La investigadora académica y consultora Julieta Heduvan, participó del programa Fuego Cruzado del canal GEN/Nación Media, donde habló de la situación de impasse entre Paraguay y Brasil, con relación a las negociaciones del Anexo C de la Itaipú Binacional y el esquema de espionaje revelado semanas atrás por parte de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin), durante el gobierno de Jair Bolsonaro al gobierno paraguayo y sus autoridades.

La misma señaló que se trata de “un caso de una consideración bastante importante”, ya que se habla de un espionaje, de un socio y aliado para Paraguay, que es Brasil, teniendo en cuenta ambos países “comparten muchos temas en común de gran importancia, comercio, infraestructura, migración, hay muchos temas en la agenda bilateral entre Brasil y Paraguay, Itaipú es uno de los grandes, uno de los temas pesados”.

Esta situación “quiebra un poco la confianza de Paraguay y pone en suspenso las negociaciones que se están dando, que se tenía que avanzar y se tenía que terminar en estos próximos meses sobre una cuestión que se habla mucho”, de acuerdo a la profesional.

Sin embargo, afirmó que las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre el acuerdo del Anexo C, que están paradas, deben ser retomadas por la implicancia e importancia de su contenido. En este sentido, indicó que Paraguay debe presionar a Brasil para tener las respuestas claras de cómo se dieron y cuál fue el grado de este esquema de espionaje.

“Paraguay está en una situación de desventaja, si es que Brasil obtuvo datos sobre la negociación que ellos utilizan para debatir. Creo que sí es importante que se presione a Brasil, ya que el Gobierno de Lula se mostró bastante abierto admitiendo que hubo una acción poco transparente por parte de Bolsonaro, también sería bueno que el Gobierno de Lula diera esta información lo más pronto posible”, apuntó.

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Abogó por que la continuidad de estas negociones se dé más temprano que tarde. “Yo creo que es una carta de negociación que Paraguay puede usar si lo usa sabiamente, pero las negociaciones tienen que darse tarde o temprano, esperemos que sean más temprano que tarde y una vez que Paraguay tenga en conocimiento toda la información, después puede seguir haciendo una investigación con Brasil, de forma interna, lo que sea, pero la discusión se tiene que dar”, aseveró.

Así también, indicó que considera acertada las acciones tomadas por el gobierno paraguayo una vez que Brasil confirmó que existió tal espionaje. “Las acciones que tomó Paraguay me parecen correctas. Al principio, si bien Paraguay trató de desactivar el conflicto lo más rápido posible, porque yo creo que venía muy golpeado por varios otros casos de filtraciones de datos y vulnerabilidad de la base informática de las instituciones, y esperó a que Brasil sacara un comunicado y el gobierno de Brasil terminó confirmando”, expresó.

Por otra parte, refirió que pese a toda esta situación, Paraguay y Brasil deben seguir con las relaciones como gobiernos. “Las relaciones, de una forma u otra tienen que volver a ser fluidas, Paraguay no puede darse el lujo de marcar a Brasil como un adversario, porque comparte demasiados temas de agenda en común que tienen que tratar”, sentenció.

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El programa Fuego Cruzado, emitido por el canal GEN/Nación Media, fue espacio para del debate sobre la campaña de sabotaje contra el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, impulsado por poderosos medios de comunicación en alianza con políticos de la oposición y disidentes colorados. Los ataques no se limitan contra la administración del economista, sino que también alcanza a su base de sustento político el Partido Colorado y su titular Horacio Cartes.

“Lo que queda claro es que hace rato cruzaron la línea del periodismo a la militancia política. Es normal que los medios de comunicación sean un contralor más del Gobierno en cualquier democracia del mundo, lo que no es normal es que los medios de comunicación y los periodistas de esos medios asuman el rol de la oposición”, refirió el senador Gustavo Leite.

Los ataques sistemáticos son desplegados principalmente por el Grupo Abc y Última Hora, de acuerdo a las denuncias realizadas por el entorno político del mandatario, quienes constantemente alegan que no ejercen el papel de una prensa crítica que señala problemas e impulsan el debate sobre posibles soluciones, sino que falsean con alevosía los hechos de la realidad y permanentemente buscan crear un clima de inestabilidad.

El único objetivo según sus afirmaciones es boicotear la presidencia de Peña y erosionar su legitimidad con la única finalidad de producir la alternancia que tanto desean, sin contar con un proyecto nacional que logre cautivar a los paraguayos.

“Una cosa es contar los hechos y otras demonizarlos. Hay un grupo de la oposición que se levanta y lee lo que quiere Abc y Última Hora, pero hay otros que tienen su propio criterio. De que estos medios tienen una agenda, lo tienen. Yo creo que el Partido Colorado es un impedimento para que los dueños de comunicación sean los verdaderos patrones del Paraguay. Ya son patrones en varios sectores, pero ahora quieren agarrar el poder total”, dijo Leite.

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Entre las campañas colosales de manipulación de la información lanzada por ambos medios días atrás en forma coordinada guarda relación con un supuesto conflicto de intereses cometido por Peña en su anterior vínculo empresa­rial con ueno Holding. Esta artimaña es acompañada fuertemente por parlamentarios de la oposición y disidentes colorados quienes plantean someter al mandatario a un juicio político.

Sin embargo, Leite manifestó que sí constituye un “hecho asqueroso” de tráfico de influencia y conflicto de intereses las ganancias exponenciales que registraron las empresas de asfalto del exjefe de Estado, Mario Abdo Benítez, durante su periodo de gobierno. Este hecho es totalmente ninguneado por los medios de comunicación que fungen como sus aliados.

Mientras que su colega del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla, rechazó que la oposición responda a los intereses políticos y económicos de ambos grupos de medios. “De ninguna manera en mi caso particular y creo que de una gran mayoría de la oposición no seguimos la agenda de nadie, nosotros somos la voz de esa expresión de la ciudadanía”, refirió.

El legislador alegó que toman nota de las publicaciones periodísticas debido a la existencia de “hechos concretos”. No obstante, reconoció que el sector político debería abocarse en congeniar sus ideas y elaborar estrategias con miras a las futuras elecciones.

“Debemos producir resultados y que seamos propuesta de solución para lo que se viene en el futuro, en esto tenemos que trabajar. La tarea de los liberales es fortalecer nuestra institución, proponer programas de gobierno que sean superadores y finalmente construir un proyecto político con todos los sectores de la oposición”, comentó.

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El viceministro de Protección Integral del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), Eduardo Escobar Said, cuestionó las acciones, tanto de los magistrados que integraron el Tribunal de Sentencia como del fiscal que llevó el caso, por haber liberado al docente villarriqueño, de 53 años, acusado por acoso contra una niña de 11 años, quien fuera su alumna.

A través de su cuenta de red social X, el viceministro realizó su descargo y expresó su preocupación ante este hecho, que golpea fuertemente a todo el sistema de prevención y protección de niños, niñas y adolescentes en los casos de abusos en todas sus formas.

“Luego de una semana difícil por numerosos casos de abuso sexual en niños, en los cuales los operadores de Justicia lastimosamente no estuvieron a la altura; reflexiono sobre este pensamiento del profesor Juan José López Ortega, del cual tuve la fortuna de ser su alumno en la Universidad Carlos III de Madrid”, indicia la reflexión de secretario de Estado.

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El mismo cuestionó el “esmero” de los veladores de la Justicia en este caso, y principalmente, sobre los derechos de protección a la niña víctima en este caso. “Me pregunto: ¿pusieron estos jueces y fiscales el esmero para llegar a la tan mentada ´verdad verdadera´ en un caso tan delicado como lo es un abuso sexual a una niña?”, lamentó.

En ese mismo sentido, también cuestiona: “Señores magistrados ¿les parece justo una absolución en un caso tan grave?, ¿pelearon con esmero por la Justicia?, ¿pelearon por la justicia a una niña víctima por parte de una persona que tenía el deber de cuidarla como lo es un profesor?”.

También lamentó que a pesar de la preparación que puedan tener los jueces que dieron su veredicto, u otros jueces que llevan casos similares, no serviría de nada si el fiscal de la causa “no puede redactar una acusación en forma”, o que un juez Penal de Garantías, no puede ejercer su rol de contralor del proceso y corregir el tipo penal fue imputado el acusado.

“¿De qué sirve si tres jueces de Sentencia no pueden, bajo la posibilidad que otorga el Código Procesal Penal, ordenar la sustanciación de nuevos medios probatorios?. ¿Les parece correcto revictimizar a una niña víctima de abuso?. Porque si ahora se anula el juicio oral y público, ella y toda su familia tienen que volver a pasar por otro juicio, recordando hechos dolorosos”, reprochó.

Ante toda esta situación, expresó: “Señores magistrados lamento informarles que no hacen honor a la investidura que poseen circunstancialmente, ni demuestran la capacidad ni el compromiso que requiere un jurista”.

Detalla además que por este tipo de sentencias, la sociedad se encuentra en una posición de cuestionamiento ante las tantas y constantes campañas para denunciar todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. “Causan un daño tremendo en la percepción de la sociedad respecto a la labor de la protección de la infancia. Vuestras Señorías: ustedes no están a la altura de la labor que les encomendó el Estado y la Sociedad de llegar a la Justicia en los casos que intervienen”, sentenció.

Finalmente, instó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a que tomen acciones que sean ejemplo para otros casos. “El JEM ya tiene el caso y espero tengan una sanción ejemplificadora, para que nunca más veamos sentencias como esta”, puntualizó.

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El viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, acudió este lunes ante la Comisión de Defensa Nacional de Diputados con la finalidad de proporcionar informaciones oficiales sobre el espionaje impulsado por Brasil contra autoridades del gobierno paraguayo en el marco de las negociaciones de la tarifa de la entidad binacional Itaipú, entre junio de 2022 y marzo de 2023.

“No hay nuevas medidas ni tampoco un ultimátum para que nos proporcionen una respuesta, estamos aguardando respuestas satisfactorias y sinceras por parte del gobierno brasileño para poder recuperar la confianza entre dos países amigos”, comentó el diplomático a los medios de comunicación presentes en el Congreso.

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Para el encuentro también fueron convocados autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y de la Secretaría de Inteligencia. “Por supuesto que esta situación afecta las relaciones de amistad, estamos hablando de la pérdida de confianza entre dos países hermanos, aliados. Todavía no sabemos en qué consistió la operación de inteligencia, que tipo de informaciones buscaban”, manifestó Verdún.

El pasado 1 de abril, el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña había, anunciado cuatro medidas tras tomar estado público el esquema de hackeo. Se convocó a consultas inmediatamente al embajador del Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo, a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del Gobierno del Paraguay.

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Igualmente, se convocó al embajador de Brasil en Paraguay, José Antonio Marcondes, para que ofrezca explicaciones detalladas sobre la acción de inteligencia llevada a cabo por el Brasil. A su vez, Mitic inició una investigación detallada de los eventos ocurridos entre junio del 2022 y marzo del 2023 en vista que no existió ningún reporte del gobierno de Mario Abdo Benítez al respecto.

La otra acción consistió en la suspensión temporal de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú hasta que Brasil brinde las aclaraciones correspondientes al Paraguay. “Más que un pedido de disculpas del Brasil, como Gobierno queremos saber en qué consistió esa operación de inteligencia y quiénes fueron los funcionarios y las instituciones afectadas. Saber si esto efectivamente concluyó cuando asumió el gobierno de Lula”, refirió Verdún.

De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutada por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.