El juez Osmar Legal decretó la inhibición general de enajenar bienes, así como también dispuso el bloqueo de cuentas bancarias que están a nombre del fallecido diputado Eulalio Gomes, las de su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y Oscar Cabreira Pinazo, quienes fueron imputados por lavado de dinero y asociación criminal.
Con la resolución, los detenidos no podrán sacar un solo guaraní o dólar de las cuentas bancarias que fueron bloqueadas por resolución de la justicia. Igualmente, se libró oficio al Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. También ya se dio intervención a la Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados de conformidad a lo previsto en el art. 2 de la ley N° 5876.
El juez Osmar Legal admitió la imputación por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal contra Alexandre Rodrigues Gomes, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich, y Jhon Gerald Marhias Gaona.
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Asimismo se fijó para este martes 20 de agosto la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares para Rodrigues Gomes y Cabreira Pinazo. Mientras que para Zubizarreta Zaputovich se fijó para el 26 de agosto.
La audiencia de imposición de medidas para los imputados Rodrigues Gomes y Cabreira Pinazo se realizará de forma telemática, es decir desde el lugar de reclusión de ambos imputados.
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Ejecutivo oficializa la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028
El Poder Ejecutivo, mediante el decreto N° 3900, oficializó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad para el periodo 2025-2028, que será implementada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en fortalecimiento de la seguridad digital del país.
La aprobación de esta iniciativa es el resultado de un proceso de trabajo extenso y colaborativo, que se intensificó en los últimos meses e involucró a diversos actores. El decreto fue firmado por el presidente en ejercicio y vicepresidente, Pedro Alliana, tras la reunión con el ministro Gustavo Villate.
De acuerdo al informe oficial del Mitic, el visto bueno para la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2025-2028 marca un paso trascendental en el camino que sigue Paraguay hacia un ecosistema digital más seguro e inclusivo.
Destacan que este logro consolida el proceso de actualización iniciado en marzo de 2024 y considera los avances del Plan Nacional de Ciberseguridad 2017, en respuesta a la necesidad de adaptarse a un entorno digital en constante transformación.
“Con una visión renovada, la nueva estrategia despliega un marco integral que actualiza y moderniza las líneas de acción. Asimismo, fortalece la gobernanza, promueve la cooperación nacional e internacional, y prioriza un enfoque centrado en las personas, con especial atención a los grupos más vulnerables", expresa el comunicado.
Asimismo, señala la participación activa de múltiples actores, que involucraron al gobierno, sector privado, academia y sociedad civil organizada, fue fundamental para la construcción de una hoja de ruta que refleje las verdaderas necesidades y aspiraciones del país en materia de ciberseguridad.
Mencionan que, durante los últimos meses se intensificaron los esfuerzos para la consolidación de esta estrategia, asegurando su pertinencia y viabilidad para el contexto de la realidad nacional.
“El Mitic, en su calidad de autoridad nacional en materia de ciberseguridad, asumirá la responsabilidad en la implementación, el seguimiento y la evaluación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esta función incluye la aprobación de revisiones o actualizaciones que se consideren necesarias", precisa el comunicado.
Igualmente, señala que será la entidad encargada de definir la estructura, competencias y funciones de los mecanismos de coordinación interinstitucional que se implementen en el marco de esta estrategia.
Finalmente, resaltan que este documento, está respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA/CICTE), posiciona a Paraguay como referente en la región al incorporar estándares internacionales, buenas prácticas y mecanismos sostenibles para la protección de infraestructuras críticas, el desarrollo de capacidades técnicas y humanas, y la promoción de una cultura de seguridad digital.
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Por décima vez se suspendió audiencia preliminar de Cucho Cabaña
Una vez más se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, acusado con 26 personas más por delitos relacionados al narcotráfico. Esta vez, la diligencia judicial se pospuso porque el procesado Marcelo Cabaña, hermano de Cucho, recusó al juez penal de Garantía Miguel Palacios.
El hermano del principal acusado alegó imparcialidad del magistrado Palacios, por confirmarle la prisión preventiva y no ordenar su tratamiento médico. Ahora el expediente tendrá que ser remitido al tribunal de apelación para que estudie la nueva recusación contra el magistrado y una vez que se defina su competencia y en caso de ser confirmada, se deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, donde se tiene que definir si los 27 acusados van a un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público.
El juez Miguel Palacios ya elevó su informe al tribunal de apelación pidiendo que se rechace la nueva recusación que se presentó contra el magistrado.
Acusación
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Ejecutivo asegura por decreto cupo para agricultores en Hambre Cero
El Poder Ejecutivo firmó este jueves un decreto que establece la adquisición obligatoria de los productos de la agricultura familiar y de las mipymes en los porcentajes establecidos para el programa Hambre Cero. Este documento brindará mayor seguridad en los negocios, exigiendo la presentación de facturas de manera mensual.
El anuncio fue brindado por el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, junto con la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, tras la reunión que mantuvieron con el vicepresidente de la República y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, quien rubricó el decreto n.° 3.899, a partir de una evaluación que se realizó con el presidente Santiago Peña, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
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El ministro Rojas explicó que, mediante el decreto presidencial, se establece que las empresas contratadas para proveer alimentos a las escuelas, en el marco del programa Hambre Cero, deberán comprar de la agricultura familiar un 10 % de sus productos. Igualmente, señaló que la normativa establece que se deberá comprar un 5 % de las mipymes sobre el monto total, pero facturando de manera mensual.
“Esto estaba contemplado en los lineamientos del contrato, pero no así dentro de la Ley de Alimentación Escolar Hambre Cero, ni tampoco en el decreto reglamentario. Por eso, se vio necesario oficializar por decreto. Hoy se establece con este decreto la adquisición obligatoria dentro de los porcentajes establecidos", explicó Rojas.
No obstante, el secretario de Estado resaltó que lo principal de este decreto es que se determina que, para el pago por el servicio hecho por las empresas, se debe exigir en el proceso la presentación de las facturas de compras directas de la agricultura familiar campesina y de las mipymes en forma mensual.
“Esto generaba algunas dudas y, en algunos casos, se ha encontrado que no se estaba exigiendo la presentación de las facturas en forma mensual de las compras directas de la agricultura familiar campesina y mipymes. Ahora con este decreto se establece la obligatoriedad de la presentación, para iniciar el proceso de pagos”, acotó.
Asimismo, informó que con el presente decreto se establece igualmente sanciones en caso de incumplimiento de este trámite. Además, se le obliga a las empresas proveedoras a la carga de las facturas de forma mensual al Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), a través de sus respectivos usuarios otorgados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
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Juez ordenó la expulsión de dos chinos que ingresaron de forma irregular al país
El juez de Mariscal Estigarribia, Chaco, Ricardo Gosling ordenó la expulsión de dos ciudadanos chinos que fueron detenidos en la zona de La Patria, departamento de Boquerón, tras ingresar al país de forma irregular. El magistrado hizo lugar al criterio de oportunidad solicitado por el fiscal Diego Campuzano, quien había ordenado la detención de los extranjeros.
La expulsión de los ciudadanos chinos Jinxing Zhuang y XiwuYan se realizará en la zona de Infante Rivarola frontera con Bolivia y estará a cargo de la Dirección General de Migraciones.
El Ministerio Público había ordenado la detención de los dos ciudadanos chinos ante la sospecha de que los mismos puedan tener documentos de dudosa legalidad, pero de acuerdo a los informes recabados por la Fiscalía los mismos contaban con pasaporte legal, pero no tenían la visa correspondiente para ingresar al país por lo que se pidió criterio de oportunidad y la expulsión de suelo paraguayo.
Inicialmente, estas dos personas extranjeras habían sido aprehendidas por la Policía Nacional, pero fueron liberadas por el fiscal Lucrecio Cabrera. Este hecho generó la crítica del propio director de Migraciones, Jorge Kronwetter, y fue a raíz de ello que se inició una investigación penal donde se pudo corroborar que los chinos tenían documentos, pero no contaban con la visa de entrada al país, por lo que se volvió a reiterar su detención.
Ya en sede del Ministerio Público se realizaron todas las diligencias y se comprobó que ingresaron al país de forma clandestina, por lo que se ordenó la expulsión.
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