Tras permanecer un mes en el Senado, finalmente el Congreso Nacional remitió este martes al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto la propuesta que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.
La iniciativa fue sancionada con una amplia mayoría por la Cámara Alta el pasado 9 de octubre tras ser introducidas las modificaciones sugeridas desde el Gobierno. “Hubo correcciones de forma que se dieron al documento, no fue vulnerado ningún reglamento o leyes (con relación a la tardanza en la remisión). Peña evaluará lo que más corresponde al país”, indicó el senador Basilio “Bachi” Núñez tras su llegada de Taiwán.
El legislador dijo que si Peña toma la decisión de vetar la iniciativa, los senadores del movimiento Honor Colorado estarían respetando su decisión. “Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar, pero es difícil que salgamos en contra, esto es histórico, ya lo venimos manteniendo en gobierno anteriores, estando en la disidencia, entonces lo más probable será aceptar un veto en caso de darse”, mencionó.
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No obstante, Núñez ratificó que particularmente está a favor de la propuesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor control. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo paraguayo tiene que saber en donde están siendo destinados los recursos”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.
Las afirmaciones del senador surgen ante la persistencia de algunos sectores sociales, empresariales y políticos de la oposición que califican a la propuesta como inconstitucional y autoritaria bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.
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Senador plantea aumentar penas de 8 a 20 años para adolescentes que cometan crímenes
El senador José Oviedo presentó una iniciativa que plantea el aumento de penas de 8 a 20 años para los adolescentes que cometan crímenes. Señaló que la propuesta surge por requerimiento ciudadano ante los últimos hechos que enlutaron al Paraguay.
“Hay voces a favor en el Senado. Se debe analizar el contexto internacional, pero hasta ahora no encontré ninguna limitante para poder aumentar las penas. Yo revisé los acuerdos internacionales como, por ejemplo, el pacto de San José de Costa Rica", comentó el legislador, este viernes, en una entrevista con la 1140 AM.
Oviedo detalló que su proyecto plantea elevar de 8 a 20 años mediante la modificación del Código de la Niñez y Adolescencia. “La idea es que los mayores de 14 años sean juzgados como adultos”, puntualizó.
Actualmente existen otros dos proyectos de ley en el Poder Legislativo que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Una de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone el aumento de las penas hasta 15 años.
Mientras que la otra propuesta, impulsada por el diputado Rubén Rubin, propone la aplicación de la cadena perpetua como pena máxima ante un homicidio. Los proyectos surgieron tras los crímenes de un trabajador delivery en el barrio San Francisco de Asunción, Alfredo Duarte Flores, y de la joven María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo.
No obstante, Oviedo aclaró que es consciente que establecer el aumento de las penas no solucionará el conflicto y que debe ser abordado de una forma más integral trabajando en políticas preventivas.
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Científicos investigan una inteligencia artificial que pueda controlar a la IA
El profesor canadiense Yoshua Bengio, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, presentó el martes su nueva organización dedicada a la IA responsable, cuyo objetivo es, sobre todo, diseñar software capaz de evitar los abusos de los agentes de IA.
Desde hace varios años, este ganador del Premio Turing (2018), también conocido como el Nobel de la informática, viene advirtiendo de los riesgos asociados al desarrollo de la IA, ya sea en términos de uso malicioso o de que el propio software salga mal.
“Los sistemas más avanzados ya están mostrando signos de autopreservación y comportamiento engañoso”, explica el investigador en un comunicado publicado este martes.
“Y esto sólo va a acelerarse a medida que aumenten sus capacidades y autonomía”, anuncia.
Su nueva organización sin ánimo de lucro, llamada LawZero, pretende ser “una respuesta a estos retos”.
Varios ejemplos recientes han confirmado que la IA ha alcanzado recientemente nuevos niveles de sofisticación, entre ellos un estudio de la start-up Anthropic.
En una simulación, la nueva interfaz de IA generativa de Anthropic, Claude 4, fue advertida de su inminente sustitución por un ingeniero de software.
Acorralada, intentó por iniciativa propia chantajear al ingeniero para disuadirle de deshacerse de ella.
Una de las misiones de LawZero es “proponer una forma de supervisar a los agentes de IA”, la nueva generación de modelos generativos de IA capaces de realizar un sinfín de tareas de forma autónoma, desde buscar en Internet hasta llamar a un cliente o escribir un programa en código.
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“Uno de los primeros objetivos es desarrollar una forma de IA que pueda utilizarse como salvaguarda para garantizar que la IA se comporta bien”, describe Bengio en un vídeo de la web de LawZero.
“La IA puede ser extremadamente beneficiosa si nos aseguramos de que no va a hacer daño a la gente”, “ya sea porque esté en las manos equivocadas o de forma autónoma”, agrega.
LawZero también quiere trabajar en una IA con autonomía limitada para su uso en investigación científica.
La organización cuenta ya con más de 15 investigadores y ha recibido varias aportaciones económicas, una de ellas de Schmidt Sciences, organización benéfica creada por el ex jefe de Google Eric Schmidt y su esposa Wendy.
LawZero se puso en marcha bajo los auspicios del Instituto de Montreal para el Aprendizaje de Algoritmos (Mila), fundado en 1993 por Bengio.
Fuente: AFP
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Diputados designa al legislador Diego Candia como representante ante el JEM
Tras un extendido debate, el plenario de la Cámara de Diputados otorgó el voto de confianza al legislador colorado Diego Candia, quien fue electo representante de la Cámara Baja ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para completar el periodo de mandato que tenía el diputado Orlando Arévalo, quien renunció al cargo.
Luego de que se pusiera a consideración los méritos y aptitudes para ejercer la representación del cuerpo legislativo; con un total de 40 votos a favor, el diputado colorado Diego Candia recibió el apoyo de la mayoría. No obstante, la segunda moción que se propuso al diputado Arnaldo Valdez logró reunir 23 votos a su favor. En tanto que otros 3 diputados optaron por abstenerse y se registró un total de 14 ausencias.
La líder de la bancada oficialista, Rocío Abed destacó que cuenta con la total confianza de la bancada, que además de sus cualidades académicas y profesionales; confían en su compromiso y responsabilidad por la transparencia en esta institución judicial.
“Estamos seguros de que con su presencia va a contribuir a mejorar el sistema judicial, sabiendo que ese órgano extra poder sí ejerce un papel muy importante en el sistema de Justicia. Justamente la propuesta nace desde esta bancada mayoritaria. Este órgano extra poder plural desde su composición asegura la garantía de la transparencia”, expresó.
El diputado Héctor Figueredo expresó que su colega Diego Candia reúne todas las condiciones para ejercer el cargo, y abogó por el voto de confianza hacia su persona.
La diputada Jazmín Narvaez señaló que más allá de conocer a Diego Candia, desde hace varios años, lo destacó por su austeridad, su don gente y compromiso, por lo que espera que pueda aportar sus conocimientos y entrega a fortalecer este órgano extra poder como es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Cabe recordar que la vacancia en el JEM se concretó el pasado febrero cuando el diputado Orlando Arévalos presentó su renuncia por estar involucrado en el escándalo por los chats filtrados del fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gómez Batista. En el caso también se encuentran salpicadas las agentes fiscales Katya Uemura y Stella Mary Cano, además de la exjueza Sadi López.
Actuar con transparencia
Una vez electo, y en el uso de la palabra, el diputado Diego Candia agradeció el voto de confianza y aseguró que asume esta alta distinción con un alto compromiso de actuar con la mayor transparencia y objetividad que corresponda.
“Asumo este desafío con gran espíritu de entendimiento de que tengo que contribuir con mi experiencia, con mi trabajo, con una mirada técnica, respetando el debido proceso; aportando a la transparencia de los procesos. Les digo a todos los que han confiado en mi persona que no les voy a defraudar y seguramente mis actos y el tiempo estarán confirmando esto”, expresó.
Posteriormente, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, procedió al acto solemne de toma de juramento ante el plenario.
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Bukele minimiza a opositores que lo tildan de “dictador”
- San Salvador, El Salvador. AFP.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró el domingo pasado que le tiene “sin cuidado” que lo llamen “dictador”, ante la ola de críticas en su contra por las recientes detenciones de activistas de derechos humanos y acciones contra las oenegés. Bukele emitió la noche del domingo un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.
El presidente acusó a las oenegés en el país de defender pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un “ataque organizado” contra su gobierno. “¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, expresó, al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura.
Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85 % de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.
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Su gobierno enfrenta fuertes críticas por el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.
“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad”, ironizó.
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Defensores de “asesinos”
La Fiscalía acusó a López de haber cometido peculado cuando fue asesora en el tribunal electoral hace una década, pero organizaciones locales e internacionales -como Amnistía o Human Rights Watch- denuncian una estrategia para acallar las voces críticas y frenar la defensa de derechos humanos.
En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas. Según las oenegés, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace tres años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas.
Las oenegés, férreas críticas del estado de excepción, aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos. “Los supuestos defensores de la democracia (...) lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes”, aseguró Bukele.
Según el gobernante, hubo unos “200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas” en más de 30 años que sembraron el terror en el país. En su discurso, también defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30 % de los fondos que reciban.
Deportados “delincuentes”
Socio clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo y encarceló en su megacárcel para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de criminales. En el Teatro Nacional, Bukele criticó a congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado “por error” pese a que tenía una protección legal.
“Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia”, dijo Bukele.
Publicista amante de los golpes de efecto, desplegó todo un aparato de producción para grabar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele es cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines. “En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura”, declaró a la AFP Ingrid Escobar, directora de la oenegé Socorro Jurídico Humanitario.