El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, expresó su repudio a la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El legislador calificó la orden de arbitraria e injusta.

“La arbitraria e injusta decisión de la Corte Penal Internacional de emitir una orden de captura contra el primer ministro de Israel Netanyahu igualando a un estadista que defiende a su pueblo con los terroristas que lo atacan es un recordatorio más de la grave crisis por la que están atravesando los organismos multilaterales”, refirió a través de su cuenta oficial de X.

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Mientras tanto, el diputado también expresó su solidaridad con Israel y Netanyahu, teniendo en cuenta la buena relación diplomática y de amistad con Paraguay. “Nuestra solidaridad con la hermana nación de Israel y con su primer ministro”, manifestó.

Medios internacionales informaron este jueves sobre la decisión de la Corte Penal Internacional, que emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, el exministro de Defensa Yoav Gallant y el funcionario de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri.

En un comunicado, la CPI declara que tenía motivos razonables para creer que el primer ministro de Israel “es responsable penalmente de crímenes de guerra como la inanición como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos”.

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Con el objetivo de definir medidas para el fortalecimiento y mejorar los resultados del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip), el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, llevó adelante una reunión estratégica con sus colaboradores y encargados de la implementación de este control. “Hemos logrado un cumplimiento del 100% en los indicadores más importantes, lo que nos ubica como líderes en transparencia y efectividad en la gestión pública”, apuntó el titular legislativo.

Este modelo es considerado clave para la transparencia y eficiencia institucional, permitió posicionar a la cámara como líder entre las instituciones públicas. En esta reunión, la dirección de comunicación de Diputados informó que, “se revisaron las estrategias de planificación, proyección y ejecución de procesos, destacándose la importancia del Mecip como herramienta de control y transparencia administrativa”.

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Se destaca además que la Cámara Baja, como institución logró alcanzar el puntaje máximo en la evaluación de la Contraloría General de la República (CGR) este año, con un índice de 3,37 puntos, siendo el puntaje máximo de 5,0, consolidando a la institución como un referente en cumplimiento y transparencia, marcando un retorno a los puestos de privilegio tras años de esfuerzo.

De acuerdo al último informe, refiere que el modelo Mecip, que está siendo implementado desde el 2015, evolucionó significativamente en Diputados. “El sistema de control interno, evaluado en componentes como Ambiente de Control, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora, ha permitido identificar y subsanar deficiencias, garantizando así un uso adecuado de los recursos públicos y fomentando la excelencia administrativa”, refería este informe.

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El pasado 11 de noviem­bre fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filiz­zola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”.

El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millo­nes de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

Tras la lectura del oficio por parte del presidente del Senado, Basilio Núñez, el senador Filizzola pidió a sus colegas a constituirse en Comisión y dictaminar a favor del pedido judicial. Y adelantó que solicitará la extinción de la causa.”Este es un caso que se refiere a mi administración al frente del Ministerio del Interior. Lo que solicito es que los cole­gas permitan que el pleito se convierta en Comisión para poder dar las explicaciones correspondientes”, indicó Filizzola.

El legislador sostiene que el “caso helicópteros” nació como un ataque político de los colorados para manchar su entonces candidatura a la Vicepresidencia de la Repú­blica. Afirmó que la Fiscalía lo acusó con una mentira y cometió numerosas irregu­laridades.

Filizzola agregó que ya se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad sobre el caso. “Yo había planteado una acción de inconstitucionalidad, se habían presentado varias acciones de inconstitucio­nalidad contra las actuacio­nes en este proceso y la Corte resolvió en forma unánime declarar inconstitucionales y nulas todas las acciones, incluyendo la acusación”, manifestó Filizzola.

De acuerdo a las investigacio­nes, también se habría produ­cido un perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción.

El exministro del Interior había aprobado la licita­ción para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.

El parlamentario es recordado principalmente por las cau­sas penales que boicoteó durante años mediante chicanas por casos como la compra de los helicópteros y las comisarías “de oro” que supuestamente implicaron en conjunto un perjui­cio de G. 51.200 millones al Estado.

En la causa por la compra de helicópteros para la Policía Nacional a precios “de oro”, su defensa querelló a los testigos de la Fiscalía por supuestamente haber mentido en sus declaraciones y también denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a los fiscales que lle­varon adelante las investigaciones.

Según el Ministerio Público, la empresa Proibérica fue adjudicada para proveer al ministerio, en noviembre de 2010, 4 helicópteros a pesar de no reunir los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación.

Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó ayer miér­coles tres pedidos de préstamos internacionales, con un monto total de 410 millones de dólares, para la Administración Nacio­nal de Electricidad (Ande).

El primer pedido solicitado por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas consiste en la apro­bación de un proyecto de ley “Que aprueba los contratos de préstamos suscritos en fecha 26 de enero de 2023 entre la Ande con el Banco Interame­ricano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta 260 millones de dólares, y el Fondo de Desa­rrollo y Cooperación Interna­cional ( Taiwán ICDF) por un monto de hasta 30 millones de dólares”. Según el objetivo, sería para el financiamiento del pro­yecto “Expansión del sistema de tratamiento en alta ten­sión-Fase II, a cargo de la Ande, ampliando su presupuesto del ejercicio 2024″.

El otro pedido del Poder Eje­cutivo aprobado por los sena­dores es el proyecto de ley “Que aprueba el contrato de préstamo suscrito entre la Ande con el Banco de Desa­rrollo de América Latina y el Caribe por un monto de 120 millones de dólares”.

El recurso sería para el financia­miento del programa de apoyo al desarrollo del sector eléctrico del Paraguay, a cargo de la Ande y que amplía su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.

Previo a su tratamiento en el pleno de la Cámara Alta, el pre­sidente de la Ande, Félix Sosa, defendió ante la Comisión de Hacienda sobre la necesidad de estos recursos. Indicó que ser­virá para el desarrollo del sector energético del país.