El presidente de la Mesa Directiva de Diputados, Raúl Latorre, encabezó una reunión con el viceministro de Transporte, Emiliano Rolón, para conocer los planes de acción ante la crítica situación que padece la ciudadanía con la problemática del servicio del transporte público y el anuncio de un nuevo paro general del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam).

En conferencia de prensa, el legislador remarcó la postura de muchos de los colegas que consideran fundamental que la ciudadanía cuente con el servicio del transporte. Además indicó la urgente necesidad del cambio del sistema transporte público del Paraguay.

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“No es digno lo que viven los paraguayos día a día, no es digno que esperen horas o pierdan horas de sus vidas con un mal servicio de transporte público. Son horas que ya podían haber pasado con sus familias, o en el mismo trabajo, o de descanso. Por ello, es fundamental que sea enviado al Congreso de la nación el proyecto de Reforma de Transporte Público”, enfatizó.

Latorre remarcó que el Ejecutivo ya anunció que en breve estará enviando para su estudio, y que incluso este jueves, el presidente de la República, Santiago Peña, señaló que se podría dar la próxima semana.

“Esperamos que envíe el presidente de la República, que nosotros acá lo vamos a estudiar con toda la seriedad, porque endentemos que es un tema fundamental que debe ser abordado”, remarcó.

Latorre confirmó, además, que sus colegas de las diferentes bancadas expresaron que el Viceministerio del Transporte contará con el total respaldo del cuerpo legislativo a la hora de plantarse y ponerse duro para proteger los intereses de la ciudadanía.

Indicó que existen determinadas herramientas que estarán disponibles y serán fundamentales a la hora del estudio y la implementación de la Reforma del Transporte Público.

“Por ejemplo, el uso del GPS, permitirá claridad en cuanto al monitoreo del funcionamiento del sistema y el recorrido de los buses. También se habló de otros temas, pero quedó claro que la Reforma del Transporte Público es una urgencia y que si bien ya debió darse hace décadas, este es el momento oportuno para su estudio”, remarcó.

Indicó que lo que ahora se está viendo es un remanente de un sistema obsoleto y que va en contra de los intereses de la calidad de vida de los paraguayos.

“Estoy convencido de que la reforma del sistema de transporte público va a ser uno de los desafíos más grandes que va a atravesar el gobierno de Santiago Peña. Estoy convencido de que lo vamos a lograr y que va ser parte fundamental de su legado, así como hoy es el programa de Hambre Cero”, remarcó.

Por otra parte, el diputado Latorre, indicó que la prioridad de la reunión fue garantizar que la ciudadanía no se vea afectada con la medida de fuerza anunciada por Cetrapam.

“Vamos a ser muy claro en estos, vamos a defender y a precautelar con todas nuestras fuerzas los intereses de la ciudadanía y sus derechos fundamentales que es el transporte digno”, enfatizó.

Igualmente, señaló que el ministro Fernández confirmó que están previendo una medida de contingencia disponiendo de una flota de buses que estarán a disposición del Estado y servirá para mitigar el impacto de la huelga.

Confirmó además que se declarará indispensable el servicio de transporte público, que obligará a todas las empresas que se sumen al paro disponer un número de vehículos que salgan a prestar servicio esos días.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, informó que se convocó al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, para una reunión con la mesa directiva, este viernes a las 11:00, para abordar la amenaza de paro general por 72 horas de los gremios transportistas, desde el lunes 21 de julio.

“Yo he llamado al viceministro de Transporte y le he solicitado una reunión para el día de mañana a las 11:00 de la mañana con la mesa directiva. El paro es algo que preocupa y que naturalmente va a afectar a cientos de miles de paraguayos que, con esfuerzo y con un sistema de transporte deficitario, tienen que acercarse a trabajar, tienen que llevar a sus niños a las escuelas”, dijo el presidente de la Cámara Baja.

Latorre afirmó que el objetivo de esta instancia legislativa es velar por el derecho de los ciudadanos que sufren un pésimo servicio del transporte público. “Es una situación que preocupa y vamos abordar con mucha seriedad desde la Cámara de Diputados, y vamos a estar conversando mañana con el viceministro. Nosotros vamos a estar al lado de la ciudadanía, del lado de la protección de sus derechos”, apuntó.

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Igualmente, refirió que estarán expectantes al planteamiento de la reforma del transporte público, anunciado por el presidente de la República, Santiago Peña, para abordar de forma integral un cambio en este sistema y que será presentado próximamente.

“Es una situación que se tiene que abordar, los paraguayos no pueden seguir teniendo este sistema de transporte, no es digno, atenta directamente contra la calidad de vida de los paraguayos que gastan horas de sus vidas, que pudieron estar compartiendo con su familia o con algo que le guste hacer o trabajando, y que lo invierten en un sistema de transporte público absolutamente deficitario”, sentenció el parlamentario.

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De acuerdo al análi­sis de los legislado­res, esta modifica­ción a la Ley n.° 6980/2022 es innecesaria y la Comisión de Defensa Nacional, Segu­ridad, Inteligencia y Orden Interno, de hecho reco­mendó el rechazo de la ini­ciativa.

“La ley vigente de vigilancia y espacio aéreo paraguayo faculta a realizar operacio­nes para la intersección y el uso de la fuerza mediante la legítima defensa para caso de vuelos ilícitos a los efec­tos de neutralizar la ame­naza inminente si fuere necesario, sin comprome­ter la responsabilidad del Estado paraguayo a posibles daños y perjuicios”, expresó el diputado Pedro Ortiz, de la mencionada Comisión.

El legislador mencionó una serie de motivos por los cua­les consideraron que la apli­cación de la propuesta legis­lativa no era viable. En esta línea, indicaron que la reco­mendación de rechazar el proyecto se debe a una con­clusión remitida por el pro­pio Ministerio de Defensa, que expuso la serie de tra­tados internacionales y con­venios a los que se encuen­tra suscrito nuestro país que son contrarias a este proyecto.

“Cualquier derribo de avio­nes que la Fuerza Aérea pueda ejecutar, debe ser para preservar la seguridad y defensa nacional y estar vin­culada a la potencialidad de las aeronaves ante una posi­ble acción hostil que consti­tuya una amenaza a los inte­reses vitales del Estado, pero no puede estar asociado a un hecho ilícito o posible comi­sión de delito”, explicó.

El Ministerio de Defensa alegó que consideran los prin­cipios y garantías constitu­cionales, así como las normas y convenios internacionales como la protección a la vida, el debido proceso, el convenio de Chicago, que los estados contratantes reconocen que deben abstenerse del uso de las armas en contra de aero­naves civiles en vuelo.

Por otra parte, la Conven­ción Americana sobre Dere­chos Humanos establece la presunción de inocencia y garantía del debido proceso. La Fuerza Aérea Paraguaya, de acuerdo con el artículo 173 de la Constitución, tiene como misión la integridad territo­rial en el espacio aéreo nacio­nal. “Por lo tanto, es innece­saria la modificación de la normativa vigente y solicito el rechazo de este proyecto de ley”, añadió Ortiz, moción que fue votada en mayoría por sus colegas.

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, explicó el motivo de su postura y la de varios de sus colegas de la bancada colorada al no acompañar esta iniciativa legislativa.

El parlamentario explicó que esta propuesta va en contra de las normas establecidas en la Constitución Nacional. Sin embargo, aseguró que el proyecto será debatido en el pleno legislativo y se pondrá a consideración de los dipu­tados. La normativa se reim­pulsa con el reciente arribo de los cuatro primeros avio­nes Super Tucano desde Bra­sil para reforzar la defensa aérea.

“Esta lucha, esta protección de nuestro espacio aéreo, debe estar hecha, debe ser realizada en el marco de nues­tros principios constitucio­nales. En nuestro país está abolida la pena de muerte, si se realiza un juicio con­tra narcotraficantes y se los encuentra culpables, ellos deben ir a prisión”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Agregó que “el plantea­miento, la autorización de un derribo de una aeronave civil, además del hecho de que no pasó por un debido proceso de juzgamiento, más bien encajaría con una ejecución sumarial”.

El destaque fue publicado ayer a través de la red social X de la representación diplomática norteamericana en Paraguay.

La Embajada de los Esta­dos Unidos en Paraguay resaltó el compromiso del Gobierno paraguayo con las recientes adquisiciones de los aviones Super Tucano, así como próximos rada­res, para la protección del espacio aéreo. El destaque fue publicado este martes a través de la red social X de la representación diplo­mática norteamericana en Paraguay.

“Acompañamos al Para­guay en su compromiso con la protección del espa­cio aéreo y adhesión a los estándares internaciona­les, en el marco de nuestra colaboración en la lucha contra el crimen organi­zado”, expresa la publica­ción de la embajada.

La misma responde a una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien señaló que la adquisición de estas herramientas se da en el marco de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por parte del gobierno de Santiago Peña.

El diputado liberal Freddy Franco, presentó el proyecto para castigar con cárcel o multa a aquellas personas que se adueñen de cuentas, creen perfiles sociales falsos para realizar estafas y difamaciones o roben claves.

La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Ciberseguridad con participación de sectores estratégicos del Estado y la sociedad civil.

También plantea la creación de una identidad electrónica oficial para los ciudadanos. “Presentamos este proyecto referente a la suplantación de identidad, mucha gente termina siendo estafada, cuando empiecen las denuncias contra los perfiles falsos hará que se mitigue la cantidad de los mismos que tienen la intención de quitar réditos económicos o de degradar a las personas”, comentó a la 1080 AM.

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El proyecto propone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o multa de 100 a 500 jornales mínimos para quien, mediante cualquier medio o técnica, acceda o se apropie de un perfil o cuenta en una red social.

Asimismo, plantea la pena carcelaria de 6 meses a 2 años para el que cree un perfil falso con datos de otra persona con el fin de engañar, perjudicar o cometer otro hecho punible. “Las personas de la tercera edad son muchas veces víctimas de esta situación”, indicó.

Franco acotó que “este proyecto fue acercado a través de una asociación de informáticos. Vamos a hacer audiencia pública, vamos a llevar a las comisiones, y las comisiones van a ser las que van a decidir”, sostuvo.

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