El planteamiento para asistir a los pobladores de la región Occidental afectados por las inundaciones cuenta con media sanción del Senado y con dictamen favorable de la Comisión de la Cámara Baja.

El presidente Santiago Peña pidió ayer a los diputados aprobar el proyecto de ley que declara en situación de emergencia a los departamentos de Presi­dente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

“Ahora que le veo aquí al diputado Petersen le pido que nos pueda ayudar. Hay un proyecto de ley, con media sanción ya en Diputados, para poder declarar emergencia vial en la región Occiden­tal. Obviamente ahí hay un planteamiento para que esto pueda ser canalizado a través de la Secretaría de Emergen­cia Nacional, para que poda­mos poner en coordinación”, refirió el mandatario.

Las declaraciones del titu­lar del Poder Ejecutivo fue­ron vertidas durante la visita que realizó en la mañana de ayer al Chaco para supervisar personalmente las acciones de asistencia a comunidades afectadas por las recientes inundaciones. La jornada del jefe de Estado inició en Mariscal Estigarribia, donde las autoridades presentaron un plan de acción, y luego se trasladó a Santa Teresita.

Igualmente, Peña se dirigió a los gobernadores chaqueños para que soliciten a través del Consejo de Gobernadores la asistencia de los demás jefes departamentales.

“En nuestro inicio de ges­tión pusimos una apuesta muy fuerte a la descentrali­zación. Y le dotamos a los 17 departamentos con maqui­naria vial, invertimos más de 20 millones de dólares en maquinarias vial y agrícola. Yo quería hacer un pedido a los tres gobernadores, para canalizar a través del Con­sejo de Gobernadores, para que todos los gobernadores del Paraguay puedan colabo­rar”, indicó.

Durante su intervención, el presidente Peña resaltó el valor estratégico y humano del Chaco paraguayo: “Esta región representa el 60 % del territorio nacional, y aunque aquí habite solo el 3 % de la población, su valor es incal­culable”.

Luego, el mandatario ase­guró que se pondrán todos los recursos del Estado al servi­cio de las comunidades afec­tadas: “Estamos decididos a ampliar todos los recursos, tanto humanos, financieros como logísticos”.

El proyecto de Ley de Emer­gencia asigna a cada departa­mento del Chaco unos 15 mil millones de guaraníes para la asistencia económica y social a los afectados. El pro­yecto debió ser tratado en la pasada sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, pero justo en ese momento los parlamentarios decidie­ron dejar sin cuórum la sala de reuniones.

El presidente Santiago Peña dispuso ayer que todos los medios fluviales y aéreos, de la Fuerza Aérea y de la Armada, estén disponibles para el uso de los poblado­res del Chaco en situación de emergencia.

“El avión presidencial está hoy al servicio de las evacuaciones médicas. En breve sumaremos helicópteros donados por la República de China (Taiwán) y unidades que estaban fuera de servicio. Todo estará dis­ponible para asistir a quienes más lo necesitan”, manifestó el jefe de Estado.

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, detalló que desde el inicio de la emergencia ya han brin­dado asistencia a más de 10.000 familias, que han recibido más de 250.000 kilos de víveres, distribuidos desde marzo a la fecha, mediante una inversión de 2.500 millones de guaraníes. Indicó, además, que la inversión total del Estado incluye combustibles y viáticos que totaliza 4.400 millones de guaraníes destinados a asistir a las familias afectadas y aisladas por las inundaciones, según el informe que presentó ante el mandatario.

El presidente de la República, Santiago Peña, supervisó personalmente las acciones de asistencia a comunidades afectadas por las recientes inundaciones en el Chaco. Inició la jornada en Mariscal Estigarribia, donde las autoridades presentaron un plan de acción ante la emergencia, y luego se trasladó hasta la comunidad indígena Santa Teresita. Peña reafirmó su compromiso de apoyo a las comunidades de la Región Occidental y aseguró que “el Chaco no está solo”.

La jornada inició en el III Cuerpo de Ejército, en Mariscal Estigarribia, donde las principales autoridades del Gobierno Nacional presentaron al presidente el plan de acción que se viene ejecutando para mitigar los efectos de la emergencia. Durante el encuentro se expusieron los alcances de la asistencia sanitaria, vial, logística y humanitaria desplegada en los tres departamentos del Chaco.

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En ese marco, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Arsenio Zárate, detalló que desde el inicio de la emergencia ya han brindado asistencia a más de 10.000 familias, que han recibido más de 250.000 kilos de víveres, distribuidos desde marzo a la fecha, mediante una inversión de 2.500 millones de guaraníes.

Indicó, además, que la inversión total del Estado, incluye combustibles y viáticos que totaliza 4.400 millones de guaraníes destinados a asistir a las familias afectadas y aisladas por las inundaciones, según el informe que presentó ante el mandatario.

Por su parte, la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, informó que la respuesta sanitaria a las zonas afectadas se centra en brindar una respuesta asistencial inmediata, proveer insumos y medicamentos, gestionar el traslado de emergencia en casos necesarios.

“En Boquerón, uno de los departamentos más afectados, hemos asistido a más de 2.514 personas, con más de 15 evacuaciones urgencia con el helicóptero presidencial. En Presidente Hayes han sido atendidas 350 personas y en Alto Paraguay hemos realizado 850 atenciones”, detalló la ministra.

Así también, el Ministerio de Salud realizó la contratación de personal en los lugares necesarios, distribuyó tanques para almacenamiento de agua en 70 comunidades del Chaco e instaló albergues para las personas que fueron trasladadas y no pueden aún retornar a sus comunidades.

A su turno, el mandatario Santiago Peña aseguró que se pondrán todos los recursos del Estado al servicio de las comunidades afectadas: “Estamos decididos a ampliar todos los recursos, tanto humanos, financieros como logísticos. Vamos a trabajar unidos, sin distinción, porque este desafío es de todos los paraguayos”.

En su mensaje, también destacó la labor de las Fuerzas Armadas y el uso de medios aéreos y fluviales para llegar a las zonas más aisladas: “El avión presidencial está hoy al servicio de las evacuaciones médicas. En breve sumaremos helicópteros donados por la República de China (Taiwán) y unidades que estaban fuera de servicio. Todo estará disponible para asistir a quienes más lo necesitan”.

Posteriormente la comitiva del Gobierno se trasladó hasta la comunidad de Santa Teresita, donde el presidente Peña lideró un acto de entrega simbólica de víveres a representantes de comunidades indígenas y rurales.

En total, se han distribuido 250.866 kilos de víveres en 10.083 kits familiares, beneficiando a:

• 991 familias en Presidente Hayes (41.750 kg)
• 5.747 familias en Boquerón (132.181 kg)
• 3.345 familias en Alto Paraguay (76.935 kg)

En el ámbito sanitario distribuyeron tanques para almacenamiento de agua en 70 comunidades del Chaco

• Boquerón más de 2.514 personas, con más de 15 evacuaciones urgencia con el helicóptero presidencial.
• Presidente Hayes han sido atendidas 350 personas por personal de salud.
• Alto Paraguay hemos 850 personas recibieron atenciones médicas

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• Carlos A. Primo Braga
• Profesor de la Fundación Dom Cabral, Brasil

El 2 de abril (denominado Liberation Day por el presidente Trump), el Gobierno de los Estados Unidos anunció la imposición de aranceles recíprocos que afectan a cerca de 185 países. A partir del 5 de abril, se sumaron aranceles del 10 % a los ya existentes, y desde el 9 de abril deberían imponerse aranceles adicionales a los países considerados como los peores infractores, con base en una “evaluación” sobre cómo sus políticas afectan las exportaciones estadounidenses.

Los mercados financieros en todo el mundo, y particularmente en EE. UU., reaccionaron de forma dramática en los días posteriores al anuncio. El índice NASDAQ, por ejemplo, que refleja el desempeño del sector tecnológico, cayó alrededor de un 9,8 % en los dos días siguientes, una corrección significativa en relación con su nivel máximo anterior.

Estos aranceles se suman a otros anunciados previamente por la administración Trump, dirigidos principalmente a China (incluyendo un arancel del 20 % como sanción por el comercio ilícito de fentanilo y aranceles del 25 % sobre automóviles, acero y aluminio). En síntesis, los productos chinos pasarán a enfrentar aranceles totales del 54 % (20 % vinculados al tema del fentanilo y 34 % por el cálculo de reciprocidad) y, en algunos casos, específicos (como los automóviles, considerados una amenaza a la seguridad nacional), los aranceles podrían alcanzar hasta un 79 %. China respondió con una tarifa adicional del 34 % sobre exportaciones estadounidenses. Posteriormente, el gobierno de Trump reaccionó a esta decisión imponiendo un arancel adicional del 50 % sobre productos chinos el 8 de abril.

El cálculo de los aranceles recíprocos por parte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) fue recibido con escepticismo y críticas sobre la arbitrariedad del método utilizado. La fórmula adoptada se basa, esencialmente, en dividir el déficit comercial de EE. UU. en bienes con cada país entre el valor de las importaciones provenientes de dicho socio comercial, como una proxy de un arancel que equilibraría los flujos comerciales. La fórmula también incluye en el denominador una estimación de la elasticidad de las importaciones respecto a los precios y de los precios respecto a los aranceles; sin embargo, al haber asignado arbitrariamente los valores 4 y 0,25, el producto de dichas elasticidades es igual a 1. El valor resultante de esta división fue reducido a la mitad, según el presidente Trump, para reflejar la magnanimidad estadounidense. En el caso de países con superávit comercial con EE. UU. (como Brasil), así como en situaciones especiales (como Afganistán), se estableció un arancel recíproco del 10 %.

El 9 de abril, el presidente Trump anunció una pausa de 90 días en la implementación de estos aranceles para la mayoría de los países, con excepción de China. Para los países que no respondieron con represalias, solo se aplicará el arancel adicional del 10 % hasta junio. En el caso de China, sigue vigente un arancel acumulado del 145 %, mientras que para Canadá y México se aplicarán aranceles del 25 % sobre productos que no cumplan con las normas del acuerdo USMCA (que sustituyó al NAFTA). China respondió de inmediato, elevando sus tarifas a un 125 % sobre productos estadounidenses.

El arancel medio en EE. UU. se incrementará a aproximadamente un 22,5 %, con picos importantes para ciertos países (como China) y productos. Este nivel remite a lo ocurrido en la década de 1930 y sus consecuencias negativas para la economía global. Asimismo, la lógica de la fórmula (centrada únicamente en el comercio de bienes, ignorando los servicios donde EE. UU. suele registrar superávit), la elección arbitraria del año 2024 como base para los cálculos —a pesar de que los déficits comerciales varían con el tiempo—, el desconocimiento de las estructuras proteccionistas de los socios comerciales, y las causas macroeconómicas de los desequilibrios en la balanza de pagos (como el desajuste entre ahorro e inversión) han sido señalados como puntos críticos de esta metodología.

Para los países del Mercosur, hay tanto buenas como malas noticias. Es cierto que los miembros del bloque fueron “beneficiados” con un arancel recíproco mínimo del 10 %, muy por debajo del promedio general y de los valores máximos aplicados a otros países. Sin embargo, el impacto puede ser perjudicial, no solo por los efectos sobre los flujos globales de comercio (la Organización Mundial del Comercio —OMC— estima que estos aranceles podrían generar una contracción del 1 % en el volumen del comercio mundial en 2025), sino también por los desvíos comerciales que pueden surgir (como la redirección de exportaciones chinas hacia la región). No obstante, el “superarancel” y sus externalidades (como la adopción de medidas de represalia por varios países, especialmente China) pueden generar oportunidades para el agronegocio del Mercosur, como ocurrió durante el primer mandato de Trump.

Desde una perspectiva estratégica, la política comercial de EE. UU. crea incentivos para una postura más favorable en relación con la implementación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Cabe destacar, sin embargo, que Argentina y Brasil mantienen visiones divergentes sobre el impacto de estas medidas. El presidente Milei, por ejemplo, ha expresado interés en ajustar la política comercial argentina y eventualmente negociar un acuerdo bilateral con EE. UU.

En resumen, las medidas adoptadas por EE. UU. pueden interpretarse como una decisión de facto de abandonar las normas de la OMC. Esto incrementará los niveles de incertidumbre en la economía global. El Programa “Parceiros para Excelência” PAEX de la Fundación Dom Cabral puede asistir a sus clientes en la navegación de este escenario incierto.

Los cancilleres de los países miembros del Mercosur anunciaron que se ampliará temporalmente la lista de productos con excepciones al Arancel Externo Común del bloque. Se incluirán hasta 50 códigos arancelarios en las excepciones, de tal modo que se pueda “hacer frente a los desafíos del actual contexto internacional”.

De acuerdo con el comunicado conjunto de los cancilleres, se dieron instrucciones a los respectivos coordinadores nacionales para implementar esta medida. Igualmente, se tratarán otras medidas durante la reunión del Grupo Mercado Común (GMC), prevista para el 23 y 24 de abril, y en una próxima reunión de cancilleres el 2 de mayo.

Los cancilleres se reunieron en Argentina, país que ostenta la presidencia pro tempore hasta julio. Participaron los ministros del país anfitrión, Gerardo Werthein; de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano; de Brasil, Mauro Vieira; de Uruguay, Mario Lubetkin; y de Bolivia, Celinda Sosa, país recientemente incorporado como socio pleno.

Cabe recordar que días atrás el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció el aumento de aranceles comerciales para todos los países del mundo, con tasas que van del 10 % al 49 % en algunos casos, lo que ha creado una fuerte reacción en el mercado internacional. No obstante, el presidente Trump dio un golpe de timón el pasado miércoles en su guerra comercial con una “pausa” de 90 días en los aranceles aplicados a decenas de países, excepto a China, a la que se los sube al 25 %.