Este lunes 28 de julio, el Ministerio Público dio mesa de entrada al informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, remitido por la Cámara de Senadores. El documento cuenta con varios tomos con información sobre indicios de lavados de activos en el sistema bancario y vía organizaciones sin fines de lucro, entre otros.

El informe elaborado por la CBI está centrado en cuatro ejes en total en los cuales se aborda, el lavado de activos ligado al financiamiento político vía organizaciones sin fines de lucro, lavado de activos provenientes del tráfico de armas.

También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa, además de conclusiones y recomendaciones. Además del escrito, se adjuntaron pendrives con audios, videos, notas varias, documentos entre otros que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.

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Cabe mencionar que el presidente de la CBI, Dionisio Amarilla, ya había adelantado que este documento sería remitido a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía, así también como la Contraloría y la Cancillería ya anunció que el trabajo de la comisión también será enviada a los departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

Entre los casos concretos que investigó la CBI se destacan:

1. Desvío de fondos públicos a través de ONG: se detectó que numerosas organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas receptoras de recursos estatales, no rindieron cuentas del destino del dinero recibido.
2. Un fideicomiso sospechoso entre IPS y Banco Atlas: la comisión reveló que se transfirieron G. 828.000 millones desde el Instituto de Previsión Social a través de un fideicomiso con dicho banco, sin que las obras comprometidas se hayan ejecutado.
3. Vínculos con el crimen organizado y lavado de dinero: también se examinaron operaciones vinculadas al tráfico de armas, así como financiamiento de campañas políticas presuntamente con fondos ilícitos, incluyendo conexiones con figuras como el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

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Una jueza de Colombia declaró este lunes culpable al expresidente Álvaro Uribe de manipulación de testigos, en un juicio que lo convirtió en el primer exjefe de Estado en enfrentar un proceso penal en la historia del país sudamericano.

El político de derecha de 73 años, que gobernó entre 2002 y 2010, fue acusado de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban.

Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 para combatir a las guerrillas marxistas.

• Fuente: AFP

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Uno de los políticos más poderosos del siglo en Colombia, el expresidente derechista Álvaro Uribe, sostiene desde hace 13 años una batalla legal contra Iván Cepeda, el senador de izquierda que se propuso llevarlo ante los estrados judiciales por sus presuntos vínculos con paramilitares.

El popular exmandatario de 73 años está a horas de conocer este lunes el veredicto de una jueza sobre un caso de manipulación de testigos que destapó Cepeda, su piedra en el zapato desde 2012. Estas son las fechas clave del proceso en el que Uribe, que defiende su inocencia, está imputado por soborno y fraude procesal:

Cepeda lidera en el Congreso tensos debates en los que expone supuestos nexos de Álvaro Uribe y su hermano Santiago con la conformación de un grupo paramilitar. Su testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, un combatiente de esos escuadrones de ultraderecha que paga en Bogotá una condena de 44 años de cárcel por secuestro.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, denuncia a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuestamente manipular a los testigos.

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Uribe, muy popular como presidente por debilitar militarmente a las guerrillas, es elegido con una votación histórica como congresista.

La Corte Suprema de Justicia se abstiene de seguir investigando a Cepeda y por el contrario abre una pesquisa contra Uribe. Según las víctimas, Diego Cadena, uno de los abogados del expresidente, se reúne con Monsalve en prisión para intentar que cambie su versión. El exparamilitar graba la conversación con una cámara instalada en un reloj.

El 17 de junio Iván Duque, delfín de Uribe, gana el balotaje presidencial. A finales de julio el tribunal supremo, único con potestad para investigar a los congresistas, cita a indagatoria a Uribe, que renuncia a su curul en el Senado. En agosto, se retracta y pide que su dimisión no sea tenida en cuenta.

La Corte Suprema de Justicia intercepta el teléfono de Uribe supuestamente por error, pues investigaba a otro congresista que registró como personal un número que en realidad era del exmandatario. Su defensa alega que esas conversaciones no pueden ser usadas como prueba.

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Como jefe del partido en el poder, Uribe asiste a la indagatoria, lo que lo convierte en el primer expresidente colombiano procesado penalmente. En ella confiesa, según revelaciones de la prensa, que está “muy preocupado y angustiado”. Miles marchan en las calles a favor y en contra del expresidente.

La revista Semana revela un audio en el que Cadena explica a Uribe una supuesta estrategia para lograr que testigos cambien su versión y lo desmarquen del paramilitarismo. El expresidente le responde: “proceda, doctor Diego”.

El jurista, de quien empieza a tomar distancia, también rinde interrogatorio ante la corte.

El 4 de agosto, Uribe anuncia que fue detenido y luego asegura que se siente “secuestrado”. Con detención domiciliaria en una gigantesca hacienda ganadera en el departamento de Córdoba (noroeste), dice que fue reseñado como el preso #1087985 de Colombia.

Ese mismo mes renuncia al Senado y el caso queda bajo jurisdicción de la fiscalía, cercana al gobierno de Duque. El ente investigador pide su libertad y un juez se la concede en octubre.

Cadena también es arrestado, pero recobra la libertad en 2021.

Ese año el fiscal a cargo del caso pide archivar la investigación contra Uribe al determinar que no existen pruebas suficientes y sus actos “no tienen la característica de delito”.

Gustavo Petro, archienemigo de Uribe, se convierte en 2022 en el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia.

En la misma semana de su investidura, Cadena vuelve a ser detenido cuando intentaba salir del país.

Ese año y en 2023 la justicia niega tres pedidos de la fiscalía para que se archive el caso.

Uribe es llamado en abril a juicio y asegura que se trata de una “venganza política”.

El juicio arranca en mayo y la fiscalía lo acusa formalmente por los cargos de soborno, soborno a testigos y fraude procesal.

En paralelo su hermano Santiago Uribe es absuelto en primera instancia por un tribunal ordinario por acusaciones de homicidio y vínculos con grupos paramilitares.

La fiscalía pide que sea condenado ante las pruebas “concluyentes” de su participación como “determinador de las conductas” por las que fue acusado.

El 8 de julio la jueza termina de escuchar a más de 90 testigos y fija este lunes como la fecha para la lectura del fallo.

Fuente: AFP.

El fiscal Carlos Ger­mán Ramírez imputó a Marcelo Giménez Duarte (24), por el hecho punible de homicidio doloso, ocurrido el pasado 21 de julio en la compañía Isla Sakã (dis­trito de Fulgencio Yegros, Caazapá), en donde resultó víctima una niña de tan solo 11 años de edad.

De acuerdo con la investiga­ción fiscal, el hecho se habría producido entre las 15:00 y las 19:00 en un yuyal ubi­cado a unos 200 metros de un arroyo cercano a la vivienda del imputado. La víctima fue encontrada sin signos de vida, presentando indicios de asfixia mecánica por ahorca­miento. Según los datos reca­bados, el sindicado habría interceptado a la menor en un camino vecinal, trasla­dándola hasta el sitio donde se produjo el crimen. En el lugar, presuntamente la des­pojó de parte de sus prendas y la habría amarrado con una de ellas, provocándole la muerte.

El sospechoso que está dete­nido negó la autoría del cri­men, señalando que estaba trabajando en la hora que se habría registrado el ase­sinato. El representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación fiscal.

Entre los elementos que sus­tentan este pedido se men­ciona que el imputado contaba con antecedentes penales por abuso sexual en niños y se encontraba en libertad condi­cional al momento del hecho.

La causa continúa en etapa investigativa y se encuentra a cargo del Ministerio Público, que ha solicitado un plazo de seis meses para formular el requerimiento conclusivo correspondiente.

El fiscal Carlos Ramírez, en principio, no pidió que se rea­lice la autopsia de la menor, pero la presión familiar y de la comunidad hizo que el agente revea su postura.

El procedimiento se reali­zará hoy en la morgue judi­cial de Sajonia, en Asunción. “Una ambulancia del Minis­terio Público está en camino para trasladar el cuerpo”, confirmó el agente fiscal El fiscal Ramírez, quien tam­bién intervino en el caso anterior en el que la misma niña fue víctima y que derivó en la condena del hoy prin­cipal sospechoso, no había objetado en su momento que este recupere la liber­tad ambulatoria y vuelva a residir cerca de la víctima.

El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, plan­tea la revisión del proceso judicial al cual fue sometido Marcelo Giménez. “La información que manejamos es que este sujeto (Giménez) estuvo privado de libertad por una tentativa de abuso hacia la misma niña.

Vamos a evaluar cómo se desenvolvió ese proceso por parte de las autoridades jurisdiccionales y cuáles fue­ron los criterios para determinar el juzgamiento de esa persona”, señaló a la 1020 AM.

“Es un caso que lastimosamente involucró ya a esta persona, a este criminal, a este asesino. Justamente por una tentativa, según lo que nos dijeron”, indicó.

Con respecto al proceso judicial se buscará verificar cuáles fueron los criterios considerados en el juzgamiento del acusado.