El gobernador de Alto Paraná, César Torres, valoró la gestión del gobierno de Santiago Peña y del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que permitieron concretar el sueño de la casa propia no solo en su departamento, sino en todo el país.

En este caso, el Gobierno entregó viviendas sociales a un total de 160 familias que recibieron ayer viernes las llaves de sus nuevas casas, que forman parte de la Subcomisión Pro Vivienda del barrio San Miguel, edificadas en el Km 12 de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

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Estas casas fueron financiadas por la Itaipú Binacional, a través del Parque Tecnológico-Paraguay (PTI – PY), mediante un trabajo conjunto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

El acto de entrega estuvo encabezado por el presidente Santiago Peña. “Hoy estamos cumpliendo con nuestro compromiso de llevar bienestar a las familias paraguayas. Pero no nos vamos a detener: el compromiso sigue y vamos por mucho más”, remarcó el mandatario.

Asimismo, el director general paraguayo de la Itaipú Binacional, Justo Zacarías, resaltó que las viviendas son el fruto del trabajo de un equipo encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña y el ministro Juan Carlos Baruja.

Mientras que la dirigente Zully Lesme, presidente de la comisión vecinal, agradeció a las autoridades por hacer realidad un anhelo de hace años.

A su turno, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, afirmó que es un día histórico para los beneficiarios y en ese contexto, remarcó el firme compromiso de garantizar un techo digno y seguro a las familias paraguayas.

En el marco de la alianza estratégica con la Itaipú, el ministro adelantó que en agosto próximo serán inauguradas otras 100 viviendas en la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú. “Vamos a seguir inaugurando muchas viviendas en Paraguay”, resaltó.

Durante el evento, también se entregaron aportes de distintas instituciones estatales:

• Ministerio de Desarrollo Social: capital semilla para 392 familias beneficiarias del programa Tenonderã.
• Secretaría Nacional de la Juventud y Crédito Agrícola de Habilitación (CAH): apoyo a jóvenes emprendedores rurales.
• Banco Nacional de Fomento (BNF): líneas de crédito productivo y apoyo financiero.
• Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP): entrega de 14 computadoras para fortalecer la capacitación técnica en sedes de Ciudad del Este.

Con esta agenda articulada, el gobierno reafirma su compromiso con un desarrollo territorial equilibrado, con inversión en infraestructura, salud, educación, vivienda y formación de líderes para el servicio público. Alto Paraná se consolida como epicentro de esta visión transformadora que apuesta al bienestar y al futuro de las familias paraguayas.

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La Comisión Transitoria para Investigación de Lavado de Activos y Delitos Contra el Patrimonio, presidida por el senador liberal Dionisio Amarilla, entregó este lunes a la Presidencia de la Cámara Alta su informe final.

“Hemos cumplido con la misión. Nosotros habíamos trazado los ejes de investigación, el primero guardaba relación con el financiamiento político, la Justicia Electoral había accedido a datos sobre fondos que fueron a los partidos y candidatos políticos desde las oenegés. La otra guardaba relación con el lavado de activos a través del tráfico de armas y el sistema financiero. Con esto confirmamos que el Congreso tiene un rol relevante en efectuar la tarea de control“, comentó Amarilla en una entrevista con los medios de comunicación.

Agregó que el informe final también emite una serie de recomendaciones para diversas instituciones como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Contraloría General de la República (CGR), la Fiscalía entre otros. “Son recomendaciones de mejoras de gestión, no está en nuestro ánimo interferir en los trabajos que hacen estas instituciones que tienen su carta orgánica, autoridades, lógica y dinámica de acción, pero hay cuestiones que se pueden mejorar”, dijo.

Entre los puntos más resaltantes discutidos fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), tanto los recibidos del interior como del exterior, teniendo en cuenta las sospechas de que los recursos terminaron siendo utilizados para costear campañas políticas.

Durante el proceso de las indagaciones algunas de las organizaciones sin fines de lucro se negaron a contestar a la comisión sobre el uso que le dieron al dinero público. De un total de 12.000 organizaciones sin fines de lucro, apenas 6.000 tienen sus documentos en regla, según se reveló.

Durante su vigencia, la comisión también se interiorizó sobre el contrato de fideicomiso firmado entre la previsional y el Banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo por valor de G. 828.000 millones, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. La millonaria suma debió ser utilizada exclusivamente para obras: la terminación de Hos­pital Ingavi, construcción de Policlínica, construcción de Hospital Día y construcción de Hospital Hema­to-Oncológico, sin embargo, las mismas no están y el dinero se esfumó.

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Mediante una consultoría externa impulsada por la actual administración del IPS se detectaron desvíos en la utilización de los fondos para obras no previstas dentro del contrato, incumplimiento de cláusulas contractuales, descalce financiero debido a obras no contempladas inicialmente y la firma de certificados de obras por funcionarios no autorizados.

Entre los grandes temas que fueron indagados por la comisión se encuentran las denuncias impulsadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que pudieran afectar a bancos y financieras por posibles hechos punibles de lavado de activos. Respecto a este caso, también estuvo en la mira la citada entidad bancaria.

Esto teniendo en cuenta la existencia de causas judiciales abiertas por presunto lavado de dinero que involucra al banco Atlas y al fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El Banco Atlas acordó con Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por lavado de activos entre otros delitos. Desde la Conmebol refieren que la entidad bancaria no activó las debidas diligencias establecidas por las normas vigentes para el combate al lavado de dinero.

También el bloque bicameral se interiorizó sobre el intento de despojo de la estancia Cielo Azul, por parte del Grupo Zuccolillo. La propiedad perteneciente al narco brasileño Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, se encuentra localizada en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción, cuenta con 5.945 hectáreas y está valuada en USD 18 millones.

También fue objeto de estudio el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El dirigente político de Amambay, sindicado de mantener vínculos con el narcotráfico había asegurado que aportó USD 1 millón para costear la campaña política del movimiento Fuerza Repu­blicana, del exmandatario Mario Abdo Benítez.

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El departamento de Identificaciones de la Policía Nacional proyecta agilizar los trámites de cedulación y pasaporte, cuyos documentos serían entregados en dos horas, según anunció el interventor Rubén González. El plan entraría a funcionar desde el próximo mes.

El director de Tecnología del Ministerio del Interior explicó que las innovaciones serán introducidas mediante una reorganización total de las oficinas a nivel país.

“Eso es posible gracias a la reorganización de todas las oficinas. Y esto se debería ir mejorando. Realmente el sistema en sí está preparado para hacerlo en dos horas máximo para la expedición de documentos”, señaló a la 1000 AM.

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El ingeniero González aseguró que en breve se va a concretar el proyecto de entregar en dos horas ambos documentos a la ciudadanía.

“Es una parte de las mejoras en las que estamos trabajando. Por el hecho de que nos faltan todavía los controles manuales, que justamente ayer en Buenos Aires estuve trabajando con la gente del consorcio. Y eso nos va a permitir ya liberar todos los documentos, ya sea cédula o pasaporte, máximo en dos horas”, afirmó.

La consigna es ir avanzando en la modernización de la institución y el mejoramiento de los servicios a los usuarios, conforme expresó.

“Nosotros hicimos pruebas y realmente tenemos todo en orden, así como estamos preparando; tarda 15 minutos realmente. Pero previendo que exista algún inconveniente, por ejemplo volver a tomar las fotos, etc. calculamos unas dos horas máximo”, ratificó.

Los documentos físicos, en el mayor tiempo posible, podrán ser tramitados desde el próximo mes, según el interventor de Identificaciones.

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El contralor general de la República, Camilo Benítez, y el subcontralor Augusto Paiva entregaron este jueves al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, la memoria de gestión 2024 de la Contraloría General de la República (CGR), una rendición de cuentas que el organismo de control entrega al Congreso de manera anual.

“La reunión de hoy es respecto a presentar nuestra memoria anual, en virtud a nuestra propia normativa, es una suerte de rendición de cuentas que hace la Contraloría al Congreso Nacional, lo hicimos ante la Cámara de Senadores y hoy estamos haciendo ante la Cámara de Diputados”, indicó el contralor tras la presentación.

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El titular de la Cámara Baja resaltó la importancia del rol de control de la CGR en las instituciones del Estado. “La lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de nuestro sistema republicano. Recibí al contralor general de la República con su informe anual de gestión”, expresó.

La Contraloría detalla sobre las actividades de control realizados durante el ejercicio fiscal del 2024, las cuales el titular del organismo calificó como números récord, teniendo una productividad diez veces superior al promedio. “Hace cinco años venimos batiendo todos los récord en cuanto a la cantidad de auditorías e informes de indicios. Este año no ha sido la excepción”, resaltó.

De acuerdo con el informe se realizó un total de 1.349 actividades de control, entre ellos, auditorías financieras, de cumplimiento, de desempeño, fiscalizaciones especiales inmediatas, controles de destrucción de documentos y verificaciones de programas sociales como Hambre Cero.

Se realizó la remisión de 32 reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio público, por un monto total de G. 1.293.271.642.237, para la apertura de las investigaciones correspondientes y acciones legales, dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales.

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