Habilitación de penitenciarías permitirá aplicación adecuada de programas de reinserción
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El Paraguay cuenta actualmente con 18.249 personas privadas de libertad y el sistema penitenciario cuenta solamente con una capacidad para albergar a 11.000 reclusos actualmente. La habilitación de las tres nuevas penitenciarías permitirá aliviar el hacinamiento y a la vez aplicar de manera correcta los programas de reinserción.
“Habilitar las 3.711 plazas nuevas ayudará a descomprimir el sistema y poder clasificar a las personas. Hoy tenemos a todas las personas mezcladas en una misma penitenciaría, procesados y condenados, hay un procesado por abuso de niños y un condenado por robo bancario, los famosos guantes blancos. Qué programa de reinserción vas a poder efectivizar de esa forma”, expresó a la 1020 AM el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.
Las dos penitenciarías de Emboscada y la de Minga Guazú son construcciones nuevas y que están orientadas solamente para personas condenadas, las tres cuentan con una misma infraestructura, están divididas en ocho módulos que forman una especie de sub penitenciarías totalmente independientes, que posibilita que las personas privadas de libertad de cada módulo no tengan contacto con las otras unidades.
Con las tres penitenciarías se habilitarán más de 3.700 plazas nuevas, indicó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Foto: Jorge Romero
“Cada uno va a estar clasificado, de hecho ya lo están en el penitenciaría de Minga Guazú, de acuerdo a los perfiles criminológicos, es decir, hecho punible cometido, conducta dentro del contexto de encierro y entonces se va a aplicar el programa de reinserción teniendo en cuenta este perfil. Eso va a tener un impacto y nos va a permitir también tener un espacio de esparcimiento acorde”, explicó el ministro.
Nicora indicó que el actual hacinamiento hace que sea imposible aplicar programas capaces de dar resultado, puesto que en algunos penales, la cantidad de reclusos incluso triplica la capacidad del centro. “Hay centros que tienen una capacidad para 400 personas privadas de libertad y tenemos 1.400. Esa es la realidad con la que nos encontramos, pero no es una excusa porque nosotros ya conocemos eso de antemano y al asumir una responsabilidad sabemos a qué nos vamos a enfrentar”, sostuvo.
Acto realizado en el Centro Cultural Mangore por los 10 años del Código de Ejecución Penal. Defensores públicos, fiscales y jueces analizaron el tema. Foto: Gustavo Galeano
Defensores públicos y fiscales analizaron diez años del código de ejecución penal
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Ciudad del Este. Agencia Regional
Con el lema “Dignidad tras las rejas”, el Ministerio de la Defensa Pública organizó un simposio por los diez años del Código de Ejecución Penal, en el Centro Cultural Mangore, de Ciudad del Este. Participaron defensores públicos, fiscales, jueces y funcionarios de los estamentos relacionados, además de algunos universitarios.
Se inició esta tarde desde las 14:00 con el desarrollo de temas alusivos, a cargo de profesionales invitados, fiscales y jueces. El defensor general, doctor Javier Esquivel González, abrió el debate señalando que, “Paraguay tiene una advertencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por hacinamiento en los centros penitenciarios, siendo el país con la más alta cantidad de personas en prisión, por cada cien mil habitantes”.
Agregó que, en el país, son alrededor de 18 mil personas privadas de libertad, según se le informó hoy con cifras actualizadas. “Es un problema que tenemos y que debemos analizar desde la academia y de desde este tipo de espacios como lo estamos haciendo acá”, sostuvo el doctor Esquivel González.
“Muchas veces pensamos que, incrementando las penas o endureciéndolas, estamos resolviendo los problemas del sistema penitenciario”, consideró el titular del Ministerio de la Defensa Pública.
“Hoy la sociedad paraguaya se encuentra en shock por los acontecimientos de Oviedo y qué se discute, incrementar las penas; debemos analizar si esa es la solución, si es un problema de drogas, un problema de salud mental”, agregó ante el auditorio. A la vez, preguntó cuál es el artículo del código procesal penal que más modificaciones tuvo, respondiendo él mismo, “prisión preventiva”.
Acto seguido refirió que no ha variado mucho la situación endureciendo porque, al parecer, “no es la solución meterlos en prisión a todos y, entiendo, que este tipo de espacios nos van a permitir socializar”.
El defensor instó a no quedarse en análisis de los diagnósticos, sino en encontrar alternativas de soluciones.
El titular de Defensa Pública informó que estuvo hoy en centros penitenciarios del Este, acompañado del coordinador de la institución en Alto Paraná, defensor Rodrigo Cuevas Tapari, con quien confirmó la superpoblación del Penal Regional de Ciudad del Este. Dijo que encontró 1.900 internos para una sede con capacidad solo para 700 personas como máximo.
Dirigiéndose al gobernador Cesar Torres, quien asistió al simposio, el defensor general indicó que la proyección de la población penitenciaria es de mil internos por año, lo que significa que el próximo año se llegaría a 19 o 20 mil, pero la solución no es crear más cárceles, sino la atención de las causales, finalizó el defensor Esquivel.
Paraguay avanza hacia un sistema carcelario con estándares internacionales
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El Ministerio de Justicia avanza en la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que busca dejar atrás el hacinamiento, el desorden y la violencia que históricamente caracterizaron al sistema carcelario. Así lo afirmó el ministro Rodrigo Nicora, quien destacó la transformación estructural y operativa que ya se aplica en los centros penitenciarios de Emboscada y Minga Guazú, considerados los más modernos del país.
“Tenemos un modelo nuevo, el modelo paraguayo, con una gestión mucho más ordenada, planificada y enfocada en la reinserción social”, expresó Nicora, al tiempo de precisar que los nuevos recintos están divididos en ocho módulos independientes, con capacidad para 1.237 personas cada uno. “El que está en el módulo uno no sabe quién está en el otro, porque están completamente separados y clasificados por nivel de peligrosidad”, explicó.
Nicora sostuvo que Paraguay está migrando gradualmente hacia un modelo que toma como referencia experiencias exitosas de países como Brasil y Argentina, adaptadas a las necesidades locales, además de guiarse por los estándares establecidos en los acuerdos de los que nuestro país forma parte. Como parte de este proceso, también destacó la creación de un Instituto Técnico Superior para la formación profesional de agentes penitenciarios, avalado por el Ministerio de Educación.
El ministro subrayó que estos centros de alta seguridad albergan únicamente a personas ya condenadas, como medida para evitar el hacinamiento. Además, los internos participan en programas de reinserción social dentro de un entorno controlado y tecnológicamente vigilado. “Las penitenciarías están equipadas con más de 400 cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, lo que permite un monitoreo constante y preciso del flujo de personas. Se activan alarmas ante movimientos irregulares”, detalló a la 650 AM.
Otro cambio clave es la implementación obligatoria de uniformes, regida por la resolución n.° 479. Esta medida, lejos de ser simbólica, responde a criterios de seguridad y control interno. “Cada color de uniforme identifica a qué módulo pertenece cada persona privada de libertad, y las cámaras están configuradas para reconocer tanto los colores como los rostros”, indicó.
A esto añadió, “lo que estamos haciendo es subir la vara. Nuestro objetivo es que este modelo quede instalado como legado, con estándares más altos, más orden y más humanidad en el sistema penitenciario”, concluyó el ministro.
Reclusos de nuevas penitenciarías deberán usar uniformes
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Este jueves, desde el Ministerio de Justicia informaron que en los nuevos centros penitenciarios las Personas Privadas de su Libertad (PPL), deberán llevar uniformes obligatorios para que pueden ser distinguidas dentro de la población. Los colores de los trajes serán amarillo y rojo.
Según informó el ministro Rodrigo Nicora, se trata de una medida que busca dar mayor seguridad, equidad y orden dentro de estos penales como avanzar a la modernización del sistema penitenciario. Además, aclaró que el uso de estos uniformes será de carácter obligatorio.
“Seguimos construyendo un sistema penitenciario más justo, humano y eficiente con la implementación del uso obligatorio de uniformes en los nuevos centros penitenciarios de Minga Guazú y “Martín Mendoza” de Emboscada“, expresaron desde la institución.
Rojo para los de régimen cerrado especial. Foto: Gentileza
Explicaron que mediante la resolución ministerial n.º 479. que dispone que cada PPL recibe un kit completo con uniformes diferenciados según régimen, estos son: amarillo para los de régimen convencional y rojo para los de régimen cerrado especial.
“La entrega de planificación escalonada continuará hasta superar más de 1.200 reclusos en ambos penales. Esta medida fortalece la seguridad, promueve la equidad y dignifica la vida intramuros”, aclararon.
La actividad de entrega de uniformes estuvo acompañada por autoridades de la institución esta tuvo el apoyo de UNOPS Paraguay, en el marco de un plan que busca cubrir a toda la población penitenciaria de los nuevos centros.
Cada recluso recibió un kit de uniformes. Foto: Gentileza
El día en que la violencia se convirtió en horror en el penal de San Pedro
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Por Sara Valenzuela
Todo hacía suponer que esa tarde del 16 de junio de 2019, hace seis años, sería tan apacible como las anteriores, pero el destino tenía reservada una espantosa sorpresa. El sol rojo del ocaso se hizo eco de la sangrienta noticia: un violento enfrentamiento se había desatado entre clanes rivales en el interior de la penitanciaria de San Pedro. La sorpresa paralizó a los paraguayos, que en muchos casos accedieron a través de redes sociales y WhatsApp a imágenes que eran difundidas por los mismos reos de lo que era una terrible matanza a puertas cerradas.
Un enfrentamiento entre internos pertenecientes al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela era la primera información que surgía al mediodía de aquel domingo, pero minutos después fotografías y videos confirmaban que el motín había escalado de manera mortal.
El infierno se instaló en el penal de San Pedro; las primeras imágenes mostraban peleas cuerpo a cuerpo con armas blancas de fabricación casera, hombres ensangrentados, cuerpos apilados y un macabro juego con cabezas, esto seguido de incendios: fuego provocado en el interior de las celdas para quemar a otros reos.
El contenido de aquellas imágenes se logró confirmar más de tres horas después de que el enfrentamiento hubiera iniciado y convirtiera el penal de San Pedro en tierra de nadie, ya que los custodios se vieron sobrepasados y solo podían aguardar a la respuesta conjunta de los equipos tácticos policiales y militares que buscaban la manera de ingresar con la menor cantidad de bajas posible.
Aquel día, 10 personas privadas de su libertad fallecieron, y 11 resultaron gravemente heridas. De aquellas 10 personas, 5 fueron decapitadas con armas blancas tipo machetes, 3 fueron quemadas vivas en sus celdas, una recibió un disparo y la última falleció camino al hospital debido a las múltiples heridas que tenía.
Estos homicidios fueron parte del terrible acto de venganza del grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), afincado en las cárceles paraguayas en aquel momento con fuerte poderío económico y apoyo logístico, contra el clan enemigo, buscando así dejar un mensaje claro de poderío.
El comunicador Mario Luiz Ledezma. Foto: Gentileza
El comunicador Mario Luiz Ledezma, quien en aquel momento se desempeñaba como camarógrafo de un medio local, recordó en conversación con La Nación/Nación Media que aquel 16 se preparaba para compartir con su familia la celebración del Día del Padre cuando recibió la llamada, debiendo abandonar a sus seres queridos para acudir a informar.
“Cuando llegamos ya había efectivos policiales que custodiaban el lugar, y también ya estaban familiares de las personas privadas de libertad que llegaron hasta el lugar para solicitar información sobre sus familiares porque muchos se enteraron de lo que estaba pasando adentro y la magnitud de los hechos. Estaban desesperados por saber si sus familiares estaban bien”, comentó Ledezma.
El mismo reconoció que cuanto más pasaban los minutos y luego horas, la preocupación de los familiares crecía, pero también la de los pobladores de todo San Pedro, ya que los mismos temían que los reos lograsen escapar o que la situación saliera de control y que aumente el número de víctimas.
“Muchas personas estaban con miedo y no solo por los reos, sino porque aquel día había muchas personas que fueron hasta el penal en día de visita por el Día del Padre y se temía que no pudieran salir. Entre esas personas estaban personas que nosotros conocíamos, que eran de la zona, porque es una penitenciaria en la que hay muchos sanpedranos también y, lógicamente, toda la comunidad estaba pendiente”, relató Mario Luis.
En vilo
De esta forma, una ciudad considerada como tranquila y sin mayores episodios de violencia se vio completamente consternada ante las diversas posibilidades críticas que se podían dar, en medio de una ola de información macabra y lamentable que solo tardó minutos en llegar prácticamente a todos.
“Hubo una conmoción total cuando empezaron a llegar las primeras informaciones, porque si bien la penitenciaria se había construido alejada del casco urbano, ya para aquel entonces había nuevos asentamientos que rodeaban la zona”, recalcó Mario Ledezma.
El comunicador destacó además que tras este impactante suceso, la propia comunidad sanpedrana se manifestó en varias ocasiones exigiendo que la seguridad del lugar sea reforzada y que los controles se vuelvan más estrictos para garantizar no solo la seguridad de los reos, sino la de todos los ciudadanos.
En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Foto: Lorenzo Agüero.
Tras la tragedia, las investigaciones iniciaron inmediatamente, de manera que las destituciones, sumarios administrativos y juicios llegaron por añadidura. Desde el Ministerio de Justicia también se trabajó en un protocolo de respuesta para esta situación, lo que originó planes de seguridad más estrictos y un modelo de descongestión carcelaria.
En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Del total de acusados, 14 participaron presencialmente del juicio, mientras que otros 10 lo hicieron vía telemática desde el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación y desde la Penitenciaría Regional de Concepción.