El expresidente del Colegio de Abogados del Paraguay y especialista en el área civil Manuel Riera calificó como una medida arbitraria las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)) de los Estados Unidos a la empresa Tabacalera del Este S.A.
Agregó que una dependencia administrativa de un país extranjero no puede tener la atribución de acusar a una firma o persona por supuestos hechos de corrupción.
“Se está confundiendo desde el punto de vista norteamericano la relación sociedad, accionistas y están buscando por esta vía hacer lo que están haciendo. Lo que está haciendo la OFAC es arbitrario por donde se lo mire, porque directamente está imponiendo sanciones sin condenas, no hay ningún juez que diga que haya ocurrido esto, no se sustenta en ninguna norma local, lo que ocurre allá aplicado acá es arbitrario, porque no es jurídico en nuestro país”, sostuvo a la 730 AM.
“La Oficina de Control de Activos Extranjeros es arbitraria, así de sencillo. La decisión que toma esta oficina administrativa es producto de su propio arbitrio, no hay otra razón de ser, sin el perjuicio de que crean tener o tengan razón o no, sin prejuicio a las bondades o de las maldades que se le pueda imputar al expresidente de la República, Horacio Cartes, a sus empresas, a sus gerentes, a cualquiera. No puede venir una oficina administrativa de un país extranjero a decir que yo soy un señor corrupto, impoluto o lo que se le plazca y el sistema me genera una muerte civil”, subrayó.
La ratificación de la sanción por parte de la OFAC contra la empresa tabacalera sobreviene supuestamente por la colaboración financiera al exmandatario y titular del Partido Colorado, Horacio Cartes, quien fue sancionado anteriormente por el país norteamericano.
La citada oficina había incluido a la empresa paraguaya en su Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas porque el expresidente poseía directa o indirectamente una participación igual o superior al 50 %.
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Violación del derecho a la defensa
“Lo que vemos es una tensión entre presiones de tinte gubernamental administrativa norteamericana, violando naturalmente postulados de derecho a la defensa, de presunción de inocencia. Que te digan o te señalen como responsable de diferentes hechos punibles, en cualquier sistema occidental, tiene que probarse ante un juez. Además, todo lo que dice la OFAC es la explicación de algo que desconocemos, cuáles son los análisis jurídicos, rigurosos, que generó esta oficina”, refirió.