Ocho grupos criminales de México, Venezuela y Centroamérica fueron designados como organizaciones “terroristas globales” por el gobierno de Donald Trump, que los considera una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y promete eliminarlos. Aquí una sinopsis de estas bandas acusadas de tráfico de drogas y migrantes, además de una amplia gama de delitos.

Surgido en 2010, el CJNG es considerado una de las mayores organizaciones criminales de México. Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, acusado de contrabando de fentanilo y metanfetaminas. Según Insight Crime, sus redes se extienden a varios países de Latinoamérica, Canadá, Australia y el Sudeste Asiático.

Presente en varios estados de México, disputa con el Cártel de Sinaloa el control del tráfico de migrantes en la frontera con Guatemala y ha atentado contra altos cargos como el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en 2020.

Fundado en los años 1980 por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, es la otra gran mafia mexicana, con una reconocida capacidad para infiltrar las altas esferas del Estado. Guzmán y Zambada están presos en Estados Unidos, el primero a perpetuidad. Según Washington, este cártel es el mayor traficante de fentanilo -al que se atribuyen miles de muertes cada año en Estados Unidos-, y también se le vincula con el contrabando de metanfetaminas, heroína y cocaína.

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Los herederos de sus fundadores mantienen una guerra intestina que ha dejado cientos de muertos desde 2024, cuando supuestamente Zambada fue secuestrado por un hijo de “El Chapo”, que lo llevó en un avión privado a Estados Unidos para entregarlo a autoridades de ese país.

Un exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, fue condenado en 2024 a casi 39 años de prisión por colaborar con el cártel.

Se conformó en 2014 en una cárcel del estado venezolano de Aragua y está ligado a secuestros, robos, venta de drogas, prostitución y extorsión. Más tarde se expandió a la explotación ilegal de oro en un país que cuenta con grandes yacimientos, y a la trata de personas en medio de la ola migratoria. Sus actividades se expandieron a varios países del continente.

En 2023 estaba compuesto por unos 5.000 hombres y su centro de operaciones era la cárcel de Tocorón (Aragua), ocupada ese mismo año por las autoridades. Esa prisión era una especie de hotel con piscina, zoológico, sala de apuestas, banco, campo de béisbol y una discoteca. Aunque el gobierno de Nicolás Maduro asegura que la banda fue desmantelada, su jefe, Héctor Guerrero, está prófugo.

La MS-13 se formó en Los Ángeles (Estados Unidos) en los años 1980. Sus primeros hombres llegaron deportados a El Salvador tras la guerra civil (1980-1992). Luego se extendieron a Guatemala y Honduras y convirtieron la región en una de las más violentas del mundo. Junto con sus archienemigos de Barrio 18 suman decenas de miles de miembros dedicados a las extorsiones, los asesinatos, el sicariato y el tráfico de drogas.

Dos tercios de sus integrantes han sido encarcelados en El Salvador por las medidas draconianas del gobierno de Nayib Bukele, según Insight Crime, que define esta situación como un “golpe casi mortal” contra ambos grupos. En Estados Unidos, la MS-13 se concentra en la venta de narcóticos y la extorsión de pequeños negocios y bares clandestinos, detalla el centro de pensamiento.

Opera en el estado agroindustrial de Michoacán (oeste de México) y ha ganado notoriedad por el uso de minas antipersonas en el combate que libra con el CJNG en esa región. Según la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), distribuye metanfetaminas y heroína.

Fundada en 2006 como La Familia Michoacana, este grupo se había debilitado desde 2014 tras el asesinato de su fundador, Nazario Moreno González, según Insight Crime. Sus remanentes se reorganizaron en años recientes como la Nueva Familia Michoacana y operan actualmente en los estados de Michoacán, Morelos, Guerrero y Estado de México. Estados Unidos asegura que el grupo trafica metanfetaminas e incursiona en el trasiego de fentanilo.

El Cartel del Golfo llegó a ser uno de los grupos criminales más temibles de México, pero en los últimos años perdió influencia y se dividió en múltiples facciones, una de ellas el extinto y sanguinario cártel de Los Zetas. Su líder, Osiel Cárdenas Guillén, fue deportado en diciembre pasado desde Estados Unidos a México, donde está preso por varios delitos. Había sido condenado en 2010 a 25 años de cárcel por la justicia estadounidense. Sus sucesores controlan importantes zonas fronterizas cerca del Golfo de México, beneficiándose del tráfico de migrantes y drogas como cocaína y metanfetamina, según Insight Crime.

Es la organización sucesora de Los Zetas, conformada por antiguos militares de élite. Domina en la fronteriza Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, principal cruce para el comercio terrestre entre México y Estados Unidos.

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“El llamado al diálogo entre los poderes es clave en cualquier país. Cuando se convoca a una cumbre hay que darse cuenta que esto refleja un compromiso institucional”, dijo el politólogo y consultor Víctor Genes, tras destacar el interés del gobierno del mandatario Santiago Peña en debatir sobre la problemática judicial. La reunión realizada ayer lunes culminó con una declaración de siete ejes para la lucha contra la corrupción.

“Si no tenemos una solidez institucional con un respaldo político no se podrá consolidar el Paraguay, y la corrupción estará desarrollándose continuamente. Desde la voluntad política se consolidan las instituciones. La buena consolidación institucional generan buenas prácticas y las buenas prácticas se traducen en un ejercicio de buenas costumbres”, manifestó Genes, este martes, al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Las afirmaciones del analista surgieron ante el intento por parte de políticos opositores y disidentes colorados de desmeritar la iniciativa celebrada en el Palacio de Gobierno, calificándola como una “cumbre de la impunidad y un acto protocolar”, sin plantear propuestas para combatir la corrupción dentro del sistema judicial como consecuencia de la permeación del crimen organizado en las instituciones.

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No obstante, el politólogo consideró que en la cumbre de poderes se tomaron medidas concretas contra ambos flagelos, citando como un punto resaltante el instar a la implementación de la “Iniciativa 28″ referente a la Estrategia Nacional de Combate contra la Corrupción, la cual se refiere a la situación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de implementar un reglamento para las comunicaciones de sus integrantes.

“Falta un compromiso institucional por parte de los órganos vinculados al Poder Judicial. Es en el JEM donde se tienen que generar buenas prácticas para que haya una buena justicia en el Paraguay, entonces, mediante el hecho de que se busque impulsar la realización de reglamentaciones y controles internos, la corrupción tendría que ir decantándose como un efecto domino”, manifestó.

“Cuando se habla sobre la intención de implementar ciertas restricciones dentro del JEM, cuando se habla del control de la comunicación interna y externa, cuando se habla de que las conversaciones tendrán que ser oficiales y públicas, entonces lo que se busca es transparentar. Esto tendrá incidencia para que puedan haber buenas prácticas”, puntualizó el politólogo a NM.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó el sábado pasado ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma constitucional con 80 artículos nuevos con el fin de “construir un nuevo sistema democrático” y “la actualización jurídica, constitucional y política de todo el engranaje constitucional de la Constitución de 1999″.

“Ya saben ustedes el empeño por construir un nuevo sistema democrático e incorporar, como estamos incorporando en uno de sus artículos, al concepto de la distribución del poder clásico (...) Aspiro con esta reforma que incluyamos expresa, tácitamente y ampliamente, el poder comunal: el poder territorial, el poder de la base, el poder popular; serían cuatro instancias de poder, donde la base fundamental sería el poder social, comunal y popular”, ha dicho el mandatario venezolano.

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Así, se crearía un nuevo nivel de poder: el poder comunal, sumando a los existentes poderes nacional, regional y municipal. En su discurso, Maduro ha destacado que la reforma busca ampliar y perfeccionar la democracia participativa y directa, así como fortalecer el Estado democrático y la sociedad venezolana.

“Pido sabiduría para que esos conceptos vayan de lo más a lo más, que vayan de los conceptos fundamentales, de los principios fundamentales, a los mecanismos y formas de aplicación. Seguramente muchas cosas quedarán para desarrollo de las leyes, como siempre, leyes orgánicas, leyes especiales”, ha aseverado el mandatario.

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“Estamos listos para abrir las compuertas de un gran y edificador, unificador debate nacional y que sea la sociedad venezolana y nuestro pueblo protagonista de una gran reforma histórica que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos con ideas nuevas para el avance en una nueva época de transición a la modernidad, a la nueva modernidad”, ha defendido.

Maduro ha presentado de esta forma tres objetivos en esta reforma: Ampliar y perfeccionar la democracia venezolana, construir una nueva sociedad y modernidad, y establecer un modelo económico definido para las futuras generaciones. Venezuela celebró el 28 de julio unas elecciones presidenciales en las que el oficialismo dio la victoria a Nicolás Maduro, si bien la oposición ha reivindicado su triunfo y ha exigido a las autoridades que presenten las actas que respaldarían la reelección del mandatario.

Fuente: Europa Press.

El gobierno de Mario Abdo Benítez dejó vía libre para que esquemas del crimen organizado se movieran con tranquilidad en territorio paraguayo, de acuerdo con varias investigaciones del Ministerio Público. Eliminación de puestos de control, amigos de los capos en puestos de confianza, aporte a campaña electoral son algunos de los elementos que permitieron esa tranquilidad y la instalación de redes narco en las que aparece salpicado el exmandatario y su entorno inmediato. Los casos suman y siguen.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

De Dalia López a Sebastián Marset, pasando por los dipu­tados Juan Carlos Ozorio, Lalo Gomes y Éver Noguera. El gobierno de Mario Abdo Bení­tez no solo estuvo plagado de narcovínculos, sino que tam­bién permitió que esquemas del crimen organizado se movie­ran a sus anchas y con exce­siva tranquilidad, sin mayores burocracias, privilegio no muy habitual para los comunes (ver infografía).

El 15 de agosto de 2018, en su primer día como presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez derogó un decreto emitido por el gobierno de Horacio Car­tes y volvió a restablecer pode­res al entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con lo que le permitió mover a sus anchas a agentes y directores de la institución.

En mayo de 2020, Giuzzio desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT), que reali­zaba fiscalizaciones en puertos privados. Tras esa maniobra la “narcoexportación” se dis­paró y el Paraguay se convir­tió en noticia por toneladas de cocaína decomisadas en serie en todo el mundo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a señalar al supuesto narcotraficante uru­guayo Sebastián Marset como autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo de 2022 en tierras colom­bianas. El señalado como líder de una organización crimi­nal trasnacional se instaló, se documentó en tiempo récord y montó su red de empresas con facilidad en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo.

Durante una reunión con su gabinete, Petro cuestionó las acciones de la Fiscalía colom­biana en la investigación del ase­sinato y apuntó directamente a Marset como el principal res­ponsable. “¿Por qué la muerte del fiscal paraguayo Pecci quedó en manos del fiscal Mario Bur­gos? ¿Por qué sacó al asesino del proceso, que es el narco­traficante Marset?”, expresó el mandatario. Petro también mencionó que Marset cuenta con el respaldo de otras figuras del crimen organizado, como el narcotraficante colombiano Julio Lozano Pirateque, quien actualmente reside en Dubái.

Recientemente, el medio El Colombiano reveló una agenda que supuestamente pertene­cía al exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, señalado como autor material del asesinato de Pecci. Correa Galeano fue ase­sinado en su celda el pasado 3 de enero, y en su agenda se encon­traba una referencia a Marset, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el crimen.

Marset, actualmente prófugo de la Justicia, ha construido una extensa red de operacio­nes criminales que incluye el tráfico de cocaína y el lavado de dinero a través de negocios lega­les. Su primera llegada a Para­guay se registró el 8 de abril de 2018, justo antes de las eleccio­nes generales en las que Mario Abdo Benítez resultó electo pre­sidente. Permaneció en el país hasta el 27 de abril, periodo en el cual comenzó a estructurar su operativa para el tráfico de drogas hacia Europa.

Fue precisamente durante el período de mandato de Abdo que Marset estructuró su red criminal con tranquilidad, gozando de impunidad y con­siguiendo utilizar las institu­ciones públicas con una calma llamativa.

En agosto de 2020, la Dirección de Identificaciones de Para­guay expidió cédulas de iden­tidad paraguayas para Marset y varios miembros de su fami­lia, incluyendo a su pareja Gia­nina García Troche y su her­mano de padre, Diego Nicolás Marset. El propio Sebastián Marset obtuvo su documento paraguayo en febrero de 2021. Ese mismo mes contrajo nup­cias con una ciudadana para­guaya que nunca lo vio siquiera en persona, gracias a la utili­zación del sistema público de forma impune.

En abril de 2021 se detecta en Amberes, Bélgica, un millo­nario cargamento de cocaína escondido entre paquetes de cuero azul enviados desde Para­guay por la empresa Neumáti­cos Guairá. Esta se convertiría en una de las mayores incauta­ciones de droga de la historia. Audios revelados con posterio­ridad, demuestran que la carga era de la organización ligada al uruguayo.

Desde entonces, el narcotrafi­cante uruguayo expandió sus operaciones en Paraguay, esta­bleciendo alianzas con organi­zaciones criminales locales y fundando diversas empresas para el blanqueo de capitales. En mayo de 2021, su pareja constituyó el grupo San Jorge SA - Total Cars, con un capi­tal inicial de G. 1.000 millones, según registros de la Subsecre­taría de Estado de Tributación. Marset también incursionó en el mundo del espectáculo y el deporte, financiando eventos musicales y equipos de fútbol, mientras afianzaba su red de narcotráfico.

Entre sus principales aliados en Paraguay se encuentran Miguel Insfrán Galeano, Alberto Koube y Mauricio Schwartz­man, este último asesinado el 12 de setiembre de 2021. Su car­tel operó en el país desde 2018 hasta la ejecución de la opera­ción A Ultranza Py en 2022, un operativo llevado a cabo con la colaboración de la DEA, Euro­pol y el Ministerio del Interior de Uruguay.

En junio de 2021, Marset aban­donó Paraguay con el objetivo de expandir su red de contactos internacionales. En octubre de ese mismo año fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.

Más de G. 175.526 millones (unos USD 23,4 millones) fue­ron movilizados solo por tres de los actores de una gigantesca red de lavado de dinero ligada a grandes capos del narcotrá­fico (2015- 2021). Los mayo­res movimientos de dinero se dieron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, expre­sidente cuyo movimiento impulsó la campaña al Con­greso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Según el informe de inteligen­cia del operativo antinarco Pavo Real II, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el 31 de mayo de 2021, Eulalio Gomes transfirió de una sola vez unos G. 2.898 millones a Antonio Joaquín da Motta, empresario de frontera señalado por el Bra­sil por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En 2020, en menos de un mes, los Gomes realizaron trans­ferencias por más de G. 1.800 millones a Diego Benítez, seña­lado como responsable de un esquema gigantesco de narco­tráfico y quien fuera detenido en Emiratos Árabes Unidos, donde espera ser extraditado a nuestro país.

Hablando del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado un millón de dólares de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amam­bay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el exti­tular de la Dinac, Édgar Melga­rejo, Gomes expresó su preo­cupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afecta­ría al Gobierno. Además, men­cionó que Arregui había solici­tado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su pro­pia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movi­miento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

En la investigación Belia sobre tráfico internacional de drogas, la Senad interceptó llamadas entre el diputado Éver Aparicio Noguera y Hugo Antonio Meza Huespe, miembro de la banda del narco Miguel Ángel Servín Palacios. Este grupo enviaba drogas a Europa en bolsas de carbón vegetal. También estuvo implicado Cristian Turrini, vin­culado a Servín Palacios. Ade­más, Noguera habría influido en la designación de una jueza que favoreció al grupo y obtuvo ilegalmente vacunas contra el covid-19 para su familia.

A Noguera y Gomes, se le suma el exdiputado Juan Carlos Ozo­rio, quien también llegó al Con­greso de la mano del abdismo.

Ozorio –de acuerdo con la Fis­calía– forma parte del esquema de tráfico de drogas encabezado por el uruguayo Marset.

Esta extensa lista se cierra –al menos por ahora– con el caso de Dalia López, la “empre­saria” que “paraguayizó” al famoso exfutbolista brasi­leño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto de Assis Moreira, gracias a la complici­dad o a la ineptitud de funcio­narios de su Departamento de Identificaciones y de la Direc­ción General de Migracio­nes (DGM), dependiente del Ministerio del Interior.

El caso puso a Paraguay en el foco del mundo en 2020. López comenzó a mostrar su rostro de “filántropa” en un evento oficial del gobierno de Abdo que contó con la presencia del mismísimo presidente de la República.

Fue el 20 de setiembre de 2019, durante una visita oficial del mandatario al distrito de San Juan del Ñeembucú. Un video publicado en redes sociales por la Fundación Miss Para­guay mostró que la empresaria acompañó a Abdo para entregar asistencia médica.