El juez Osmar Legal admitió la imputación por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal contra Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabrera Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich, y Jhon Gerald Marhias Gaona.
Asimismo se fijó para este martes 20 de agosto la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares para Rodrigues Gomes y Cabrera Pinazo. Mientras que para Zubizarreta Zaputovich se fijó para el 26 de agosto.
En la referida diligencia judicial se definirá si los imputados serán beneficiados con medidas alternativas a la prisión o si se decreta la prisión preventiva de los mismos.
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Durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público y con participación de la Policía Nacional resultó muerto el diputado colorado Eulalio Gomes, quien recibió dos impactos de bala que acabaron con su vida. El cuerpo del parlamentario está siendo inspeccionado en la Morgue Judicial de Sajonia.
Igualmente el procedimiento se llevó a cabo en varias oficinas, entre ellas dependencias contables donde se pretende recolectar evidencias en torno al caso Pavo Real 2.
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Crimen en Villa Morra: juez decretó la prisión preventiva de imputado
El juez penal de Garantía, Rolando Duarte, decretó la prisión preventiva de Andrés Serafín Soloaga Balbuena, imputado por simulación de un hecho punible y asociación criminal, por la muerte del supuesto tortolero Dax Dimitri Fridrikson Martínez, quien fue asesinado y cuyo cuerpo fue arrojado en el barrio Villa Morra.
La resolución del magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en la sede del juzgado de Garantía.
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El fiscal del caso, Gerardo Mosqueira, fue quien presentó la imputación contra Soloaga Balbuena y pidió al juzgado penal de Garantía la prisión preventiva, pedido que hizo lugar el juez.
La investigación y los procedimientos policiales en torno al homicidio de Drax Dimitri Martínez, quien contaría con frondosos antecedentes por robo de vehículos, continúan luego de que su cuerpo fuera abandonado en plena vía pública en el barrio Villa Morra de Asunción.
Las investigaciones avanzaron, pudiendo determinar que el mismo aparentemente se encontraría involucrado con personas que se dedican al robo de vehículos, incluso horas antes de su fallecimiento, fue captado por imágenes de circuito cerrado de la zona donde fue abandonado su cuerpo cuando él, junto con un cómplice, robaba la chapa de un automóvil para posteriormente usarla en el vehículo en el que se movilizaban.
Tras el análisis de las imágenes de circuito cerrado y la declaración de uno de los detenidos y sospechosos de ser cómplice de Martínez, se identificó a Víctor Eligio López González, alias “Jakare po’i”, de 35 años, como supuesto autor del crimen. Este hombre sería hermano menor del asaltante Nelson Gustavo López González, conocido como Jakare Po, quien habría fallecido hace unos años.
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Menores de 13 y 16 años huyeron juntos y el adolescente es imputado por abuso sexual
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Una niña de 13 años que había sido reportada como desaparecida en Salto del Guairá, Canindeyú, fue encontrada en un asentamiento viviendo con otro menor de edad, un adolescente de 16 años, quien también tenía orden de búsqueda, según el reporte de la Policía de Alto Paraná. La intervención fue ayer en el asentamiento Santa Clara, del Km 11 de Presidente Franco.
El adolescente no se encontraba en el sitio, sino en una obra en construcción en el Shopping del Ciudad del Este, donde estaba trabajando. Fue aprehendido y hoy fue imputado por violación de la patria potestad, en la causa a cargo del fiscal de Salto del Guairá, Ramón Ferreira.
La desaparición de la niña fue denunciada el pasado 30 de junio, pero en el caso del adolescente de 16 años, permanecía desaparecido desde que fue imputado por abuso sexual de la misma niña, en una ocasión anterior de abandono de la casa de ambos menores, que son de Salto del Guairá.
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El antecedente indica que, ya existió una desaparición de ambos menores de edad y en esa oportunidad, la niña de 13 años fue localizada y reintegrada bajo cuidado de su madre, pero el adolescente con quien huyó de su casa, no fue encontrado.
La fiscal Sonia Benítez, de la capital de Canindeyú, es quien tiene la investigación de ese hecho y había imputado al adolescente por abuso sexual en niños, después de que en la Cámara Gesell la niña contara que mantuvo relación sexual con él. Esto fue confirmado a La Nación/Nación Media por la agente fiscal de Salto del Guairá.
Al registrarse la segunda desaparición de la niña y al ser encontrada ayer en Pdte. Franco, los agentes de Búsqueda y Localización de la Policía, también pudieron localizar al adolescente, ya imputado después de la primera huida. Fue derivado al Centro Educativo de Menores de Ciudad del Este, teniendo en cuenta la edad del adolescente.
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Delitos Ambientales: Corte remitió antecedente de juez al JEM por presunta actuación irregular
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, durante la sesión plenaria, decidió remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados los antecedentes del juez de Curuguaty, departamento de Canindeyú, Ramón Alberto Florentín, debido a presuntas actuaciones irregulares en procesos sobre delitos ambientales.
El ministro y encargado de la Dirección Ambiental, Víctor Ríos, señaló que el magistrado hizo lugar a pedidos que no estarían dentro de la ley en causas en las que, durante la audiencia preliminar, se modificaba la calificación jurídica de los hechos imputados para que los acusados pudieran acceder a salidas alternativas y evitar ir a juicio oral.
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Asimismo, se advirtió que el juez habría actuado de manera irregular al otorgar una salida alternativa y designar como asesor de prueba al propio acusado, en una causa por violación de la Ley Ambiental. El ministro aseguró que el magistrado no pudo justificar su actuación.
Ahora el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar una investigación por presunto mal desempeño en sus funciones contra el referido magistrado y en caso de encontrarse irregularidad se podría pedir la suspensión del juez de Curuguaty.
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Procesan a productores por retención ilegal de 2,4 millones de kilos de granos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Víctor Adolfo Santander, titular de la Unidad Penal 4 de Hernandarias, imputó a dos productores, uno brasileño y otro paraguayo, por haber fraguado, presuntamente un contrato privado para quedarse con 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz (2.431.000 kilos).
Se trata de Doacir Bianchet (63) y Gervacio Galeano Coronel (45), procesados por la supuesta comisión del hecho punible contra la prueba documental (producción mediata de documentos públicos de contenido falso). La imputación fue presentada ayer lunes 14 de julio de 2025, a las 10:00.
No obstante, a las 12:55, la defensa de los procesados recusó al representante del Ministerio Público. De acuerdo a la denuncia y la investigación fiscal preliminar, ambos procesados habrían simulado un contrato de arrendamiento de inmuebles rurales con financiamiento de siembra, suscrito ante la escribana Gladys Beatriz Chaparro de Arenhs, en fecha 15 de enero de 2025.
En el documento, el señor Doacir Bianchet, en su carácter de representante de la firma Agrofort Agropecuaria S.A., de la cual es propietario, habría alquilado tres fracciones de terreno ubicados en el distrito de Itakyry (Fracción C1, padrón 5708; Fracción C2, padrón 5709, y Fracción C3, padrón 5710), a favor del coimputado Gervacio Galeano Coronel, por un plazo de dos años.
Sin embargo, desde el año 2022 los citados inmuebles se encontraban en posesión efectiva de la firma A.N.R. S.A., conforme a un contrato de arrendamiento suscrito con Inversiones Agrícolas S.A. en fecha 14 de septiembre de 2022. El contrato seguía vigente y la empresa afectada continuaba abonando el alquiler correspondiente.
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Inicio de juicio contra empresa
A pesar de esa situación, el 18 de enero de 2025, el señor Bianchet, en nombre de Agrofort Agropecuaria S.A., inició un juicio contra A.N.R. S.A. sobre ejecución para que entregue la posesión del inmueble.
El 27 de mayo de 2025, la firma Agrofort presentó otra demanda, esta vez contra el señor Galeano Coronel, solicitando el embargo preventivo de los cultivos de soja y maíz supuestamente sembrados por este en los inmuebles mencionados.
La acción civil, tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Presidente Franco, a cargo de la jueza Cynthia Pineda Morel, dio lugar a una resolución el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se concedió la medida cautelar de intervención judicial sobre 773.500 kilos de soja y 1.657.500 kilos de maíz, designando como interventora a la firma Agrofort, con facultades para contratar personal y realizar la cosecha.
Asimismo, se decretó el embargo preventivo y secuestro de los granos, que fueron entregados a Agrofort en calidad de depositario judicial en fecha 31 de mayo de 2025, durante un procedimiento llevado a cabo por el oficial de Justicia Mario Peralta.
A raíz de estos hechos, el representante legal de A.N.R. S.A. presentó ante el Ministerio Público documentos que acreditan que la empresa tenía la posesión legal y pacífica de los inmuebles desde 2022, realizando actividades agrícolas bajo un contrato de arrendamiento.
Compra de tierras
Tras la compra de las tierras por Agrofort a Inversiones Agrícolas S.A. el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública otorgada ante la escribanía de Dilson Gilmar Fulber en San Alberto, Agrofort asumió dicho contrato.
En ese contrato de compraventa se dejó expresa constancia de que la posesión directa no sería exigible a la vendedora, y que la compradora (Agrofort) asumía la responsabilidad de gestionar la desocupación ante eventuales ocupantes.
No obstante, en lugar de accionar contra A.N.R. S.A. por vía ordinaria, Agrofort celebró un nuevo contrato ficticio con el señor Galeano Coronel y utilizó ese documento como sustento para iniciar una segunda demanda de ejecución.
De esta forma, la Fiscalía presume que los imputados habrían intentado dar apariencia de legalidad a una relación contractual inexistente, con la finalidad de despojar de forma irregular a A.N.R. S.A. de los cultivos sembrados legítimamente en los terrenos.
Ante esto, el fiscal Santander decidió imputar a los presuntos responsables por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.
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