“Esta filtración es reveladora y demoledora para todo lo que ocurrió en Paraguay, expone toda la persecución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la asociación criminal montada por el expresidente de la República y el exembajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras la filtración de un documento interno de la embajada en Asunción, enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria.

“Un embajador lo que desarrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestiones internas. Lo más condenable en esta conducta no está solo en lo que el exembajador hizo o quiso hacer, sino en todo lo que le acompañaron. Tenía una hinchada de medios periodísticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Cartes”, afirmó Ovelar, este viernes, en una nota con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El documento fue filtrado por la organización Distributed Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de comunicación como Diario de las Américas (Estados Unidos), en noviembre de 2024; Clarín y Periodismo y Punto de Argentina, en enero último. El relatorio elaborado por Ostfield fue promovido en base a datos sesgados, con medias verdades y manipulaciones, calificando a Cartes como un político corrupto y vengativo.

“Este informe señala una intromisión y violación del convenio de Viena, un direccionamiento de los ataques al sector colorado y en especial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del liberal Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, refirió Ovelar.

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“Acá los senadores deben reflexionar, ellos no estarán condenando absolutamente a nadie al enviar a la justicia a Mario Abdo y que este tema sea debatido. Abdo Benítez no tiene ninguna limitación para el ejercicio de su defensa, cosa que sí ocurrió con Cartes que no tuvo la oportunidad dentro de un debido proceso. Si hay algún hecho nulo, lo probarán y será resuelto en las instancias correspondientes”, comentó Ovelar a Nación Media.

Esto ante las trabas impulsadas por senadores opositores y del movimiento Fuerza Republicana en obstaculizar la labor de la justicia al no despojar a Mario Abdo de sus fueros como senador vitalicio. “Están dándole un blindaje ante las evidencias que hoy saltan, son señales evidentes de una persecución política que hizo Abdo contra sus adversarios utilizando nada más y nada menos que al exembajador de Estados Unidos en Paraguay para el efecto. Realmente son circunstancias muy graves que deben ser evidenciado en un juicio”, sentenció.

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Esta asociación criminal obligó a Cartes a impulsar una denuncia formal por persecu­ción política de la cual fue víc­tima mediante la instrumentalización de las instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El esquema fue impulsado desde el 2018, y se acentuó en el marco de las elecciones internas del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones gene­rales del año 2023.

Las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público derivó a la imputación de Mario Abdo y sus leales, Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Mauricio Espí­nola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos puni­bles de revelación de secre­tos de servicio, revelación de secretos privados por funcio­narios o personas con obliga­ción especial, inducción a un subordinado a un hecho puni­ble, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpa­ción de funciones públicas y asociación criminal.

Marc Ostfield fue echado de la embajada estadounidense en Asunción, el 20 de enero, por el gobierno de Donald Trump, luego que la cancillería paraguaya reclamara, en agosto de 2024, acelerar su salida por generar una crisis bilateral debido a su “activismo diplomático”. El exembajador llegó al país en marzo de 2022, y apenas cuatro meses convocó a su primera rueda de prensa para anunciar sanciones contra adversarios políticos de Abdo Benítez, en plena carrera para las elecciones internas del Partido Colorado.

Diario de las Américas publicó esta transcripción del documento atribuido a Ostfield, el cual “describe parte del proceso de la toma de decisiones para emitir las sanciones por parte del diplomático norteamericano”, señala el material periodístico firmado por Jaime Garvett.

“Tengo información oficial desde el Departamento del Tesoro, donde da cuenta que la empresa paraguaya Tabesa (Tabacalera del Este S.A.) presentó documentos solicitando habilitación para operar en el sistema financiero norteamericano. Así también recibí datos de que la empresa sostiene que el señor Horacio Cartes se retiró de la misma dentro del plazo establecido por la OFAC, vendiendo sus acciones a la misma sociedad, lo cual le produce importantes ingresos financieros”.

“Percibo que esta operación fortaleció económicamente al señor Cartes, pues desde el inicio de este período de gobierno (del presidente Peña) ha sobornado a más de 30 parlamentarios, entre miembros de la Cámara de Representantes y senadores, para que sean afines a su línea política, apoyando al gobierno, al partido Colorado, del cual es presidente, y también perseguir a opositores como a la senadora Kattya González, quien fue expulsada del congreso por pedido del señor Cartes y de un grupo llamado Comando de Honor Colorado, donde se toman las decisiones importantes a nivel político y de gobierno”.

“Es importante señalar que el señor Cartes es vengativo con sus adversarios políticos, identificando al ex presidente Mario Abdo Benítez como el principal. Es así que a través del abogado Pedro Ovelar, sobornó a dos fiscales (Cantero y Grisetti) para conseguir su enjuiciamiento penal como también de otros exsecretarios, todos colaboradores de nuestro gobierno”.

“También es importante mencionar que el grupo empresarial del señor Cartes, es dueño de canales de televisión, radios y diarios donde atacan a sus adversarios políticos, y especialmente al gobierno de USA y a éste embajador. En estos medios hace unas semanas empezaron una campaña fuerte en contra de nuestro aliado, el expresidente Abdo, sobre supuesta venta de asfalto durante su gobierno. Al respecto, aclaro que todas las ventas de la empresa del señor Abdo fueron a empresas privadas y no al gobierno”.

“En todos los ámbitos de la sociedad del Paraguay, se tiene la percepción de que el verdadero poder del país radica en el señor Cartes y su gran poder económico, razón por la que recomiendo a nuestro gobierno, tomar medidas más fuertes en contra del señor Cartes y sus empresas, pues él constituye un peligro para la democracia en Paraguay. Así también en un informe próximo elevaré una lista de sus principales colaboradores políticos a fin de recomendar medidas significativas respecto a ellos”.

El 8 de abril del 2009 saltaba uno de los mayores escándalos en la investidura presidencial, que involucraba a una joven mujer y un presidente de la República. El nombre de Viviana Carrillo, una mujer de 26 años, aparecía en los medios causando revuelo con una demanda de filiación contra el entonces mandatario Fernando Lugo (2008-2013), un exobispo que llegó al poder con la alianza encabezada por la concertación de Frente Guasu.

La sorpresa en ese momento no se dio justamente por tratarse de la máxima autoridad nacional, sino porque Lugo fue un sacerdote y la relación se habría dado en medio de su voto de castidad. El 8 de abril del 2009, abogados de la joven impusieron una demanda por filiación en favor de su hijo, que en ese entonces tenía tan solo 2 años, ante el juzgado de la Niñez y Adolescencia de Encarnación.

Posteriormente, Carrillo había retirado la demanda argumentando que no autorizó a sus abogados a realizar tal acción, y tomó conocimiento de ello a través de los medios de comunicación. “Fui sorprendida en mi buena fe cuando el miércoles 8 de abril del corriente año he tomado conocimiento, a través de los medios de prensa, que los abogados Walter Acosta y Claudio Kostinchok, en forma unilateral, resolvieron iniciar la presente acción sin mi expreso consentimiento”, declaró a la prensa.

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El revuelo se dio días antes de que Fernando Lugo cumpliera un año como inquilino del Palacio de López y, pese a que la joven retiró la demanda días después, el escándalo ya se había instalado y el mandatario no tuvo otra opción que admitir públicamente que mantuvo una relación con esta joven y que sí compartían un hijo.

En una conferencia habitual desde la Presidencia, un lunes de pascua, el 13 de abril del 2009, Lugo admitía la relación ante todo el pueblo paraguayo y la atención internacional. “Aquí y ahora, ante mi pueblo, ante mi conciencia y en homenaje ante toda la gente que ha depositado su confianza en mí persona, manifiesto con la más absoluta honestidad, transparencia y sentido del deber. Es cierto que hubo una relación con Viviana Carrillo”, fueron sus palabras.

“Ante ello, asumo todas las responsabilidades que pudieran derribar de tal hecho, reconociendo la paternidad del niño y atendiendo al interés superior a la privacidad del niño, que las altas responsabilidades que al mismo tiempo me impone el ejercicio de la presidencia, no formularé más declaraciones sobre el tema”, expresaba.

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La aparición de Carrillo fue la antesala de otras demandas de paternidad contra el jefe de Estado. Con el mismo reclamo, aparecía Benigna Leguizamón, quien aseguraba que Fernando Lugo era el padre uno de sus hijos. Sin embargo, al no lograr que el presidente asumiera la paternidad impuso una demanda de filiación, se realizó una prueba de ADN por orden de un juzgado, que tuvo el resultado negativo. Pese a este resultado, Leguizamón por mucho tiempo insistió en su versión.

Luego, apareció Hortensia Morán, una docente que afirmaba que mantuvo una relación con Lugo durante la campaña electoral presidencial en el año 2008. Como una historia repetida, la misma también recurrió a la justicia, y realizada una prueba de ADN, el resultado también fue que Lugo no era el padre.

• Por Silde Oporto

El 8 de abril de 2009 saltaba uno de los mayores escánda­los tras la investidura pre­sidencial de Fernando Lugo. El mismo involucraba a una joven mujer y al entonces presidente de la República. El nombre de Viviana Carri­llo, una mujer de 26 años, apa­recía en los medios causando revuelo con una demanda de filiación contra Lugo (2008-2013), del partido de oposi­ción Frente Guasu.

La sorpresa en ese momento no se dio justamente por tra­tarse de la máxima autoridad nacional, sino porque Lugo era obispo de la Iglesia cató­lica en el momento en que su supuesto hijo fue concebido, y la relación se habría dado en medio de su voto de cas­tidad. El 8 de abril de 2009, abogados de la joven impu­sieron una demanda por filia­ción, en favor de su hijo, que en ese entonces tenía tan solo 2 años, ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de Encarnación.

Carrillo, posteriormente, había retirado la demanda argumentando que no auto­rizó a sus abogados a reali­zar tal acción, y tomó cono­cimiento de ello a través de los medios de comunica­ción. “Fui sorprendida en mi buena fe cuando el miércoles 8 de abril del corriente año he tomado conocimiento, a través de los medios de prensa, que los abogados Walter Acosta y Claudio Kostinchok, en forma uni­lateral, resolvieron iniciar la presente acción sin mi expreso consentimiento”, declaró a algunos medios de difusión.

El revuelo se dio días antes de que Fernando Lugo cum­pliera un año como inquilino del Palacio de los López, y pese a que la joven retiró la demanda días después, el escándalo ya se había ins­talado y el mandatario no tuvo otra opción que admitir públicamente que mantuvo una relación con esta joven y que sí compartían un hijo.

En una conferencia habi­tual desde la Presidencia, un lunes de pascua, el 13 de abril de 2009, Lugo admitía la relación ante todo el pue­blo paraguayo. “Aquí y ahora, ante mi pueblo, ante mi con­ciencia y en homenaje ante toda la gente que ha deposi­tado su confianza en mi per­sona, manifiesto con la más absoluta honestidad, traspa­rencia y sentido del deber. Es cierto que hubo una relación con Viviana Carrillo”, fueron sus palabras.

Anunciaba también su res­ponsabilidad como el padre del niño. “Ante ello, asumo todas las responsabilidades que pudieran derivar de tal hecho, reconociendo la pater­nidad del niño y atendiendo al interés superior a la privaci­dad del niño, que las altas res­ponsabilidades que al mismo tiempo me impone el ejerci­cio de la Presidencia, no for­mularé más declaraciones sobre el tema”, expresaba.

La aparición de Carrillo fue la antesala de otras deman­das de paternidad contra el jefe de Estado. Con el mismo reclamo, aparecía Benigna Leguizamón, quien asegu­raba que Fernando Lugo era el padre uno de sus hijos. Sin embargo, al no lograr que el presidente asumiera la pater­nidad impuso una demanda de filiación, se realizó una prueba de ADN por orden de un juzgado, que tuvo el resultado negativo. Pese a este resultado Leguizamón por mucho tiempo insistió en su versión.

Luego, aparecía Hortensia Morán, una docente que afir­maba que mantuvo una relación con Lugo durante la cam­paña electoral presidencial, en el año 2008. Como una his­toria repetida, la misma tam­bién recurrió a la Justicia, y realizada una prueba de ADN, el resultado también fue que Lugo no era el padre.

“Para mí esta es una jugada estratégica, trata de tener nuevamente mayor visibilidad para su proyecto político”, sostuvo el senador Silvio “Beto” Ovelar con relación al show mediático que impulsa el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, en torno al supuesto requerimiento de su desafuero lanzado en redes sociales, pendiente de tratamiento en la Cámara Alta debido al blindaje de sus aliados.

El parlamentario manifestó que el pedido de Abdo Benítez, imputado en la causa judicial de filtración de datos financie­ros confidenciales manejados por la Secretaría de Preven­ción de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), apunta a un trasfondo electoralista con miras a las municipales del 2026.

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“Busca reagrupar a la gente, un reclutamiento de sus tropas, ya que muchos de sus examigos que pasaron al movimiento Honor Colorado van a pelear por la intendencia municipal”, comentó Ovelar en una entrevista con el canal TV Aire Coronel Oviedo.

Asimismo, el legislador argumentó que el mostrarse como víctima “tiene un rédito en la política paraguaya”, esto ante el discurso esgrimido por Abdo Benítez quien alega ser perseguido por un Ministerio Público “sometido a un grupo de poder”. “Los colorados somos muy hábiles y buscamos el cobijo del poder”, argumentó Ovelar al exponer que Abdo Benítez también tendría como finalidad buscar cobertura política en medio del proceso judicial que enfrenta.

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