“Yo creo que Mario Abdo Benítez incurrió en hechos de corrupción, hay indicios suficientes”, dijo el senador Antonio Barrios, al referirse en torno a las ganancias exponenciales del exjefe de Estado mediante la venta de asfalto. El exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, pasó por alto esta situación y junto al líder de Fuerza Republicana impulsó un esquema de persecución política contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Sus empresas tuvieron un crecimiento exponencial durante la pandemia. Nos llama muchísimo la atención la forma en que el exembajador Ostfield defendió a Abdo mediante datos sesgados, medias verdades y mucha manipulación”, sostuvo en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Las declaraciones de Barrios surgieron tras la filtración de un documento enviado por Ostfield al Departamento de Estado del gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar sanciones contra los adversarios políticos de Abdo Benítez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus firmas Aldia S.A. y Createc S.A., lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria por el covid-19.

“Abdo Benítez acompañado por sus exministros produjeron documentos no auténticos y eso enviaron al Departamento de Estado del país norteamericano. Ellos configuraron un terrorismo de Estado y esto lo denunciamos desde el inicio de todo este operativo. Era evidente que había una alianza entre Ostfield y Mario Abdo contra el expresidente Cartes”, indicó Barrios.

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El diplomático alegó que “Abdo Benítez” era víctima de una persecución política y que todas las ventas de sus empresas fueron concretadas en el sector privado y no al gobierno. Lo que Ostfield obvió en su inexplicable complicidad es que la denuncia provino de organismos estatales como la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Además terminó ninguneando el “apriete” que las empresas privadas soportaban para comprar el asfalto de Aldia y Createc. “Durante el gobierno de Abdo Benítez se hicieron una gran cantidad de rutas y asfaltos, sin respaldo presupuestario y esto es algo muy llamativo. Todo esto obra en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, evidentemente acá el Ministerio Público debe establecer una investigación de oficio (sobre el crecimiento exponencial de sus empresas)”, sentenció Barrios.

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“Esta filtración es reveladora y demoledora para todo lo que ocurrió en Paraguay, expone toda la per­secución política durante el gobierno de Mario Abdo Benítez”, dijo el abogado Pedro Ovelar al referirse sobre la asociación criminal montada por el expresidente de la República y el exembaja­dor de Estados Unidos Marc Ostfield, contra el titular del Partido Colorado, Horacio Cartes.

Las afirmaciones de Ovelar surgieron tras la filtración de un documento interno de la embajada en Asun­ción, enviado por Ostfield al Departamento de Estado del Gobierno estadounidense en noviembre de 2024. En el informe se confirma cómo el diplomático atropelló la soberanía del Paraguay, rea­lizando acusaciones sin prue­bas para justificar sanciones contra los adversarios polí­ticos de Abdo Benítez; ade­más, defendió a su “aliado” ante cuestionamientos por los beneficios que sus empre­sas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria.

“Un embajador lo que desa­rrolla es el relacionamiento entre ambos países y no el involucramiento de cuestio­nes internas. Lo más conde­nable en esta conducta no está solo en lo que el exem­bajador hizo o quiso hacer, sino en todo lo que le acom­pañaron. Tenía una hin­chada de medios periodís­ticos, de políticos opositores que pedían solo sanciones y la extradición contra Car­tes”, afirmó Ovelar, este viernes, en una nota con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El documento fue filtrado por la organización Distri­buted Denial of Secrets, que es una especie de Wikileaks, y que fue divulgado a través de distintos medios de comu­nicación como Diario de las Américas (Estados Unidos), en noviembre de 2024; Cla­rín y Periodismo y Punto de Argentina, en enero último. El relatorio elaborado por Ostfield fue promovido con base en datos sesgados, con medias verdades y manipu­laciones, calificando a Cartes como un político corrupto y vengativo.

“Este informe señala una intromisión y violación del convenio de Viena, un direc­cionamiento de los ataques al sector colorado y en espe­cial al líder del movimiento Honor Colorado. También indica que estaban haciendo campaña a favor del libe­ral Efraín Alegre e implica una grave alianza que hubo entre Abdo Benítez y este embajador, no solo atacó a su enemigo, sino defendió a su aliado Mario Abdo”, refi­rió Ovelar.

“Acá los senadores deben reflexionar. Ellos no esta­rán condenando absoluta­mente a nadie al enviar a la Justicia a Mario Abdo y que este tema sea debatido. Abdo Benítez no tiene nin­guna limitación para el ejer­cicio de su defensa, cosa que sí ocurrió con Cartes que no tuvo la oportunidad den­tro de un debido proceso. Si hay algún hecho nulo, lo probarán y será resuelto en las instancias correspon­dientes”, comentó Ovelar a Nación Media.

Esto ante las trabas impul­sadas por senadores opo­sitores y del movimiento Fuerza Republicana en obs­taculizar la labor de la Jus­ticia al no despojar a Mario Abdo de sus fueros como senador vitalicio. “Están dándole un blindaje ante las evidencias que hoy sal­tan, son señales evidentes de una persecución polí­tica que hizo Abdo contra sus adversarios utilizando nada más y nada menos que al exembajador de Estados Unidos en Paraguay para el efecto. Realmente son cir­cunstancias muy graves que deben ser evidenciadas en un juicio”, sentenció.

Esta asociación criminal obligó a Cartes a impulsar una denuncia formal por persecución política de la cual fue víctima mediante la instrumentalización de las instituciones estata­les como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El esquema fue impulsado desde el 2018, y se acentuó en el marco de las elecciones internas del Partido Colo­rado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

Las investigaciones impul­sadas por el Ministerio Público derivó a la impu­tación de Mario Abdo y sus leales, Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fer­nández, Mauricio Espínola, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene, por los hechos punibles de revela­ción de secretos de servicio, revelación de secretos priva­dos por funcionarios o perso­nas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denun­cia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y aso­ciación criminal.

Marc Ostfield fue echado de la embajada estadounidense en Asunción, el 20 de enero, por el gobierno de Donald Trump, luego de que la Cancillería paraguaya reclamara, en agosto de 2024, acelerar su salida por generar una crisis bilateral debido a su “activismo diplomático”. El exembajador llegó al país en marzo de 2022, y apenas cuatro meses convocó a su primera rueda de prensa para anunciar sanciones contra adversarios políticos de Abdo Benítez, en plena carrera para las elecciones internas del Partido Colorado.

Diario de las Américas publicó esta transcripción del documento atribuido a Ostfield, el cual “describe parte del proceso de la toma de decisiones para emitir las sanciones por parte del diplo­mático norteamericano”, señala el material periodístico firmado por Jaime Garvett.

“Tengo información oficial desde el Departamento del Tesoro, donde da cuenta que la empresa paraguaya Tabesa (Tabaca­lera del Este SA) presentó documentos solicitando habilitación para operar en el sistema financiero norteamericano. Así tam­bién recibí datos de que la empresa sostiene que el señor Hora­cio Cartes se retiró de la misma dentro del plazo establecido por la OFAC, vendiendo sus acciones a la misma sociedad, lo cual le produce importantes ingresos financieros”.

El catedrático, historiador y dirigente político José Ocam­pos recordó que solo el movi­miento Honor Colorado ejer­ció la defensa de la soberanía del Paraguay, ante la injeren­cia del exembajador estadou­nidense Marc Ostfield en los asuntos internos del país. La repudiada acción contó con el cobijo del gobierno de Mario Abdo Benítez, sus aliados opositores y medios de comu­nicación afines.

“Cuando todo el mundo calló, nosotros fuimos quie­nes levantamos desde el Instituto Republicano de Política Estratégica del Par­tido Colorado la bandera de enfrentar la abierta intro­misión de un embajador en cuestiones políticas internas. Su accionar incluso terminó sobrepasando al tratado de la Convención de Viena”, refirió Ocampos, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT) es un instrumento fundamental en el derecho internacional que establece el marco para la creación, interpretación y aplicación de los tratados entre Esta­dos. Tras más de 15 años de elaboración por la Comisión de Derecho internacional de las Naciones Unidas, fue sus­crita en Viena (Austria) el 23 de mayo de 1969 y entró en vigor el 27 de enero de 1980.

Ocampos hizo alusión a la asociación criminal mon­tada por el expresidente de la República Mario Abdo Bení­tez y el exembajador nortea­mericano Marc Ostfield con­tra el exmandatario y titular del Partido Colorado, Hora­cio Cartes.

“Mientras el gobierno ante­rior, sus exponentes parla­mentarios y todos los medios decían que esto es una victo­ria, nosotros decíamos que están equivocados, porque el globalismo, con todo el dinero que tenga, no sabía lo que era el Paraguay, que nos entregamos a la causa, aún a costa de nuestra propia segu­ridad personal, ya que desata­ron en nuestra contra (movi­miento Honor Colorado) una campaña enorme de persecu­ción”, comentó.

“No importa de que poten­cia sea, el Paraguay nunca fue un pueblo de cobardes, se ha levantado en contra de los Estados Unidos. Por más grande que sea Goliat, el Paraguay siempre ha sido un David que se ha hecho respe­tar y pagó con sangre su dere­cho a existir, vencer o morir”, comentó.

Las afirmaciones de Ocam­pos surgieron tras la filtra­ción de un documento interno de la embajada en Asun­ción, enviado por Ostfield al Departamento de Estado del Gobierno estadounidense en noviembre de 2024.

En el informe se confirma cómo el diplomático atrope­lló la soberanía del Paraguay, realizando acusaciones sin pruebas para justificar san­ciones contra los adversa­rios políticos de Abdo Bení­tez, además defendiendo a su “aliado” ante cuestionamien­tos por los beneficios que sus empresas lograron con el negocio del asfalto en plena crisis sanitaria.

Este viernes, cuatro personas denunciaron que el gremio Funcionarios de IPS Asociados (Fipsa) estuvo evadiendo los aportes a la seguridad social y esto compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados solicitan a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio.

Según consta en la denuncia, Fipsa enfrenta una denuncia por evasión de aportes a la seguridad social. Esta ya fue presentada por el director Jurídico ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Hasta el momento, son cuatro las personas afectadas en el caso que requieren de una urgente solución debido a que no pueden acceder a los servicios básicos como la salud y la jubilación.

En este caso, la acusación es contra el actual presidente de la asociación, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez. El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.

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Los afectados del caso son: Lourdes Beatriz Suárez, que se desempeña como trabajadora administrativa de Fipsa; Fátima Adelaida Ramírez González, que se desempeña en diferentes áreas reportó la falta de pago de aportes; Martha Dolores Acosta Cuevas, trabajadora en recepción y telefonía, y Víctor Manuel Acosta Causarano, que trabajaba en diferentes áreas. Todos denuncian que la empresa le descontaba el 9 % de su salario para aportes al IPS, pero no lo ingresaba.

En la denuncia sostienen que Fipsa ha incumplido con el pago de aportes a la seguridad social, lo que ha afectado a los trabajadores y sus familiares, quienes no pueden acceder a servicios básicos como la salud y la jubilación. Los afectados solicitan la urgente investigación y el castigo correspondiente a los responsables.

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