• Por Nadia Denis, nadia.denis@nacionmedia.com.

En un análisis del periodo legislativo durante el año 2024, el senador Mario Varela destacó la sanción de tres leyes que apuntan principalmente en su conjunto a una mayor transparencia, menor burocracia y reglas más claras tanto para el Estado como los ciudadanos. Explicó que la situación de Paraguay como país con grado de inversión obliga a hacer ajustes normativos y jurídicos con el objetivo de ser un sitio confiable para la inversión.

“Yo creo que fue un año legislativo bastante fructífero, teniendo en cuenta que se han debatido leyes de mucha importancia y relevancia para el país, una agenda legislativa que tuvo como uno de los puntos altos la sanción de la ley del Registro Unificado Nacional (RUN) que viene a reemplazar un proceso engorroso, complicado como ha sido siempre la materia de registros públicos”, expuso.

En diálogo con La Nación/Nación Media, el legislador colorado indicó que la creación de esta institución, supone la solución en cuanto a los trámites de titulación de inmuebles, sector que actualmente conlleva un proceso extremadamente lento y muy burocrático, y con el RUN se busca ser más ágil y eficiente.

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“Otra ley que ha sido muy importante es la ley de la Función pública y la carrera civil. Paraguay requiere de esto para consolidar su sistema democrático y de gestión pública, la carrera del servicio civil y era una materia pendiente, por lo que esa adecuación hace que la vinculación como funcionario del Estado tenga reglas claras y sea transparente”, manifestó a La Nación.

Desde la perspectiva de Varela, la anterior legislación, la Ley n.° 1.626 estaba desfasada y era prácticamente inaplicable dado que muchos artículos fueron señalados como inconstitucionales, por lo que para el senador, ya era una ley obsoleta, que no generaba ningún tipo de garantía para el Estado ni para el trabajador.

Como tercer punto destacado, mencionó a la ley de control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En este sentido, Mario Varela refirió que nadie puede estar en contra de la transparencia y menos cuando varias de estas organizaciones reciben aportes del Estado o del extranjero, por lo que hay un interés colectivo en saber cómo lo administran.

“Nadie puede estar en contra de la transparencia, creo que ha sido interesante ese debate, no hay ningún tipo de restricción a las libertades civiles. Las ONG que trabajan especialmente con el interés público y el Estado, por eso es bueno que sean transparentes, ya sea que reciban dinero de fuentes nacionales o internacionales. Es natural y necesario que exista claridad de los objetivos”, sostuvo.

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Además de estas tres iniciativas aprobadas en el Congreso, otro ítem a destacar es el presupuesto sancionado por ambas cámaras. El plan de gastos del 2025 contempla una histórica inversión en materia social, potenciando programas como Hambre Cero, la pensión de adultos mayores, construcción de viviendas sociales, salario docente entre otros aspectos más.

“Lo que hace posible que el presupuesto pueda adecuarse a las exigencias de los sectores, en parte es gracias a la negociación de la tarifa de Itaipú, que ha sido muy importante y por eso el Gobierno está pudiendo ejecutar obras de envergadura, carreteras en varios departamentos, inversión en educación y salud”, resaltó para Nación Media.

Igualmente, señaló que la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) también ha generado efectos positivos, como lo es el récord en recaudación de impuestos, lo cual hace posible que el Estado cuente con el soporte económico que requiere para las inversiones sociales y en infraestructura.

Hay una gran expectativa en torno a lo que será la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú Binacional, en esta materia, los legisladores tienen un rol importante pues el Parlamento es el que debe homologar el acuerdo que se concrete con el Brasil. El parlamentario enfatizó en que hay cierto optimismo respecto a lo que se pueda lograr en esta negociación.

“Hay relaciones óptimas con el Brasil y ha generado resultados, esta renegociación del tratado va a ser importante, pero ese acuerdo que hemos obtenido respecto a la tarifa es una señal y una antesala muy positiva de lo que puede ser la negociación del Anexo, creo que hay una perspectiva muy positiva y tenemos que aprovechar esa gran apertura del Brasil”, puntualizó.

Tras el operativo Veneratio desarrollado en diciembre del 2023, la situación de emergencia penitenciaria se extendió durante todo este año y en este contexto, se tomaron varias medidas de modo a garantizar la seguridad al interior de las cárceles y no permitir el crecimiento de las bandas organizadas que operaban anteriormente. El objetivo del Ministerio de Justicia es seguir en este camino y aseguraron que ya no habrá retrocesos en esta materia.

“Luego del operativo Veneratio la vara está muy alta y ya no podemos quedarnos atrás, al contrario, debemos seguir mejorando y mostrar a la población que el cambio es de verdad y que no es un simple lavado de cara”, expresó Víctor Benítez, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia.

En contacto con la 650 AM manifestó que el 2024 ha sido un año de desafíos para la institución. Hubo varias situaciones que los pusieron a prueba, pero la cartera pudo responder de acuerdo a lo que corresponde. La expectativa para el siguiente año es continuar en la ejecución del nuevo modelo de gestión penitenciaria, el cual ya está en marcha y ya no se puede retroceder.

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“Esto ya no es solamente una responsabilidad del Ministerio de Justicia, es una problemática de seguridad del Estado y el Gobierno nacional así lo entendió. Es un nuevo comienzo para el sistema penitenciario, esto va a ir creciendo y mejorando cada día más, ya no podemos retroceder a lo que era antes”, ratificó Benítez.

Hay que recordar que el Poder Ejecutivo firmó el decreto que promulgada la ley 7.420, que amplía por un año más el plazo de vigencia de la declaración en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos en el territorio de la República.

Esta ley es una herramienta jurídica que permitirá garantizar la cobertura de seguridad en los centros penitenciarios del país, mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas y la disponibilidad de mayores recursos para lo que fuera necesario. Con la ampliación de la vigencia de la emergencia penitenciaria se busca fortalecer el control en las periferias de cada centro penitenciario.

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El presidente Santiago Peña firmó el decreto por la cual quedó promulgada la Ley 7.420, que amplía por un año más el plazo de vigencia de la declaración en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos en el territorio de la República. Además, establece los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas.

Esta legislación fue planteada por el Congreso en las últimas sesiones y aprobada de manera urgente por ambas cámaras legislativas. Esta ley es una herramienta jurídica que permitirá garan­tizar la cobertura de seguri­dad en los centros peniten­ciarios del país, mediante el apoyo de las fuerzas públicas, especialmente de las Fuerzas Armadas. Con la ampliación de la vigencia de la emergencia penitenciaria se busca fortalecer el control en las periferias de cada centro peni­tenciario.

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A través de esta normativa se amplían ciertas atribuciones del Ministerio de Justicia con el propósito de dar continuidad a las medidas establecidas especialmente en áreas como infraestructura, tecnología, seguridad, personal y formación, que impactan directamente en la seguridad del sistema peni­tenciario.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó la celeridad con que el Congreso aprobó y sancionó este proyecto de ley, indicando que fortalecerá la inteligencia penitenciaria con el concurso de las áreas de inteligencia de las Fuerzas Públicas. Así como para mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley N.° 7.383 “que establece permisos especiales para trabajadoras en estado de gestación”. Esta iniciativa fue sancionada por el Congreso en noviembre pasado y tiene el objetivo de proteger y blindar a las mujeres trabajadoras en estado de gravidez.

“Damos un paso importante en la protección de las futuras madres paraguayas, asegurando que puedan acceder a controles prenatales esenciales para su salud y la de sus hijos, sin poner en riesgo su estabilidad laboral”, expresó el mandatario a través de sus redes sociales al anunciar su decisión de promulgar esta ley.

Mediante este documento se contempla que las mujeres embarazadas tienen derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, tanto del sector público como privado, durante el tiempo que tome concurrir a las consultas de control, rutina o estudios adicionales durante el embarazo. Estas ausencias se computarán como días trabajados a los efectos legales, no pudiendo ser descontados del salario o remuneración.

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“Este Gobierno se encuentra comprometido con la protección de la maternidad en todas sus facetas. Esta ley permitirá que las futuras las madres paraguayas accedan a controles que garanticen su salud y la de sus hijos sin comprometer sus espacios laborales. ¡Celebramos este paso para proteger los derechos laborales de las mujeres de todo el país”, añadió el jefe de Estado.

Esta legislación también establece aspectos de protección a las mujeres en caso de muerte gestacional o neonatal y establece periodos de duelo perinatal y neonatal, además como licencia parental compartida. Además se contempla la implementación del Código Mariposa como protocolo para el buen abordaje antes los casos de muerte gestacional. El Código Mariposa contempla en dar acompañamiento y atención a madres que tuvieron una muerte gestacional.

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