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Los resultados del viaje presidencial a Japón, además de acuerdos estratégicos, también se resumen en cifras monetarias. Según el Ministerio de Industria y Comercio, Paraguay consiguió al menos 500 millones de dólares.

Posicionar a Paraguay a nivel mundial y levantar la bandera de estabilidad y confianza, en medio de un ambiente de incertidumbre en el escenario mundial, son objetivos que lleva la delegación paraguaya en todos los viajes.

Luego de 10 años de espera, Japón y Paraguay firmaron un acuerdo de inversión que reconoce a nuestro país como socio estratégico para las inversiones japonesas, dentro de un contexto no solamente de comercio, sino de ubicación geográfica como la puerta de entrada al Mercosur.

“De este viaje trajimos mínimo 500 millones de dólares, de los cuales, 250 millones son del fondo forestal Sarte, que incrementa la capacidad que tiene Paraguay en este rubro importante, eso fue anunciado por el propio dueño, quién sabe cuántas decisiones de inversión van a venir de ese anuncio”, explicó Jiménez.

Por otro lado, un crédito de 240 millones de dólares de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) para la financiación del Corredor Suroeste, que conectará los departamentos de Misiones y Ñeembucú.

Además, la habilitación del ingreso sin visa para los compatriotas que visiten Japón por periodos cortos, y la firma del acuerdo de consultas políticas que llevará la cooperación a un nivel aún más profundo.

Para Paraguay, el impacto económico directo incluye la atracción de capital japonés, principalmente en sectores estratégicos como infraestructura, agroindustria, energía y tecnología, según el MIC.

Uno de los aspectos destacados es el impulso a la agenda comercial paraguaya con Japón, orientada a diversificar mercados y acelerar el acceso de productos como la carne paraguaya al mercado japonés.

También se contempla la integración de Japón en el desarrollo del Corredor Bioceánico, conectando al Paraguay con el Pacífico a través del Puerto Franco en Chile, en una estrategia regional de conectividad logística.

Además, el MIC refiere que la designación de Paraguay como socio estratégico en áreas como la seguridad alimentaria de Japón abre además oportunidades de cooperación en innovación agrícola y sostenibilidad productiva.

Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) desarrolló en la fecha un Seminario Internacional en el que se abordaron los desafíos del crecimiento económico y el desarrollo rural a partir de la titulación masiva de tierras. Durante el evento, los disertantes ofrecieron una mirada crítica sobre las reformas estructurales, el acceso al capital y la equidad en el mundo rural.

El evento estuvo encabezado por su titular, Francisco Ruiz Díaz, y la disertación del experto ecuatoriano en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, quien resaltó durante una entrevista con La Nación/Nación Media, el esfuerzo que está llevando adelante el Gobierno de Paraguay, por reducir ese déficit del acceso a la tierra que lleva atrasado varios años.

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Indicó que de acuerdo al registro que maneja en el Indert, serían unos 130.000 inmuebles cuya titulación faltan por regularizar, por lo que el Gobierno encabezado por Santiago Peña, ha fijado como meta llegar a las 50.000 titulaciones al término de su mandato.

Explicó que todo este trabajo que ha encarado desde el gobierno, y de acuerdo a las experiencias que se tiene en otros países, la titulación de la tierra es solo un medio para generar otros impactos importantes en varios aspectos económicos, como ser la productividad agrícola, el impacto en cuanto al acceso a créditos, así como la reducción de conflictos por la tenencia de la tierra y sobre todo la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias.

“Se han realizado cambios importantes en el Indert, justamente para poder lograr esa titulación masiva. Obviamente hay un antes y un después, de lo que ha sido la aplicación del método de Barrido Predial Masivo (BPM) durante este proceso”, destacó.

Mencionó que antes del uso del método BPM se realizaba un promedio de 900 titulaciones por año, pero en la presente gestión del Indert se ha logrado a saltar a más de 9.000 titulaciones en el último año, lo que hará que se logre la meta de 50.000 títulos entregados al término del mandato del gobierno de Santiago Peña.

“Este proceso tiene importantes cambios a nivel institucional, no solo visto desde el aspecto legal, sino que está en coordinación con las demás agencias del Estado como Catastro, y otras instituciones. Además, se puede resaltar el cambio de liderazgo dentro de la institución que ha facilitado la gestión y puso al servicio de la gente el Indert. Lo que ha demostrado que cuando se quiere se pueden hacer esos cambios importantes”, resaltó.

Remarcó que este proceso que ha iniciado hace más de 18 meses, es muy importante, porque existe una deuda histórica de titulaciones en el Paraguay.

Señaló que de acuerdo a los registros del Indert, solo el 5 % de la Reforma agraria ha sido tituladas en más de 80 años. Por lo que resaltó que a la fecha aún existen aproximadamente 130.000 inmuebles que necesitan ser formalizados en el país.

Añadió, que si es que se seguía con el mismo ritmo de titulación que por décadas se tuvo en el Indert, se hubiera requerido unos 140 años, para lograr la titulación de esos 130 mil inmuebles que están de manera informal.

“Lo que se busca ahora con este proceso es formalizar todos esos inmuebles que ahora están de manera informal, lo que a su vez traerá seguridad jurídica y seguridad de inversión a sus propietarios. Además de todos los impactos ya señalado anteriormente, sobre productividad, reducción de conflictos, y otros; traerá un gran beneficio que se podrá obtener a corto y mediano plazo una vez que se logre la formalización de los títulos”, explicó.

Remarcó que ahora, que el Indert cambió su forma de trabajo aplicando el método BPM, es que se puede asegurar llegar a la meta establecida por el gobierno de Santiago Peña, de cerrar su gobierno entregando 50.000 títulos de propiedad, lo que permitiría elevar el porcentaje de titulación a cerca del 40 % al final del periodo presidencial.

“De acuerdo al tamaño del productor, en otros países se ha visto un aumento en la productividad entre el 40 y el 80 por ciento de su producción. En este caso, lo que se espera con la titulación de esos 50.000 inmuebles durante este gobierno, es que se logre un incremento en la productividad, sobre todo de esa agricultura familiar campesina”, explicó.

Además, el beneficio del acceso al crédito, así como se han observado en otros países, al contar con el título de propiedad el productor ha tenido mayores accesos a créditos, y no solo el acceso a créditos formales, sino que también se observa un mayor monto de los préstamos, a tazas de intereses más baja, dejando de lado aquellos préstamos informales de altos costos que rayan la usura.

Resaltó que al contar con el título de propiedad se brinda una mayor seguridad jurídica, permite la inversión en el inmueble, así como un aumento significativo en materia de conservación del medio ambiente.

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El senador colorado Natalicio Chase considera que la eliminación del subsidio al transporte público obliga a un estudio mucho más complejo que una decisión administrativa. Indicó que no se puede tomar alegremente decisiones parlamentarias, sin analizar las consecuencias que pudieran traer.

El líder de la bancada oficialista brindó su parecer respecto a la propuesta presentada esta semana por su colega liberal Líder Amarilla, que plantea la eliminación del subsidio estatal destinado al sector del transporte público en el área Metropolitana.

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Explicó que para llegar a la eliminación total del subsidio se requiere de un sistema de transformación profundo; ya que, al eliminar ese subsidio, va a repercutir directamente al costo del pasaje al ciudadano de la clase trabajadora.

“No es una cosa que alegremente se pueda tomar una decisión parlamentaria, sin contar con los estudios correspondientes. Llegado su momento se hará el estudio que corresponda con las autoridades del sector de transporte”, expresó.

El senador Chase remarcó que este estudio no pasa simplemente por una decisión política; sino que se trata de una decisión liberal, en el sentido liberal de la economía, no en referencia al partido político; y que sea aplicado a la fuerza sí sería muy perjudicial para la clase trabajadora.

“Necesariamente se requiere de una transformación del sistema para reconstruir el costo del pasaje. Ya que hoy en día el subsidio está incluido en el costo del pasaje, y si se saca eso ahora, deberá subir en algún lado, alguien necesariamente va a tener que asumir el costo y es ahí que va a afectar a la clase trabajadora”, explicó.

Remarcó que es un sistema complejo y que prefiere dejar este análisis al ministerio de Obras Públicas, al viceministerio del Transporte, que haga el estudio que corresponda.

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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, aseguró que el Gobierno ya se encuentra avanzando en la implementación de la reforma del servicio civil y el nuevo sistema de compras públicas, aun antes de que ambas normativas entren plenamente en vigencia.

Consultado sobre el tema, explicó a La Nación/Nación Media que la reglamentación de la Ley del Servicio Civil está en proceso y que se espera su entrada en vigencia plena a mediados de este año. Sin embargo, adelantó que varios aspectos ya están siendo aplicados de manera anticipada.

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“Hace poco una institución pública vino con siete categorías de funcionarios, cuando la ley solo permite seis. A pesar de que aún no está vigente, ya le exigimos que se adecuen a la normativa”, ejemplificó, agregando que el Ejecutivo ya trabaja en la definición de categorías y escalas salariales conforme a la nueva carrera del servicio civil.

En cuanto al sistema de compras públicas, Valdovinos afirmó que la reforma ya se encuentra en plena implementación. Destacó que permitirá “transparentar aún más el proceso de adquisición de bienes y servicios” y evitará disparidades de precios entre instituciones públicas. “Antes un vaso de agua costaba x en una institución y 2x en otra”, dijo a LN, subrayando la necesidad de eficiencia y control.

Respecto a la transparencia y la rendición de cuentas, el ministro fue enfático al afirmar su compromiso y, como ejemplo, citó el nuevo sistema para visualizar las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), disponible en la página web del MEF.

“Antes la gente tenía que venir a preguntar cuándo iba a salir su transferencia, y eso se prestaba a favores. Hoy, todo está en línea y cualquiera puede consultar el calendario de pagos”, explicó a LN.

Añadió que también se publican con antelación los pagos por indemnizaciones a víctimas de la dictadura o por resoluciones judiciales, dando certeza a los beneficiarios.

“Somos celosos con la transparencia”, concluyó Valdovinos, reafirmando que la digitalización y la publicación proactiva de la información son ejes centrales en la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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