El pleno de la Cámara de Diputados también otorgó su visto bueno a la propuesta que establece la prorroga por 60 días más de la Comisión Antilavado, encabezada por el senador opositor Dionisio Amarilla. El requerimiento surgió por parte de sus miembros con la finalidad de continuar con las indagaciones.
La votación arrojó como resultado 36 votos a favor, 9 en contra y una abstención. De esta manera la comisión bicameral estará en funcionamiento hasta el próximo 20 de diciembre y luego del receso parlamentario, desde el 2 de marzo, hasta completar el plazo solicitado.
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Días atrás un total de 21 senadores acompañaron la extensión de vigencia, mientras que 18 parlamentarios principalmente de los partidos y movimientos de la oposición se opusieron al requerimiento.
ONG, punto clave de las indagaciones
Este último martes, uno de sus integrantes, el senador Gustavo Leite manifestó que el bloque recurrirá al auxilio de la Justicia para intimar a las organizaciones sin fines de lucro (ONG) a informar sobre el uso que le dieron al dinero proveniente de los fondos públicos o privados nacionales.
Esto teniendo en cuenta que durante las indagaciones la comisión bicameral no solo reveló el festín de las organizaciones no gubernamentales con el dinero público, sino también la financiación de candidaturas a aliados políticos de peso.
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Urgen al Ejecutivo reglamentar la ley de control y transparencia para oenegés
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, urgió al presidente de la República, Santiago Peña, reglamentar la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para su plena ejecución. La normativa fue sancionada en octubre del 2024.
“El Poder Ejecutivo tiene en ese sentido una tremenda responsabilidad porque el Congreso de la Nación aprobó una ley que establece protocolos para la rendición de cuentas que tiene que ser reglamentado”, sostuvo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
“Espero que el presidente de la República, a través de sus voceros, se haga eco. Podemos decirle con autoridad, presidente, por favor apresuren la formulación del decreto que reglamenta la ley de las oenegés", expresó el legislador.
Lo que establece la normativa
Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos. Quedan excluidos aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
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También quedarán excluidos de los alcances de la ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales, las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
Uso desvergonzado de USD 52 millones
El requerimiento de Amarilla surge tras detallar que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés de manera “desvergonzada”.
“Encontramos datos llamativos que prácticamente ninguna de las oenegés pudieron explicar de manera sobria qué resultado obtuvieron con esos fondos inyectados a sus organizaciones. El 71 % de los USD 52 millones fue a salarios. Los directivos se llevaron una ponchada de plata“, lamentó.
Directivos de oenegés
Amarilla incluso detalló que los directivos de las oenegés incluso se autorremuneraron salarios por encima del sueldo que recibe un ministro del Poder Ejecutivo. “No existe ningún ministro del Poder Ejecutivo que administre un presupuesto de 2 millones de dólares y se autoasigne 40 millones de guaraníes mensuales de remuneración. Es una desvergüenza”, sentenció.
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Diputados plantean emergencia hortícola tras las bajas temperaturas
Diputados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentaron un proyecto de ley que declara emergencia hortícola nacional por un periodo de 120 días prorrogables con la finalidad de asistir a pequeños y medianos productores tras las bajas temperaturas registradas en las últimas semanas.
La iniciativa insta al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a aplicar de manera urgente un plan de mitigación y recuperación, el cual debe establecer el otorgamiento de subsidios y líneas de créditos blandos, la reposición de plantines, semillas, insumos agrícolas y asistencia técnica para la recuperación de los cultivos.
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El proyecto también autoriza al Ejecutivo a impulsar las modificaciones presupuestarias necesarias para financiar el plan, así como gestionar recursos adicionales de organismos multilaterales.
Los proyectistas Diosnel Aguilera, María Constancia Benítez, Adrían “Billy” Vaesken y Arnaldo Valdez, sostienen que el proyecto tiene como objetivo proteger el tejido económico productivo, los ingresos rurales y garantizar el acceso a alimentos a precios razonables para la población urbana.
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Diputados invitan a ministros de la CSJ a analizar creación de un Registro Nacional de Pagarés
La comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, tiene en agenda para este lunes 21 de julio, la visita de los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón. Además, al viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Ramírez.
Esta mesa asesora, que está presidida por el diputado colorado Héctor Figueredo, estará analizando los proyectos “Que establece el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República” y “Que crea el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito”.
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La iniciativa referente a un registro nacional de pagarés fue presentada por los diputados colorados José Rodríguez; Rocío Abed; Derlis Rodríguez; Cristina Villalba y Fabiana Souto. Además, acompaña como proyectista el diputado liberal Rodrigo Blanco.
𝐃𝐞𝐩𝐨́𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐭𝐢́𝐭𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞́𝐝𝐢𝐭𝐨
El primer proyecto a ser analizado busca establecer el régimen de depósito judicial de títulos de crédito o documentos originales, en el marco de los procesos civiles ante los juzgados y tribunales de la República. La propuesta contempla la modificación de varios artículos del Código Procesal Civil.
De acuerdo a la exposición de motivos, uno de los puntos centrales apunta a que los títulos de crédito ejecutables, como pagarés o letras de cambio, deban ser depositados ante el juzgado competente al inicio del juicio.
De esta manera, los legisladores plantean garantizar que dichos documentos no puedan ser utilizados en múltiples demandas.
La propuesta también impone la obligación de que el juez determine el destino final del documento al dictar sentencia, lo que impedirá que sea utilizado en un nuevo proceso sin control.
𝐑𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐠𝐚𝐫𝐞́𝐬
Mientras que en la propuesta que plantea crear el Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito, es una iniciativa que podría traer cambios importantes al mercado financiero y comercial del país, según señalan sus impulsores.
Al respecto, explican que este sistema busca ofrecer mayor seguridad jurídica y transparencia en la emisión y circulación de documentos como pagarés, letras de cambio y otros títulos que representan obligaciones de pago.
Asimismo, explican que el proyecto de ley pretende establecer un registro público, digital y accesible, donde se inscriban todos estos documentos, permitiendo así que los titulares puedan acreditar la existencia y titularidad de sus créditos con mayor facilidad.
La normativa pretende facilitar las transacciones comerciales, reducir los fraudes y fortalecer la confianza entre las partes involucradas.
Ambos proyectos están en etapa de discusión en comisiones, donde se espera que se analicen los detalles técnicos y se incorporen observaciones para garantizar la correcta implementación.
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Diputados piden informe sobre cumplimiento de ley que rige sobre el transporte público
El diputado colorado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno que se apruebe la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público, dependiente de Obras Públicas, sobre el nivel de cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789.
La iniciativa que fue aprobada sobre tablas hace referencia a la legislación vigente desde el 2021, por la cual establece la cancelación de la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractores de la Ley.
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El objetivo de esta ley vigente es establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplen con las leyes vigentes.
Al respecto, el legislador argumentó que este pedido de informe surge en respuesta al significativo aumento de denuncias y quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio, con problemas recurrentes, como mal estado de los vehículos, falta de puntualidad y escasa capacitación de los conductores, además de muchos casos de caídas de pasajeros en algunos casos con derivación fatal.
Con esta medida se pretende evaluar si las empresas están cumpliendo con las normativas y estándares requeridos de manera a ofrecer un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte público, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores, expresa parte del proyecto.
“La implementación efectiva de la Ley 6789 podría significar una mejora considerable en la calidad del transporte público, que redundaría en beneficio de los usuarios, que es precisamente lo que se pretende”, explicó ante la plenaria el legislador proyectista.