El pleno de la Cámara de Diputados también otorgó su visto bueno a la propuesta que establece la prorroga por 60 días más de la Comisión Antilavado, encabezada por el senador opositor Dionisio Amarilla. El requerimiento surgió por parte de sus miembros con la finalidad de continuar con las indagaciones.

La votación arrojó como resultado 36 votos a favor, 9 en contra y una abstención. De esta manera la comisión bicameral estará en funcionamiento hasta el próximo 20 de diciembre y luego del receso parlamentario, desde el 2 de marzo, hasta completar el plazo solicitado.

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Días atrás un total de 21 senadores acompañaron la extensión de vigencia, mientras que 18 parlamentarios principalmente de los partidos y movimientos de la oposición se opusieron al requerimiento.

Este último martes, uno de sus integrantes, el senador Gustavo Leite manifestó que el bloque recurrirá al auxilio de la Justicia para intimar a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Esto teniendo en cuenta que durante las indagaciones la comisión bicameral no solo reveló el festín de las organizaciones no gubernamentales con el dinero público, sino también la financiación de candidaturas a aliados políticos de peso.

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Desde el inicio de su instalación el pasado 26 de agosto, desde la Comisión Antilavado indicaron que algunas organizaciones sin fines de lucro (ONG), se resistieron a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.

Ante esta situación, el senador Gustavo Leite manifestó que aguardan la reglamentación de la ley por parte del Poder Ejecutivo con el objetivo de recurrir al auxilio de la Justicia para intimar a las mismas que remitan las documentaciones requeridas desde el ámbito legislativo.

“Muchas organizaciones se negaron a darnos datos. Ahora hay un marco legal y estimo que vamos a tener que recurrir lastimosamente a la Justicia. Las comisiones bicamerales de investigación de todos los congresos del mundo tienen poderes constitucionales que les permite requerir informes hasta a particulares, vamos a seguir insistiendo”, sostuvo a la 1020 AM.

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Asimismo el parlamentario acotó que no se quiere entrar y secuestrar los documentos. “Esto se hace por las buenas, aquí la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta la plata, no es para perseguir a nadie. Yo no creo que los allanamientos sean necesarios porque la Justicia puede denegar o puede ordenar que las organizaciones traigan sus documentos”, aseguró.

Leite detalló que la comisión bicameral de investigación encontró hechos llamativos en las ONGs que recibieron financiamiento de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Unión Europea (UE).

“El que trabaja con el Estado paraguayo tiene que estar en condiciones de rendir cuentas. Nunca estuvo en nuestro espíritu ni allanar, garrotear ni perseguir. Hay personas, medios de comunicación, periodistas que no desean que sus nombres se revelen y se resistieron hasta ahora, pero vamos a seguir insistiendo por las buenas”, mencionó.

El congresista agregó: “Jamás vamos a pedir que se secuestre o se allanen a las ONGs, esto solo es para los delincuentes, no creemos que las ONGs estén metidos en temas delictivos, pero sí creemos que esconden información”.

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El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

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“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

Finalmente fue promulgada la ley que establece controles a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en incidencia directa sobre instituciones públicas o cuestiones de interés general. Todo el proceso legislativo tuvo que lidiar con una campaña de desinformación por parte de quienes utilizan las oenegés para hacer política partidaria o lucrar con ellas.

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Luego de meses de vueltas en el cir­cuito legislativo y a pesar de una fuerte campaña de desinfor­mación, finalmente el Poder Ejecutivo pro­mulgó la ley que esta­blece una serie de controles a las organi­zaciones no guberna­mentales que trabajan directamente en inci­dencia en instituciones públicas o cuestiones de interés general. La oposición más férrea a la nueva legislación pro­vino de sectores que utilizaron las supues­tas organizaciones sin fines de lucro para reci­bir millonarios fondos o directamente hacer campaña proselitista.

La nueva ley establece que todas las asociacio­nes, fundaciones, oene­gés, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o pri­vados, tanto naciona­les como internacio­nales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier enti­dad que reciba o admi­nistre fondos relaciona­dos con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, munici­palidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la iden­tidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respalda­torios. Además, deberán mantener una lista deta­llada de todos los profe­sionales y personal con­tratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos.

Las OSFL también esta­rán obligadas a presen­tar informes semes­trales al Ministerio de Economía. Los organis­mos del Estado, muni­cipalidades y entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.

Un claro ejemplo de cómo algunas oenegés se han beneficiado de fondos millonarios es la dupla de excandida­tos de la Concertación Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente constru­yeron una red de nego­cios bajo la apariencia de oenegés, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de orga­nismos multilaterales y contrapartidas estata­les, destinando fondos a consultorías y empren­dimientos que benefi­cian a un selecto grupo de amigos.

Koga Impact Lab, fun­dada por Defelippe en 2015 con una f inancia­ción inicial de USD 900 mi l del Fondo Mult i­lateral de Inversiones (Fomin) del BID y USD 700 mi l de contrapar­tida local, es el centro de esta red. De Koga sur­gen múltiples ent ida­des como la A sociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, empresas cerebro de proyectos en torno a inst itucio­nes públicas, con los que los únicos benef iciados son el selecto entorno de la pareja.

La Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT) reveló que en el año electora l 2023 las oenegés movi­lizaron sumas millona­rias. Los fondos, con­centrados en grandes corporaciones , pare­cen haber beneficiado principalmente a sus directivos y socios con altos honorarios, eclipsando la misión de esta s organizacio­nes de servir a la socie­dad civil .

Los informes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) han expuesto cifras sorpren­dentes, especialmente en oenegés vinculadas a figuras políticas. A pesar de la falta de transparen­cia en el f lujo de infor­mación, se destaca un monto impresionante: G. 12,6 billones (USD 1.700 millones), similar al presupuesto anual de los Ministerios de Obras Públicas y Salud.

Las investigaciones de Nación Media revelaron también la manera en la que las oenegés fueron utilizadas para asegu­rar seguro social para algunos de los " lucha­dores” anticorrupción haciéndolos figurar con sueldos muy por debajo de lo que realmente cobraban.

Tal es el caso de Fran­cisco Alcaraz Díaz, coor­dinador de Más Ciudada­nía, Menos Corrupción, una organización que aglutina a varias oene­gés que dicen perseguir hechos de corrupción con una característica selec­tividad política, fungió ser un modesto asala­riado de su contadora para beneficiarse con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, en la rea­lidad resultó tener un contrato asegurado por G. 792 millones hasta el 2025.

Agustín Carrizosa en connivencia con el gobierno de Mario Abdo Benítez hizo un festín con fondos de proyec­tos sensibles de recu­peración pospande­mia financiados por el Estado, es decir, por todos los contribuyen­tes de este país. Es así que, a través de su ONG Centro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD), Carrizosa repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Brads­haw, a su pareja María Ber ta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrup­ción, Carlos Francisco Alcaraz. No se visualiza impacto de estos gastos, más que el bolsillo de los involucrados.