El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó una recusación ante la Fiscalía General contra el fiscal Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, quienes lo investigan por la presunta compra fraudulenta de víveres en pandemia. Ante la acción promovida por el jefe comunal, los agentes del Ministerio Público se verían imposibilitados de participar en la primera audiencia del caso.

“Esto, como viene como aconteciendo desde bastante tiempo, es la presentación de actos dilatorios, siempre frenando la audiencia preliminar o tendiente a eso. Esta vez se recurrió a la recusación contra los tres fiscales y se acortan los plazos en cuanto a la resolución de esta recusación, que no se ajusta a la verdad”, expuso Corbeta.

En conversación con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el fiscal señaló que esta acción encabezada por Prieto se da días antes de la audiencia preliminar, fijada para la próxima semana, por lo que probablemente, los tres agentes se verían imposibilitados a participar de la misma.

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“En primer lugar resuelve nuestro superior jerárquico inmediato que es la Fiscalía Adjunta, posteriormente eso se notifica a las partes y esta tiene la posibilidad de impugnar la resolución ante el fiscal general y es él quien resuelve. Lo más seguro que esta situación produzca que los tres fiscales que conocemos a cabalidad la causa, no podamos participar de la audiencia preliminar y somos los que más conocemos los hechos”, lamentó.

El argumento vertido por la defensa de Prieto para recurrir a esta recusación es la supuesta viralización de una declaración que recorrió los medios, acusando a los fiscales de que fueron los responsables de dicha viralización. “Nosotros somos plenamente conscientes de nuestra responsabilidad como agentes fiscales y en ningún momento hemos viralizado ninguna declaración, presumimos que se habrá filtrado a través de terceras personas, pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa filtración”, sentenció.

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El director de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República, Leandro Villalba, salió en defensa del trabajo realizado por el órgano extrapoder para requerir la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, liderada por Miguel Prieto. Aseguró que la solicitud de fiscalización se sustenta en el ámbito técnico y se fundamenta en los documentos que la administración del dirigente opositor proveyó a la institución.

“En defensa a mis compañeros, esto es un trabajo técnico que expone falencias y se fundamenta en los documentos, en las propias respuestas que la misma municipalidad proveyó a la Contraloría General de la República“, dijo en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

El requerimiento de intervención por parte del órgano extrapoder fue realizado el viernes 16 de mayo al Ministerio del Interior tras corroborar mediante exámenes de control la existencia de graves irregularidades en la ejecución del presupuesto y administración de los bienes comunales.

Villalba detalló que la Contraloría había remitido dos notas a la Municipalidad de Ciudad del Este, con la finalidad de que remitan los documentos de respaldo entorno al manejo de los recursos económicos. La primera en diciembre del 2023 y la segunda en octubre del 2024.

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“Existen inconsistencias y movimientos de cuentas con montos de decenas de miles de millones de guaraníes que aparecían y desaparecían de los balances, sin ninguna justificación”, puntualizó.

Ante estas situaciones, la administración de Prieto se limitaba a responder a la Contraloría que solo se trataba de “errores involuntarios. Supuestamente ellos lo que querían decir que sin querer nada más se equivocaban”, cuestionó.

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Villalba echó por tierra el discurso esgrimido por Prieto, quien alega que el pedido de la Contraloría obedece a una persecución política con miras a los comicios municipales y presidenciales.

“Cuando el contralor liberal Octavio Airaldi pidió la intervención del municipio de Ciudad del Este, a cargo de un colorado en el año 2010, nadie se escandalizó, nadie amenazó a los funcionarios de la Contraloría, nadie dijo nada. En cambio ahora dicen que se trata de una persecución política“, recriminó.

De acuerdo con la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

Jefa de Obras fue hasta Buenos Aires para cerrar trato con empresario y “ayudarlo” a quedarse con la adjudicación de la obra Costanera Ñane Renda de G. 13.000 millones. De sexto lugar, pasó a ser el “ganador” del contrato, todo facilitado por subordinada de Miguel Prieto con quien compartió hasta cena en un restaurante. En esa velada se habló de un pago de USD 50.000 para asegurar el contrato.

El empresario Enrique Vázquez García declaró en sede del Ministerio Publico en el marco de la investigación penal por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias que investiga la Fiscalía sobre Miguel Prieto y varios de sus leales.

Vázquez García fue contundente ante los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez y ratificó que los audios dados a conocer a la opinión pública sobre la coima que se tuvo que pagar por la adjudicación de la Costanera Ñane Renda de Ciudad del Este. Asimismo, mencionó cómo operaban los leales del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para poder cobrar el resto de la coima por la obra que se realizó.

El contrato de adjudicación tuvo su inicio en un lobby en Buenos Aires en el 2019, cuando el empresario recibió la visita de la jefa de Obras de Miguel Prieto de nombre Stefany Garcete, según consta en su declaración ante la Fiscalía y a partir de allí fueron sucediendo aprietes que lo condicionaron para el contrato.

El apoderado de la firma Ñande Ypoty, Vázquez García, fue contundente al declarar sobre su relación con Diego Zárate. “Hice un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoty, yo me encargué de la empresa como titular y representante legal, llegué a un acuerdo a través de su unipersonal. El señor Diego Zárate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de CDE fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta es que el Sr. Diego Marciano Zárate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación”.

Agregó el testigo: “Llegué a conversar pocas veces con el intendente de Ciudad del Este, unas 5 o 6 veces, siempre dependía de sus secretarios, sobre temas de logística, tema de obras, planos, problemas con la gente de la Dirección de Obras, entre otras cuestiones más respecto a la ejecución de la obra. De cuestión de dinero nunca hablé con él, sino con sus secretarios: Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, quien fue a buscar una sola vez la plata, junto con los dos precitados”.

Acotó que “el primer pago que le hice a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, fue por el solo hecho de adjudicarme con la obra que fue de G. 650 millones y para ello fuimos hasta la ciudad de Encarnación para obtener el dinero, en esa ocasión conseguí un préstamo con Diego Marciano Zárate, quien actuó de garante. Él saco la plata, desconozco de dónde, me prestó el dinero, me hizo firmar un pagaré y le di la plata a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y Hugo Benítez”, refirió Vázquez.

También declaró ante los fiscales que “luego hubo un segundo pago, que corresponde al anticipo de la primera orden de pago, me pidieron G. 550 millones para los concejales, que supuestamente le correspondían G. 50 millones a cada uno, ese dinero solo le entregue al señor Víctor Lugo. Ese cheque correspondía al primer pago por el inicio de la obra, el cual lo cobré en Banco Continental, avda. Km 4, y Lugo me esperó afuera y le entregué el dinero. Víctor Lugo me prometió que iban a dar más obras de las cuales iba tener supuestamente una ganancia, que por el momento no me preocupara. Apenas ni comenzada la obra ya me sacaron en total G. 1.200 millones después me cobraron el 10 % por cada orden de pago”, manifestó el testigo.

Del mismo modo, siguió diciendo Vázquez que “Lugo y Acuña me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al banco y ellos me esperaban afuera del Banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la Costanera Ñane Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”.

En otra parte de la declaración, Vázquez señalo que “justo en ese momento, se dio la filtración de los audios donde yo contaba todo lo que pasé, entonces todos ellos se enojaron conmigo. Todos estos eventos ocurrieron después de la filtración de los audios, el intendente Miguel Prieto en su despacho, haciéndome sacar el celular previamente, me lanzó improperios, me insultó, incluso me agredió físicamente con empujones, me maltrató, me dijo hijo de puta, te voy a reventar, yo estaba sentado frente a él, esa fue la última vez que lo vi”.

Sostuvo que “luego de esos eventos en la municipalidad dije ya no doy más, me retiré de la obra, ahí me obligaron la contadora María Angélica Orué, Pedro Acuña, Víctor Lugo, entre otros, a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas Branda, quien era conocido de ellos, a quien autoricé mediante poder en nombre del Consorcio Ñande Ypoty a cobrar el resto del dinero, también me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando el resto fue el citado apoderado Horacio Daniel Fleitas Branda. En pocas palabras, ellos sí llegaron a efectivizar el dinero quien llegó a cobrar cerca de G.1.100 millones, yo no pude hacerlo porque me vi forzado a firmar el poder a este señor”, expresó Vázquez García.

El empresario Enrique Vázquez García declaró en sede del Ministerio Publico en el marco de la investigación penal por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias que investiga la Fiscalía sobre Miguel Prieto y varios de sus leales.

Vázquez García fue contundente ante los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez y ratificó que los audios dados a conocer a la opinión pública sobre la coima que se tuvo que pagar por la adjudicación de la Costanera Ñane Renda de Ciudad del Este. Asimismo, mencionó cómo operaban los leales del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para poder cobrar el resto de la coima por la obra que se realizó.

El apoderado de la firma Ñande Ypoty, Vázquez García, fue contundente al declarar sobre su relación con Diego Zárate. “Hice un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoty, yo me encargué de la empresa como titular y representante legal, llegué a un acuerdo a través de su unipersonal. El señor Diego Zarate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de CDE fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta es que el Sr. Diego Marciano Zárate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación”.

Agregó el testigo: “Llegué a conversar pocas veces con el intendente de Ciudad del Este, unas 5o 6 veces, siempre dependía de sus secretarios, sobre temas de logística, tema de obras, planos, problemas con la gente de la Dirección de obras, entre otras cuestiones más respecto a la ejecución de la obra. De cuestión de dinero nunca hablé con él, sino con sus secretarios: Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, quien fue a buscar una sola vez la plata, junto con los dos precitados”.

Acotó que “el primer pago que le hice a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, fue por el solo hecho de adjudicarme con la obra que fue de G. 650 millones y para ello fuimos hasta la ciudad de Encarnación para obtener el dinero, en esa ocasión conseguí un préstamo con Diego Marciano Zárate quien actuó de garante. Él saco la plata, desconozco de dónde, me prestó el dinero, me hizo firmar un pagaré y le di la plata a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y Hugo Benítez” refirió Vázquez.

También declaró ante los fiscales que “luego hubo un segundo pago, que corresponde al anticipo de la primera orden de pago, me pidieron G. 550 millones para los concejales, que supuestamente le correspondían G. 50 millones a cada uno, ese dinero solo le entregue al señor Víctor Lugo. Ese cheque correspondía al primer pago por el inicio de la obra, el cual lo cobré en Banco Continental, Avda. km 4 y Lugo me esperó afuera y le entregué el dinero. Víctor Lugo me prometió que iban a dar más obras de las cuales iba tener supuestamente una ganancia, que por el momento no me preocupara. Apenas ni comenzada la obra ya me sacaron en total G. 1.200 millones después me cobraron el 10 % por cada orden de pago”, manifestó el testigo.

Del mismo modo, siguió diciendo Vázquez que “Lugo y Acuña, me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al Banco y ellos me esperaban afuera del Banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la Costanera Nane Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”.

En otra parte de la declaración, Vázquez señalo que “justo en ese momento, se dio la filtración de los audios donde yo contaba todo lo que pasé, entonces todos ellos se enojaron conmigo. Todos estos eventos ocurrieron después de la filtración de los audios, el intendente Miguel Prieto en su despacho, haciéndome sacar el celular previamente, me lanzó improperios, me insultó, incluso me agredió físicamente con empujones, me maltrató, me dijo hijo de puta, te voy a reventar, yo estaba sentado frente a él, esa fue la última vez que lo vi”.

Sostuvo que “luego de esos eventos en la Municipalidad dije ya no doy más, me retiré de la obra, ahí me obligaron la contadora María Angélica Orué, Pedro Acuña, Víctor Lugo, entre otros, a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas Branda, quien era conocido de ellos, a quien autoricé mediante poder en nombre del Consorcio Ñande Ypoty a cobrar el resto del dinero, también me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando el resto fue el citado apoderado Horacio Daniel Fleitas Branda. En pocas palabras, ellos sí llegaron a efectivizar el dinero quien llegó a cobrar cerca de G.1.100 millones, yo no pude hacerlo porque me vi forzado a firmar el poder a este señor” expresó Vázquez García.

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