“No es tiempo de renuncias ni de cambios”, sostuvo Lilian Samaniego, líder de la bancada independiente del Partido Colorado en el Senado al referirse a la exigencia realizada desde la Cámara de Diputados al Ejecutivo, consistente en la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, tras la muerte del diputado Eulalio Gomes en un allanamiento en su vivienda.
“Debe quedar claro todo lo que aconteció, eso merece la familia y toda la ciudadanía. Las autoridades respondieron a todas las consultas que se le han hecho. Creo que están dadas las condiciones para el esclarecimiento, es la justicia la que debe determinar y ojalá que lo haga con la celeridad que merece el caso”, sostuvo a la 1020 AM.
Ayer miércoles, Riera, Benítez y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, acudieron a una sesión reservada impulsada por la Cámara Alta con la finalidad de obtener un informe detallado sobre el operativo Pavo Real II en el que resultó víctima fatal el legislador, que fue imputado por supuestos vínculos con el lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
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También están imputados Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del parlamentario, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona. La Fiscalía conformó un equipo de trabajo para intervenir en la causa del fallecido dirigente político de la zona de Amambay.
Los agentes designados en la causa por el titular del Ministerio Público son Celso René Morales, Christian Ortiz y Luis Said, todos de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Los fiscales estarán bajo la coordinación de la fiscal adjunta Matilde Moreno.
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Por un caso de homonimia: tenebrosa maniobra judicial
Un terrible caso de corrupción entre la Justicia de nuestro país. Un error judicial resultó en el despojo de 500 hectáreas de tierra a un ciudadano canadiense en Filadelfia, Chaco, mediante un proceso de homonimia y maniobras judiciales irregulares.
Se trata del caso de Peter Neufeld, un hombre de nacionalidad canadiense, casado con una paraguaya, y con varios hijos, perdió su propiedad valorada en 3 millones de dólares debido a un juicio iniciado por una deuda ajena. La firma Tape Ruvicha, que reclamaba el saldo impago de una camioneta, obtuvo una orden judicial de embargo, pero la Justicia vinculó erróneamente al canadiense con otro individuo de nombre similar, el mexicano Peter Neufeld Peters, quien realmente era el codeudor en el caso.
Durante el proceso, funcionarios del Registro Público emitieron una copia del título de la propiedad de Neufeld, a pesar de las advertencias sobre la equivocación de identidad. A lo largo del juicio, se ignoraron evidencias claras de que la propiedad en cuestión no pertenecía al demandado mexicano. Sin embargo, el tribunal procedió a rematar la estancia del canadiense a un valor irrisorio de 250 millones de guaraníes.
El abogado Robin David Miranda Azuaga, quien representa al afectado, solicitó al ministro de la Corte, Eugenio Giménez, una auditoría de la causa y la apertura de sumarios para la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, el juez Alfredo Barrios, la escribana Lilia Siriaca Sacarello de Carrillo, y otros funcionarios presuntamente implicados en la rosca. Además que se remitan los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Asimismo, presentó una acción autónoma de nulidad en contra de todos los actos judiciales relacionados con el caso.
Según el escrito presentado por el abogado, se pudo constatar una tenebrosa maniobra ilegal y perjudicial, con la transferencia e inscripción de la finca, pero sin que exista constancia de esto.
De acuerdo con el abogado, a través de un oficio la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz pidió informes a Registros Públicos sobre Peter Neufeld, con cédula 2.480.560, y esta instancia comunicó que esta persona no tenía registrado ningún inmueble a su nombre. Además, el propio deudor, con cédula paraguaya, intervino en el juicio, por lo que el sistema judicial estaba en conocimiento de quién era el que estaba en mora con el pago de su deuda. Llamativamente se incluyeron en el expediente las fincas del otro hombre con el mismo nombre, pero sin hacer mención a su número de documento extranjero. Esto se habría realizado, según el denunciante, a pedido de la abogada María Silvia Acha, representante de la firma que reclamaba la deuda.
En su momento, la firma Tape Ruvicha salió a defenderse y culpar a Registros Públicos del error cometido, pese a que, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que el verdadero deudor no registraba absolutamente nada a su nombre. Hasta ahora, ninguno de los administradores de Justicia explican esta situación. Un alevoso caso de despojo que atenta contra la seguridad jurídica. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir y ayudar a limpiar la cara de la sucia Justicia paraguaya. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Justicia de EE. UU. aplaza indefinidamente caso de Trump con Stormy Daniels
El juez del caso contra Donald Trump por la compra del silencio de la exactriz porno Stormy Daniels decidió aplazar indefinidamente el anuncio de su sentencia, lo que constituye una victoria legal para el presidente electo que regresará a la Casa Blanca en enero.
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En su decisión, el juez de origen colombiano Juan Merchan aplazó la sentencia, prevista para el 26 de noviembre, mientras sopesa la petición de la defensa del magnate de sobreseer el caso por completo basándose en que ahora es presidente electo.
Trump fue declarado culpable en mayo pasado de 34 cargos por “falsificación contable agravada” en el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial en 2006, que el magnate siempre ha negado.
Los fiscales arguyeron que dicho pago pretendía encubrir un eventual escándalo que empañara su campaña a la presidencia en 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. La defensa de Trump ha tratado por todos los medios de evitar cualquier sentencia contra el magnate republicano antes de retornar a la Casa Blanca el 20 de enero.
Su victoria en las elecciones del 5 de noviembre ha llevado a la justicia a una situación inédita.
“Se ordena estimar la solicitud conjunta de suspensión de la sentencia en la medida en que se aplaza la fecha del 26 de noviembre de 2024″, dictaminó Merchan en un auto.
Antes de las elecciones, los abogados de Trump habían pedido el sobreseimiento del caso a la luz de un fallo del Tribunal Supremo, que dictaminó que los presidentes tienen inmunidad durante el ejercicio de la presidencia en sus actos oficiales.
Pero los fiscales de Manhattan arguyeron que cuando se cometieron los actos del caso Stormy Daniels, Trump no era presidente.
El juez autorizó también a los abogados de Trump a presentar antes del 2 de diciembre un recurso para el sobreseimiento definitivo del caso.
Caso inédito
El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, se manifestó el martes abierto a una “suspensión” de los procedimientos ante las “circunstancias sin precedentes” que ha generado la elección de Trump a la presidencia.
El magnate de 78 años ha reiterado que es víctima de una “caza de brujas” por lo que el caso debería quedar “legítimamente terminado”.
El caso de Nueva York ha sido el único de los cuatro frentes judiciales abiertos que había logrado sentar a Trump en el banquillo y convertirlo en el primer expresidente estadounidense condenado.
Otros frentes judiciales están también en el aire. Jack Smith, el fiscal especial nombrado para investigar y acusar a Trump en dos casos federales, pidió hasta el 2 de diciembre para “determinar los pasos apropiados en línea con la política del Departamento de Justicia”, que durante medio siglo ha adoptado la política de no investigar a un presidente en ejercicio.
Como consecuencia, los casos por el intento de Trump de revertir los resultados de la elección de 2020 el 6 de enero de 2021 y el del manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca están por el momento a la espera de una decisión sobre su abandono definitivo o una suspensión durante los cuatro años que dure la presidencia.
Coincidiendo con los abogados de la defensa, el fiscal Bragg reconoció que debería considerarse la posibilidad de congelar todos los procesos “hasta el fin del mandato” del 47º presidente de Estados Unidos.
Tras la decisión de Merchan, ahora queda pendiente otro caso a nivel estatal en Georgia, también por intentar interferir en el resultado electoral.
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Sin embargo, como presidente, podría intervenir para dar un carpetazo a todos esos casos.
Fuente: AFP
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Muestra regional de APS destacó avances en el impacto de unidades de salud
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Se realizó hoy en Ciudad del Este la IV Muestra Departamental de Atención Primaria a la Salud, donde se destacó el impacto positivo del programa en la comunidad, según las autoridades sanitarias. Además del personal de salud, también participaron profesionales de otras áreas de salud pública y estudiantes universitarios.
Fueron destacados trabajos en investigación, casos clínicos y actividad de prevención en exposición fotográfica. “Atención Primaria de la Salud, transformando vidas, fortaleciendo comunidades”, es el lema que expuso la gestión de las 111 Unidades de Salud Familiar de Alto Paraná.
Las presentaciones reflejaron el compromiso profesional con la prevención de enfermedades y la promoción de una vida más saludable, al estar cerca de cada comunidad, según expusieron el doctor Arturo Ramos, director de APS Alto Paraná y la directora regional de Salud, doctora Noelia Torres.
“Visibilizar el trabajo de la atención primaria en los territorios sociales y hacer conocer las investigaciones y el tipo de atención que brindan los profesionales en cada rama, fue el objetivo de la muestra”, según dijo a La Nación/Nación Media, el doctor Arturo Ramos.
“Como su nombre lo dice, la atención primaria es la primera atención de salud pública a la persona y, es importante hacer conocer los avances, que es lo que se compartió hoy, siendo reconocidos los buenos resultados durante la muestra”, agregó el médico.
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Reconocidos
La muestra regional tiene una actividad previa donde las USF ya van presentando los trabajos con los cuales compiten en las categorías citadas. Un jurado analiza y selecciona tres trabajos por cada una de las tres categorías. Los clasificados participaron de la muestra departamental y entre ellos fueron reconocidos los más sobresalientes.
Una de ellas es la USF de Península, Presidente Franco, que fue valorada por la estrategia de trabajo con la comunidad nativa a la que atiende, teniendo en cuenta las dificultades interculturales de abordaje, según el director de la APS.
La USF de Acaraymi quedó en primer lugar en casos clínicos, al exponer sobre el cumplimiento de protocolo, con la atención, tratamiento, derivación al segundo nivel y el seguimiento posterior cuando ya el paciente volvió al territorio de la unidad.
La USF de Santa Fe del Paraná fue destacada por su trabajo de seguimiento, tanto en visita domiciliaria como en consulta a domicilio.
“La visita del promotor de salud para recabar todos los datos, el agendamiento de una consulta médica domiciliaria y la consulta misma en la casa, como algo primordial en la prevención, fue expuesto en fotografías en la muestra”, explicó el doctor Ramos. Remarcó que la prevención es la esencia de la atención primaria.
Los reconocimientos fueron entregados por la directora de la Décima Región Sanitaria, doctora Noelia Torres; el asesor de Responsabilidad Social de la Itaipú, Rogelio Salaberry; el director de APS del Ministerio de Salud, doctor Miqueias Abreu y el doctor Arturo Ramos.
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Plantean redireccionar vehículos de la Senabico a sectores vulnerables
La senadora Lilian Samaniego plantea que los vehículos incautados y que pasaron a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), sean redireccionados a instituciones que realmente necesitan. La propuesta de la legisladora es dejar sin efecto acuerdos y retirar el uso a otras instituciones, como el Senado.
“El proyecto que yo presenté es para que estos vehículos sean utilizados donde realmente se necesita que son, por ejemplo, emergencia, en salud pública, en instituciones que le van a dar el uso requerido a este tipo de vehículos y no en las instituciones donde no necesitan”, expresó en conversación con los medios.
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Indicó que el Senado actualmente cuenta con algunos vehículos, pero que en este caso no se requieren. “El Senado tiene su staff de vehículos que hacen a la utilización de la institución, entonces cada senador tendría que comprar para su vehículo en todo caso, y también hablo de otras instituciones que no sean realmente que se necesite”, apuntó.
Agregó que, existen otras instituciones que realmente requieren de más herramientas para la asistencia a la ciudadanía, en diferentes puntos del país, plantea incluso que los móviles puedan ser utilizados como ambulancias.
“Lo más lógico es que estos vehículos sean utilizados donde hay carencias de las instituciones que hacen a la atención del ciudadano común, acá no se necesita, ni en la Corte, ni en el IPS, ni Petropar, y buscar un poco de objetividad a nuestras gestiones y hacer lo que la gente está esperando de nosotros”, sentenció.