Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.

La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.

Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)

La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.

El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.

Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.

La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.

No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.

Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, anunció esta semana la implementación de la segunda etapa del programa de Gobierno “Hambre cero en las escuelas” en todos los departamentos del país. En esta fase ya se incluyen a las 12 gobernaciones restantes y los 263 distritos a nivel nacional. En la primera etapa se incluyeron a 90 distritos, considerados prioritarios.

“Hay un gran ambiente de control y yo creo que hoy ya no hay excusa, hay que dar el 100 % a todos los niños, no podemos dejar de cuidar lo más sagrado que tenemos todos los paraguayos que son nuestros hijos”, expresó César Sosa, presidente de Consejo de Gobernadores, y gobernador de Guairá, este domingo en entrevista para La Nación/Nación Media, señalando la gran responsabilidad y el desafío para los gobernadores como ejecutores de este ambicioso programa del Gobierno.

Atendiendo la gran amplitud de este programa, Sosa sostuvo que los gobernadores estarán trabajando con gran responsabilidad y con las ganas de sacar adelante a sus respectivos departamentos, ya que Hambre Cero también tendrá un gran impacto para sacar a muchas familias de la pobreza.

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“Tomamos con mucha responsabilidad, realmente para nosotros es una gran responsabilidad, la confianza del presidente de la República (Santiago Peña), nosotros somos ejecutadores de contratos, no es fácil, sabemos que vamos a tener grandes desafíos, como todo proyecto, pero el Consejo está firme, el Consejo tiene las ganas de salir a trabajar”, apuntó Sosa a LN.

Agregó que, desde el Consejo de Gobernadores, se celebra que el programa alimentario ya haya llegado a su segunda etapa, que incluirá a todos los departamentos, no solo por su gran impacto en la educación, la nutrición de los niños, y la baja deserción escolar, sino también por el impacto económico que tendrá en todos los departamentos.

“Nosotros estamos convencidos de que el Paraguay se construye desde los departamentos, las bases sólidas están en los departamentos. El trabajador va tener un mercado hoy gracias al proyecto Hambre Cero, así que desde el Consejo celebramos este gran proyecto del Presidente y tenemos todas las ganas de sacar delante de hacer bien nuestro trabajo, es una gran responsabilidad, que nosotros vamos a ir honrando”, señaló.

Por otra parte, Sosa también destacó el gran control que se realizará en la aplicación del programa, desde el Consejo de Alimentación Escolar (Conae), donde los gobernadores también tienen sus representantes.

“Nosotros como Consejo tenemos representación en el Consejo de Alimentación Escolar (Conae), de ahí salen las directrices para el control. Cada administrador de contrato, las gobernaciones tienen una dirección del control alimentario, eso también está compuesto por padres de familia, por nutricionistas, por abogados, el control dentro de cada gobernación va ser gigante”, comentó a través del diario La Nación.

Resaltó la inclusión de la Contraloría General de la República (CGR), que realizará los controles instantáneos, in situ, y sin mayor tiempo. “Vamos a tener un programa donde cada director, cada padre de familia, día a día esté pasando informaciones a la Contraloría, eso va llegar también a nosotros para que nosotros podamos ver algunos déficit y virtudes”, sentenció.

- El programa “Hambre cero en las escuelas” arrancó en su segunda etapa, que incluye a los 12 departamentos restantes.

- A partir de febrero del 2025, Hambre Cero llegará a todas las escuelas.

- El presidente del Consejo de Gobernadores, César Sosa, resaltó el compromiso y la responsabilidad de todos los gobernadores.

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“Estoy muy tranquilo, hay muchos paraguayos productores contentos con el Gobierno y con nuestra acción de llegar junto a ellos y acompañarles”, manifestó el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez, en respuesta a las críticas provenientes de algunos miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) hacia su gestión.

El sector calificó al alto funcionario de Estado como “autoritario y soberbio” y anunció próximas movilizaciones en su contra en Asunción y algunas ciudades del interior, alegando un abandono de la institución a los productores de alimentos.

“Están apareciendo los mismos actores de siempre, personas que acostumbran a hacer show, apretar a las instituciones generando caos, yo no creo que podamos avanzar así como país”, dijo este viernes el ministro al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Giménez acotó: “Aparecen los mismos sinvergüenzas que llevaron dinero del Estado por años y que nunca lograron salir de la pobreza. Algo está pasando, no saben administrar, no saben ser productores o no son luego productores, pero sí son buenos para hacer los shows, pero yo soy una persona que habla con la verdad”.

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El titular del MAG detalló que al asumir el cargo corroboró mediante informes que la FNC fue uno de los sectores que recibió “grandes volúmenes de dinero” por parte del Estado, pero no fueron invertidos a favor de los productores más necesitados.

“Llegaban las mismas personas, llevaban maquinarias, insumos y no las hacían trabajar. Yo les llamaba a preguntar qué se hizo con el dinero, se fueron los técnicos del MAG a revisar finca por finca mediante un sistema que tenemos para corroborar fehacientemente cuánto superficie de área de producción tiene cada persona”, remarcó.

Giménez señaló que el principal enojo por parte de algunos integrantes de la federación obedece a que se negó a entregar un tractor bajo el nombre de una sola persona. “Nosotros le dijimos que no habría ningún problema, pero le dijimos que entregaríamos a la federación y se negaron”, dijo.

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La senadora Celeste Amarilla (PLRA) participó en reiteradas oportunidades en votaciones para aumentar el presupuesto de la Gobernación de Central, institución que contrata de forma constante a una empresa amiga de la legisladora para la provisión de alimentación escolar. La legisladora reconoció en sus declaraciones juradas que seguía cobrando deudas a esa firma en particular.

Juan Carlos Lezcano

Cada uno juzga por su condición, plantea un viejo axioma popular. Refrán ligeramente modificado porque la senadora Celeste Amarilla amenaza con querellas a diestra y siniestra cuando se trata de hablar de sus vínculos e intereses con el alimento escolar.

El refrán hace referencia a lo que en psicología se conoce como proyección: un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otras personas o cosas sentimientos, deseos, cualidades o defectos que no se reconocen o se rechazan en sí mismo.

En la sesión extraordinaria de este miércoles, la senadora liberal acusó a su colega Gustavo Leite de impulsar un proyecto de ley para beneficiar a su amigo. Amarilla no hizo siquiera referencia a la cuestión de si la legislación que beneficia la venta de etanol sería positiva o no.

Y si hay algo de lo que sabe muy bien la senadora Amarilla es de formar parte de debates legislativos que podrían beneficiar a sus amigos o hasta a ella misma.

El caso más reciente de estos debates tuvo lugar el año pasado, cuando Amarilla formó parte de la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) a la que acudió el gobernador del departamento Central, el también liberal Ricardo Estigarribia.

Estigarribia solicitó una ampliación presupuestaria, alegando que necesitaba de los fondos para poder cumplir con el almuerzo y la merienda escolar a lo largo del 2024.

Y es ahí donde entran los intereses de la hoy senadora liberal. Y es que Celeste Amarilla tiene un vínculo muy cercano con la firma Latin Food SA, otrora llamada Arcángel SA, empresa dedicada a la provisión de alimentos.

De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la senadora Amarilla fue beneficiada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

En total, esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, anteriormente denominada Arcángel SA, es representada por María Isabel Gavi­án y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal. De acuerdo con la declaración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondientes a utilidades de ejercicios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicaciones realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drástica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la manifestación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deudas a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millones, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuentas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

La drástica reducción en las deudas con Amarilla coincidió también con la presencia ininterrumpida de la misma en la Comisión Bicameral de Presupuesto. Es que, de acuerdo con la página web del Congreso, la misma ha formado parte de la CBP todos los años desde 2018.

Es decir, desde que ingresó al Congreso formó parte del estudio del presupuesto de las instituciones que contrataban a la que alguna vez fue su empresa y que le seguía debiendo dinero.

Volviendo a los vínculos de Amarilla y LF con la Gobernación del departamento Central, los datos revelan que ésta es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor contrato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la administración del liberal Blas Lanzoni firmó un contrato de G. 37.000 millones con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y correligionaria del entonces gobernador) Celeste Amarilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Central. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clientes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, también fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

Amarilla también tenía vínculos a la firma Pinoty SA. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cercana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas comparten la misma represen­tante, según Contrataciones Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empresaria muestra en redes sociales su cercana amistad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora liberal más de G. 6.000 millones, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, presentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernaciones de Alto Paraná, Caaguazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

Nuevamente, Amarilla es una de las que debe analizar primero en la CBP y luego en el pleno del Senado, los pedidos de aumentos de las instituciones que le deben a la empresa que le debe dinero.

Así que, como ya señalamos líneas más arriba, si hay algo de lo que sabe muy bien la legisladora liberal es de votar para favorecer a sus amigos.