Familiares y toda la comunidad de Arroyito, Concepción, claman por justicia e información sobre el paradero del suboficial de Policía, Edelio Morínigo, secuestrado por el grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) el 5 de julio de 2014. Al cumplirse 11 años de aquel hecho, se convierte en el secuestro más prolongado de la historia del país, y a la fecha se desconoce su paradero.

Su madre, doña Obdulia, y su padre, don Apolonio, han envejecido mucho más por el dolor de no tener noticias de su hijo que por los años de vida que cargan. Desde aquella tarde en que su hijo había salido con un grupo de amigos a cazar en el bosque, imploran a los captores que revelen el paradero de sus restos y exigen al Estado una búsqueda formal y comprometida.

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Desde el 5 de julio de 2014, cuando fue capturado por el Ejército del Pueblo Paraguayo, hasta ahora, la única prueba de vida data de octubre de ese mismo año, en que se divulgó un video donde se lo veía con vida. Posterior a ello, nunca más se tuvo noticia de su paradero. El EPP no exigía dinero por su rescate, sino un canje de prisioneros, una negociación que jamás prosperó.

De acuerdo con medios locales de Concepción, este sábado doña Obdulia Florenciano, como cada año, repite lo que se convirtió en su expresión de lucha: “Mucho ya se jugó con nosotros”.

En este nuevo aniversario, los familiares de Edelio anunciaron que esta tarde se celebrará una misa, en un acto íntimo de memoria y pedido de paz. Señalan que ya no quedan fuerzas para marchas, ni protestas. Solo queda el clamor a los captores.

“Con el pasar del tiempo pienso en cómo la vida se nos está yendo, y no quiero permitir que los restos de mi hijo queden en algún lugar del bosque. Quiero que ustedes, miembros del EPP que están escuchando mi clamor de 11 años de lucha y sacrificio, tengan compasión de mí y nos den información de dónde están los restos de Edelio, eso les pido encarecidamente”, expresó doña Obdulia.

Igualmente, reiteró el pedido especial a las autoridades del Gobierno, que se haga justicia para su hijo, porque no puede quedar en la nada su desaparición. “Hago un pedido a los gobernantes para que haya una búsqueda formal, y tomen como responsabilidad y compromiso con nosotros encontrar a los tres secuestrados”, concluyó.

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El martes 1 de julio será la presentación del informe de gestión del presidente Santiago Peña ante el Congreso. En este contexto, el ministro del Interior, Enrique Riera, dio detalles sobre las acciones de su cartera en pos de mejorar la seguridad, una de las aristas más importantes para este gobierno, según el propio mandatario.

En conversación con La Nación/Nación Media, Riera destacó la implementación del plan estratégico institucional de la cartera, previsto hasta el año 2028. Según explicó, este plan se articula en tres ejes: el fortalecimiento de la Policía, la mejora de la seguridad ciudadana y el afianzamiento de la gobernabilidad democrática mediante la coordinación con instituciones públicas, especialmente con las 17 gobernaciones y 263 intendencias del país.

Uno de los pilares señalados por Riera fue la implementación de la ley n.° 7280 de Reforma y Modernización de la Policía Nacional, con una inversión de alrededor de USD 100 millones destinados a demandas sociales históricas dentro de la institución. A esta medida se sumó una inversión de más de USD 90 millones, proveniente de la Itaipú Binacional, para equipamiento y fortalecimiento operativo.

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La modernización se estructuró en dos etapas: la primera enfocada en el bienestar policial y la segunda en la operatividad. Entre las acciones realizadas, el ministro mencionó la incorporación anual de 5.000 nuevos aspirantes con capacitación orientada al servicio efectivo, así como mejoras tecnológicas, equipamiento logístico y procesos de depuración interna.

Se destacó la exigencia legal del test de integridad (polígrafo) para los ascensos, aplicada actualmente a toda la cúpula del Comando institucional, y la elevación jerárquica de la Dirección General de Asuntos Internos.

En cuanto a recursos, Riera detalló la incorporación de 1.000 motocicletas, más de 600 camionetas, 2.800 radios con GPS, 1.500 chalecos balísticos (con previsión de compra de 8.000 más), así como el egreso de cerca de 5.000 nuevos agentes, entre ellos 224 Linces.

Además, se instalaron 1.200 computadoras, se integró el sistema de inteligencia Bravo, se actualizó el sistema Guardián y se proyectó la entrega de 1.971 teléfonos móviles para 600 comisarías, 300 subcomisarías y 150 puestos policiales.

El ministro también mencionó la incorporación de tobilleras electrónicas para el monitoreo de casos de violencia intrafamiliar, bajo un decreto firmado en 2023. Además, se amplió el sistema de videovigilancia del 911 con más de 931 cámaras operativas, 15 instaladas en hospitales del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras 150 en puntos semafóricos de Asunción.

En el área operativa, la institución apunta a alcanzar 57.000 efectivos policiales, acercándose al estándar internacional de 300 policías por cada 100.000 habitantes en turnos de ocho horas, conforme a criterios de la ONU.

En total, desde 2023 se detuvieron a más de 34.000 personas, aunque solo 8.000 fueron procesadas, lo cual, según Riera, revela la necesidad de una mayor articulación con el sistema judicial.

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El informe también hizo énfasis en el Plan Sumar, que ahora entra en una segunda fase denominada “Sumar en tu barrio”. Esta etapa implica acciones conjuntas con los ministerios de Educación y Salud, así como visitas semanales a los 19 distritos de Central y todos los barrios de Asunción. El objetivo es abordar integralmente la problemática del consumo de drogas entre jóvenes, que según cifras oficiales afecta a unos 90.000 menores de 25 años en la zona.

El enfoque del plan es ofrecer atención primaria en salud, fortalecer la comunidad educativa e intervenir directamente con organizaciones civiles y comités barriales, para lo cual se han conformado comisiones de seguridad comunitarias en coordinación con autoridades locales.

En materia de estadísticas, el Ministerio del Interior reporta que Paraguay se ubica entre los países con tasas de homicidio más bajas de la región, con una tendencia decreciente en los hechos punibles desde 2022. Entre 2023 y 2024 se registraron 4.000 denuncias menos y se incrementó el porcentaje de delitos esclarecidos.

Por último, el perjuicio económico ocasionado al narcotráfico por incautaciones de cocaína, crack y marihuana, entre julio de 2024 y mayo de 2025, fue estimado en más de USD 60 millones.

El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció que el Estado paraguayo ha tenido serias falencias históricas en el abordaje del consumo de drogas y el narcotráfico, al tiempo de advertir sobre una “progresión preocupante” en los índices relacionados a esta problemática.

“Durante muchos años, el Estado no tomó esto con la seriedad debida”, afirmó, aludiendo a una mezcla de instituciones débiles, funcionarios corruptos, un sistema de Justicia ineficaz y enfoques estratégicos erróneos. Según el ministro, hasta hace poco el consumo de drogas era interpretado como una simple “molestia social”.

Esto, añadido a la estigmatización, llevó al propio presidente Santiago Peña a lanzar la campaña Chau Chespi de manera inicial. No obstante, luego de las investigaciones pertinentes, se concluyó que la problemática era mucho más amplia, por lo que luego se dio lugar al Plan Sumar.

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Riera explicó a través de este plan se adoptó una estrategia más integral y coordinada entre tres ministerios: el de Salud, encargado de la recuperación de las personas afectadas; el de Educación, responsable de la prevención en las escuelas; y el Ministerio del Interior, abocado a los operativos contra traficantes y vendedores.

Si bien admitió que los resultados del primer año “fueron insatisfactorios”, defendió el relanzamiento de la iniciativa con el programa “Sumar en tu barrio”, que busca un enfoque más territorial y participativo.

“Tuvimos que aterrizar en terreno, hablar con directores de escuelas, de centros de salud, comisarios, intendentes y la sociedad civil”, dijo a la 780 AM y señaló que estas son las personas que pueden ayudar a reconstruir el tejido social dañado.

Entre los desafíos, el ministro indicó que existe una “insuficiencia en capacidad de respuesta y en profesionales”. En ese sentido, habló de la necesidad de generar “anticuerpos sociales” para enfrentar el problema desde las comunidades, con soluciones que incluyan tratamientos ambulatorios, acompañamiento, restauración familiar y reinserción de las personas afectadas por adicciones. “De lo contrario, no tienen futuro”, advirtió.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento del sistema de Justicia requieren de una coordinación estratégica entre instituciones y un enfoque estructural. Durante sus declaraciones ante la prensa, remarcó que la Justicia que anhela el pueblo paraguayo solo será posible si se corrigen los cuatro eslabones fundamentales del sistema.

Respecto a la lucha contra el crimen organizado, Riera enfatizó la necesidad de proteger a jueces y fiscales que enfrentan riesgos en zonas de alta peligrosidad como Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro. “No se puede ni se debe utilizar jueces y fiscales locales de lugares complicados, porque sus familias están expuestas”, explicó.

Por ello, los operativos más delicados, incluyendo órdenes de allanamiento y detención, se ejecutan desde Asunción, con equipos especializados y en estricto sigilo para evitar filtraciones, según manifestó. El ministro también destacó los resultados del reciente operativo “Dominatus” en el barrio Ricardo Brugada, como parte de una serie de intervenciones dirigidas a desarticular organizaciones criminales.

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Según Riera, este trabajo es fruto de una labor de inteligencia y preparación minuciosa. Asimismo, reconoció que en varias gobernaciones del país existen grupos criminales de distinto alcance que operan en rubros como el abigeato, la extorsión y el secuestro. “Necesitamos hacer un ‘Veneratio’ o un ‘Dominatus’ en cada uno de los departamentos y eso se va a lograr a medida que la Policía crezca”, enfatizó.

Asimismo, sostuvo que para lograr la Justicia que la ciudadanía quiere, también se deben tener en cuenta el mejoramiento de todos los eslabones que involucran a la Justicia con relación a los otros delitos que también tienen un alto impacto en los niveles de inseguridad. Según Riera, el proceso empieza con una Policía Nacional que detenga a los criminales.

Esto continúa con fiscales que presenten acusaciones sólidas, jueces que emitan condenas justas, y culmina con un sistema penitenciario que haga cumplir las penas e impulse la reinserción social de los condenados. “Si esos cuatro eslabones no funcionan, nosotros tenemos un problema”, advirtió, reconociendo que actualmente el sistema no opera de manera óptima.

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En ese contexto, informó que se mantiene un diálogo directo con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia a través de la Mesa por la Justicia, una instancia de trabajo interinstitucional para coordinar acciones y mejorar la respuesta estatal ante el crimen.