Estados Unidos sancionó ayer miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser “eminentes profesionales”, según él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago. Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de “conspiración” contra el gobierno de Maduro.

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Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela. La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.

Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro, el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde setiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirma el Tesoro en un comunicado.

De esta manera ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añade. La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo.

El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.

Cuatro meses después de las elecciones, “Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos”, afirma el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en otro comunicado. El Departamento de Estado impuso por su parte restricciones de visa a “individuos alineados con Maduro”.

Las sanciones implican el “bloqueo de propiedad y suspensión de entrada” en Estados Unidos “por ser funcionarios actuales o anteriores” del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro. Hasta la fecha casi 2.000 venezolanos sancionados tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Caracas ha tardado horas en reaccionar públicamente.

“He dado la orden de crear en los próximos días la condecoración (...) que llevará el nombre de la Gran Victoria de Ayacucho” y “se la voy a colocar a cada uno de estos hombres que han sido hoy agredidos”, soltó Maduro durante el aniversario de la Aviación Militar de Venezuela tras tachar de “ridículas” las sanciones. Son “eminentes profesionales”, defendió.

Anteriormente contraatacó la cancillería. Las sanciones “son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”, sostuvo refiriéndose a la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.

El gobierno chavista estima que las medidas apuntan a un “grupo de patriotas”. Para Washington, por el contrario, “no se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro” sino a los funcionarios “que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas”, declaró a periodistas un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

Pero Estados Unidos sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia. La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.

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“Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela”, afirmó el funcionario. “Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro”, precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.

En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo. El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.

Fuente: AFP

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, concretaron la firma de un convenio interinstitucional en el marco del fortalecimiento de la administración entre ambas instituciones. El objetivo es potenciar la transparencia, la eficiencia y la capacitación en temas relacionados con el sistema electoral.

Con este convenio, se establece la implementación de planes, programas y la elaboración de proyectos de ley de interés común; además de capacitaciones y desarrollar actividades relacionadas o derivadas de las misiones institucionales respectivas.

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El presidente de Diputados, Raúl Latorre, destacó el rol y el trabajo realizado por el TSJE en los procesos electorales en el país. “La conducta de la Justicia Electoral siempre ha dado claridad y certeza en los resultados electorales, lo cual es fundamental para que se respete al ganador y se mantenga una paz. El TSJE ha sido una institución creíble que ha fortalecido los cimientos de nuestra democracia”, indicó.

Por su parte, el presidente de la máxima autoridad electoral, César Rossel, adelantó que se plantearán reformas técnicas que se irán elevando a la Cámara de Diputados. “Nosotros teníamos que presentar, o estaba en los planes de la Justicia Electoral, presentar unas reformas técnicas, así que lo vamos a canalizar directamente a través de la Cámara de Diputados, y trabajaremos en las capacitaciones y en todo lo que hace a las elecciones”, indicó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, de Diputados, Arnaldo Valdez, también se expresó sobre este convenio, manifestando que la comisión asesora trabajará en las propuestas que sean enviadas por la Justicia Electoral.

“Quiero manifestar mi contento y el contento de la Comisión de Asuntos Electorales por la firma de este convenio, atendiendo a que tenemos una labor intensa en los diferentes proyectos de leyes que se están impulsando al interior de la Cámara de Diputados”, apuntó.

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El juez de sentencia Dario Báez expresó su temor ante las amenazas recibidas por parte del titular del Partido Cruzada Nacional, Paraguayo “Payo” Cubas, quien con la finalidad de impedir el inicio de su juicio oral por los disturbios ocasionados frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tras las elecciones generales del 2023, alegó que terminaría “garroteándole” en la vía pública.

“Esto le conviene para seguir teniendo vida, ya que se venía apagando políticamente para tratar de llamar la atención. Me afecta las partes de las amenazas porque lo veo a él como una persona que dentro de este libreto que viene siguiendo realiza amenazas y las cumple. Hay varios antecedentes de agresividad de su persona hacia autoridades, sean policías, senadores y también ha realizado actos de violencia en no solo una oportunidad contra otros jueces y fiscales”, indicó.

El magistrado dijo a la 1080 AM que el líder Cruzada Nacional “tiene un libreto preparado, una semana antes nadie lo estaba recordando, estaba siendo rechazado por todos los grupos políticos”. Sostuvo que “evidentemente esta es su forma de vida porque viene manifestándose de la misma forma hace años y le resulta extremadamente positivo. Ya tuvimos una audiencia en julio y se había portado como un caballero porque no estaba un solo medio de prensa”.

El polémico dirigente esteño, imputado por perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia, también terminó insultando al magistrado calificándolo de “idiota, delincuente, corrupto, lavador de dinero y amigo de narcotraficantes”.

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Báez, quien terminó siendo recusado por el procesado, sostiene que el libreto de agresiones tiene como único fin obtener rédito político. “Cubas es bastante inteligente y vivo. La gente dice que se necesita un loco como Payo, pero no es loco bajo todo punto de vista si venimos analizando su comportamiento y las ganancias políticas que ha obtenido gracias a esas actuaciones como defecar en un juzgado, pegarla a un juez en una penitenciaría, hacer pintatas”, mencionó.

La acusación contra Cubas fue presentada en junio del 2023 por los agentes fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia. En el documento sostienen que el líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del “TREP”.

Alega que sus discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las protestas derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a agentes policiales. La acusación contra Cubas está respaldada por una serie de pruebas contundentes, como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.

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El diputado Marcelo Salinas conversó con La Nación/Nación Media sobre el desarrollo de los comicios internos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El parlamentario garantizó la elección de nuevas autoridades partidarias, pese al pedido de nulidad solicitado a la Justicia Electoral por parte del senador Ever Villalba.

“El presidente Hugo Fleitas no recurrió a la Justicia Electoral, reconoció que hay una mayoría y lo aceptó. El equipo de Ever Villalba reclamó, pero al final tanto este sector como el de Fleitas reconoció la existencia de la convención desarrollada”, aseguró Salinas.

El directorio del PLRA se había reunido para aprobar la última acta anterior, donde se reconocía lo resuelto por la convención liberal, de llamar a elecciones partidarias para el año que viene. Esto, por consecuencia, implica acortar el mandato de la autoridad actual.

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“Hoy se puede decir que habrá elecciones, eso es categórico. Vamos a esperar a que la Justicia Electoral se expida, pero también podría no hacerlo, lo cual también implicaría la realización de las elecciones; dependemos de la Justicia Electoral en estos momentos”, manifestó.

El congresista apostó por la realización de las elecciones partidarias, no solo para renovar a las autoridades del PLRA, sino también para contar con la consolidación que no posee Hugo Fleitas como actual presidente del partido. Manifestó que la nucleación política requiere de un mejor manejo.

“El partido merece una renovación. El presidente Fleitas no tiene legitimidad política, pese a que su posición sea legal; ya ha perdido mayoría y tampoco tiene respeto de nadie, por eso considero que las elecciones fortalecerán al partido”, subrayó el parlamentario.

Agregó además que la nueva dirección partidaria podrá preparar en tiempo y forma a la nucleación política, rumbo a las elecciones. Esto aparte de contar con la suficiente legitimidad política que hoy en día no poseen las autoridades actuales del PLRA.

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