El diputado Rubén Rubín mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, para oficializar su proyecto de modificación del Código Penal: “Prisión permanente revisable” aumentando la pena de cárcel hasta 90 años por hechos de homicidio y otros delitos graves. El titular del Legislativo resaltó que existe la voluntad política en ambas cámaras para buscar una solución al problema.

Núñez felicitó al legislador por la iniciativa y aseguró que tanto en Diputados como en Senado existe la voluntad política de analizar estos temas que preocupan a la ciudadanía e indicó que, si este tipo de asuntos no se abordan, también la clase política sería cómplice de estos hechos delictivos.

Le puede interesar: Habilitación del Gran Hospital del Sur es gracias a la negociación histórica de Itaipú, recordó Peña

“Agradezco la visita del diputado Rubín y desde ya agarro positivamente la propuesta de modificar el Código Penal, atendiendo los hechos graves sucedidos recientemente. Le decía que nosotros también somos culpables de omisión, o por omisión, si es que no hacemos nada”, expresó.

Sostuvo que esperamos que se entienda bien, que el violador y que mate a una niña indefensa, “no puede quedar libre en tan solo 3 o 4 años. No más víctimas fatales, por eso tenemos que darle un punto final. Tenemos que trabajar la propuesta, contamos con cientos de asesores que nos pueden ayudar a mejorar la propuesta. Pero la voluntad política está tanto en Diputados como en Senado”, precisó.

El proyectista Rubén Rubín indicó que coincide plenamente con el senador Núñez en que la clase política es cómplice si no se hace nada para cambiar la situación actual.

“Sería una irresponsabilidad que un representante del pueblo, que tiene las atribuciones de modificar las leyes, no lo haga nada cuando Paraguay pide a gritos que se agregue la cadena perpetua al Código Penal”, explicó.

Señaló que la propuesta comienza planteando una modificación al artículo 38 del Código Penal, sobre la duración de las penas privativas de libertad, elevando la pena máxima a 90 años.

Además, indicó que en los casos de pena privativa de libertad, de 50 años en adelante, podría ser revisable. Por ello, se establece el término de Prisión Permanente Revisable.

Lo que se busca es que Paraguay se adecue a la coyuntura regional, explicó el diputado, añadiendo que ya se comenzó a adoptar este sistema. No obstante, por la Constitución Nacional no se puede contemplar la cadena perpetua como tal, por ello recurren a la figura de Prisión Permanente Revisable.

“Nosotros no vulneramos la posibilidad de reinserción del condenado. Esto ya lo hizo Argentina, Chile, Colombia; ahora justamente lo está debatiendo también Ecuador. Es decir, nosotros no vamos a innovar legislativamente hablando, por el contrario, estamos llegando tarde”, acotó.

Mencionó que por ahora, la propuesta de Prisión Permanente Reversible es para infractores mayores de edad; y la revisión será posible una vez que se cumpla los dos tercios de la condena, dependiendo de cuántos años se haya aplicado. Pero en el caso de delitos graves, sería entre 50 a 90 años como máximo.

Igualmente, indicó que el proyecto contempla la acumulación de condena en el caso de que exista más de una víctima o varios delitos, se irá sumando la pena por cada una de ellas. Esta propuesta de elevar las penas son para delitos graves como homicidios y violaciones.

Asimismo, explicó que existen ciertas excepciones, como el caso de un accidente de tránsito con derivación fatal, siempre y cuando no esté alcoholizado, garantizando el derecho a la defensa personal.

Siga informado con: Titular del MOPC acude el lunes al Senado para agilizar plan de reforma del transporte

El Gobierno pre­sentó el proyecto de Reforma Estructu­ral del Transporte Público, en el marco del paquete de reformas que plantea el Eje­cutivo al Congreso Nacional. Con esta propuesta apunta a un sistema “más justo, moderno y digno para todos”, enfatizó la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, durante la presentación.

Mencionó que, con ello, se busca dejar atrás un modelo que expulsa usuarios y avan­zar hacia un servicio que recu­pere la confianza ciudadana.

La presentación se realizó en el Palacio de Gobierno, con la presencia de diversas auto­ridades. “El transporte debe crecer con la sociedad, evolu­cionar con sus necesidades y mantenerse vivo”, remarcó.

La ministra Centurión afirmó que se trata de una reforma trascendental para el transporte público. Señaló que la propuesta remitida al Congreso Nacional impulsa una reforma largamente anhelada, profundamente necesaria y absolutamente impostergable.

“La reforma comienza por un Estado fortalecido, con reglas claras y una gestión moderna”, subrayó. Al tiempo de resaltar que es una inicia­tiva para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida de los ciudadanos.

El presidente de la República, Santiago Peña, insistió en su pedido a los legisladores de la nación, para que le den cele­ridad en su tratamiento en el ámbito parlamentario.

“Esto nos dará la posibilidad de contar con la herramienta lo antes posible, porque la apro­bación de la ley va a ser el ini­cio del proceso, de una reforma que llevará su tiempo”, explicó el mandatario.

Mediante esta ley, el Estado tendrá mayor control, ya que se termina con las refor­mas automáticas, es decir las empresas que quieran ope­rar el servicio de transporte público deberán ganar una licitación, con reglas claras y, sobre todo, ofreciendo un buen servicio.

Asimismo, promueve la com­petencia para elegir a opera­dores competitivos e idóneos. Anteriormente, una misma empresa se encargaba de todo, operar los buses, tener la flota y mantener la infraes­tructura.

Durante un acto en Palacio de Gobierno, liderado por el presidente Santiago Peña, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó oficialmente el proyecto de paquetes de leyes que prevé 10 cambios en el sector público para impulsar el desarrollo de la economía.

“Hay algunas actualizaciones de leyes que han servido mucho para hacer inversiones, para crear empleo que necesitamos en este momento. Una de ellas es la vieja ley 60/90 que ahora se llama ley de Inversión Nacional y Extranjera, porque pone en un mismo lugar al local e internacional”, explicó el secretario de Estado.

Fernández Valdovinos fue enfático en decir que el Gobierno no está “obsesionado” solo con la inversión extranjera, sino con la inversión en general, sea nacional o extranjera. “Al compatriota lo que le importa es el empleo, y le da lo mismo si el dueño es nacional o extranjero”, dijo.

Leé también: Hay consenso en avanzar hacia el máximo estatus sanitario, pero no en plazos

Luego, expuso que también están trabajando en la modernización de la Ley del Mercado de Valores, teniendo que en cuenta que ahora la Superintendencia de Valores se encuentra dentro del Banco Central del Paraguay (BCP), y recordó que este sábado se celebra el primer aniversario del grado de inversión, “un hito económico importante”.

“Necesitamos actualizar también esa ley, de modo que el capital que llegue a Paraguay tenga muchas más facilidades, y que el mercado de valores opere bajo estándares internacionales. Así podremos alcanzar en el ámbito regulatorio el mismo estándar de grado de inversión que ya tenemos en lo macroeconómico”, explicó Fernández Valdovinos.

Profundizó en que estas iniciativas apuntan a una transformación productiva, tecnológica y financiera que beneficiará directamente a la ciudadanía, como la política nacional para la producción y ensamblaje de equipos eléctricos, electrónicos y digitales.

Con esto, se crea un marco normativo que impulsa la industrialización en el sector tecnológico, incentivando la producción local de dispositivos clave para el desarrollo digital, y se proponen incentivos concretos para que empresas nacionales e internacionales instalen fábricas de equipos eléctricos, electrónicos y digitales en el país. Esto implica más empleos formales, transferencia tecnológica, desarrollo industrial y posicionamiento del país en la cadena de valor global.

En el paquete de leyes se elimina una norma que obligaba a las aerolíneas a pagar un 6 % a agencias por cada pasaje vendido, lo que limitaba la competencia. Esto quiere decir que más aerolíneas podrán operar en el país, se abrirán nuevas rutas aéreas, habrá más opciones de vuelo y pasajes más accesibles.

Te puede interesar: El carnero Dorper más caro de la Expo fue vendido por más de G. 45 millones

Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó con 26 votos a favor el proyecto de declaración que acompaña la investigación de la Fiscalía e insta a las instituciones del Estado a profundizar y buscar aclarar las denuncias periodísticas contra el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana Abdo, sobre supuestas cuentas millonarias en paraísos fiscales, específicamente en la isla Seychelles, África.

La propuesta tiene por acápite la declaración de la Cámara Alta, en acompañar la investigación iniciada por el Ministerio Público e insta a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o bienes (Seprelad), a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a iniciar de manera urgente y coordinada las investigaciones pertinentes relacionadas con las publicaciones periodísticas que vinculan al expresidente, con la presunta existencia de cuentas offshore en las Islas Seychelles por un monto aproximado de USD 21 millones”.

Esta propuesta fue finalmente aprobada con el apoyo de 26 senadores, en tanto, que 1 votó en contra, otros 8 se abstuvieron y se registró la ausencia de 4 senadores. La iniciativa fue aprobada con modificaciones planteadas en el plenario.

Durante su tratamiento, se hicieron algunos planteamientos de modificación al proyecto de declaración, a fin de que el documento sea mucho más eficaz.

Entre las modificaciones aprobadas incluye el instar a la Contraloría General a que realice un examen de correspondencia sobre la declaración jurada presentada por Abdo Benítez.

En tanto, que a la Seprelad se le solicita que recurra a los acuerdos de cooperación con organismos internacionales, a fin de solicitar informes a los mismos, de tal modo a lograr tener acceso directo a varias instituciones internacionales, y de ese modo llegar a la verdad.

“Lo que buscamos es claridad, lo que buscamos es la transparencia. Por lo tanto este órgano constitucional que es la Contraloría, realice ese examen de correspondencia sobre la declaración del expresidente. Hablando de hechos objetivos y evidencias documentadas claras”, explicó el senador Mario Varela.

A su turno, el senador Derlis Maidana informó al plenario que las Islas Seychelles, que en principio constituyeron un paraíso fiscal, forman parte de la Red Internacional de Seprelad, desde el 3 de julio del 2013, contando con una Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles (UIF Seychelles).

Indicó que por tanto, corresponde que la Seprelad Paraguay pueda iniciar los contactos con este organismo a fin de dilucidar el trasfondo y así a confirmar si existen o no esas supuestas millonarias cuentas a nombre del exmandatario y su esposa.

“Si se confirma la existencia, por supuesto, constituye hechos punibles de evasión, lavado de dinero, y otros hechos de corrupción y por supuesto, las instituciones involucradas en el tema tienen que ser la Seprelad, la DNIT, la Contraloría y el Ministerio Público. Hacer un examen de correspondencia, antes de tener una certeza de cuál será la información final de la UIF Seychelles, creo que puede derivar en un hecho de impunidad yo de encubrimiento”, acotó.

Siga informado con: Peña recibe a su homólogo español Pedro Sánchez en el Palacio de Gobierno