El juez del Crimen Organizado, Osmar Legal, brindó detalles sobre el proceso que está librando su juzgado para proceder a la extradición del exdirigente deportivo Diego Benítez. El magistrado adelantó que el procedimiento podría concretarse entre 15 días a un mes.
“Se ha recibido la contestación de que Diego Benítez ya está listo para ser extraditado a nuestro país. En consecuencia, este juzgado ha oficiado a la Interpol y se encuentra en el estadio en el cual van a coordinar los agentes que irán a buscar a Benítez”, detalló para GEN/Nación Media.
Aparte del mencionado juzgado, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Interpol están acompañando los procesos requeridos. El imputado soporta en nuestro país una causa por hecho punible de narcotráfico.
Benítez se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde había sido detenido en noviembre de 2023. El trámite de su extradición se había retrasado al tener en cuenta que también se inició un proceso en su contra en el país del Medio Oriente.
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El proceso a llevarse a cabo
“Benítez está privado de su libertad a la espera de la extradición. El Poder Judicial solo aguardará la llegada del imputado, quien una vez aquí será llamado a una audiencia para la imposición de medidas y así proseguir con la causa”, explicó el juez del Crimen Organizado.
Se aguarda que el proceso de Benítez ya pueda resolverse antes de un mes, para avanzar con la causa en Paraguay. El imputado es señalado como responsable del envío de 16.174 kilogramos de cocaína ocultos en latas de pintura, incautados el 12 de febrero de 2021 en el puerto de Hamburgo, Alemania.
Las autoridades judiciales de EAU habían comunicado a sus homólogos de Paraguay que el exdirigente deportivo requerido por la justicia nacional ya podría ser extraditado. Desde el país del Medio Oriente solo se aguarda la conformación del equipo a cargo de proceder con el traslado del imputado.
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Terrorismo y el crimen organizado, las nuevas amenazas que enfrenta el Codi
Por Lourdes Torres (lourdes.torres@nacionmedia.com)
El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, resaltó que en la actualidad el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) continúa enfrentando lo que por ahora se denominan “las nuevas amenazas”, que son el terrorismo y el crimen organizado; los cuales van de la mano y constituyen un peligro muy grande para la sociedad.
“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar la ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamentos de guerra o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y sobre todo tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado, en algunos puntos del país, ahí van a estar presentes las Fuerzas Armadas de la Nación”, destacó en entrevista con La Nación/Nación Media.
Remarcó que las acciones de las fuerzas militares siempre estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, la Constitución, los procedimientos penales. Señalando que ninguna operación que se lleve a cabo se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la justicia, el Ministerio Público.
Expansión
En vista a las nuevas amenazas, el ministro de Defensa destacó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, instruyó llevar un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, y de hecho, para ese fin, se había creado la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), instalada en el norte del país, como parte del Comando de Operaciones de Defensa Interna.
“Hace ya varios meses, el presidente de la República firmó un decreto por el cual se extiende la jurisdicción del Codi - FTC a los tres departamentos del Sur que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas de las Fuerzas Armadas”, acotó.
González resaltó como uno de los principales logros del trabajo conjunto de las fuerzas militares y policiales, que, de un tiempo a esta parte, el crimen organizado se estaba enseñoreando en la zona del departamento de Canindeyú, pero la presencia del Codi ha permitido dar varios e importantes golpes al crimen organizado.
Principales logros
Entre esos logros, el titular del Ministerio de Defensa destacó el operativo Ignis, que derivó en 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.
Igualmente, resaltó la operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos aproximadamente de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, cargamento que estaba a punto de ser enviado al vecino país. Remarcó que este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.
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“En general, el resultado del Comando de Operaciones de Defensa Interna fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, no hayan cumplido los objetivos estratégicos que ellos habían marcado. Estos tres objetivos estratégicos fueron: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país”, resaltó.
González remarcó que ni uno de estos tres objetivos han logrado los grupos terroristas gracias a la decidida acción del Codi, pese a que costó la vida de varios policías y militares a lo largo de estos años. “Tuvo un alto costo, pero el Codi impidió que estos objetivos estratégicos fueran cumplidos. Si esto llegaban a sus objetivos otra hubiera sido la situación en el Paraguay”, precisó.
Trabajo conjunto
El ministro de Defensa destacó la estrecha colaboración que ha llevado el Codi - FTC en alianza interinstitucional con otros estamentos del Estado como la Senad en la lucha contra el crimen organizado. Incluso en operaciones con la Policía Federal del Brasil, en varios operativos que ya se han llevado a cabo en la zona del Amambay, Canindeyú.
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Operativo Turf: juez autorizó extracción de datos de teléfono celular de Lindomar Reges Furtado
El juez del crimen organizado, Osmar Legal, autorizó al Ministerio Público extraer datos del teléfono celular del presunto narcotraficante brasileño Lindomar Reges Furtado y Karla Guimaraes, quien habría colaborado para la fuga de Reges Furtado en el operativo Turf realizado en febrero del 2022 en un barrio cerrado de Alto Paraná.
La diligencia se realizará en el Laboratorio Forense de la Fiscalía debido a que ya se tiene la tecnología avanzada, así como una nueva actualización del equipo forense UFED, para la extracción de los datos.
El pedido fue presentado por el agente fiscal, José Martín Morínigo, quien solicitó la extracción y análisis forense de los datos almacenados en los teléfonos. Ambos aparatos, modelos iPhone, habían sido incautados en febrero del 2022 durante un allanamiento en el Paraná Country Club, pero hasta la fecha no había sido posible acceder a su contenido debido a sistemas de seguridad avanzados.
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Los datos que se pretende recuperar son mensajes de texto, registros de llamadas, contactos, imágenes, videos y otros archivos que puedan ser relevantes para la investigación. El perito designado es el ingeniero Jorge Sebastián Riquelme Salinas, de la Sección de Informática Forense del Ministerio Público.
El magistrado recordó la necesidad de garantizar los derechos constitucionales de las personas involucradas, por lo que dispuso que la diligencia sea acompañada por un defensor público. La audiencia para el juramento del perito fue fijada para el próximo 5 de mayo a las 9:00.
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Freddy Krueger, Peaky Blinders, El Cuartel de la Feas: las mafias narco en Ecuador
- Guayaquil, Ecuador. AFP.
Disputas a muerte y frágiles alianzas. Una explosión de bandas de curiosos nombres componen el nuevo mapa del crimen en Ecuador, un país acorralado por las mafias y ante el desafío de elegir a un presidente capaz de doblegarlas. Los Freddy Krueger provocan pesadillas en las calles, los sofisticados Peaky Blinders se disputan el dominio del golfo de Guayaquil y El Cuartel de la Feas controla las prisiones. Estos se suman a los ya famosos Choneros, Lobos y Tiguerones.
La misma violencia cambia de nombre cada tanto debido a una atomización de los grupos armados y a un cóctel perfecto que allanó el terreno de la guerra: puertos estratégicos para la salida de droga, vecindad con Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína-, una economía dolarizada y entidades corruptas.
Y en el medio, la gente. Una comerciante extorsionada recuerda el día en que explotó una bomba en su restaurante en Guayaquil, capital económica y del crimen del país. “Decían que eran de la mafia, pedían 15.000 dólares para no matarnos”, cuenta a la AFP la mujer que mantiene su identidad bajo reserva.
Los tentáculos de las organizaciones no conocen fronteras. Se engendran en la costa del Pacífico con apoyo de carteles de México y Colombia, así como de la mafia albanesa. Luego cruzan la cordillera andina hasta ciudades como Quito, Ambato o la minera Ponce Enríquez (sur ecuatoriano), según expertos. La seguridad está en el centro de las campañas presidenciales de cara al balotaje del domingo que enfrenta al mandatario Daniel Noboa y la candidata izquierdista Luisa González.
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Sin grandes capos
En enero y febrero Ecuador registró un muerto cada hora, según cifras del ministerio del Interior. Es el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. “La guerra es por territorio. Ya no hay cabezas conocidas como antes, cada quien quiere su independencia”, señala bajo reserva el cabecilla de una agrupación.
Esta fragmentación dificulta el control de las bandas por parte de las autoridades. “Vemos una asociación de pequeños grupos y menos rígidos. Esto ya pasó en la Colombia de los 1990 tras la muerte de Pablo Escobar”, sostiene la experta en seguridad Carla Álvarez.
Las jerarquías empezaron a romperse en 2018, cuando se dividió una de las mayores organizaciones. La muerte en 2020 del líder de los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ahondó las pugnas. En Quito, Marianela recibe amenazas e intentos de extorsión por WhatsApp. “Los bloqueo”, dice bajo reserva esta empleada de un restaurante.
La angustia se instaló en el convulso barrio Martha Bucaram de la capital, donde policías y militares suelen realizar operativos en busca de armas y droga. “Acá a la vuelta hubo como dos muertos” durante una balacera, recuerda. Apenas suenan los disparos, los negocios cierran.
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Bandas especializadas
De los 1.300 barrios de Quito, unos 100 son considerados conflictivos. Para las mafias, la ciudad es “un mercado de consumo de drogas, como sucede en diferentes capitales latinoamericanas”, explica Carolina Andrade, secretaria de Seguridad municipal. Quito, enclavada en los Andes, también se percibe “como un espacio seguro para venir a esconderse”, pues no tiene el mismo control policial o militar de la costa.
Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que los grupos tienen ciertas especialidades. El Cuartel de las Feas, por ejemplo, opera en las prisiones con extorsiones y microtráfico. Esta banda desató enfrentamientos entre los reos por la alimentación. El preso que no pagaba la “vacuna” (extorsión), no comía, comenta. Y en el puerto de Guayaquil, los Peaky Blinders, Choneros y Tiguerones chocan por las rutas de la droga, a veces camuflada en contenedores de banano o camarón.
Fusiones
En Quito pequeñas pandillas buscan entrar a “organizaciones más grandes para tener mayor presencia, mayor legitimidad y mayor control” territorial, señala Andrade. En la cima de la pirámide criminal de la capital están los Lobos y Latin Kings. Las mafias “han ido ganando espacio, es complejo combatirlas”, admite el comandante policial de Guayaquil, Pablo Dávila.
“Los ruidos de las balas no nos dejan dormir”, dice una líder de un empobrecido barrio guayaquileño, donde solo en una tarde mataron a 22 personas. El presidente Daniel Noboa aplicó una política de mano dura contra las bandas que logró bajar el índice de homicidios de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 38 en 2024.
Pese a la caída, el centro de estudios Insight Crime sostiene que esta última tasa es la más alta de América Latina y “enmascaró” un año de violencia persistente. “La intervención militar obligó a los grupos criminales a transformarse en lugar de desaparecer”, señaló.
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Operativo Berilo: Corte destraba caso y juez puede fijar audiencia preliminar
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó una vez más la causa contra el presunto líder narco Reinaldo “Cucho” Cabaña y otros acusados por supuesto narcotráfico, tras rechazar el recurso que presentó la acusada Yisela Noemí Ramírez contra la resolución que confirmó la intervención del juez Miguel Palacios en el caso.
Una vez que se fije la audiencia preliminar en la misma se tendrá que analizar si corresponde que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público, así como lo ha solicitado el Ministerio Público en su acusación. Actualmente Cabaña guarda arresto domiciliario en una casa ubicada en la ciudad de Lambaré, a la espera de la realización de la audiencia preliminar.
Cabaña está acusado en el marco del operativo Berilo, realizado en setiembre del 2018 en varios puntos del departamento de Alto Paraná. En esa ocasión, fiscales del Ministerio público junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) llevaron adelante más de 20 allanamientos en los que decomisaron 23 vehículos de alta gama, 21 kilogramos de cocaína y unos USD 800.000.
Cabaña está acusado por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. Hay que señalar que en la causa están investigadas otras 20 personas.