Diputado Benítez formará parte de la Mesa Directiva de la Cámara Baja
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El diputado Santiago Benítez, quien asumió en reemplazo del fallecido legislador, Eulalio “Lalo” Gomes, señaló que su principal objetivo es llevar beneficios al departamento de Amambay, para el efecto, apunta integrar varias comisiones e indicó que en el correr de los días, presentará iniciativas en dicho sentido.
Según indicó, el próximo 11 de septiembre pasará a ser parte de la Mesa Directiva y afirmó que tendrá una participación activa en la Comisión de Agricultura y Ganadería. Benítez manifestó que está interesado en integrar también otras comisiones puesto que considera que de esta forma su gestión legislativa tendrá un mayor impacto.
“Mi objetivo es generar beneficios concretos para Amambay”, expresó y añadió en contacto con 104.1 FM, “si no logro integrar todas las comisiones deseadas, buscaré alternativas de diálogo con diversos ministerios para canalizar recursos hacia nuestro departamento, que tiene múltiples necesidades”.
Benítez adelantó que está trabajando con su colega liberal Manuel Acevedo, también diputado por Amambay, en una iniciativa para regularizar la titulación del local de la Universidad Nacional de Asunción en el departamento. Mencionó que también tendrá otros ejes de trabajo como mejoras en infraestructura, salud, educación, agricultura y el funcionamiento eficiente de empresas públicas como la Administración Nacional de Electricidad (Ande).
“Mi formación en comunicación social me ha permitido conocer de primera mano las problemáticas que aquejan a nuestro departamento. Actualmente, estoy concentrando mis esfuerzos en aspectos administrativos y he dado mis primeros pasos como miembro de una bancada independiente unipersonal”, refirió.
La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. Foto: Gentileza
Plantean cárcel o multa para mitigar los perfiles falsos y la estafa digital
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El diputado liberal Freddy Franco, presentó el proyecto para castigar con cárcel o multa a aquellas personas que se adueñen de cuentas, creen perfiles sociales falsos para realizar estafas y difamaciones o roben claves.
La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Ciberseguridad con participación de sectores estratégicos del Estado y la sociedad civil.
También plantea la creación de una identidad electrónica oficial para los ciudadanos. “Presentamos este proyecto referente a la suplantación de identidad, mucha gente termina siendo estafada, cuando empiecen las denuncias contra los perfiles falsos hará que se mitigue la cantidad de los mismos que tienen la intención de quitar réditos económicos o de degradar a las personas”, comentó a la 1080 AM.
El proyecto propone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o multa de 100 a 500 jornales mínimos para quien, mediante cualquier medio o técnica, acceda o se apropie de un perfil o cuenta en una red social.
Asimismo, plantea la pena carcelaria de 6 meses a 2 años para el que cree un perfil falso con datos de otra persona con el fin de engañar, perjudicar o cometer otro hecho punible. “Las personas de la tercera edad son muchas veces víctimas de esta situación”, indicó.
Franco acotó que “este proyecto fue acercado a través de una asociación de informáticos. Vamos a hacer audiencia pública, vamos a llevar a las comisiones, y las comisiones van a ser las que van a decidir”, sostuvo.
En el marco de la operación Nueva Alianza 51, en la que colaboran la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), junto con efectivos de la Policía Federal del Brasil, se cerró la séptima jornada de incursiones en el departamento de Amambay. Los procedimientos tienen como objetivo la localización y destrucción de cultivos ilícitos de marihuana.
Las principales localidades donde se llevaron adelante las intervenciones fueron Cadete Boquerón y Trabuco, donde se ejecutaron ingresos terrestres y aéreos para anular infraestructura y logística del narcotráfico.
Según el informe oficial de las autoridades paraguayas, en total fueron erradicadas 208 hectáreas de cultivos de marihuana, lo que equivale a unos 624.000 kilos de droga (624 toneladas) en etapa de crecimiento. Además, se procedió a la destrucción de 69 campamentos narcos y la incineración de más de 24.000 kilos de marihuana ya procesada para su distribución.
Se estima que la droga eliminada tendría un valor superior a 19 millones de dólares en Paraguay. Sin embargo, el lucro cesante para las estructuras criminales superaría los 97 millones de dólares, considerando su valor final en Brasil, país que es el principal destino de esta droga.
El ministro de la Senad, Jalil Rachid, destacó que con este tipo de operativos se busca afianzar la cooperación con la Policía Federal del Brasil para debilitar el narcotráfico en sus bases de producción, recordando que a nivel global no existe una iniciativa operativa de estas características que logre neutralizar tanto volumen de droga en tan corto tiempo.
Alianza entre Paraguay y Brasil logra anular 648 toneladas de marihuana
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En el marco de la operación Nueva Alianza 51, en la que colaboran la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), junto con efectivos de la Policía Federal del Brasil, se cerró la séptima jornada de incursiones en el departamento de Amambay. Los procedimientos tienen como objetivo la localización y destrucción de cultivos ilícitos de marihuana.
Las principales localidades donde se llevaron adelante las intervenciones fueron Cadete Boquerón y Trabuco, donde se ejecutaron ingresos terrestres y aéreos para anular infraestructura y logística del narcotráfico.
Según el informe oficial de las autoridades paraguayas, en total fueron erradicadas 208 hectáreas de cultivos de marihuana, lo que equivale a unos 624.000 kilos de droga (624 toneladas) en etapa de crecimiento. Además, se procedió a la destrucción de 69 campamentos narcos y la incineración de más de 24.000 kilos de marihuana ya procesada para su distribución.
Se estima que la droga eliminada tendría un valor superior a 19 millones de dólares en Paraguay. Sin embargo, el lucro cesante para las estructuras criminales superaría los 97 millones de dólares, considerando su valor final en Brasil, país que es el principal destino de esta droga.
El ministro de la Senad, Jalil Rachid, destacó que con este tipo de operativos se busca afianzar la cooperación con la Policía Federal del Brasil para debilitar el narcotráfico en sus bases de producción, recordando que a nivel global, no existe una iniciativa operativa de estas características que logre neutralizar tanto volumen de droga en tan corto tiempo.
Analizarán proyecto que crea Registro Nacional de Pagarés
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La Cámara de Diputados tiene previsto estudiar, en la sesión ordinaria del próximo martes 8 de julio, el proyecto de ley que crea el “Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y prevenir fraudes dentro del sistema financiero paraguayo. La iniciativa nació luego de la mafia delictiva conocida como “mafia de los pagarés”.
La iniciativa plantea la creación de un registro centralizado, bajo la dependencia de la Corte Suprema de Justicia, para inscribir de forma obligatoria pagarés, letras de cambio, cheques, bonos y otros títulos de crédito.
De acuerdo con el texto, los documentos deberán ser registrados dentro de los 10 días hábiles posteriores a su emisión. En caso de incumplimiento, no podrán ser ejecutados judicialmente ni tendrán validez frente a terceros. El sistema funcionará de manera digitalizada y emitirá un certificado de registro como requisito indispensable para cualquier acción judicial de ejecución.
Cada vez que se registre un título, el deudor recibirá una notificación automática a través de mensajes de texto, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, como medida para alertar sobre posibles fraudes.
El proyecto responde a la falta de un registro central que, según la exposición de motivos, ha derivado en casos de duplicación de documentos, adulteración de títulos y dificultades para comprobar su autenticidad.