El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.º 4145/2025, por el cual se reglamenta el Capí­tulo IV de la Ley n.º 1328/1998 de Derecho de Autor y Dere­chos Conexos, derogando así la normativa anterior del año 2015. La medida actua­liza el marco jurídico sobre la remuneración compensa­toria por copia privada y esta­blece mecanismos más claros para su implementación.

El decreto reconoce el dere­cho de autores, compositores, intérpretes y productores de fonogramas o videogramas a ser compensados econó­micamente por la reproduc­ción no autorizada de sus obras para uso privado. Esta remuneración será finan­ciada mediante un porcen­taje aplicado a fabricantes e importadores de dispositi­vos y soportes de grabación o reproducción como celula­res, discos duros, memorias y otros aparatos electrónicos.

La Dirección Nacional de Pro­piedad Intelectual (Dinapi) será la encargada de adminis­trar el registro de importado­res y fabricantes, así como de supervisar el cumplimiento del pago y la veracidad de las declaraciones juradas.La recaudación será canalizada a través de la Entidad Para­guaya de Artistas, Intérpre­tes o Ejecutantes (AIE-Pa­raguay), que distribuirá los fondos entre las sociedades de gestión colectiva: Auto­res Paraguayos Asociados (APA), Sociedad de Gestión de Productores Fonográfi­cos del Paraguay (SGP) y la propia AIE.

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto n.º 4145/2025, por el cual se reglamenta el Capítulo IV de la ley n.º 1328/1998 “De Derecho de Autor y Derechos Conexos”, derogando así la normativa anterior del año 2015. La medida actualiza el marco jurídico sobre la remuneración compensatoria por copia privada y establece mecanismos más claros para su implementación.

El decreto reconoce el derecho de autores, compositores, intérpretes y productores de fonogramas o videogramas a ser compensados económicamente por la reproducción no autorizada de sus obras para uso privado. Esta remuneración será financiada mediante un porcentaje aplicado a fabricantes e importadores de dispositivos y soportes de grabación o reproducción como celulares, discos duros, memorias y otros aparatos electrónicos.

La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) será la encargada de administrar el registro de importadores y fabricantes, así como de supervisar el cumplimiento del pago y la veracidad de las declaraciones juradas.

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La recaudación será canalizada a través de la Entidad Paraguaya de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE-Paraguay), que distribuirá los fondos entre las sociedades de gestión colectiva: Autores Paraguayos Asociados (APA), Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay (SGP) y la propia AIE.

Los montos recaudados serán distribuidos como regalías para los socios y herederos de los derechos, pagos a artistas extranjeros, así como para fondos de ayuda cultural y programas de asistencia social. El decreto también establece que el 10 % del total recaudado será destinado a la promoción de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la piratería, a través de programas liderados por la Dinapi.

Con esta reglamentación, el Gobierno busca saldar una deuda histórica con el sector cultural y adaptarse al contexto tecnológico actual, garantizando una compensación justa a los creadores y fortaleciendo la industria creativa nacional.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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La Cámara de Senadores decidió ayer postergar “sine die” el tratamiento del pro­yecto de ley que proponía modificar el horario del país y retornar a las dos modalidades, es decir, hora­rio de invierno y verano. El proyecto no contaba con dictamen por parte de las comisiones revisoras.

“Hemos conversado con los colegas y hemos llegado a un acuerdo de solicitar la postergación “sine die” sin entrar en discusión, esa es mi moción”, fue lo expre­sado por el senador Juan Carlos Galaverna, moción que fue acompañada por sus colegas durante la sesión ordinaria.

El proyecto fue presentado por varios senadores, entre ellos Blanca Ovelar, Rafael Filizzola, Silvio Ovelar, Yolanda Paredes, Luis Pet­tengill y otros más y tenía por objetivo establecer el huso horario UTC-3 para el verano y UTC-4 para el invierno y además, contem­plaba en qué época del año debía cambiarse el horario, tal y como se realizaba ante­riormente.

Con la postergación “sine die”, el proyecto queda sin una fecha concreta para su tratamiento, a la espera de un eventual consenso que permita retomar el análisis en futuras sesiones.

Previo al inicio de la sesión en el Senado, el presidente de la Cámara, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó que se planteará como una alter­nativa la implementación de un sistema de horario esca­lonado, especialmente en el ámbito educativo en los días de frío extremo.