Durante la reunión del Consejo de Ministros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llevada a cabo en París, Francia, se aprobó un programa de cooperación con Paraguay que se extenderá por los próximos tres años y será renovable. El mismo se denomina “Programa País”.

Está diseñado para implementar un enfoque integral del Gobierno para que Paraguay avance hacia la alineación con los estándares de la OCDE, lo que permitirá trabajar en cinco pilares fundamentales que son el desarrollo del potencial económico, la política social, las buenas prácticas gubernamentales, el desarrollo sustentable y la integración regional.

El acuerdo aprobado será firmado para su implementación, este 11 de junio en París por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos y el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, según informaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

Leé también: Faena de bovinos aumentó 15 % al cierre de mayo

Fundada en 1961, esta organización agrupa a 361 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. La OCDE ofrece un foro donde los Gobiernos, tanto de países desarrollados o en desarrollo, puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.

Esta organización realiza trabajos orientados al análisis de los cambios estructurales económicos, sociales y ambientales de los países, además de realizar estudios orientados a la productividad y los flujos globales del comercio e inversión con sus respectivos pronósticos de tendencias.

En febrero del 2016, se firmó el decreto 4992/16 por el cual se creó una Comisión Multisectorial para acercamiento a la OCDE, bajo la coordinación de la Secretaria Técnica de Planificación (actual MEF).

En marzo del 2017, Paraguay pasó a formar parte del Centro de Desarrollo de la OCDE. Dicho Centro es un foro donde los países comparten sus experiencias sobre políticas de desarrollo económico y social. El Centro aporta un análisis de expertos al debate sobre la política de desarrollo.

Te puede interesar: El MEF gestiona préstamo del BIRF como colchón fiscal ante escenarios adversos

El senador José Oviedo presentó una iniciativa que plantea el aumento de penas de 8 a 20 años para los adolescentes que cometan crímenes. Señaló que la propuesta surge por requerimiento ciudadano ante los últimos hechos que enlutaron al Paraguay.

“Hay voces a favor en el Senado. Se debe analizar el contexto internacional, pero hasta ahora no encontré ninguna limitante para poder aumentar las penas. Yo revisé los acuerdos internacionales como, por ejemplo, el pacto de San José de Costa Rica", comentó el legislador, este viernes, en una entrevista con la 1140 AM.

Oviedo detalló que su proyecto plantea elevar de 8 a 20 años mediante la modificación del Código de la Niñez y Adolescencia. “La idea es que los mayores de 14 años sean juzgados como adultos”, puntualizó.

Leé también: Espionaje de Brasil: “Hay que reconstruir la confianza, las explicaciones son necesarias”

Actualmente existen otros dos proyectos de ley en el Poder Legislativo que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Una de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone el aumento de las penas hasta 15 años.

Mientras que la otra propuesta, impulsada por el diputado Rubén Rubin, propone la aplicación de la cadena perpetua como pena máxima ante un homicidio. Los proyectos surgieron tras los crímenes de un trabajador delivery en el barrio San Francisco de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo.

No obstante, Oviedo aclaró que es consciente que establecer el aumento de las penas no solucionará el conflicto y que debe ser abordado de una forma más integral trabajando en políticas preventivas.

Te puede interesar: “Prieto hizo una defensa política, no técnica; hay hechos gravísimos que ameritan intervención”, sostienen

El senador del Partido Colorado, Gustavo Leite, fue uno de los principales oradores, de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), realizado en Hungría. En la ocasión el legislador destacó las buenas relaciones diplomáticas entre Paraguay, y los Estados Unidos, bajo la conducción del gobierno de Donald Trump.

“Paraguay a pesar de ser un país chico ha decidido tener una posición prominente en Washington con la Casa Blanca, el departamento de Estado y con los legisladores", comentó el legislador.

La CPAC, es una cumbre política organizada por la Unión Conservadora Estadounidense. El evento reunió por cuarto año consecutivo a políticos, activistas y líderes de opinión de la derecha internacional bajo el lema “La era de los patriotas ha llegado”.

“Yo creo y auguro de que los mejores momentos para una relación rumbo a los próximos 50 años serán ahora mucho mejor“, mencionó Leite, tras calificar a Paraguay como el “país más leal” a los Estados Unidos en América Latina.

Leé también: Intervención: ¿se puede tumbar a un intendente sin que existan hechos punibles?

Asimismo, el parlamentario calificó como un hecho positivo para el Paraguay y para los demás países de Latinoamérica, que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, marque una fuerte presencia en el gobierno de Trump.

“Rubio conoce América Latina, habla español y estuvo en la región es muy positivo para todos nosotros que él tengan tanta influencia en la Casa Blanca”, refirió.

La CPAC Hungría 2025 fue encabezada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán como ponente principal, quien lidera una de las administraciones más representativas del conservadurismo europeo actual. La actividad fue considerada como una re oportunidad significativa para fortalecer los vínculos entre el conservadurismo paraguayo y las corrientes afines a nivel internacional, así como para proyectar las posiciones del país en temas de política familiar y social.

Te puede interesar: Paraguay deja de ser pieza clave para el envío de droga a Europa, destaca medio internacional

• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

Lea más: El potencial energético de Paraguay se ubica en la geopolítica global, afirma experto

Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

Lea también: Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto

La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.