El juez de sentencia Dario Báez expresó su temor ante las amenazas recibidas por parte del titular del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien con la finalidad de impedir el inicio de su juicio oral por los disturbios ocasionados frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023, alegó que terminaría “garroteándole” en la vía pública.

“Esto le conviene para seguir teniendo vida, ya que se venía apagando políticamente para tratar de llamar la atención. Me afecta las partes de las amenazas porque lo veo a él como una persona que dentro de este libreto que viene siguiendo realiza amenazas y las cumple. Hay varios antecedentes de agresividad de su persona hacia autoridades, sean policías, senadores y también ha realizado actos de violencia en no solo una oportunidad contra otros jueces y fiscales”, indicó.

El magistrado dijo a la 1080 AM que el líder Cruzada Nacional “tiene un libreto preparado, una semana antes nadie lo estaba recordando, estaba siendo rechazado por todos los grupos políticos”. Sostuvo que “evidentemente esta es su forma de vida porque viene manifestándose de la misma forma hace años y le resulta extremadamente positivo. Ya tuvimos una audiencia en julio y se había portado como un caballero porque no estaba un solo medio de prensa”.

El polémico dirigente esteño, imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia, también terminó insultando al magistrado calificándolo de “idiota, delincuente, corrupto, lavador de dinero y amigo de narcotraficantes”.

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Báez, quien terminó siendo recusado por el procesado, sostiene que el libreto de agresiones tiene como único fin obtener rédito político. “Cubas es bastante inteligente y vivo. La gente dice que se necesita un loco como Payo, pero no es loco bajo todo punto de vista si venimos analizando su comportamiento y las ganancias políticas que ha obtenido gracias a esas actuaciones como defecar en un juzgado, pegarla a un juez en una penitenciaría, hacer pintatas”, mencionó.

La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del “TREP”.

Alega que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

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La Corte Suprema de Justicia (CJS) otorgó la admisibilidad del estudio de la inconstitucionalidad planteada por un grupo de 26 navegantes que apuntan a percibir a una jubilación que está por encima de lo que contempla la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social (IPS). Desde la previsional, aclararon que esto no significa que los extrabajadores marítimos ya vayan a percibir los haberes solicitados.

“Lo llamativo es que un grupo de 5 navegantes planteó la acción de inconstitucionalidad y la Corte le rechazó, lo mismo con otros dos navegantes, sin embargo, con los mismos argumentos de la misma resolución, a 26 navegantes sí le concedió la admisibilidad. Estamos estudiando cuál fue el criterio para que la Corte le diga que no a dos grupos, pero le diga que sí los 26″, expuso Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas del IPS.

El IPS está elaborando una estrategia que apunta a plantear un recurso de reposición para dejar sin efecto la admisibilidad y rechazar in límine la resolución que data del 2016, la cual fue favorable para los navegantes. Lo que busca el instituto según explicaron, es que se anule dicha sentencia y que se vuelva a juzgar, dado que la previsional no fue parte del debate y no pudo argumentar ante la Corte el porqué no correspondía el pago solicitado por los trabajadores marítimos.

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La Carta Orgánica del IPS contempla que no se pueden pagar haberes por encima de los 10 salarios mínimos, lo que equivale actualmente a G. 29 millones. La pretensión de los navegantes es cobrar sus haberes por el monto que aportaron, lo que superaría ampliamente este tope reglamentado en la previsional.

“No es cierto que está habilitado para que ellos cobren, no es cierto que acá esto favorable para ellos y perjudicial para el IPS, es un simple trámite. Por el momento están cobrando de acuerdo a la Carta Orgánica”, dejó en claro Cubas ante la 1080 AM.

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En el 2013, 129 trabajadores marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Carta Orgánica que hablan sobre el tope máximo para el pago de haberes. Los navegantes argumentaron que ellos abonaron mucho más y querían jubilarse de acuerdo al salario que aportaron.

Tres años más tarde, en el 2016, se dictó una sentencia en contra del IPS y favorable para los demandantes y recién en el 2020 la previsional solicitó la nulidad de esta resolución. En el 2023 se dictó la caducidad en la acción de nulidad promovida por el IPS, la cual fue apelada y la Cámara dio la razón a la previsional.

Se emitió una resolución donde se establecía la prohibición de innovación, es decir, dispuso que no se le iba a otorgar una jubilación por encima de los valores establecidos en el marco legal, hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

Contra esa resolución los navegantes marítimos plantearon una acción de inconstitucionalidad, pero lo hicieron en tres grupos, a dos de estos les fue rechazado por parte de la Corte, sin embargo, tuvo la admisión de estudio para un grupo de 26 personas, lo cual es sorpresivo para la previsional.

Este jueves el empresario Luis Augusto Montanaro junto con su abogado se presentó ante la Justicia luego de que el fiscal Federico Delfino ordenara su detención por amenazar a la fiscal Ruth Benítez. Esta última lleva el caso de Duck Sex Games en el que es investigado Montanaro.

El hombre se presentó ante el juzgado porque contaba con una orden de detención y ya fue comunicado al fiscal Delfino. Se tiene previsto que para este mediodía preste declaración indagatoria. Montanaro se encontraba prófugo desde ayer miércoles.

La orden se dio luego de que los investigadores accedieran a imágenes de cámaras de seguridad de la florería desde donde se enviaron los ramos a la fiscal Ruth Benítez. En estas pudieron constatar que Montanaro llegó hasta el local y preguntó por los arreglos florales.

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El día que fue a la florería no hizo ningún pedido y luego envío a un conductor de plataformas identificado como José Alderete, quien realizó el pedido, pagó y entregó las notas que debían ir en cada ramo. Uno de los arreglos fue destinado a la Fiscalía donde presta servicio la fiscal Benítez, otra para la víctima del caso Duck Sex Games y otra dirigida a él, aparentemente para no levantar sospechas.

Alderete declaró ayer miércoles ante las autoridades y confirmó que hizo las compras, pero que no sabía del contenido de estas notas. En el transcurso de las investigaciones van a ir determinando el grado de complicidad del conductor, que sería de confianza del acusado. A estas horas Montanaro ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un hombre y sus tres hijas menores de edad están desaparecidos desde el domingo 3 de noviembre en la Colonia Ara Potĩ, distrito de Los Cedrales. Se trata de Rafael Ortiz, de 29 años, y sus hijas de 7, 5 y de casi 2 años, respectivamente.

La denuncia realizó la madre, una joven de 23 años, después de ser amenazada por su expareja para que vuelva con él, porque si no lo hacía desaparecería con sus hijas, según indicó a La Nación/Nación Media el fiscal Edgar Benítez, de Presidente Franco.

El fiscal indicó que agentes policiales estuvieron en la tarde del domingo en la casa de los padres del denunciado, donde estuvieron compartiendo, pero Ortiz al darse cuenta de la presencia policial corrió del sitio y fue visto en la costa del río, según aportaron testigos.

Por su parte la División de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Alto Paraná reportó que mediante el trabajo conjunto con agentes de la Subcomisaría 29.ª pudieron hablar con un poblador que supuestamente vio al hombre cruzando el río en canoa, con sus hijas.

Se trata de Alcides Adorno Insfrán (40), quien dijo que tiene una canoa en en el puerto San Miguel de la Colonia Ara Potĩ, y, al saber de la amenaza del padre contra las niñas, fue hasta la costa y no encontró su canoa que había dejado en el sitio.

Mencionó que al usar la linterna hacia la costa del río, Rafael Ortiz le respondió gritando que no lo hiciera y ante eso, supuestamente, le convenció que vuelva con sus hijas, a lo que el hombre accedió, pero regresó a la costa sin sus hijas que habrían quedado al otro lado del río.

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Adornó contó que, Felipe Ortiz Colina (66), padre del hoy desaparecido, abordó la embarcación con su hijo y volvieron supuestamente para buscar al lado argentino a las niñas, pero luego ya no los vio. El lunes a las 12:00 fue hallada la canoa en la costa paraguaya, a tres mil metros aproximadamente, aguas abajo del río Paraná. En la misma fueron encontradas las pertenencias y documento de identidad de Rafael Ortiz. El personal policial hizo incursión infructuosa en la zona boscosa del área.

El suboficial superior Carlos Amarilla, subjefe de la División Búsqueda y Localización, mencionó a La Nación/Nación Media que, según datos recabados de manera extraoficial, Felipe Ortiz Colina, padre y abuelo de los desaparecidos, estaría dando apoyo logístico a su hijo y existe la sospecha de que se encontrarían por el área cercana a la costa.

Consultado sobre la veracidad de la versión dada por el poblador, teniendo en cuenta que habló de haber visto en la noche al hombre cruzar al lado argentino y estar con sus hijas por el río, el subjefe Amarilla dijo que toman todos los datos que pudieran servir para la localización.

El fiscal Edgar Benítez informó que se había dispuesto un régimen de relacionamiento, por el cual el padre podía llevar a sus hijas los fines de semana tras una reciente separación de la pareja. El fin de semana último fue la primera vez que el hombre cumplía con esa medida, pero luego de llevar a las niñas apareció la amenaza.

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