El senador Orlando Penner manifestó que su proyecto de ley referente a la instalación de un acueducto en el Chaco paraguayo aún se encuentra en tratamiento, atendiendo a diversas dificultades en torno a la aplicabilidad de la propuesta. Destacó la colaboración del Legislativo, pese a las complicaciones.
“Tengo esperanzas de que podamos ponernos de acuerdo muy pronto. El financiamiento no es el mayor inconveniente; se están haciendo estudios más profundos, de factibilidad”, explicó ante los medios de prensa en el Senado, puntualizando que se aguardan soluciones políticas.
Penner dijo además que la principal dificultad se encuentra en la propia zona del Chaco, donde algunos sectores buscan beneficios prioritarios dentro del proyecto. El parlamentario recordó que lo urgente es garantizar la potabilidad en el territorio, por lo cual no se da espacio a individualidades.
“Esos intereses sacan por completo el foco central de lo que se pretende con este proyecto”, sentenció el congresista, anunciando que prontamente brindará especificaciones sobre los grupos que no facilitan el desarrollo fluido del proyecto, para dar paso a su materialización.
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Agua para el Chaco
Para llevar adelante el plan iniciado por Penner se había creado la Comisión Especial “Agua para el Chaco”. La propuesta comprende la construcción de un canal a cielo abierto, que tendrá una extensión aproximada de 280 km.
En el punto óptimo de funcionamiento de la obra se prevé la posibilidad de llevar un promedio de 50 metros cúbicos de agua cruda por segundo, desde el río Paraguay hasta el Chaco central. La obra tendría un presupuesto máximo de USD 250 millones.
Con la planificación se estima que los costos serían cubiertos en un 100 % por el sector privado, por lo cual no se prevé el uso de recursos del Estado. Además, el sector privado va a construir y administrar la obra por un plazo de 30 años, vendiendo el agua y así pagar el préstamo.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Proyecto de ley de documentos electrónicos evitaría que se repita la “mafia de los pagarés”
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Diputados trabajan de forma conjunta en un proyecto de ley que busca incorporar instrumentos digitales como el pagaré electrónico al ordenamiento jurídico nacional. La propuesta apunta a evitar que vuelvan a ocurrir esquemas delictivos como la conocida “mafia de los pagarés”, que generó múltiples casos de estafa y extorsión mediante el uso indebido de documentos en papel.
El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, destacó que esta reforma representa un paso importante hacia la formalización, digitalización y protección del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al dotar al sistema legal de herramientas modernas que garanticen seguridad jurídica.
“Con mucha apertura, el Congreso, a través de los diputados y senadores, y los ministros de la Corte, nos han permitido incorporar en esta normativa los documentos transmisibles electrónicos, los títulos electrónicos y en particular el pagaré electrónico”, explicó.
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Giménez sostuvo que el proyecto surge precisamente en respuesta a la trama de falsificaciones y abusos detectados en torno al uso de pagarés físicos. A partir de estas experiencias, el MIC y otros actores institucionales impulsaron ajustes normativos que buscan no solo cerrar brechas legales, sino también facilitar a las mipymes el acceso a financiamiento de manera segura.
“El sueño que tenemos es que las mipymes puedan acceder a todos los trámites para formalizarse y para acceder al crédito directamente desde el celular”, subrayó. Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, en coordinación con los propulsores originales del texto en la Corte Suprema.
De ser aprobada nuevamente en el Senado, el país contaría con un marco legal robusto que daría validez jurídica a los títulos y documentos electrónicos, previniendo nuevas formas de fraude como las ocurridas en el pasado. “Fuimos ajustando las normas para que ahora pueda recibir la aprobación de los diputados y posteriormente ir nuevamente al Senado para que salga aprobada la ley”, indicó el viceministro ante la 1080 AM.
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Reforma del transporte: Gobierno plantea múltiples vías para garantizar el servicio
El proyecto de ley de reforma del transporte público presentado por el Poder Ejecutivo contempla diversas modalidades para operar el sistema, de modo que el Estado pueda acudir a la alternativa más adecuada según la necesidad. Así lo explicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, al detallar el contenido del documento.
“La ley nos da herramientas para que el Estado pueda llevar adelante la política pública de movilidad para el ciudadano”, señaló Fernández. Agregó que el proyecto establece un modelo basado principalmente en concesiones mediante licitación pública, donde empresas privadas traen sus propios buses y operan el servicio.
Sin embargo, también se prevé la posibilidad de que el Estado pueda adquirir flota, proveerla o incluso operar directamente el servicio, en caso de que no existan oferentes o que se requiera garantizar su funcionamiento. “Lo que hicimos con esto es abrir la ventana de posibilidades para que el Estado pueda tomar las decisiones que mejor sean para el ciudadano”, afirmó el viceministro.
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Al mismo tiempo, destacó que el transporte público es un derecho fundamental y un servicio imprescindible, cuya prestación debe estar asegurada por el Estado bajo cualquier escenario. Actualmente, ya se aplica uno de estos mecanismos con la incorporación de buses eléctricos donados por la República de China (Taiwán), cuya flota pertenece al Estado pero es utilizada por operadores privados mediante licitación.
“El Estado debe tener habilidades jurídicas para hacer estas cosas, por eso la ley prevé distintas maneras de prestar el servicio”, insistió Fernández ante la 650 AM. Durante la presentación del proyecto, el presidente Santiago Peña pidió al Congreso celeridad en el tratamiento de la iniciativa. “Es un gran paso haber presentado una ley tan necesaria y con tanto impacto, que puede mejorar la vida de las personas”, expresó el viceministro.
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Destacan apertura política para estudio de propuesta de Prisión Permanente Reversible
El diputado Rubén Rubín mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, para oficializar su proyecto de modificación del Código Penal: “Prisión permanente revisable” aumentando la pena de cárcel hasta 90 años por hechos de homicidio y otros delitos graves. El titular del Legislativo resaltó que existe la voluntad política en ambas cámaras para buscar una solución al problema.
Núñez felicitó al legislador por la iniciativa y aseguró que tanto en Diputados como en Senado existe la voluntad política de analizar estos temas que preocupan a la ciudadanía e indicó que, si este tipo de asuntos no se abordan, también la clase política sería cómplice de estos hechos delictivos.
“Agradezco la visita del diputado Rubín y desde ya agarro positivamente la propuesta de modificar el Código Penal, atendiendo los hechos graves sucedidos recientemente. Le decía que nosotros también somos culpables de omisión, o por omisión, si es que no hacemos nada”, expresó.
Sostuvo que esperamos que se entienda bien, que el violador y que mate a una niña indefensa, “no puede quedar libre en tan solo 3 o 4 años. No más víctimas fatales, por eso tenemos que darle un punto final. Tenemos que trabajar la propuesta, contamos con cientos de asesores que nos pueden ayudar a mejorar la propuesta. Pero la voluntad política está tanto en Diputados como en Senado”, precisó.
Elevar penas
El proyectista Rubén Rubín indicó que coincide plenamente con el senador Núñez en que la clase política es cómplice si no se hace nada para cambiar la situación actual.
“Sería una irresponsabilidad que un representante del pueblo, que tiene las atribuciones de modificar las leyes, no lo haga nada cuando Paraguay pide a gritos que se agregue la cadena perpetua al Código Penal”, explicó.
Señaló que la propuesta comienza planteando una modificación al artículo 38 del Código Penal, sobre la duración de las penas privativas de libertad, elevando la pena máxima a 90 años.
Además, indicó que en los casos de pena privativa de libertad, de 50 años en adelante, podría ser revisable. Por ello, se establece el término de Prisión Permanente Revisable.
Lo que se busca es que Paraguay se adecue a la coyuntura regional, explicó el diputado, añadiendo que ya se comenzó a adoptar este sistema. No obstante, por la Constitución Nacional no se puede contemplar la cadena perpetua como tal, por ello recurren a la figura de Prisión Permanente Revisable.
“Nosotros no vulneramos la posibilidad de reinserción del condenado. Esto ya lo hizo Argentina, Chile, Colombia; ahora justamente lo está debatiendo también Ecuador. Es decir, nosotros no vamos a innovar legislativamente hablando, por el contrario, estamos llegando tarde”, acotó.
Se aplica a mayores de edad
Mencionó que por ahora, la propuesta de Prisión Permanente Reversible es para infractores mayores de edad; y la revisión será posible una vez que se cumpla los dos tercios de la condena, dependiendo de cuántos años se haya aplicado. Pero en el caso de delitos graves, sería entre 50 a 90 años como máximo.
Igualmente, indicó que el proyecto contempla la acumulación de condena en el caso de que exista más de una víctima o varios delitos, se irá sumando la pena por cada una de ellas. Esta propuesta de elevar las penas son para delitos graves como homicidios y violaciones.
Asimismo, explicó que existen ciertas excepciones, como el caso de un accidente de tránsito con derivación fatal, siempre y cuando no esté alcoholizado, garantizando el derecho a la defensa personal.