasado 23 de junio. Aseguró que el dirigente de la oposición perdió respaldo ciudadano e incluso de sus leales.

“Este equipo va cayendo, se tiene que saber cómo se malgastó el dinero de los contribuyentes. Prieto ya va perdiendo fuerza, se nota que está cayendo todo este clan“, indicó el edil esteño en una entrevista con el programa “Cara o cruz”, emitido por Unicanal, ayer domingo. “Él preparó a un grupo de manifestante para que vengan a apoyarlo el día que salió de la municipalidad, pero no lo consiguió“.

Guerín comentó que “Prieto está tratando de forzar a los funcionarios para que no hagan su trabajo, pero nadie más le está haciendo caso. Hasta él ya duda de su propia gente, que algunos de los funcionarios de su equipo le está proveyendo datos al interventor Ramón Ramírez”.

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Las afirmaciones de Guerín fueron respaldada por Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), organización no gubernamental que impulsó 15 de las 49 denuncias por corrupción contra el líder del movimiento Yo Creo.

“El sábado Prieto hizo una fiesta para celebrar que llegaron a las 20.000 mil afiliaciones con un show en vivo frente a su puesto de comando, pero creo que estuvieron 50 personas. Antes de la llegada del interventor, ellos crearon también frente a la municipalidad una carpa de la resistencia que tampoco tuvo mucho apoyo”, puntualizó.

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Montiel acotó: “los tiempos cambiaron para Prieto, la gente se dio cuenta que efectivamente todas las denuncias en su contra son ciertas, ya no tiene un apoyo popular“.

Señaló que como organización contralora arrimaron recientemente al interventor Ramón Ramírez, otros supuestos hechos de corrupción que salpican al intendente relacionado a negociados con empresas de maletín.

El líder del movimiento La Derecha Liberal, Abel Villalba González, indicó que su sector político pujará por la presidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en los comicios internos previstos en junio del 2026, presentando la candidatura del economista Víctor Pavón.

“Tenemos la sana intención de presentarnos en las elecciones internas partidarias impulsando la candidatura de Pavón con una plataforma renovada para comenzar a realizar reformas en el PLRA“, dijo al diario La Nación/Nación Media. ”El partido sigue enfrentando una crisis tremenda por la falta de conducción y así es muy difícil poder levantarse para las próximas elecciones, tenemos deudas por doquier y existe una falta de transparencia en el manejo de los recursos”.

De esta forma, Pavón se suma a la danza de nombres de aspirantes como el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, y los senadores Dionisio Amarilla, Enrique Salyn Buzarquis y Ever Villalba. “El doctor Pavón conoce de reformas estructurales y para nosotros es una figura que representa los ideales de Eusebio Ayala, un estadista conoce del funcionamiento del Estado y sus limitaciones”, refirió el líder del movimiento liberal.

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“Pavón es un líder que posibilitará los espacios de diálogo y unidad que el PLRA necesita, ya que la crisis del partido está centrada exclusivamente en la carencia de contenidos, no tiene un contenido ideológico, no tiene un norte“, sostuvo Villalba. “Como movimiento, nosotros proponemos desarrollar un plan estratégico partidario que, por estatuto, es necesario, pero que nunca se realizó. Los comités del PLRA están disfuncionales, acéfalos, sin un norte que los movilice con miras a las próximas elecciones, tanto municipales como nacionales”.

El abogado añadió que el movimiento La Derecha Liberal se encuentra abierto a establecer consensos con otros movimientos internos con la finalidad de sumar fuerzas y construir un solo proyecto en la búsqueda de ocupar el máximo cargo partidario.

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“Ya hemos iniciado el diálogo con otros movimientos internos de mediano y menor fuerza. Buscamos a la vez construir un programa de gobierno apuntando a las elecciones presidenciales. Debemos planear un frente como partido, sabemos que no habrá un 2028 sin salir victoriosos en el 2026. Nuestra meta como movimiento es que el PLRA logre por lo menos conquistar 100 intendencias en las elecciones municipales", afirmó.

Villalba puntualizó que como movimiento plantearán la realización previa de un debate entre los candidatos con la finalidad de que la dirigencia azul conozcan sus propuestas. “No debemos atacarnos ni menospreciar al adversario. Debemos proponer el debate para luego construir una visión ganadora a largo plazo, no dejar a nadie atrás porque cada voto cuenta y prueba de ello fue la catastrófica elección general del año 2023″, sentenció.