Ante la decisión de la Municipalidad de Yaguarón de crear un organismo policial municipal, el Ministerio del Interior apela al diálogo con el intendente Luis Rodríguez, y advierten sobre los riesgos de contar con supuestos efectivos policiales sin la formación adecuada.
“Usted se imagina un joven entusiasmado al que le dieron un uniforme táctico y comete un descuido, se le va la mano, usa mal la fuerza y es pasible de un proceso legal, será que él tiene el respaldo suficiente desde el municipio para recibir una asistencia, un abogado que le va a defender, hay una estructura legal de la cual se puede valer para defender sus funciones”, cuestionó la comisario, Elisa Ledesma, asesora del Ministerio Público.
Durante el programa “12/8″ emitido por GEN/Nación Media indicó que agotarán todas las instancias legales de modo a que esta fuerza municipal cese sus actividades, puesto que no cuentan con el sustento normativo para operar como agente policial. Señaló que se rescata la predisposición de intervenir en la seguridad ciudadana, pero dejó en claro que este no es el camino.
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Asimismo, añadió que el actual Gobierno está realizando una gran apuesta en lo que es la seguridad, por lo que próximamente, principalmente Asunción y el área metropolitana, pero también las ciudades del interior, se verán beneficiados con más efectivos policiales de modo a combatir la inseguridad.
“Somos conscientes que de repente no teníamos vehículos, que nuestras patrulleras no estaban en condiciones, no teníamos suficiente personal policial, por ello el cambio que tenemos ahora, nosotros nunca en la historia recibimos tantas patrulleras como tenemos ahora, nunca tuvimos tantos equipos de radio y nunca tuvimos 5.000 efectivos en un egreso de año y eso que presté servicios por 30 años en esta Policía”, afirmó.
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Disidentes de las FARC retienen a un grupo de militares y policías en Colombia
Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, donde el gobierno lanzó una ofensiva para detener la violencia del narcotráfico, informaron el viernes las autoridades.
El ministerio de Defensa indicó que “la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública” tuvo lugar en las montañas del departamento del Cauca bajo el control de rebeldes del Estado Mayor Central (EMC), que nunca aceptaron el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la guerrilla marxista.
Según la cartera, “pobladores instrumentalizados” por los guerrilleros participaron en la retención de los uniformados, una represalia contra el gobierno que presiona al EMC tras los frustrados intentos de negociaciones para alcanzar su posible desarme.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Los hechos se registraron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde hay una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU. Allí el ejército lanzó en octubre de 2024 la incursión militar “Perseo” para retomar el control de la región.
El gobierno asegura que el EMC es responsable de las acciones “ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad” de los uniformados.
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Imágenes difundidas en medios locales la tarde del viernes muestran a los uniformados retenidos en un centro comunitario para reuniones, rodeados de pobladores y en aparente buen estado de salud, sentados en sillas plásticas y recibiendo cada uno un plato de comida.
En un comunicado, pobladores del Cañón del Micay rechazaron lo que denuncian como una campaña de “erradicación forzada” de cultivos de coca y una intención del estado de “militarizar el territorio”. Exigen al gobierno del izquierdista Gustavo Petro “entablar el diálogo y la concertación directa con las comunidades”.
“Inmediata liberación”
En un mensaje en la red social X, Petro sostuvo que el EMC actúa con “desespero y por eso utiliza la población civil”. “La manera como el frente (Carlos Patiño) logra movilizar campesinos contra la fuerza pública es mediante el engaño. Les dice que habrá erradicación forzosa de cultivos cuando nosotros hemos planteado el pago por erradicación voluntaria”, agregó Petro más tarde en otra publicación.
El Frente Carlos Patiño, que opera en esta conflictiva zona, es una de las principales estructuras armadas adscritas al EMC y mantiene una fuerte presencia en el Cañón del Micay.
El Ministerio de Defensa aseguró que desde el ingreso de la fuerza pública a la región enfrentan “constantes amenazas” de esta disidencia de las FARC “que busca sembrar miedo, zozobra y frenar la llegada de proyectos sociales”.
“¡Exigimos su inmediata liberación! Rechazamos categóricamente el secuestro de nuestros policías en El Plateado (Cauca), a manos de la organización criminal Carlos Patiño, a la cual hacemos responsable de su integridad”, escribió el viernes también en X el general Carlos Fernando Triana, director de la policía colombiana.
“Crímenes de guerra”
El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones. En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
“Estos actos constituyen crímenes de guerra que violan el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, al desplazar, confinar, aislar y atemorizar a la población civil”, denunció el ministerio.
La Fiscalía investiga lo ocurrido y “avanza en la identificación” de los responsables de varios “delitos graves, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión”, según el boletín.
El sábado se realizará una reunión en Popayán, capital del Cauca, con miembros del gobierno y la comunidad para evaluar la situación. Los disidentes “no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio”, añadió el ministerio.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados para desactivar un conflicto interno de seis décadas.
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Concepción: Colegio de Policía reabre sus puertas
Ayer viernes, tras más de una década del cierre del Colegio de Policía filial n.º 10 Sargento Ayudante José Merlo Sarabia, ubicado en la ciudad de Concepción, el mismo abrió sus puertas a 210 nuevos aspirantes a suboficiales con la presencia de autoridades locales, departamentales y una importante cantidad de familiares de aspirantes, quienes participaron orgullosos del acto de reapertura.
Durante el acto se destacó el crucial apoyo recibido por parte del Gobierno para hacer posible la reapertura de la institución, ya que desde la Gobernación de Concepción y la Policía asignaron fondos para la reparación y acondicionamiento de la estructura edilicia y la puesta a punto de todos los materiales y muebles necesarios para el óptimo funcionamiento del lugar.
“Dimos apertura nuevamente al Colegio de Policía después de más de una década y la mayoría de los aspirantes son concepcioneros. Realmente es algo histórico, no solo porque después de mucho tiempo se reabre el colegio, sino porque era el pedido de la ciudadanía en general y por suerte tenemos el apoyo de las autoridades”, comentó el comisario general inspector Sebastián Ramírez Delgadillo, director de Policía de Concepción, en conversación con Unicanal.
El mismo destacó que al contar con una institución de formación policial en el departamento se beneficia al pueblo concepcionero, no solo porque se puede dotar de mayor cantidad de efectivos policiales a la zona, sino que las familias de los aspirantes a policías no deben de preocuparse por la distancia, haciendo también más llevadero el proceso de preparación de todos los jóvenes.
Para poner en marcha este año lectivo, se asignarán instructores que en su mayoría provienen del área Central y también de departamentos aledaños, esperando a su vez que en el futuro se puedan ver más agentes del departamento ocupando estos cargos.
Concepción es uno de los departamentos con mayor solicitud de refuerzos de seguridad, por lo que en los últimos cinco meses no solo se han entregado 21 nuevas patrulleras para toda el área, sino que también se dotó a la zona de 100 nuevos efectivos policiales para priorizar las tareas de prevención y seguridad.
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Fiscalía imputa a tres policías por coacción grave
La fiscal Fátima Girala imputó a tres agentes de la Policía Nacional del Departamento de Investigaciones por presunta coacción grave. Los oficiales investigados son el oficial primero Juan David Ginés Rodas, el suboficial inspector Derlis Joel Torres Cardozo y el suboficial ayudante Alexander Javier Benítez Galeano.
La agente fiscal solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados, como la prohibición de salir del país, comparecencias periódicas ante el juez y la prohibición de comunicarse con las víctimas.
El incidente tuvo lugar el viernes 10 de enero de 2025, alrededor de las 19:00, en las calles 23 Proyectadas y Nuestra Señora de la Asunción en la ciudad de Asunción. Los agentes interceptaron un automóvil en el que viajaba David Jacobo Platón, quien iba acompañado de Adriana Isabel Cáceres y de dos menores de edad. El hombre se encontraba dirigiéndose a su hogar.
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Según la denuncia, los policías utilizaron tácticas agresivas, como golpes y amenazas para intentar detener el vehículo. Incluso, uno de los agentes habría desenfundado su arma de fuego luego de que el padre de la víctima saliera de la casa.
Según se observa en las cámaras, fue el agente Benítez Galeano el cual sacó el arma y gracias a declaraciones de testigos se sabe que en medio del acto trató de convencer a sus compañeros de solicitar la suma de 20 millones de guaraníes. La situación se intensificó hasta que los familiares de las víctimas intervinieron y amenazaron con llamar al 911, lo que provocó que los agentes abandonaran el lugar.
Esta imputación está sustentada en base a el acta de denuncia n.º 75/25 de la Comisaría 4.ª de Asunción, declaraciones testimoniales de víctimas y testigos, grabaciones de cámaras de circuito cerrado y documentos remitidos por el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional y la Dirección General de Asuntos Internos.
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Asignan policías en establecimientos de salud del interior para mejorar seguridad
Con la finalidad de mejorar la seguridad en los servicios de la salud de las ciudades de San Pedro de Ycuamandyyú, San Estanislao y Santa Rosa del Aguaray, del departamento de San Pedro, se llevó adelante una reunión en la Segunda Región Sanitaria del segundo departamento. En el encuentro realizado entre autoridades policiales y del Ministerio de Salud Pública, coordinaron esfuerzos para la distribución estratégica de personal policial en los principales servicios de salud de estos distritos.
La iniciativa liderada por la titular de Salud, María Teresa Barán, y con el apoyo del director regional de Salud, Dr. Darío Sosa, busca garantizar un entorno seguro en los servicios de salud, especialmente en aquellos enfocados en la atención materno-infantil. Además, se adelantó que la implementación se extenderá gradualmente a otros servicios de salud.
Con la distribución del personal policial ya iniciada, se espera que esta medida contribuya significativamente a fortalecer la confianza y la seguridad en los establecimientos de salud, ubicados en estos distritos del departamento San Pedro, afirmaron autoridades de salud.
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El encuentro contó con la presencia de los comisarios Hugo Díaz; Jorge Miranda, jefe de la comisaría 18 de Santa Rosa del Aguaray; el Ofic. Insp. Luis García, jefe de la comisaría 8a. de San Estanislao; y el Ofic. Primero Ysmael González, jefe de la comisaría primera de San Pedro.
Por parte del Ministerio de Salud Pública, participaron el Dr. Esteban Giménez, jefe regional de Atención Primaria de la Salud (APS); Lic. Rebeca Balmaceda, administradora regional de salud; Dra. Mónica Sosa, directora del Hospital Regional de San Pedro; Dr. Federico Ramírez, director del Hospital Distrital de San Estanislao; Dr. Roberto González, director del Hospital General de Santa Rosa del Aguaray; Lic. José Báez, jefe de monitoreo y seguimiento; Lic. Carina Martínez, jefa regional de enfermería; y el Lic. Carlos Díaz, jefe de RIISS regional.