Arranca la segunda jornada de la 54° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para finalizar el encuentro entre los Estados miembros de la entidad, con las sesiones plenarias pendientes para elegir a los representantes de cada uno de los organismos descentralizados de la organización.
Este viernes, está previsto que la asamblea arranque a las 10:00. Se proseguirá con la intervención de algunos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de los diversos Estados, pendientes de la segunda sesión plenaria del jueves, para continuar con los debates necesarios de la organización internacional.
La agenda inicia con algunos análisis sobre la cuestión de las Islas Malvinas y posteriormente se procederá a la elección de los miembros de diferentes entidades de la organización: tres miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tres miembros del Comité Jurídico Interamericano (CJI) y un miembro del Tribunal Administrativo (Tribad).
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También se elegirá un miembro del Comité de Auditoría y dos miembros del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Posteriormente, la última entidad elaborará una presentación, al igual que el CJI, la CorteIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente.
Además, se prevé la presentación de la Comisión Interamericana de Mujeres, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la Organización Panamericana de la Salud y, finalmente, un informe de la Comisión General, sobre la aprobación de los proyectos de declaración y resolución.
La sesión de clausura de la Asamblea General estará prevista entre las 19:00 y 19:30, para culminar la jornada con una conferencia de prensa que será ofrecida a las 20:00, donde se abordará un resumen final del desarrollo del encuentro, así como también los acuerdos en vigencia que apuntan a un organismo más activo y resolutivo en el hemisferio.
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Leite destacó las principales conclusiones y recomendaciones de la CBI
El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.
El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.
Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.
Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.
“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.
Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.
“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.
No hubo control de financiamiento político
Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.
Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.
Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.
“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.
Importación de armas
Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.
En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.
“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.
También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.
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Fondos ejecutados por las oenegés: Comisión Antilavado pide remitir su informe final a EE.UU.
El presidente de la Comisión Antilavado, el senador Dionisio Amarilla, manifestó que el bloque planteará al Congreso Nacional la remisión de su informe final al Gobierno de los Estados Unidos. La medida surge teniendo en cuenta que los millonarios fondos proveídos por el país norteamericano para proyectos con impacto social fueron utilizados para costear campañas políticas y salarios de personas ligadas a los organismos no gubernamentales (ONG).
“El planteamiento es remitir a los órganos observados pertinentes y también al gobierno norteamericano. Enviaremos unas 7.000 páginas, más el informe final y los 9 tomos a la administración de Donald Trump, ya que Estados Unidos proveyó USD 52 millones que fueron administrados por Marc Ostfield“, sostuvo en una entrevista con los medios de comunicación.
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Amarilla siguió sosteniendo que “parte de esos fondos fueron usados para pagar a gente que estaba en la política. Se utilizó el 71 % para autoremuneración y no para generar impactos en el sector donde Estados Unidos estaba queriendo colaborar".
El parlamentario había señalado que, entre los aspectos principales de la labor legislativa, se encontró con la poca voluntad de los directivos de las ONG para transparentar sus finanzas, así como su bajo impacto social pese a acceder a fondos importantes, y que las instituciones públicas deben ampliar sus controles.
Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.
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Paraguay y FAO firman nuevo acuerdo de cooperación 2025 - 2029
A través de un acto realizado este viernes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, autoridades del Gobierno y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), suscribieron el nuevo Marco de Programación por País (MPP) Paraguay 2025–2029, con el objetivo de impulsar un desarrollo agroalimentario sostenible, inclusivo y resiliente en el país.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), actúa como contraparte técnica principal y liderará junto con otros ministerios clave la planificación y ejecución de las acciones. Al respecto, el ministro Carlos Giménez precisó que este es un paso crucial para que nuestro país siga desarrollándose.
“Este año declaramos de interés el cuidado del suelo y del agua, coincidentemente con la firma de este acuerdo, refleja nuestro compromiso con el medio ambiente y por sobre todas las cosas de cuidar los recursos naturales. La utilización eficiente hace que la agricultura paraguaya pueda desarrollarse y Paraguay alimenta al mundo”.
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El documento estratégico establece las prioridades conjuntas entre Paraguay y la FAO, en alineación con el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNSDCF), el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos regionales de la FAO para América Latina y el Caribe.
El mismo se articula en base a cuatro pilares estratégicos: Innovación Agropecuaria, Forestal y Acuícola, promoviendo prácticas sostenibles, acceso a mercados y financiamiento.
Gestión Sostenible del Suelo, Agua y Bosque, mediante acciones de protección ambiental y adaptación al cambio climático. Inclusión Socioeconómica, con enfoque en el empoderamiento de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Dietas Saludables y Nutrición, con políticas para combatir la malnutrición y fortalecer los sistemas alimentarios y de salud pública.
La inversión total estimada para el periodo asciende a USD 24,3 millones, con la meta de movilizar USD 8,8 millones adicionales a través de alianzas estratégicas entre el sector público, privado, la sociedad civil y la cooperación internacional.
El comité ejecutivo estará conformado por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Agricultura, Ambiente, Desarrollo Social y Salud, quienes garantizarán la gobernanza y seguimiento del programa.
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Comisión Antilavado concluirá su informe final para el 19 de mayo
El pasado 25 de abril finalizó la vigencia de la Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.
Al respecto, el senador y vicepresidente del bloque, Gustavo Leite, detalló que la comisión aguarda tener listo el documento final que será presentado a ambas cámaras del Congreso Nacional dentro de un plazo de 15 días. “Estamos redactando el informe final, no hay un plazo establecido para su presentación, pero nosotros esperamos tenerlo listo para el próximo 19 de mayo”, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Entre los puntos más resaltantes discutidos por el bloque, encabezado por el senador opositor Dionisio Amarilla, fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.
Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.
Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hospital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hemato-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.
Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.
Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectas a bancos y financieras de posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a esta caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.
Esto teniendo la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.
El banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.
También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.
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