El juez penal de Garantías, Vicente Coronel, admitió la ampliación de la imputación por asociación criminal contra Wiliam Roberto Bogarín, exfuncionario de la Cámara de Diputados investigado por integrar una red de estafa a colonos menonitas para la venta de propiedades en el Chaco. Se estima que las víctimas del hecho sufrieron un perjuicio patrimonial de US$ 2 millones.

Igualmente, el citado magistrado admitió la ampliación de la imputación contra José Francisco Ljubetic e Ilsa Marisela Paredes, quienes serían cómplices en esta causa. Los citados fueron convocados para el 8 de abril para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá cuáles son las medidas que se les impondrá a cada imputado.

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Bogarín Campuzano está inicialmente procesado por estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. Cabe recordar que Bogarín (ya desvinculado de la Cámara de Diputados) fue vinculado a un esquema de estafas a colonos menonitas ubicado en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

Según los antecedentes, Bogarín y los demás implicados habrían ofrecido la venta de propiedades en el Chaco a las víctimas, sin embargo, nunca llegaron a concretar su entrega, pese a que el pago ya fue realizado.

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El juez penal de Caacupé, Augusto Acuña, otorgó el arresto domiciliario al empresario Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque-San Bernardino, donde falleció toda una familia, el 10 de noviembre de 2024. La resolución judicial se dio a conocer ayer miércoles, luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares llevada a cabo en la sede judicial de Caacupé.

El referido magistrado sostuvo en su resolución que desapareció el peligro de fuga y obstrucción en la investigación de parte del imputado Sanabria Vierci, por lo que corresponde el arresto domiciliario.

De acuerdo a la determinación del juez Sanabria, el acusado deberá cumplir la prisión domiciliaria en Asunción con control aleatorio, cuya comisaría del distrito deberá informar inmediatamente a esta magistratura en caso de incumplimiento de la misma. También tiene la prohibición de salir del país y cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y de cualquier tipo de sustancias prohibidas.

Igualmente, tiene prohibido portar cualquier tipo de arma; tiene la obligación de comparecer a la audiencia preliminar que le será notificada; cuando el juzgado y el Ministerio público así lo requiera, bajo apercibimiento de que será declarado su rebeldía sin más trámites; así como una fianza multimillonaria que asumen sus familiares y ellos son María Lucila Rivarola de Sanabria, María Lucila de Fátima Sanabria Rivarola, María Verónica Sanabria Rivarola hasta cubrir la suma de G. 7.550.783.952.

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La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 miligramos por litro de alcohol en sangre.

En un automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y su hijo de tan solo cuatro años.

La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), en San Lorenzo.

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El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú admitió la imputación por prevaricato contra la jueza de Paz Nathalia Garcete y convocó para el martes 29 de abril, para su audiencia de imposición de medidas. La magistrada fue procesad en el marco de la investigación del caso conocido como la mafia de los pagarés.

En el presente caso se tiene 61 personas imputadas entre jueces, actuarios judiciales, ujieres, oficial de justicia y abogados de firmas de cobranzas quienes deberán comparecer para las audiencias de imposiciones de medidas cautelares.

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Los imputados son los actuarios judiciales del juzgado de Paz de la Encarnación, Martina Elsa Rivela Santacruz, y Ricardo Ramón Cuevas. También están imputados los ujieres Audrey Jazmín Galeano Mora cuyo padre es el abogado Rubén Galeano, extitular del Colegio de Abogados, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, y Arturo Javier Ayala Franco.

Así también enfrentan proceso penal las juezas suspendidas en sus funciones Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez y otros.

Asimismo, la nómina de los imputados son: Alfredo René Benítez Cabrera, Jorge René Montiel, Ángel Aníbal Cino Isnardi, José Manuel Fuster Castellano, Lourdes Roció Aranda Benítez, Gabriel Darío Ojeda González, Leticia Soledad Núñez Cáceres, Gabriela María Vespa Centurión, Roger Alejandro Medina Quintana y Melissa Analía Talavera Bogado y otros.

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• Por Juan Marcelo Pereira, juan.pereira@nacionmedia.com.

“Marzo de 1999 constituye un capítulo del pasado que, sin dudas, seguirá en nuestra memoria histórica por muchas generaciones”, manifestó el historiador José Federico Samudio Falcón, al conmemorarse en estos días los 26 años de la crisis política y social marcada por el luto y el despertar del clamor popular en defensa de la democracia paraguaya, que se conoce como el Marzo Paraguayo.

“Por vez primera ocurrieron cosas en distintos ámbitos, que no habían ocurrido hasta entonces. Fue la primera vez que un vicepresidente de la República paraguayo fue asesinado. También, la primera vez que colapsó un gobierno en democracia”, sostuvo al diario La Nación/Nación, haciendo referencia al magnicidio del último caudillo colorado, Luis María Argaña, registrado en la mañana del 23 de marzo, cuando transitaba en la entonces calle Diagonal Molas, de Asunción, en compañía de su chofer y guardia.

Su camioneta Nissan Patrol, de color rojo, que debía transportarlo desde su vivienda en el barrio de Las Carmelitas hasta la sede de la Vicepresidencia, fue acribillado a balazos y se arrojó una granada debajo, que no se detonó; su muerte fue confirmada poco después en el sanatorio Americano.

El ataque contra Argaña dio inicio al evento histórico denominado Marzo Paraguayo, en que se registró una serie de manifestaciones en las plazas y calles aledañas al Congreso Nacional para reclamar la renuncia del mandatario Raúl Cubas Grau, sindicado junto con el general retirado Lino César Oviedo de ser los responsables del magnicidio.

“Fue, además, la primera vez que el pueblo paraguayo pudo comprobar empíricamente, que la supervivencia o el fin de un gobierno podía definirse no solamente mediante golpes militares, como tantas veces ocurrió en nuestra historia, o a través de elecciones. El vigor del clamor popular en las calles, que se descubriría en esos álgidos días entre el 23 y 28 de marzo, también podía jugar un rol definitorio”, indicó Samudio Falcón a La Nación.

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Los lugares en donde se desarrollaron las protestas ciudadanas pasaron a convertirse en territorio de batallas campales, que alcanzaron su máxima tensión el viernes 26 de marzo, con una intensa represión policial, y tiroteos que dejaron como saldo 8 muertos y 769 heridos entre los manifestantes.

La nomina de los fallecidos estuvo conformada por Cristóbal Espínola, Manfred Stark González, Henry Díaz Bernal, Armando Espínola, Víctor Hugo Molas, José Miguel Zarza, Tomás Rojas y Arnaldo Paredes (quien murió un año después como consecuencia de las heridas recibidas durante las manifestaciones).

“Ese marzo con apodo, vive y vivirá en la mente de los paraguayos, como lección de que el sentir de la sociedad paraguaya debe ser tenido en cuenta. No puede ser descartado mediante meros actos de fuerza, trátese de un magnicidio o la salida de tanquetas a la vía pública. Pues, para bien o para mal, cuando la indignación colectiva se siente provocada, sin respuesta a los agravios recibidos y arrastrada a disputas por fuera de la institucionalidad, puede sorprender a propios y extraños con un rugido capaz de hacer temblar las plazas y calles, y con ellas, los cimientos del status quo”, dijo el historiador.

El conflicto cerró por la noche del 28 de marzo, con la renuncia de Cubas, quien permaneció en el poder solo 8 meses para posteriormente partir al exilio en Brasil; y el juramento del senador Luis González Macchi como jefe de Estado. Mientas que Oviedo escapó a Argentina, donde obtuvo asilo político.

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“Estos hechos dejaron bien claro que Oviedo no era tan valiente como presumía, ni tenía el gran respaldo popular del que presumía, sino sólo el de los nostálgicos de la dictadura stronista y los oportunistas de siempre. El marzo paraguayo fue una gesta patriótica de la ciudadanía, cansada de la injerencia de Lino Oviedo en las decisiones del gobierno de Cubas Grau, quien se encontraba constreñido en sus funciones por la fuerte influencia de Oviedo en el Partido Colorado y las FF.AA.”, mencionó el analista político Marcelo Duarte.

“Los gobiernos que se someten a la presión de factores externos opuestos a lo decidido democráticamente por la voluntad popular causan una reacción inversa y directamente proporcional de la ciudadanía contra quienes la provocaron y quienes ceden ante ellas de ahí que Oviedo tuvo que huir del país y refugiarse en el extranjero y el presidente Cubas Grau renunciar”.

Posteriormente, Oviedo retornó al Paraguay, y a prisión, en junio del 2004. En octubre del 2007 fue absuelto de la condena de 10 años fijada en 1997, tras un intento golpista contra el expresidente de la República, Juan Carlos Wasmosy, y en el 2008 en la causa judicial conocida como la Masacre del Marzo Paraguayo. Se postuló, sin éxito, a la presidencia en el 2008 y el 2013. Falleció el 2 de febrero de 2013, en un accidente aéreo.

“El pueblo paraguayo se demora en reaccionar, pero cuando lo hace su fuerza es incontenible, esa es la lección que nos dejó el marzo paraguayo y debe servir de ejemplo a los aprendices de dictadores, sus títeres y a las nuevas generaciones de paraguayos”, sentenció Duarte.