Con 32 votos a favor, la Cámara de Senadores otorgó este miércoles su acuerdo constitucional para que Gustavo Leite asuma como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América.

La nominación de Leite fue propuesta por el Poder Ejecutivo y respaldada por una amplia mayoría en la Cámara Alta, lo que allana el camino para que represente a nuestro país en Washington. Durante el debate, varios legisladores destacaron su trayectoria en el sector público y privado, así como su experiencia en temas de comercio internacional y relaciones exteriores.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales aconsejó prestar el acuerdo correspondiente a fin de proceder con la designación. Cabe mencionar que previo al inicio de la sesión ordinaria, Leite expuso ante el pleno la hoja de ruta que tiene trazada para este cargo.

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Entre estos mencionó el ingreso de más productos al mercado estadounidense, la busca de inversiones para nuestro país, así también como las cooperaciones, sobre todo en áreas clave como la inteligencia, aspecto donde el país norteamericano está muy avanzado.

“La candidatura del compañero Gustavo Leite representa un lujo para el Paraguay. Quiero destacar su excelente currículum, posee una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de California y de Chapman, de Estados Unidos”, relató el senador Antonio Barrios.

El legislador prosiguió mencionando la formación de Leite cuenta con una maestría en Marketing Internacional de Escocia. “El candidato expuso su plan de trabajo que se abocará principalmente a la atracción de inversiones, ampliación de la balanza comercial, la reanudación de vuelos directos”, añadió.

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Tras el visto bueno del Congreso, se espera el decreto del Poder Ejecutivo para culminar con el proceso de designación oficial como embajador. Gustavo Leite reemplazará en el cargo a José Antonio Dos Santos, quien ejercía funciones diplomáticas en Estados Unidos desde 2021.

El senador Gustavo Leite, miembro de la comisión conjunta de investigación sobre lavado de dinero, daño patrimonial al Estado, contrabando y otros delitos conexos, brindó algunos puntos resaltantes de las conclusiones del informe que elaboró esta mesa de trabajo y que fue presentado este miércoles ante el plenario de la Cámara Alta.

El legislador destacó algunas recomendaciones al respecto y destacó que el 100 % de todo lo que se expuso ante el plenario está documentado.

Señaló que un año antes que el gobierno de los Estados Unidos declare a la USAID extinta por corrupción y lavado de dinero, en Paraguay, un grupo político fue acusado de “garroteros” por querer mirar las cuentas de una institución que puso dinero para un convenio de cooperación que fue aprobado por ley de la Nación.

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Esa ley marcaba tres puntos fundamentales que se violaron, entre ellos no se respetó el elemento de la contratación a precios razonables.

“Ningún directivo de la ONG en cuestión cobró precios razonables, cobrar por muy encima de los precios de mercado. El otro elemento es que las contrataciones se debían dar en condiciones de competencia; las oenegés se asignaron a dedo los contratos, no hubo concurso público”, señaló.

Indicó además, que se establecía que se debía favorecer a organizaciones de la sociedad civil incipiente.

“Ninguno de los asignados fueron incipientes, salvo uno o dos que se quedaron con migajas, la plata grande se las llevaron los sospechosos de siempre. Dicho esto, no hay resultados, nada está mejor, la democracia no está mejor, la Justicia no está mejor, los únicos que están mejor son los que llevaron la plata”, acotó.

Leite sostuvo además que la Justicia Electoral reconoció que no podía hacer un control real del financiamiento político porque no saben quiénes fueron los beneficiarios, por tanto, no saben si ese dinero terminó en campaña política.

Ante esto, una de las recomendaciones que dan es que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Justicia Electoral se tienen que comunicar informáticamente, al menos con algunos niveles de secreto para el control del financiamiento político.

Leite recordó que además de los fondos de USAID comprometía igualmente otros 5 millones de dólares de los fondos del Estado, y hasta ahora se negaron a brindar información sobre quién llevó la plata. Sobre el punto, la recomendación es que se vuelva a crear una nueva CBI para seguir insistiendo en saber quién o quiénes llevaron el dinero.

“No podemos dejar esto en el opareí, porque la ley de cooperación no está rendida, ¿qué haremos como Congreso?, porque se dejaría en la nada unos 52 millones de dólares, es una recomendación de la comisión", acotó.

Otro punto que resaltado fue que durante el trabajo de investigación se enteraron de que el valor de la importación de armas declarado de forma legal y el valor en frontera es 1.000 % más, conforme a los datos brindados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel).

Manifestó que desde la DNIT alegaron cuestiones de confidencialidad, por lo que ahora solo se manejan con estimación de la Dimabel, que maneja un monto, los importadores manejan otros montos y los vendedores de fronteras están felices porque no se puede realizar un verdadero control en la frontera. “Mientras que los organismos del Estado que deberían controlar alegan confidencialidad”, acotó.

En lo que respecta a lavado de dinero, Leite señaló que llamó la atención que el Banco Atlas aparece en dos denuncias, una tiene que ver con el caso de Conmebol. Por otra parte, el caso del crédito del tractorista vinculado al presunto narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca. Ambos casos, aún están en proceso de investigación de la Fiscalía.

“Respetamos el trabajo, pero no nos cierra la bondad de la Fiscalía con Banco Atlas, en el caso Conmebol, Cabeza Branca, y ni que hablar en el fideicomiso de IPS que está ahí en la nebulosa. Esto es lo que podemos contar, el resto está escrito en el informe”, indicó.

También dijo que las veces que la comisión solicitó celeridad al Ministerio Público fue acusada de “comisión garrote”, por presionar a la Fiscalía para que realice su trabajo en casos que llevan más de 10 años sin que se expida, ya sea para desestimar o imputar.

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El senador Gustavo Leite realizó este miércoles la presentación de su plan como candidato a embajador plenipotenciario ante el gobierno de los Estados Unidos, remarcando que tiene muy claro que Paraguay quiere entrar al mercado al mercado más grande del mundo y que busca ser un buen socio comercial, evitando la guerra arancelaria, incrementando las exportaciones y con una conectividad directa.

El legislador realizó una ponencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, poco antes de la sesión ordinaria del día, que fue bien ponderada y recibió el dictamen favorable a su postulación por unanimidad, conforme lo señaló el titular de esta mesa asesora, el senador Antonio Barrios, al dialogar con la prensa en pasillos del Congreso.

“Nosotros lo que queremos y buscamos es entrar al mercado de los Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, es el mercado que mejor paga. Porque por cada artículo que Paraguay le venda a los Estados Unidos va a haber uno o dos puestos de trabajo para los paraguayos como mínimo”, indicó Leite a la prensa del Congreso, tras la mencionada reunión.

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Asimismo, señaló que lo otro que se busca son las inversiones y para que el Paraguay pueda exportar necesita de estas inversiones extranjeras. Aclaró que en el tiempo que fue ministro de Industria y Comercio aprendió que estas inversiones se pueden hacer de forma conjunta con inversión extranjera y paraguaya. Por último, buscar cooperaciones como, por ejemplo, en inteligencia, donde aún Paraguay está un poco flojo, refirió Leite.

“Por obvias razones, ellos tienen mucha más información que comparten con sus organismos de seguridad y demás. Con esa inteligencia, la Fiscalía paraguaya podría ser más eficaz, nuestras fuerzas del orden pueden ser más eficaces. Hay que ser sinceros nosotros no tenemos la capacidad tecnológica que ellos tienen, pero podemos nutrirnos de eso”, explicó el senador.

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Asimismo, el senador Leite remarcó que el gobierno de Santiago Peña quiere tener la mejor relación con todas las agencias de los países aliados, siempre y cuando se respete nuestra soberanía. Explicó que con el cambio de gobierno en Estados Unidos, la administración de Donald Trump está mostrando un estilo absolutamente diferente.

“Vemos que su administración es mucho más pragmática y transnacional, y eso en lo personal me encanta porque Paraguay tiene mucho que dar. El estamento norteamericano no se va a mover por romantisismo, se va a mover por oportunidades de negocios. Tenemos que mejorar nuestro ambiente institucional, Fiscalía, Justicia, Aduanas, armando un esquema que permita que vengan las grandes inversiones”, enfatizó.

El Senado argentino aprobó ayer jueves un aumento de 7,2 % a las jubilaciones y pensiones, en un nuevo revés para el presidente Javier Milei, que ya anticipó que vetará la ley. Los aumentos establecidos en la ley, que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados a principios de junio, tendrían un impacto fiscal de casi 0,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso y el Ministerio de Economía.

La iniciativa se aprobó con 52 votos a favor y cuatro abstenciones, mientras que el oficialismo y aliados retiraron algunos senadores de la sala en señal de protesta. “Vamos a vetar y si el veto se cae, lo vamos a judicializar”, dijo este jueves Milei, quien sostiene que el aumento de las pensiones llevaría a romper el superávit fiscal de Argentina.

La jubilación mínima en Argentina es de unos 240 dólares, por debajo de la línea de pobreza, ubicada en los 1.000 dólares para este grupo, según la Defensoría de la Tercera Edad. Además del aumento general, la ley eleva de 54 a 85 dólares el valor de un bono que reciben los jubilados de menores ingresos.

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“Aprobamos en el Senado una recomposición mínima para jubilados (...) no repara todo lo perdido, pero es un gesto necesario”, dijo tras la votación el senador opositor Martín Lousteau en su cuenta de X. En septiembre Milei ya había vetado otro aumento a las jubilaciones aprobado por el Parlamento. En esa ocasión los legisladores mantuvieron el veto del presidente en una votación posterior.

El gobierno es minoría en ambas cámaras del Congreso, con 39 diputados de 257, y 6 senadores propios (más un aliado) de 72. Para revertir el nuevo veto, la oposición tendría que reunir dos tercios en cada cámara. El jueves el Senado también aprobó una moratoria que extiende dos años el régimen para regularizar aportes previsionales, en un país con una informalidad que llega casi al 50 % de los trabajadores.

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También se aprobó la emergencia por discapacidad, que actualiza aranceles y fortalece la Agencia Nacional de Discapacidad. A partir de un programa económico ultraortodoxo que incluyó un severo ajuste fiscal y una reducción del gasto público de 4,7 % del PBI, el gobierno de Milei redujo la inflación anual del 211,4 % en 2023 a 117,8 % al final del año pasado.

Como contracara del ajuste, el desempleo subió al 7,9 % y muchos sectores, como empleados públicos y jubilados, perdieron poder adquisitivo. Las protestas semanales de jubilados en Buenos Aires, algunas de las cuales han derivado en disturbios, se han convertido en el principal foco de resistencia a las políticas de Milei.

Fuente: AFP.