Los últimos hechos criminales cometidos por adolescentes reabrió el debate sobre la posibilidad de aumentar las penas carcelarias para los menores de edad. Sin embargo, el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, pidió cautela e indicó que se debe presentar un proyecto que beneficie a todo el país y no legislar sobre hechos puntuales.

Adelantó que todas las propuestas y proyectos planteados en torno a elevar las penas y bajar la imputabilidad de menores de edad deben ser analizados de manera general. Varios senadores presentaron proyectos para modificar el Código Penal, tras los trágicos sucesos que involucran a adolescentes infractores.

Por un lado, el crimen del delivery ocurrido en el barrio San Francisco, además el crimen ocurrido en la ciudad de Coronel Oviedo, con la muerte de la joven María Fernanda Benítez, y cuyo autor sería un adolescente.

“Muchos colegas están presentando la modificación del Código Penal, ver la opción de enviar a la comisión de Reforma Penal y que se haga algo bueno y no que sea una competencia entre colegas de quien aumenta más las penas y quien baja más imputabilidad”, refirió el titular legislativo en conversación con los medios de comunicación.

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Así mismo, sostuvo que el crimen de María Fernanda causó conmoción, no solo en la sociedad, sino también en el ámbito político, pero que los proyectos deben ser tratados como un tema general que afecta a la realidad actual, y que pueda beneficiar al país.

“Todo duelo, lo sucedido y que sigue sucediendo, tratar de hacer, si es que conviene, una legislación que beneficie al país”, sentenció el senador.

Son varios los planteamientos que se dieron tras este crimen, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, donde se plantea desde bajar la imputabilidad en los casos de crímenes cometidos por menores de edad, como también elevar las penas, incluyendo la figura de la cadena perpetua. En ambas Cámaras se barajan varias propuestas.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, llegó este miércoles a la Cámara de Diputados para reunirse con la Comisión de Intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por el intendente Miguel Prieto. Benítez expondrá sobre las irregularidades encontradas en la gestión del jefe comunal, que son tres, que derivó en el pedido de la intervención de Asunción y la capital esteña.

Una de estas irregularidades fue encontrada en el rubro 800, que es una partida presupuestaria utilizada para la transferencia de fondos a organizaciones civiles, para el financiamiento de proyectos u obras de interés comunitario, que no cuentan con documentos respaldatorios.

“La transferencia a comisiones, el famoso rubro 800, no una licitación pública que tiene mayor control, mayor transparencia, dentro de eso vemos que hay una cantidad de irregularidades, como por ejemplo, se le entrega el cheque a una comisión, se endosa, se la da a una empresa constructora, y tiempo después recién se le adjudica a esa empresa para la ejecución de una obra. Esos pequeños detalles llaman mucho la atención”, dijo el contralor.

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Como segundo elemento, Benítez citó ante la prensa que la entidad de control ya auditó ambos municipios y se se había enviado al Ministerio Público varias veces, “denuncias penales, reportes de indicios de hechos punibles”. La concurrencia del contralor general fue emitida en el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Como un tercer elemento, Benítez comentó que “ambos municipios remiten sus documentaciones al Tribunal de Cuentas y eso hace que no se pueda proseguir, porque cuando queremos avanzar sobre algún tipo de actividad de control, nos dicen que esa documentación no tienen, está en el Tribunal de Cuentas”. A esto agregó que ambos intendentes, Miguel Prieto y Óscar Rodríguez, ya se encuentran imputados por lesión de confianza.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra que encabeza la lista de los miembros de la comisión especial que analizará el pedido de intervención de la Municipalidad de Asunción convoca a sus pares que integran esta mesa de trabajo a la sesión prevista para este miércoles 4 de junio a las 09:00 a fin de establecer la mesa directiva y la hoja de ruta de trabajo.

De acuerdo al documento publicado, la reunión se desarrollará en la oficina de la Comisión Obras y Servicios Públicos de la Cámara Baja. Cabe recordar que la semana pasada los líderes de bancada habían designado a los diputados colorados Rodrigo Gamarra, María Cristina Villalba, Néstor David Castellano, Bettina Aguilera y Carlos Núñez Salinas a conformar esta comisión especial.

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Igualmente integran esta mesa de trabajo que evaluará el pedido de acuerdo constitucional de la Contraloría General de la República, para llevar adelante la intervención de la comuna bajo la intendencia de Óscar Rodríguez; el diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, y los legisladores del tercer espacio conformado por Leidy Galeano, Johanna Ortega y Rocío Vallejos.

Cabe recordar que este lunes, también se instaló la comisión especial que analizará el pedido de intervención al municipio de Ciudad del Este; y ante esta situación hubo sectores que cuestionaron que supuestamente el oficialismo no le estaba dando celeridad al caso de Asunción.

En conversación con La Nación/Nación Media, el diputado Rodrigo Galeano señaló que estas críticas vienen especialmente de sectores que defienden abiertamente al intendente Miguel Prieto de Ciudad del Este.

“Son las críticas de siempre, de una oposición destructiva que nunca argumenta nada, y su única defensa es el ataque sin fundamentos. Estas son comisiones especiales donde se debe de trabajar de manera seria e institucional y no se pueden mezclar rencillas internas y partidarias cuando tenemos que dar un informe serio a la ciudadanía que está expectante”, cuestionó.

Explicó que en el caso de la comisión especial para Asunción, que le ha tocado encabezar la lista y ser responsable de convocar a la primera sesión para instalar la Mesa Directiva; no pudo convocar este lunes, porque se encontraba en misión parlamentaria anticipada ante el Parlasur.

Indicó que ni bien llegó este martes al país, firmó la resolución de la convocatoria para este miércoles a las 9:00; donde estarán eligiendo a las respectivas autoridades, así como establecer la hoja de ruta sobre las acciones que llevarán adelante.

“Si bien el plazo establecido es de 15 días para ambas comisiones especiales, lo cual no significa que se tenga que ir hasta el final del plazo máximo. La comisión puede instalarse mañana, y en unos días culminar su trabajo emitiendo su dictamen. Entonces, decir que se está dando celeridad a Ciudad del Este, antes que Asunción es una falacia, una futurología más de los miles que hacen de las especulaciones de sus intereses”, acotó.

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El Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, convoca a elecciones universitarias de sus autoridades del Consejo Directivo, Asamblea Universitaria y un miembro para el TEI.

Si bien el TEI estableció como fecha de comicios el 18 de julio, se interpuso una medida cautelar, que el Tribunal Electoral Primera Sala de la Justicia Electoral falló a favor de respectar el calendario que establece tanto el Estatuto universitario como el reglamento general de elecciones de la UNA, que ha fijado el mes de octubre para que se lleven a cabo las elecciones universitarias. El TEI ahora debe analizar un nuevo calendario como establece el Estatuto de la UNA y el reglamento de elecciones.

Al respecto, el movimiento Renovación Gremial realizó el lanzamiento de su propuesta electoral como una alternativa para renovar profundamente la Facultad de Derecho de la UNA.

Entre sus propuestas resaltan la visión enfocada en la transparencia, la modernización institucional y la participación activa de egresados y estudiantes, los candidatos del movimiento aseguran que es tiempo de renovar la casa de estudios y devolverle el prestigio que merece.

En ese sentido, el abogado Edgar Ríos, candidato a miembro del Consejo Directivo, instó a los egresados de dicha casa de estudio a participar activamente en las próximas elecciones universitarias.

Ríos resaltó que la Facultad de Derecho representa la cuna del sistema de Justicia, y que su deterioro afecta directamente a toda la estructura judicial del país. “Si la cuna del sistema de justicia, que debe ser un ejemplo de institucionalidad está corrompida, ¿qué podemos esperar del Poder Judicial?”, cuestionó.

A su turno, Enrique Berni, miembro del Consejo de la Magistratura y líder del Movimiento Renovación Gremial, lanzó un llamado enérgico y emotivo a los egresados de la Facultad de Derecho de la UNA, instándolos a sumarse a la “cruzada por el rescate institucional de una de las casas de estudio más emblemáticas del país”.

“Estamos aquí con una misión sumamente importante. La Casa Solariega de Derecho, la primera de todas, hoy está en terapia intensiva”, afirmó. Agregó que muchos de los profesionales, ejercen el Derecho gracias a esta Facultad, sin tener que pagar lo que cuesta una universidad privada. “Hoy, esa misma institución nos pide auxilio”, remarcó.

Por su parte, Enrique Quintana, candidato a miembro del Consejo Directivo, expresó su compromiso con una transformación profunda en la Facultad de Derecho de la UNA. Quintana aseguró que la meta no es simplemente el recambio de nombres, sino una renovación real de la forma en que se gestiona la institución.

Igualmente, el aspirante a integrar el Consejo Directivo de la Facultad, Carlos Cabrera fue contundente al referirse al presente institucional.

“Nuestra facultad tiene historia, sí, pero no podemos cometer el error de recostarnos en ella y no enfrentar los desafíos actuales. Hoy, la facultad no está atravesando su mejor momento, y los que la dirigieron por 15 años no van a cambiar nada. Ya tuvieron su oportunidad”, sentenció.

Cabe señalar que participaron del lanzamiento del movimiento más de ochocientos referentes del mundo jurídico, líderes sociales, autoridades, entre ellas el diputado nacional Diego Candia; el consejero Ramón Bueno Jara; Augusto Sala, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay; Adrián Arévalos, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay; y concejal de la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, Edgar Martínez.

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