La energía nuclear en Paraguay es una opción que se baraja en el marco de la seguridad energética, que busca garan­tizar la disponibilidad ener­gética a corto, mediano y largo plazo. Según el ministro Jorge Andrés Molinas, titu­lar de la Autoridad Regula­dora Radiológica y Nuclear (ARRN), la iniciativa de incluir un reactor nuclear tiene el respaldo del presi­dente de la República, San­tiago Peña.

Molinas afirmó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal, que en diciem­bre pasado la Presidencia de la República se comprome­tió a realizar un estudio de factibilidad para analizar la introducción de un reactor nuclear en la matriz energé­tica. Dijo que el desafío radica en la infraestructura y la for­mación técnica.

“Tenemos el apoyo del señor presidente y por esto nos estamos moviendo, no es fácil declararse un país nuclear, nos estamos embarcando y hay toda una serie de pasos guías del Organismo Internacional de Energía Atómica”, explicó. Señaló que en la última reu­nión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP28), se declaró a la energía nuclear como energía verde y se instó a los países a triplicar el uso de la energía nuclear para el 2050. “Empresas como Goo­gle ya compraron 5 reactores”, ejemplificó.

Felipe Mitjans, miembro del Directorio de la ARRN, sostuvo que para introducir la energía nuclear se requiere formar a 3.000 personas, de las cuales el 10 % quedaría como opera­rios en planta. “La idea es poner la semilla, es un proyecto a largo plazo, implica una preparación previa de diez años, si arranca­mos ahora podríamos tener un reactor nuclear en 2035″, con­sideró.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

La directora general de DD.HH de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, defendió el trabajo que lleva adelante la Comisión de Cumplimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CICSI), que preside el vicepresidente Pedro Alliana, resaltando que no se trata de asistencialismo a las comunidades indígenas, sino que es el cumplimiento de las sentencias o incluso recomendaciones que brindaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Peralta explicó que el acompañamiento que brinda el Estado paraguayo a través del CICSI no es asistencialismo, ya que en el caso de las comunidades de pueblos originarios son en el cumplimiento de sentencias, cumpliendo estrictamente lo dispuesto por la Corte Interamericana, así como aquellos que están con acuerdos de solución amistosa.

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Mencionó que, además de las comunicades indígenas también están llevando casos que ya se cerraron el año pasado, así como otros procesos que están en vía de ser cerrados, como el caso Alejandro Nissen Pessolani; el caso del ministro Bonifacio Ríos; el de Goiburú que está pendiente de cierre.

Recordó que el año pasado ya se cerraron el caso de niños soldados, por casos de tortura, en este caso se les sigue brindando asistencia a las víctimas; como también siguen trabajando en el caso del Centro de Educación Panchito López; ya que algunos siguen dentro del sistema penitenciario y otros ya fuera a quienes se les está buscando para continuar con la asistencia por parte del Estado, todos fueron reparados económicamente y con asistencia de salud, educación y formación de mando medios.

“El trabajo que estamos llevando en la CICIS es muy sensible, pero, sobre todo hay que destacar el avance que estamos teniendo en el cumplimiento de las sentencias ya cuerdos, sobre todo desde que asumió la presidencia de la comisión el vicepresidente Pedro Alliana. Sobre todo teniendo en cuenta la decisión política que es del presidente de la República Santiago Peña, que ya en su primer informe ante el Congreso destacó el avance de Paraguay en el cumplimiento de temas de Derechos Humanos en demandas internacionales, los cuales no se pueden señalar como asistencialismo por parte del gobierno”, indicó.

Además, Peralta destacó que existe una reglamentación del Ministerio de Economía y Finanzas, que en la última reunión que tuvo en el consejo asesor consultivo, el representante del MEF indicó que, en el Presupuesto General de la Nación, se está dando prioridad para destinar los casos de resarcimiento en tema de DD.HH en los casos que hubiere.

“Nosotros estamos avanzando en las negociaciones para acuerdo de solución amistosa. Pero en los casos que ya tienen sentencia, obviamente van a ser resarcidos. No obstante, existen otros casos en los que se busca una solución amistosa y se están agilizando y negociando para llegar a un acuerdo con las víctimas para no llegar a la Corte IDH, pero que muchas veces azuzados por organizaciones que buscan llegar a las últimas instancias”, precisó.

Resaltó que continúan llevando adelante el trabajo conjunto del Gobierno, para demostrar la diligencia del Estado, con la presencia permanente que no es asistencialismo, ya que permanentemente están presentes con la Secretaría de Emergencia Nacional viendo todas las necesidades que tienen, llevando los kits de alimentos, en algunas comunidades indígenas incluso ya llega el almuerzo escolar.

“Estamos agilizando todo lo que se pueda con la Ande para que les llegue la energía eléctrica, en muchos casos ya nos piden internet, estamos cumpliendo con las viviendas. Es muy complejo todo, pero se está cumpliendo con todos ellos” remarcó.

En cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH, el Gobierno del Paraguay, a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, envió 9.600 metros de caños de PVC a la comunidad indígena Xamok Kasek, en el Chaco Paraguayo. Con la instalación de estas cañerías, unas 125 familias de dicha comunidad tendrán acceso al agua potable.

Este viernes partieron los camiones del Comando de Ejército que transportan las cañerías, desde el Cuartel General del Comando de Ejército, con presencia del Ministerio de Defensa, Oscar González; así como de la directora de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, y el director de Senasa, Fernando García.

Los técnicos de Senasa y el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, Gral. Oscar Ferreira recibieron en la comunidad indígena las cañerías que serán instaladas, a fin de facilitar el acceso al agua a las familias de la comunidad Xamok Kasek.

A su vez, el director de Senasa, Fernando García, explicó que, durante la última visita de los miembros de la Corte Interamericana, los líderes solicitaron los caños, teniendo en cuenta que tienen tajamares también construidos por Senasa, que actualmente están con mucha agua por las lluvias caídas y pidieron estos caños para acercar el agua desde el tajamar hasta sus aldeas. Con esto, evitarán el acarreo manual y contarán con agua en sus domicilios, añadió.

En ese marco, la institución que preside envió 9.600 metros de caños, que serán instalados por técnicos de Senasa, con apoyo de la gobernación y la coordinación interinstitucional como el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.

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Desde el Ministerio Público informaron que la agente fiscal Angelina Arriola Funes, de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales de Itapúa, formuló acusación contra Alfredo Luis Yd Sánchez, en su carácter de intendente municipal de la ciudad de Encarnación, por la supuesta comisión de delitos contra el medio ambiente. La representante de la Fiscalía solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

Conforme a la investigación del hecho, Yd Sánchez, en su carácter de administrador municipal, habría atentado contra el medio ambiente y la calidad de vida humana, al omitir el cumplimiento de las exigencias legales referentes al buen manejo de los residuos sólidos urbanos y de las disposiciones vigentes para la habilitación y el funcionamiento del vertedero municipal, ya que se constató que el mismo funciona sin los criterios ambientales requeridos.

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La unidad fiscal a cargo de Arriola sostiene que, tras las investigaciones realizadas y de los elementos de convicción idóneos que fueron recolectados durante la etapa preparatoria, existe certeza positiva con probabilidad cierta de demostrar en juicio oral y público la participación del acusado en la comisión del hecho punible mencionado, tipificado en el Art. 200 del Código Penal- Procesamiento. Además, el incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, tipificado en el artículo 5 inc. e) de la Ley 716/96, en concordancia con el artículo 16, en calidad de autor.

Durante la investigación preparatoria se recolectaron y se incorporaron de manera legal, suficientes elementos de convicción que permiten sostener razonablemente, la existencia del hecho del modo relatado en la plataforma fáctica y la participación que en el mismo le cupo al hoy acusado.

Dentro de las investigaciones realizadas, se pudo verificar que el predio de aproximadamente 22 hectáreas donde funciona el vertedero o relleno sanitario está compuesto de varias fincas cuya posesión corresponde a la Municipalidad de Encarnación y la propiedad a la Entidad Binacional Yacyretá, conforme se coteja en la nota de fecha 6 de setiembre del 2023, remitida por la Binacional al Ministerio Público.

Entre las diligencias llevadas adelante se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en el barrio San Antonio Ypekuru, del distrito de Encarnación, lugar donde funciona el vertedero municipal o relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio encarnaceno. La comitiva fiscal estuvo encabezada por Arriola, acompañada de técnicos de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público y personal policial de diversas comisarías.

Durante el recorrido por el predio se constató efectivamente la existencia de un vertedero donde se depositan residuos urbanos domiciliarios, mezclados con algunos residuos industriales y residuos hospitalarios, sin criterios ambientales, pues no se observó la compactación del suelo, las cañerías colectoras de líquidos lixiviados, las chimeneas de venteo ni la cobertura con tierra de los residuos depositados en el sitio, además de no contar con copias de los documentos habilitantes expedidos por la autoridad de aplicación (Mades).

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El Gabinete Social del Gobierno, analizó el pasado viernes los resultados de la encuesta de pobreza, la reducción de los índices y la proyección de nuevas metas, como reducirla al máximo y eliminar la extrema pobreza o indigencia.

Entre las estrategias que acordaron para crear condiciones e impulsar a ese sector, se decidió conformar un Gabinete de Microeconomía, con el objetivo de poder revisar los datos de la pobreza y por qué ocurren estas situaciones. Esta reunión que estuvo encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, detectó que a partir de la segmentación de la población se observa un sector que registra menos crecimiento de ingresos.

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Al respecto, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, mencionó que el objetivo es trabajar en políticas para impulsar el crecimiento de la clase media, con diferenciación de la rural y la urbana, que son los sectores en los cuales se observó un menor crecimiento en sus ingresos (3%), según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

“La intención del presidente Peña es reducir aún más los niveles de pobreza y, principalmente, de pobreza extrema o la indigencia, se pretende llegar al 0%. Para el efecto, se creará una instancia de análisis y creación de las políticas, como una suerte de Gabinete de Microeconomía”, explicó Ruíz Díaz.

Asimismo, señaló que, al revisar los datos de pobreza, se encontraron tres elementos muy llamativos de la reducción. En primer lugar, en el grupo de personas más ricas se encontró que los ingresos crecieron 8%. Igualmente, entre las personas más pobres, los ingresos se incrementaron un 13%, y existen factores explicativos como el proyecto “Hambre Cero”, que generó mayores ingresos a los productores frutihortícolas.

“Se pudo comprobar que gracias a la política Hambre Cero, más la lucha contra el contrabando, los hogares tuvieron un incremento en sus ingresos de hasta un 500%, porque de vender tomates a un precio de entre 2.000 y 4.000 guaraníes el kilo, se llegó a vender a 9.000 y 10.000 guaraníes por kilo, y se observó lo mismo en varios otros productos. Esto explica la mejoría en el segmento de los menores ingresos que registraron el crecimiento del 13%”, explicó el titular del Indert.

Igualmente, favoreció a las poblaciones más vulnerables, la titulación masiva de tierras que permite al campesino acceder a créditos, la construcción de viviendas sociales, que está generando muchos empleos en zonas urbanas y rurales, la universalización de la pensión de los adultos mayores, entre otros. No obstante, señaló que llama la atención al grupo de expertos que, en la clase media hubo un crecimiento más lento.

“Esto quiere decir que, aparentemente, la macroeconomía está goteando de manera desigual, porque los de ingresos más elevados mejoraron un 8% y tiene que ver principalmente con los que se benefician de las condiciones macroeconómicas del Paraguay, que es una de las economías que más se destaca a nivel mundial y que más va a crecer. Tenemos el grado de inversión, sigue vigente la regla del triple 10 en los impuestos por 20 años (renta personal, IVA y renta empresarial)”, mencionó.

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