En el transcurso de la madrugada de este lunes, agentes de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU), de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope), además del Ministerio Público, allanaron la vivienda del diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista.
De acuerdo a las informaciones recientes, durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, resultando víctima fatal el parlamentario del departamento de Amambay. Mientras que su hijo Alexandre Rodrigues Gomes resultó detenido.
Gomes Batista, de 67 años de edad, habría recibido un total de dos impactos de bala, uno en su rostro. El cuerpo del congresista fue trasladado hasta la morgue del Hospital Regional. Durante la balacera, su hijo de 32 años de edad se refugió en una camioneta blindada.
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El legislador, quien fue electo en los pasados comicios generales para el periodo 2023-2028, será reemplazado en su banca por el profesor, abogado y comunicador social, Santiago Alfredo Ramírez, de la Asociación Nacional Republicana (ANR). El allanamiento fue concretado dando curso a una orden del juez Osmar Legal en el marco del operativo “Pavo Real II”.
Gomes Batista, por elección propia, no contaba con custodia de la Policía Nacional, sino que empleaba los servicios de una firma de seguridad privada. Tanto el diputado como su hijo, junto con Oscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona, fueron imputados este lunes por supuestos vínculos a un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. Los agentes fiscales a cargo de la causa son Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres.
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Eduardo Bolsonaro rechaza renunciar a su escaño de diputado en Brasil
El hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y diputado federal por Sao Paulo, Eduardo Bolsonaro, ha afirmado ayer domingo que no va a renunciar a su escaño y que planea “cumplir su mandato” durante tres meses más, pese a estar en el último día de su excedencia, que pidió para marcharse a Estados Unidos alegando persecución política.
"No voy a renunciar de ninguna manera. Si quiero, puedo cumplir mi mandato, al menos, hasta los próximos tres meses", ha declarado durante una retransmisión en YouTube a la que ha tenido acceso el diario brasileño ‘Folha’, al que el pasado jueves concedió una entrevista considerando la posibilidad de dejar su cargo.
La excedencia solicitada por el ultraderechista termina este domingo, aunque el receso del Congreso entre los días 18 y 31 de julio, sumado al límite de ausencias permitidas, debería posponer la decisión sobre la posible pérdida de su escaño. En este sentido, podría faltar a 44 plenos más, ya que sólo entonces acumularía más de un tercio de sesiones ausente del total celebrado, condición bajo la cual entraría en escena la retirada del acta.
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Amenaza a de Moraes
En otro fragmento cotejado por Europa Press de la retransmisión del diputado brasileño, éste ha advertido al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes de que la sanción por la que Estados Unidos ha revocado su visado “es sólo el principio”.
“Lo ideal sería que estuviera fuera del Supremo. Trabajaré para ello también, ¿vale, (De) Moraes? Entonces, cuando decimos que el visado fue solo el comienzo, es porque nuestro objetivo será sacarte de la corte. No eres digno de estar en la cima del poder judicial”, ha afirmado, antes de asegurar estar “dispuesto a sacrificarme” para ello.
“¿No te gusta? Incluye a (el presidente estadounidense, Donald) Trump en la investigación, incluye a toda nuestra pandilla aquí de Marco Rubio, etc., y envía a la Interpol a buscarnos”, ha declarado el hijo del exdirigente ultraderechista retando al magistrado, al que ha calificado como “mediocre” en sus escritos.
El congresista ha llegado también a amenazar a quien de la Policía Federal pudiese estar viendo y registrando su retransmisión como parte de la investigación en su contra: “Vamos, colega de la Policía Federal, perrito de la Policía Federal que me está viendo. No me lo digas, hermano. Si me entero de quién eres, voy a hacer algo al respecto”.
El director general del cuerpo de Policía, Andrei Rodrigues, ha calificado la intervención de Eduardo Bolsonaro como un “cobarde intento de intimidación” y ha pedido que sus declaraciones sean incluidas en el proceso indagatorio abierto en su contra en el Tribunal Supremo. “Ningún investigado intimidará a la Policía Federal. Vamos a instruir la investigación en curso con este nuevo ataque a las instituciones, ahora directamente a la Policía Federal, hecho que se suma a los demás que están siendo investigados”, ha afirmado para el diario ‘Folha’.
Las palabras del diputado residente en Estados Unidos se producen en el marco de las medidas cautelares impuestas contra su padre, Jair Bolsonaro. A raíz de ello, su hijo, ha afirmado De Moraes, “intensificó las conductas ilícitas objeto de esta investigación, mediante diversas publicaciones y ataques al Tribunal Supremo en redes sociales”, según ha recogido la agencia brasil.
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Las acciones de Eduardo Bolsonaro desde Estados Unidos llevaron en mayo a que el Tribunal Supremo brasileño abriese una investigación en su contra por posibles delitos de coacción y obstrucción en el proceso judicial sobre el intento de golpe de Estado en 2023 contra el presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que está involucrado su padre, Jair Bolsonaro.
Por su parte, el exmandatario está sujeto a medidas cautelares, impuestas por orden del Tribunal Supremo, que incluyen una tobillera localizadora y la prohibición de salir de casa por la noche, entre las 19.00 y las 6.00, y los fines de semana. Además, tampoco puede hablar con su hijo Eduardo ni con embajadores de otros países, ni acercarse a embajadas o consulados. Asimismo, su oficina en la sede del Partido Liberal y su casa han sido registradas por las autoridades, que han confiscado en esta última una memoria USB escondida en un baño, así como 14.000 dólares (12.000 euros) y 8.000 reales brasileños (1.230 euros) en efectivo.
El expresidente fue acusado de liderar la organización golpista en el alegato final de la Fiscalía el pasado lunes, y se encuentra investigado también por, presuntamente, financiar en Estados Unidos --con la participación de su hijo Eduardo-- una trama para la aplicación de sanciones contra Brasil como el aumento de los aranceles ordenado por Trump.
Fuente: Europa Press.
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Allanan vivienda e incautan 26 animales vacunos de dudosa procedencia
En prosecución a un supuesto hecho punible de abigeato, la Policía Nacional realizó varios allanamientos simultáneos en seis viviendas ubicadas en el barrio Centro y la Compañía Mandijo de la ciudad de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú.
Como resultado de los diferentes procedimientos, se logró la incautación de 26 animales vacunos sin marcas ni señales visibles, presumiblemente relacionados con el hecho investigado.
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El procedimiento fue realizado por personal del Departamento de Lucha contra el Abigeato de Caaguazú, Dirección de Policía del Departamento y efectivos del Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.).
Todo lo actuado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que tendrá que convocar a una audiencia indagatoria al propietario del inmueble donde se encontraban los animales. En dicha diligencia el dueño de la propiedad deberá arrimar todos los documentos de los animales para no ser imputado.
En caso de que sea imputado el dueño de la propiedad deberá comparecer ante un juez penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si el imputado estará libre o será remitido a una penitenciaria de nuestro país.
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Imputan a tres personas por cohecho pasivo y otros, tras allanamiento en oficinas de la DNIT
La agente fiscal Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra Francisco Javier Acosta Rolón (jefe de Resguardo), Juan Andrés Arroyo Báquez (jefe de Administración) y Christian Luis Palacios Gómez (auxiliar despachante particular), en el marco de una investigación por presuntos hechos punibles cometidos en el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sede de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Los ciudadanos Acosta y Arroyo fueron imputados por la supuesta comisión de cohecho pasivo y extorsión, en calidad de coautores, mientras que Palacios fue imputado por el supuesto hecho de frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de autor. La imputación fue presentada tras un allanamiento realizado el pasado 10 de julio, en el marco de una denuncia por presunto pedido irregular de dinero.
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Durante el procedimiento, autorizado judicialmente, el Ministerio Público incautó documentos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, además de requerir el respaldo del circuito cerrado del lugar. En poder de uno de los implicados se encontró una mochila con USD 50.395 y G. 22.800 millones, así como una cartuchera con otros USD 12.046 y G. 1.372.000. Adicionalmente, fueron hallados G. 3.500.000 en tres sobres ubicados en un cajón asignado a un funcionario.
La investigación sigue en etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
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“El transporte público no puede ser rehén de quienes lucran con el caos”, cuestiona diputado
El diputado Rodrigo Gamarra cuestionó al sector empresarial del transporte público y afirmó que urge el cambio del sistema del transporte público en el país. Argumentó que el Estado destina un millonario monto a este sector, sin embargo, solo se recibe a cambio un pésimo servicio que termina afectando a toda la ciudadanía.
“Cada mes, el Estado paraguayo destina entre 3,3 y 3,9 millones de dólares en subsidios al transporte público del área metropolitana. A lo largo de una década, esto representa más de 432 millones de dólares pagados a empresas que en muchos casos ofrecen un servicio deficiente y, peor aún, amenazan con paralizar el país cada vez que el pago se retrasa”, criticó en conversación para La Nación/Nación Media.
En este sentido, expresó que, con el monto destinado a los transportistas, el Estado podría invertir en reemplazar la flota con mayor operatividad. “Hoy, Paraguay podría utilizar ese mismo dinero para comprar más de 1.700 buses nuevos, preferentemente eléctricos, y reemplazar el 100 % de la flota actual, estimada en unas 1.500 unidades. Hablamos de vehículos sin humo, silenciosos, con menor costo operativo, mejor confort y sostenibilidad ambiental”, apuntó.
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Para el diputado, no se trata solo de cambiar la flota de buses, sino también de cambiar el modelo de transporte público. “Los ómnibus adquiridos con recursos públicos podrían ser concesionados a empresas serias, transparentes y competitivas, que operen bajo reglas claras y estándares de calidad exigentes. Con una inversión ya cubierta por el Estado y un costo operativo mucho más bajo gracias a la tecnología eléctrica, el precio del pasaje al usuario podría incluso reducirse”, refirió.
Este nuevo esquema permitiría “cortar de raíz el chantaje de quienes lucran con el subsidio, establecer contratos con cláusulas de rendimiento y penalidades, garantizar a los ciudadanos un transporte público digno, limpio y confiable, y fortalecer la trazabilidad y el control digital del sistema”, de acuerdo a su sugerencia.
El parlamentario propone que sea el Estado paraguayo el que lidere este proceso de modernización del sistema de transporte. “En ningún momento proponemos abandonar el rol del Estado, por el contrario, proponemos que el Estado lidere el proceso de modernización, posea los activos, y ponga las reglas de juego claras para concesionar su uso a operadores responsables”, sentenció.