El mandatario Santiago Peña firmó el decreto n.° 3749/2025, que reglamenta el artículo 1 de la ley n.° 7027/2022, que aumenta el pago de recompensa por el otorgamiento de información sobre el paradero de los secuestrados: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis.

La resolución presidencial detalla que la nueva suma establecida es de G. 7.000 millones. Se establece además que las informaciones podrán provenir de cualquier fuente, sin restricción de origen, pero excluye a funcionarios públicos que desempeñen funciones en las instituciones directamente vinculadas a la seguridad y la justicia, así como a los integrantes civiles, policiales o militares de las fuerzas públicas, ni a sus parientes hasta el quinto grado de consanguinidad.

Agrega que la identidad de la fuente permanecerá estrictamente reservada por razones de seguridad del informante y a fin de preservar la confidencialidad de la información.

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Igualmente, en la reglamentación se advierte que los datos falsos se denunciarán ante el Ministerio Público. La reglamentación fue a requerimiento del Ministerio del Interior e indica que el pago será en “concepto de gastos reservados”, de recompensa por información útil, respecto al paradero de los secuestrados por grupos criminales.

En la reglamentación se menciona que la autorización para el pago de la recompensa será competencia exclusiva de la cartera del Ministerio del Interior, que podrá disponer pagos parciales o totales, en función de la calidad de la información proporcionada y de los resultados obtenidos.

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La ejecución de las obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) arrancó de forma positiva en este 2025, acompañada por las buenas condiciones climáticas, según indicó Marco Elizeche, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC. Al primer trimestre de este año ya se ejecutaron unos USD 200 millones del presupuesto de más USD 900 millones .

Esto obedeció al ritmo de los trabajos, ya que el año pasado arrancaron varios proyectos que hoy están madurando, es decir, se van ejecutando más rápido, lo cual hizo que la parte financiera se mueva al mismo ritmo. “Prácticamente si comparamos con el año anterior es un 70 % más ejecutado”, explicó a la 920 AM.

Aseveró que se dio un buen clima para el sector de la construcción, aunque en las últimas semanas se reportaron lluvias que extendieron procesos. Este movimiento no solo correspondió a las obras viales, que si bien fueron las más importantes, se tuvieron hospitales, escuelas, mantenimientos de dragado del río Paraguay, además de la nueva Academil, que tendrá unos 35.000 metros cuadrados de edificación.

Según había informado la cartera, el presupuesto del MOPC para este año 2025 es de USD 972 millones para obras públicas, con un enfoque particular en proyectos urbanos, hospitales, escuelas y grandes obras viales. A esto se suman, USD 491 millones, provenientes de la negociación de la tarifa de Itaipú.

Entre las obras para este año que anunciaron, figu­raban la duplicación del corre­dor Tape Tujá de la avenida General Aquino con el viaducto de Las Residentas, la ampliación de la ruta entre el aeropuerto Silvio Pettirossi y Mariano Roque Alonso, y el asfaltado de un tramo de 56 kilómetros que conecta Maris­cal López con el cruce Marga­rita, en Caaguazú, entre otras.

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Sobre la exoneración en los puestos de peaje durante la Semana Santa, Elizeche comentó que se tuvo en cuenta la historia, atendiendo a que se tiene un éxodo masivo de ciudadanos hacia el interior del país. “Tomando los últimos tres años de referencia en promedio son 150.000 vehículos los que salen de Gran Asunción y son los mismos que retornan entre el fin de semana, entonces lo que se busca es que fluyan más rápidamente, que la gente gane tiempo”, añadió.

El otro objetivo fue el económico, para que los viajeros se ahorren los pagos, de pasar entre peaje y peaje. El impacto económico sería de unos 800 millones de guaraníes que se dejarán de percibir por los dos días que no se cobrará el paso por los puntos desde este jueves a partir de las 12:00 hasta las 00:00 y desde la medianoche del domingo hasta las 00:00.

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Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.

La Administración Nacional de Electri­cidad (Ande) reportó que a través de obras de man­tenimiento e inversión en infraestructura logró redu­cir más del 45 % de los cor­tes durante la temporada de verano, es decir, entre diciembre y marzo. Según el presidente de la institución, Félix Sosa, se instalaron más de 3.000 nuevos trans­formadores para enfrentar la demanda frente al intenso calor veraniego.

El presidente de la Ande explicó al programa “Arriba hoy”, de canal GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media, que la empresa estatal inyectó 250 megavatios de potencia en Asunción y el Área Metro­politana, zonas de mayor con­sumo de energía eléctrica en el país. También mencionó que se instalaron 3.000 nue­vos transformadores, así como la construcción de 90 nuevas líneas de 23.000 vol­tios, nuevos alimentadores, entre otras obras estratégi­cas. “El resultado fue muy importante, considerando que tuvimos un verano con altas temperaturas. Para tener una idea, el día pico de demanda registrada, que fue el 4 de marzo, se registró la demanda máxima llegando a 5.122 megavatios de potencia, ese día tuvimos temperatura de 39 °C con una sensación térmica de 43 °C. Todo esto pudimos superar, por un lado celebramos el resultado, pero, por otro lado, también es un gran desafío para mejorar el servicio”, afirmó Sosa.

Recordó que el consumo de energía eléctrica en el país reporta aumentos anuales importantes. Ejemplificó que en 2024 el aumento del con­sumo creció 18,5 % con res­pecto a 2023. “No existe nin­gún país en el mundo donde se registró en un año tal aumento de consumo y con todo eso el sistema eléctrico paraguayo no tuvo inconvenientes”, remarcó.

Sobre las inversiones pro­yectadas para este año, Sosa señaló que se pretenden lan­zar licitaciones por USD 655 millones para siete obras y completar otras necesarias, pero a través de la modalidad leasing operativo. “Las inver­siones no pueden parar por­que se busca acompañar ese crecimiento de consumo de energía eléctrica que se regis­tra en el país y para mejorar el servicio”, afirmó. Señaló que la obra más importante que encara la empresa estatal es la línea de 220.000 voltios para el Chaco. Mencionó que el sector productivo de la zona central del Chaco espera esa obra porque la actual ya llegó a su potencia nominal. “Es una obra fundamental para acompañar el crecimiento del Chaco paraguayo”, resaltó.