La directora general de Registros Públicos, Lourdes González, salió en defensa de la media sanción del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), asegurando que el documento remitido por los poderes Ejecutivo y Judicial cuenta con todas las observaciones planteadas desde los gremios de escribanos, notarios y representantes campesinos.
“No podemos pretender en una suerte de egoísmo y capricho de que para mí gremio, para mi sector se atiendan todas las observaciones, esto yo creo que no es posible, por lo menos si vamos a ser democráticos. Entonces yo también me pondría en una situación de caprichosa. Se han tomado un alto números de observaciones de todos los gremios para incorporarla al proyecto de ley”, indicó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El documento que deberá ser remitido a Diputados para su estudio establece la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro, y el Departamento de Agrimensura y Geodesia. Desde el sector de los escribanos ya anunciaron que realizarán lobby en la citada cámara para conseguir el rechazo del proyecto.
“Aún falta que el proyecto sea tratado en Diputados, hay tiempo, esto no está cerrado. Todavía podemos sentarnos a hablar, trabajar. La idea es que esto satisfaga a todo el mundo sin que necesariamente signifique que se te pueda dar el gusto solo a vos. Seguramente yo como técnica y como institución tendré que renunciar a unas tantas cuestiones que quisiera que la ley tuviera, pero es así en democracia tenemos que manejarnos en estos estándares”, comentó.
De acuerdo a la exposición de motivos, el RUN se constituirá como un órgano técnico y administrativo del Poder Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con competencia sobre bienes inmuebles y muebles registrables. Entre sus principales objetivos se encuentran la simplificación de los trámites, identificación de inmuebles superpuestos, la reducción de plazos para transferencias, la introducción del registro electrónico, respeto a la propiedad privada y seguridad jurídica para quienes adquieran bienes en Paraguay, establecimiento de una cartografía única para el país y reducción de costos para el Estado.
“Esto no es una solución mágica, tomará su tiempo. No podemos esperar que después de tantos años, con la vigencia de la ley esto sea maravilloso, que fluya, que se apreté un botón y salga toda la información. Esto llevará por lo menos de 3 a 5 años (para su correcto funcionamiento), es lo que yo como técnica puedo estimar, pero ojalá que sea menor tiempo. Hay que dar el primer paso, este gobierno se animó a hacer lo que otros no se animaron”, indicó.
Por otra parte, González consideró necesario otorgar un presupuesto adecuado a la iniciativa con la finalidad de asegurar su correcto funcionamiento. “Cuando me tocó hablar con el presidente de la República y los ministros de la Corte Suprema de Justicia que esto verdaderamente si no está de la mano de un presupuesto que permita el financiamiento no funcionará tampoco”, dijo.