El asesor jurídico de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY), Eduardo González, informó que la institución no guarda ningún tipo de responsabilidad en torno a los delitos ambientales sobre los cuales fue imputado el intendente de la Municipalidad de Encarnación, Luis Yd.
“Se trata de un vertedero municipal. Es la municipalidad la responsable de operativizar los trabajos y la prestación de los servicios de forma integral en el vertedero; si la imputación se da es con respecto a esa situación y no tiene ninguna responsabilidad la EBY”, manifestó el asesor jurídico.
Declaró que el municipio de Encarnación viene ejerciendo posesión sobre el vertedero desde el 2015, mediante un convenio marco. González aclaró que esto se encontraba vigente desde la asunción de Luis Yd, remarcando que el intendente ya estaba al tanto de la situación.
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“Esto es un procedimiento del año pasado, realizado por medio de una denuncia a través de la Contraloría Ciudadana, debido a problemas en el vertedero municipal”, recordó González, puntualizando que la causa no constituye algo reciente, en un contacto con la 1020 AM.
González afirmó que desde la EBY seguirán brindando apoyo al municipio de Encarnación, pero esto no significa que la entidad tiene algún tipo de relación con respecto a los delitos ambientales cometidos en la comuna o que deba responder ante el mal manejo en el vertedero municipal.
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Imputación
El 19 de julio del año pasado se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru de Encarnación para determinar la imputación a Yd, concretada el viernes 28 de junio. En el lugar se había constatado la existencia de residuos urbanos domiciliarios mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales.
La acción llevada desde el Ministerio Público respondió a la serie de denuncias elaboradas por la Contraloría Ciudadana del municipio. La abogada Perla Riveros, representante de la coalición de la sociedad civil, exigió una sentencia ejemplar sobre los responsables de los delitos ambientales.
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Diputados repudian silencio cómplice de sectores políticos y mediáticos ante la tragedia en Encarnación
Miembros de la Cámara de Diputados expresaron su repudio ante el silencio cómplice de ciertos sectores políticos y mediáticos que permanecen callados o minimizan la grave tragedia ocurrida en Encarnación y que afectó a una familia de Capitán Miranda. Las víctimas pasaron la noche en un edificio en construcción en la capital del departamento de Itapúa, que se desplomó en plena madrugada quedando las dos mujeres atrapadas entre los escombros.
Los legisladores criticaron que el edificio en construcción no haya tenido el debido control municipal, lo que ocasionó la muerte de dos mujeres. Ante esta situación, los parlamentarios exigen la intervención de todos los organismos de control e investigación y solicitan que la Fiscalía llegue hasta los responsables.
Durante la etapa de oradores, varios legisladores, en su mayoría colorados, cuestionaron el silencio cómplice sobre lo ocurrido, y pidieron a la Fiscalía no temer para hacer las acusaciones contra todos los responsables. Varios legisladores coincidieron en que si era un colorado el intendente de Encarnación, a estas alturas ya se hubiera dado una movilización para pedir su destitución.
Lo llamativo de la sesión fue que durante el debate de este punto, algunos diputados de la oposición hicieron uso de la palabra para abiertamente referirse a otros temas de su propio interés, haciendo oídos sordos al reclamo de sus propios colegas.
Pago de una multa
La líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Rocío Abed, señaló que el responsable más visible de esta tragedia es el intendente Luis Yd, por permitir que solo se cobre una multa para construir y elevar más pisos de lo previsto inicialmente. Sostuvo que dentro de la desgracia, que ocurrió de noche, las víctimas no fueron más, ya que si el derrumbe se daba de día se hubiera registrado decenas de víctimas, y si se llegaba a inaugurar, hubiera sido centenares.
“Qué desgracia y de qué magnitud hubiera ocurrido si este edificio llegaba a ser un hotel. Ese señor (por Luis Yd) ya debía estar preso, quiero ver si era un colorado. Quiero justicia para esa adolescente y su abuela”, cuestionó. Asimismo, el diputado Alejandro Aguilera señaló que si esta desgracia ocurría en Asunción, ya iba a estar formando fila para prenderle fuego en la plaza pública al intendente colorado Óscar Rodríguez.
“Los que no son intendentes colorados tienen cobertura mediática y política, prácticamente se mueven dentro de la impunidad. Por el solo hecho de no ser un intendente colorado, prácticamente este intendente no es señalado”, cuestionó.
Itapuenses exigen justicia
A su turno, el diputado Sebastián Remesowski, representante del departamento de Itapúa, indicó que de esos escombros del edificio siniestrado no le gustaría tirar contra nadie, pero se sabe bien quiénes son los responsables.
“Si era alguien del equipo de este gobierno el intendente, quién sabe dónde hubiera estado ahora. En nombre de las víctimas pido justicia, y pido que la Justicia busque a los responsables, que las autoridades municipales salgan a decir qué fue lo que ocurrió con este edificio y la falta de criterios para su aprobación”, expresó.
Igualmente, su colega representante de Itapúa, César Cerini, expresó su preocupación ante la tragedia que vivió Encarnación. Señaló su preocupación ante la debilidad de las instituciones encargadas de llevar adelante los controles de las obras en construcción, no solo de Encarnación sino de todo el país.
“Instamos a las instituciones que corresponda realmente hacer las investigaciones, a la Contraloría de la República, a la Fiscalía, y sobre todo pedir el fortalecimiento del área de obras de cada municipio. Si no está en condiciones, entonces que se tercerice, lo que es la parte de la institución porque no podemos seguir con esta debilidad”, acotó.
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Fiscalía acusa y pide juicio oral para intendente de Encarnación por presuntos delitos ambientales
Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.
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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.
Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.
Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.
Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).
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Regulación de concertaciones: “La oposición no quiere trabajar”, cuestiona apoderado de ANR
El secretario general de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el abogado Eduardo González, defendió el proyecto de ley que modifica y amplía disposiciones del Código Electoral con respecto a la figura de las concertaciones. La iniciativa, que fue aprobada ayer con modificaciones por el Senado, tiene como finalidad la regulación de la herramienta electoral.
“Acá la verdad es que la oposición no quiere trabajar, es muy fácil aprovecharse de lo ajeno. Una persona constitucionalmente tiene la posibilidad de asociarse a un grupo de personas, tiene que haber una voluntad expresada categóricamente, es decir se debe prestar un consentimiento”, dijo González, este jueves, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Como antecedente, la Concertación Nacional Para un Nuevo Paraguay, conglomerado de partidos y movimientos de la oposición que encabezó el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), logró en el 2022 la utilización del padrón nacional para sus elecciones internas, lo que generó críticas por afectar la afiliación de ciudadanos que no participaban del proyecto opositor, y también por el uso para justificar “partidos de maletín”, que son manejados por pequeños clanes políticos. Esta lista terminó postulando la chapa presidencial de Efraín Alegre y Soledad Núñez para los comicios del 30 de abril de 2023.
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Jurisprudencia del 2015
“Para que una persona forme parte de una asociación o agrupación política, el Código Electoral establece que deberá afiliarse, la Concertación es una nucleación política como cualquier otro partido político o movimiento. Por qué uno siendo colorado, que está de acuerdo con los principios de su nucleación y milita en él, debe figurar de manera obligada en el padrón de una asociación político con que no está de acuerdo”, indicó González a Nación Media.
El representante del Partido Colorado recordó que existe una jurisprudencia que data del año 2015 que respalda la iniciativa, cuando la oposición en capital pretendió utilizar el padrón nacional durante las municipales. “En ese momento se planteó una oposición por parte del Partido Colorado, fue una unanimidad la resolución de no habilitarles el uso”, indicó.
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La iniciativa, impulsada por el diputado José Rodríguez, cuenta con un fuerte rechazo por parte de los partidos y movimientos de oposición, quienes dicen que el Partido Colorado apunta a controlar el padrón nacional con el supuesto objetivo de limitar la participación ciudadana en los comicios internos de otros sectores políticos.
González manifestó que, desde el Partido Colorado, se solicitará a sus diputados acompañar las modificaciones que fueron planteadas ayer por el Senado. “Uno debe prestar su voluntad para estar en una asociación política, nadie puede obligarlo”, puntualizó.
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Cámara anuló absolución de acusados por supuestos delitos ambientales
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, anuló la absolución de dos acusados por delitos ambientales, que fue dictada en noviembre del 2024. También ordenó la realización de un nuevo juicio oral en un proceso encausado por la fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente.
Los acusados son, João Emanoel de Almeida, productor agrícola de nacionalidad brasileña y Griselda Martínez Benítez, consultora ambiental y abogada, de nacionalidad paraguaya. Los mismos deberán someterse a un nuevo juicio oral por delitos relacionados con perjuicios a reservas naturales, la desecación de humedales y declaración falsa.
La acusación es también por eludir obligaciones legales relacionadas con medidas de mitigación del impacto ambiental, según la fiscal.
El antecedente del caso indica que, el 14 de junio del 2022, la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente, detectó que Joao de Almeida permitió y autorizó actividades que afectan el Medio Ambiente como canalizaciones, desecamiento, profundización y ensanchamiento del canal de flujo de recursos hídricos provenientes de una naciente.
Asimismo, la eliminación completa de vegetación, parte de un bosque protector del cauce en el interior de su propiedad, ubicada en el distrito de Los Cedrales, al sur de Alto Paraná, de acuerdo al requerimiento fiscal. Agregó que la acusación sustenta que, con su proceder, el acusado atentó contra los mecanismos de control de agua, afectando nacientes dentro del inmueble.
Para obtener la licencia ambiental, Almeida habría empleado datos falsos en el proyecto presentado ante el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y de esa forma consiguió la aprobación de la evaluación de impacto ambiental y la licencia ambiental, con la finalidad de habilitar suelo y realizar cultivos agrícolas mecanizados, transgrediendo las leyes ambientales, según la acusación de la Fiscalía.
Por su parte, Myrian Griselda Martínez Benítez habría participado en los hechos relacionados con la obtención de la licencia ambiental del Mades, por lo que igualmente fue imputada y acusada en su momento.
Posteriormente, la causa se elevó a juicio oral y el Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Herminio Montiel, Zunilda Martínez Noguera y Marino Méndez, absolvió a los procesados, a pesar de las pruebas que sustentaban la acusación, según lamentó en ese momento la fiscal Zunilda Ocampos.
La citada representante del Ministerio Público, apeló el fallo y la Cámara de Apelaciones, conformada por los jueces Miryan Meza de López, Efrén Giménez Vázquez y Lilian Lorena Benítez, declaró admisible el recurso de apelación especial interpuesto. Como consecuencia, anuló la Sentencia Definitiva Nº 184 de fecha 21 de noviembre de 2024, y dispuso su reenvío para la realización de un nuevo juicio oral con otro tribunal.