El senador Dionisio Amarilla, en su rol de presidente de la Comisión de Investigación, entregó su informe final con varias recomendaciones sobre el control a las orga­nizaciones no gubernamen­tales. “La discrecionalidad con la que manejaron los fon­dos públicos llama la aten­ción”, manifestó, este mar­tes, en comunicación con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Amarilla señaló que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fon­dos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

“Más de los USD 50 millones que fue remitido por la Usaid el 71 % fue destinado a sala­rios, esto es un mal endémico, no es un dato menor. Hubo un cero aporte social. Se ha encontrado que ciertos can­didatos políticos recibieron fondos por parte de las orga­nizaciones. Pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente cuanto antes la ley que esta­blece el control, la transpa­rencia y la rendición de cuen­tas de las organizaciones sin fines de lucro”, comentó.

Durante el proceso de las indagaciones, algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizacio­nes sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

El senador presidió la Comi­sión Conjunta de Investiga­ción de Carácter Transito­rio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavados de Activos contra el Patri­monio del Estado, que ayer hizo entrega del informe final al secretario general de la Cámara Alta, el abo­gado Antonio Sánchez. Este informe será tratado mañana por el pleno del Senado.

“Las mejoras no fueron halladas, las propias orga­nizaciones no gubernamen­tales no han podido deter­minar cuáles fueron los impactos positivos. Quedó al descubierto la falta de dis­creción en el uso de los recur­sos y la falta de voluntad para transparentar la apli­cación de esos fondos“, dijo Amarilla, aludiendo que el gobierno de Donald Trump suprimió la Agencia de los Estados Unidos para el Desa­rrollo Internacional (Usaid) por indicios de corrupción en el destino de sus fondos.

La Justicia procedió al remate de doce propiedades pertenecientes al Colegio de Escribanos del Paraguay ante una deuda de G. 40.455.626.413. con la Corte Suprema de Justicia. La subasta se realizó en la sede del Palacio de Justicia y fue ordenada por la jueza en lo civil y comercial Liza Reyes.

Gran cantidad de personas acudió hasta la secretaria del juzgado civil y comercial primer turno para el remate de los inmuebles del Colegio de Escribanos del Paraguay.

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Los inmuebles que se adjudicó la Corte están ubicados en el distrito de La Encarnación, así como en zonas de Ciudad del Este, San Lorenzo y otros. El valor de las doce propiedades rondaría la suma de G. 16.600 millones, faltando aún cubrir la suma de G. 23.400 millones.

La propia Corte Suprema de Justicia se adjudicó los inmuebles atendiendo la deuda multimillonaria que mantiene el gremio de escribanos con la máxima instancia judicial.

En su momento la Corte Suprema de Justicia inició un juicio civil de rendición de cuentas contra el gremio de escribanos, para que rindiera por la delegación de la gestión y venta de los materiales de uso notarial, entre el 5 de mayo de 1999 y el 26 de febrero del 2021. En el presente caso, el Colegio de Escribanos se allanó a la demanda, y por ende la jueza en lo civil y comercial, Liz Carina Caballero, el 8 de junio del 2021, hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas.

Posteriormente, el Colegio de Escribanos en su rendición del dinero obtenido reconoció una deuda con la Corte de G. 20.178.641.416, debido a que debía pasar el 70 % de las ganancias a la Corte y el 30 % quedaba para el gremio por su gestión. Este hecho fue cuestionado por la Corte, con lo que se realizó una pericia contable, que arrojó que la deuda era de G. 40.455.626.413.

La resolución de primera instancia fue apelada por el gremio de escribanos y un tribunal de apelación en lo civil y comercial conformado por Verónica Velázquez, Miguel Ángel Rodas y Neri Villalba, ratificó la resolución de primera instancia.

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El senador Dionisio Amarilla, en su rol de presidente de la Comisión de Investigación, entregó su informe final con varias recomendaciones sobre el control a las organizaciones no gubernamentales. “La discrecionalidad con la que manejaron los fondos públicos llama la atención”, manifestó, este martes, en comunicación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Amarilla señaló que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.

“Más de los USD 50 millones que fue remitido por la Usaid el 71 % fue destinado a salarios, esto es un mal endémico, no es un dato menor. Hubo un cero aporte social. Se ha encontrado que ciertos candidatos políticos recibieron fondos por parte de las organizaciones. Pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente cuanto antes la ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, comentó.

Durante el proceso de las indagaciones, algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

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El senador presidió la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavados de Activos contra el Patrimonio del Estado, que ayer hizo entrega del informe final al secretario general de la Cámara Alta, el abogado Antonio Sánchez. Este informe será tratado mañana por el pleno del Senado.

“Las mejoras no fueron halladas, las propias organizaciones no gubernamentales no han podido determinar cuáles fueron los impactos positivos. Quedó al descubierto la falta de discreción en el uso de los recursos y la falta de voluntad para transparentar la aplicación de esos fondos“, dijo Amarilla, aludiendo que el gobierno de Donald Trump suprimió la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) por indicios de corrupción en el destino de sus fondos.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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